Etiqueta: Derechos Humanos

  • ONU califica las sanciones de EEUU como un castigo contra poblaciones inocentes

    Especialistas en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) califican las sanciones de EEUU como un castigo contra la población inocente e instan a poner fin a este tipo de ejercicios que vulneran el Estado de Derecho de Venezuela y otros países.

    Mediante un comunicado, los voceros de la ONU sostienen que cada Estado debe aplicar el principio de precaución cuando se adoptan sanciones unilaterales para evitar cualquier impacto humanitario negativo en todo el ámbito de los derechos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo.

    Asimismo, el texto señala que la aplicación extraterritorial de sanciones y otras medidas de presión afectan a cada individuo y empresas de las sociedades objetivo, así como a nacionales y de terceros países, a las organizaciones humanitarias, a los donantes y a los beneficiarios de la ayuda humanitaria.

    De igual manera, exponen que “las sanciones dificultan la salud de poblaciones enteras y obstaculizan el transporte de los bienes necesarios para el desarrollo económico, provocan el despilfarro de los recursos naturales, socavan la sostenibilidad medioambiental y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

    Seguidamente, los especialistas afirman que los habitantes de los países objeto de las sanciones, como Venezuela, Cuba, Siria e Irán, se hunden en la pobreza porque no pueden obtener servicios esenciales como electricidad, vivienda, agua, gas y combustible, y mucho menos medicamentos y alimentos.

    “La Asamblea General ha declarado que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable, y así lo reconocen la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Carta Árabe de Derechos Humanos y una serie de declaraciones multilaterales sobre derechos humanos”– reiteraron los especialistas.

    Cuando las sanciones de Estados Unidos bloquean los servicios de teleconferencia y datos en estos países y en otros, la gente se queda sin acceso a los seminarios web y a las reuniones en línea para obtener información, intercambios, educación y formación, y los médicos no pueden consultar las bases de datos médicas, destacan los especialistas designados por la  ONU.

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  • Bloqueo de acceso a internet viola los derechos digitales de los ciudadanos

    Marianne Díaz y Luís Carlos Díaz, especialistas en tecnología, conversaron sobre los derechos digitales que toda persona debería conocer dado a que la tecnología hoy en día está en nuestras actividades diarias de manera constante e inseparable.

    De acuerdo con la investigadora en derechos digitales, Marianne Díaz, hasta hace 10 años los derechos digitales se entendían como la intercecsión entre derechos humanos (DD.HH) y tecnología, es decir todos los espacios en los que la tecnología afecta positifva o negativamente los DD.HH.

    «Estos serían, la censura, derechos al acceso, tecnologías biométricas, sistemas de privacidad, redes sociales, datos de identidad, bancos, u otros, pero en la medida que los años han ido pasando la tecnología se hace inseparable de todo lo que hacemos»

    Según la especialista, la separación de los derechos humanos se ha ido desligando ya que ahora cualquier acción humana se involucra con la tecnología.

    Mientras tanto, Luis Carlos señaló que el Estado debe garantizar el acceso a internet y al mismo tiempo no violar los canales, transmisiones, o diferentes medios comunicacionales que exponen lo que es de interés o entretenimiento para los ciudadanos sin ningún tipo de bloqueo.

    «No es lo mismo cerrarle el acceso a millones de personas para que se comuniquen por ejemplo, a la vigilancia digital que es vigilar la privacidad de lo que hacen las personas a través de internet”

    Durante una entrevista en el programa «Tecnofinanzas« conducido por William Peña, los especialistas estuvieron de acuerdo en que la defensa a estas violaciones depende de las circunstancias en la que esté expuesta.

    En este sentido, los especialistas señalaron que los ministerios de telecomunicaciones e instancias internacionales que supervisan estos  mecanismos son los encargados de llevar a cabo cualquier denuncia en defensa del derecho de libertad de expresión que quiera hacer una persona que se sienta privado de ello.

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  • González: «El traslado de los presos políticos a cárceles comunes fue ordenado por Nicolás Maduro»

    El abogado del Observatorio Nacional de DDHH, Juan Luis González, precisó que hay que evaluar la realidad que tiene Venezuela y entender que no cuenta con un poder judicial que sea autónomo e independiente, “nunca ha dado garantía de hecho”.

