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Etiqueta: Derechos

  • El frente LGBTIQ se mantiene unido en Venezuela

    Hace una semana, un grupo internacional de personas del movimiento LGB (lesbianas, gays y bisexuales) declaró su separación del colectivo TQ+ (personas transgénero y queer). Según un video publicado en las redes sociales del ahora movimiento LGB International, los motivos de esta separación responden a la supuesta amenaza de la agenda TQ+ contra los avances históricos para las personas LGB.

    El anuncio ha generado polémica a nivel mundial en organizaciones que luchan por los derechos de todos.

    En Venezuela, Anna Karina Robles, activista LGBTIQ y vicepresidenta del Movimiento Diversos de Venezuela, opinó en «Espacio Abierto» que esta decisión representa una amenaza a la lucha y defensa mundial de los derechos de todo el colectivo LGBTQ+.

    «Esto para nosotros es una locura porque nosotros nacemos también de la lucha de lo que fueron las mujeres trans en Nueva York».

    Además, Robles informó que las organizaciones que están al frente de la lucha por los derechos LGBTQ+ no están dispuestas ni tienen en su agenda la intención de separarse.

    «En Venezuela, ninguna de las ONG que estamos al frente del comité LGBTIQ+ estamos dispuestos o tenemos en nuestra agenda separarnos, porque hay cosas muchísimas más importantes y más pendientes para la lucha de nuestra comunidad que hacer una agenda dividida».

    La activista mencionó que una de estas cosas pendientes son los distintos proyectos de ley que se han planteado en la Asamblea Nacional y que algunos incluso están siendo aprobados. Te invitamos a escuchar la entrevista completa para conocer los detalles.

  • OVCS: Más de 400 protestas fueron contabilizadas en julio

    Según el informe presentado por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), durante el mes de julio se registró una disminución del 12% en el número de protestas con respecto al año anterior.

    El principal motivo por el cual protestaron los venezolanos fue el derecho laboral y la exigencia de salarios justos, con un total de 177 manifestaciones, representando un 43% del total.

    Por debajo, se encuentra la exigencia de Derechos Civiles y Políticos (DCP), con un total de 132 protestas, generadas por la violación de la libertad de expresión, detenciones injustificadas, exigencia de elecciones primarias libres, entre otras.

    De igual manera, los venezolanos demandaron aspectos relacionados con pagos a maestros y pensionados; fallas en los servicios básicos, principalmente el de agua potable y electricidad; rechazo a la implementación del programa Educación Sexual Integral (ESI); falta de gasolina; abuso policial; y derechos de la comunidad LGTB.

    Anzoátegui reportó el mayor número de concentraciones (72), Lara (37), Sucre (35), Bolívar (32) y Carabobo con 27, mientras que Guárico y Cojedes registraron la menor cantidad de protestas, con cinco y dos respectivamente.

    El informe reveló que se continuó aplicando represión a protestas pacíficas, por parte de funcionarios policiales en cinco estados del país.

    Valery Chapellín/VC

  • Provea: Encontramos que se violó la obligación de proteger y respetar a los actores del sistema alimentario

    Lissette González, Socióloga y Coordinadora de Monitoreo, Investigación y Difusión de Provea, explicó que el informe sobre la alimentación en Venezuela titulado “Con la comida no se juega” dejó como conclusión un análisis del incumplimiento por parte del estado venezolano con su responsabilidad en materia del derecho de la alimentación.

    “Lo que encontramos es que se violó la obligación de proteger, de respetar a los actores del sistema alimentario y también se ha violado la obligación de permitir la ayuda humanitaria”, indicó.

    En una entrevista concedida en el programa Actualidad Laboral, la socióloga resaltó que esta situación alimentaria ha tendido múltiples efectos en la sociedad venezolana, como la políticas implementadas por varios años sobre los controles de precios y la distribución de los productos que contribuyó a una altísima escasez de alimentos en el país.

    “Y ahora que el problema de la escasez se está solucionando, por está dolarización informal, encontramos que la gran dificultad es el acceso económico de los alimentos para todas aquellas personas que no reciben ingresos en divisas”, añadió.

    La coordinadora de Monitoreo de Provea destacó que el mal funcionamiento de los servicios públicos como las constantes fallas de electricidad, de agua potable y de gas para cocinar, influye en la capacidad de las personas de poder alimentarse y de tener una nutrición adecuada.

    “Si una familia que consiguió Caraotas, que es un alimento bastante accesible de los precios actuales, pero no tiene gas en su bombona, es como no tener la comida si no la puedes cocinar”, apuntó.

    Escucha la entrevista completa aquí: 

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  • Cámara de Caracas pide revisión de impuestos municipales

    La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas presidida Leonardo Palacios, señaló que a pesar de los cobros excesivos, irracionales, confiscatorios e inconstitucionales de los impuestos municipales, un estado de indefensión al no ser escuchados los llamados para una revisión de esos aumentos, además de los abusos y todas las dificultades originadas por la pandemia COVID-19, el empresario venezolano sigue trabajando y produciendo. 

    El dirigente gremial pidió a las autoridades municipales revisar las tasas impositivas que en algunos casos han aumentado hasta en 1.300%, y no optar por ejercer medidas judiciales, medidas cautelares, secuestros, embargos en contra de las empresas que no están al día con el pago del aseo urbano.

    En este sentido, precisó que los altos incrementos se han dado en algunos municipios como Chacao, en Caracas, y otros en el interior del país como Valencia en Carabobo; Maracaibo y San Francisco en Zulia.

    “Hay que tener en cuenta que todo impuesto que soporte el empresario, que todo impuesto que castigue su rentabilidad, es trasladado en los precios de bienes y servicios al consumidor, entonces no es un problema solo del empresariado, es un problema del empresario y la calidad de vida del ciudadano. De 12.000 empresas hace 5 años, en este momento solo están operativas 2.000”

    Comunicado completo:

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  • Para recuperar la calidad del sector salud en Venezuela se debe reconstruir la economía

    La doctora Miriam Sánchez, manifestó que repensar el sistema de salud que actualmente se tiene en Venezuela significa reconstruir la crisis económica, levantar el producto interno bruto (PIB) y recuperar el poder adquisitivo al igual que mejorar las polìticas de control de precios 

    «Todo este colapso perjudica el sistema de salud y agrava el control de precios de los equipos médicos, aumenta la escasez de medicinas y alimentos, etc»

    Aseguró que las circunstancias también se ven marcadas por otros indicadores, mismos que indican que la situación es insostenible aunado a que no hay información oficial en el sector desde el 2016. 

    «Los indicadores que hoy en día se pueden tener, vienen de los gremios o instituciones que la buscan por su cuenta para intentar mantener informada a la población»

    Por otro lado, Marianella Herrera, directora del Observatorio Venezolano de Salud, indicó que dada a la crítica situación en la prestación de los servicios de salud en el país, se debe insistir en la perspectiva de que ya no es un sistema, sino solo una prestación de lo que eventualmente sí fue un sistema de salud en tiempos anteriores.

    «Los sistemas de salud se dividen en público y privado de acuerdo a los orígenes de los fondos, directoría, gobernanza, etc»

    Según la Dra. Herrera habría que reconsiderar cuál es el verdadero esquema que se haría en un país como la Venezuela que nos va a tocar reconstruir y desde ahí tomar en cuenta todos los elementos y determinar el alcance de la prestación de dichos servicios para definir tal sistema de salud que sea inclusivo y que