    Añadió que el decreto del Poder Ejecutivo Nacional que precipita el traslado de los presos políticos a cárceles destinadas a la reclusión de presos comunes, es un decreto realizado por el Presidente de la República.

    “Imagínense usted, el Presidente de la República se cree un funcionario del Poder Ejecutivo Nacional dictando decisiones o providencias que son aplicadas por los jueces”

    Asimismo, puntualizó que eso es “total y absolutamente inadmisible”, a su juicio, denota que el país no cuenta con la justicia autónoma y que dé garantías de independencia, resaltando que no solamente el hecho de los traslado sino para dar justicia en el fondo de cada uno de los casos.

    “¿Si podemos hacer algo?, bueno nosotros a lo interno lo que podemos hacer es reclamar esto ante el tribunal de la causa porque en definitiva son los tribunales quienes deciden cuando una persona está procesada en lugar de reclusión”

    Explicó que en ese momento el juez que conoce la causa es justo el que define a donde debe estar reclutado el detenido mientras que el proceso se lleva adelante.

    “Esto debiese a varias causales, en principal la cercanía con el tribunal y la posibilidad de que los medios de prueba también puedan llegar al tribunal, o sea, todo debe estar cerca a el lugar donde se debe celebrar los actos del proceso»

    Sin embargo, agregó que cuando una persona es condenada no es competencia del Poder Ejecutivo decirle en dónde va a cumplir la pena, en este sentido, corresponde a los jueces de ejecución en virtudes de las necesidades y tratamiento penitenciario, “pero nunca es el poder ejecutivo. O sea lo que queda es reclamar al juez esta situación y que defina lo que deba hacerse”.

    Durante el programa Análisis de Entorno, El abogado aseveró que hay dos asuntos, el primero es el problema de la reclusión injusta de las personas perseguidas por delitos políticos, y el segundo, la situación de las personas detenidas por la comisión de delitos común.

    “En el caso de las personas detenidas por delitos comunes hay una situación muy perversa. Cuando uno revisa las cifras del Ministerio de Asuntos Penitenciarios pareciera que en nuestras cárceles no hay hacinamiento, ¡es increíble!, usted verifica y no ve una cifra de hacinamiento realmente grave en las cárceles”

    Por último, indicó que el problema se ha presentado en los retenes policiales, ya que hay personas que tienen años detenidas, porque el Ministerio de Asuntos Penitenciarios no les da el cupo para ser ingresados a un internado judicial. “Entonces ocurre que tenemos retenes policiales abarrotados de personas detenidas sin ningún tipo de servicio, sin ningún tipo de actividad que realizarse, enfermos y sin atención medica”

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  • «Atacar directamente a las ONG’s venezolanas afecta al país entero»

    Feliciano Reyna, defensor de los Derechos Humanos y fundador de Acción Solidaria, puntualizó que tras los distintos ataques y/o persecución por parte del Gobierno Nacional a las organizaciones no gubernamentales es un daño que se le hace a la población más vulnerable en el país.

    Desde el año 2020 en Venezuela específicamente en el programa televisivo “Con El Mazo Dando” conducido por el político Diosdado Cabello se realizaron comentarios contra diferentes organizaciones no gubernamentales en Venezuela.

    Sumado a ello, se le añade el debilitamiento de los partidos políticos contrarios al Gobierno Nacional y por ende, se tenían indicios que para el 2021 autoridades tomarían acciones contra las ONG’s y medios de comunicación, afectando a las organizaciones humanitarias. 

    “Lo mínimo que uno puede pensar es que hay algunos sectores tratando de en torpedear los esfuerzos que hace cada organización que al final, a quienes terminan afectando gravemente es a la población en situación de vulnerabilidad que son el foco de atención en lo humanitario de dichas organizaciones”

    El más recién ataque a las ONG’s fue la detención el pasado 12 de enero de cinco trabajadores pertenecientes a la ONG humanitaria Azul Positivo en su sede de Maracaibo, los mismos enfrentan cargos relacionados con la Ley de Delitos Informáticos y la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo.

    Financiamiento legal

    Figuras del gobierno de Nicolás Maduro han realizado distintas denuncias con respecto al financiamiento que reciben algunas ONG’s del país.

    Pero la realidad es que según Feliciano Reyna dicha acción está contenido dentro del derecho a la libertad de asociación, siempre y cuando se respete uno de sus principios «que los gastos que tengan sean para fines legítimos». 

    En ese sentido, las organizaciones tienen el derecho a solicitar, recibir y utilizar los recursos que reciben de la cooperación internacional siempre y cuando tengan fines legítimos.

    “Es claro el ejemplo por parte de las autoridades de criminalizar el uso de los recursos y el intento de deslegitimar el trabajo de las organizaciones”, precisó durante el programa Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas

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  • «Resoluciones ONU sobre Venezuela demuestran el daño a los DDHH»

    Rafael Uzcátegui, sociólogo y coordinador general de Provea, destacó que se está avanzando en los diferentes mecanismos de protección en Venezuela y, esto demuestra la extensión del daño a los DD.HH. de los venezolanos.

    Así lo afirmó, a propósito de que el pasado 6 de octubre se aprobara en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la resolución que ampliará el mandato de la Misión de Determinación de Hechos, teniendo como resultado 22 votos a favor, 22 abstenciones y 3 votos en contra.

    Cabe destacar que, existe una posibilidad en que las víctimas de los derechos humanos en Venezuela, puedan obtener justicia en algún momento cuando se comiencen a realizar las investigaciones pertinentes.

    Rafael Uzcátegui, aclaró en entrevista para el programa Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas que, entre las recomendaciones se encuentra la posibilidad de aplicar la jurisdicción universal y/o la resolución tenga relevancia en la corte penal internacional para abrir un caso de la realidad que se vive en el país.

    «Ojalá esta posibilidad que se ha abierto permita  mecanismos de negociación entre los diferentes liderazgos para permitir el regreso de la democracia al país»

    Explicó que las próximas acciones de la Misión de Determinación de Hechos, será continuar investigaciones sobre la realidad del venezolano; solicitar de manera oficial al Estado venezolano ingresar al país e informes por escrito.

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  • «Informe contra la infamia confirma lo que dice la Misión de Determinación de Hechos»

    Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, indicó que en Venezuela es 4 veces más probable que una persona muera a manos de cuerpos de seguridad que por la pandemia

    El abogado señaló que el gobierno de Nicolás Maduro no halla cómo lidiar con el tema de los Derechos Humanos porque la realidad se impone.

    En cuanto al informe contra la “infamia” presentado por el ejecutivo nacional, señala Daniels que de 112 páginas solo 12 están destinadas a las víctimas y con fotos de Leopoldo López y Juan Requesens recibiendo visitas alegan que no fueron torturados.

    “El informe contra la infamia lo que hace es confirmar lo que dice la misión de determinación de hechos”

    En entrevista para Análisis de Entorno, se refirió a la reunión del ejecutivo nacional con Michelle Bachelet e indicó que se pone en evidencia la desesperación del gobierno por el informe de la misión.

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  • “Los crímenes de lesa humanidad no se saldan con una simple transformación de la FAES”

    Luis Izquiel, abogado penalista, indicó que los crímenes de lesa humanidad no se saldan con una simple transformación de un cuerpo policial tal como lo propuso Tarek William Saab

    El especialista indicó que es necesario transformar y reformular el sistema policial venezolano pero la credibilidad de quienes lo ofrecen son los mismos que han dirigido el país en los últimos 20 años.

    “Tenemos más de 20 años con un rosario de ofrecimiento de transformación en los cuerpos policiales que no se ha materializado y a estas alturas no basta con una transformación”

    A juicio de Izquiel es necesario determinar quiénes han ordenado las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones y deben establecerse sanciones penales.

    Puntualizó que, si en Venezuela no hay justicia, la propia misión de verificación de hechos ha recomendado que el expediente pase a la Corte Penal Internacional.

    “La impunidad es enorme (…) el 99% de las violaciones de DDHH en Venezuela quedaban impunes, no había acusación ni condena en los juicios”

    Izquiel recomienda la eliminación de ese organismo, habría que procesar a funcionarios que estén implicados en ejecuciones extrajudiciales, robos y detenciones y quiénes dieron las órdenes, quiénes organizaron ese cuerpo.

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  • Misión ONU: Gobierno de Venezuela es responsable de crímenes de lesa humanidad

    Los investigadores de la Organización de las Naciones Unidas indicaron que el gobierno de Venezuela ha cometido “violaciones atroces” que equivalen a crímenes de lesa humanidad

    En el informe el equipo de la ONU dijo este miércoles, que entre sus hallazgos se encuentra que los servicios de seguridad de Venezuela estarían involucrados en un patrón de violencia sistemática desde 2014, con el objetivo de reprimir a la oposición política y, en general, aterrorizar a la población.

    El mandatario Nicolás Maduro y los ministros de Interior y Defensa -no solo estaban al tanto de los crímenes- sino que dieron órdenes, coordinaron operaciones y suministraron recursos, expresa el informe.

    Además, Marta Valiñas, presidente de La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, hizo un llamado a Venezuela para que actúe contra los responsables y evite que se produzcan más violaciones.

    La investigación registra 223 casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura. Asimismo, revisaron 2.891 incidentes adicionales para corroborar patrones de violencia y crímenes.

    El informe de 441 páginas, es el primero de la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela.

    Con información de BBC y CNN

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  • Gobierno cumple “parcialmente” con dos de más de sesenta recomendaciones de la ONU

    El 14 de julio fue  publicado el informe de la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, que describe la situación de los venezolanos en la región del Arco Minero del Orinoco.

    En los documentos, no solo se detallan múltiples violaciones de derechos humanos. También se establecen los pasos que debe seguir el estado para atender la crisis humanitaria que afecta al país.

    El coordinador de investigación y difusión de Provea, Marino Alvarado, destacó que el gobierno de Maduro solo ha cumplido parcialmente dos (2) de sesenta (60) recomendaciones realizadas por la alta comisionada.

    Alvarado precisó que son tres los informes presentados desde 2017 por el organismo multilateral.

    Indicó que a la fecha, en el país permanecen tres funcionarios de la oficina de la alta comisionada. Sin embargo, las autoridades no les permiten ingresar a las celdas de los principales cuerpos de inteligencia.

    “No pueden entrar al Dgcim ni al Sebin”, expresó. “Lo otro que han  permitido es el registro de organizaciones sindicales”.

    La relevancia

    Para el defensor de derechos humanos, sigue siendo esencial que los venezolanos exijan el cumplimiento de lo indicado en el informe.

    “Es el deber, pero no somos optimistas”, manifestó.

    “Sabemos que el gobierno no tiene ninguna voluntad de resolver los problemas sino afianzar su autoritarismo y su poder”, dijo.

    Recalcó que  gobiernos y organizaciones de izquierda han tenido que endurecer su postura frente a la administración de Maduro.

    “Con la publicación del informe en 2019, ya no lo decía Provea, a quienes acusan de ser instrumentos de imperialismo, lo decía la Alta Comisionada de DDHH de la ONU”, señaló.

    “Eso llevó a que el Partido Comunista de Chile, pro maduristas, hayan expresado su preocupación”.

     “Ahora, incluso logró un cambió la posición manifestada el gobierno de Argentina”, agregó.

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  • Contener el coronavirus no puede ser pretexto para violar los derechos humanos

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la resolución Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, para insistir en que ninguna medida destinada a combatir el coronavirus puede violar los derechos humanos.

    “La CIDH decidió elaborar esta Resolución ante la emergencia sanitaria global sin precedentes que enfrentan las Américas y el mundo, por la rápida propagación del virus COVID-19″, expuso la comisión.

    El texto destaca que, «las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos”.

    La resolución fue difundida por Erika Guevara-Rosas, directora para América de Amnistía Internacional.

    La institución “hace un llamado a los Estados Miembros de la OEA a adoptar inmediata y transversalmente el enfoque centrado en los derechos humanos en toda estrategia,  dirigida a enfrentar la pandemia».

    La Resolución también señala que las medidas que resulten en restricciones de derechos o garantías deben ajustarse a los principios pro persona, de proporcionalidad, temporalidad.

    Así como procurar el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral.

    Con información de Contrapunto.com

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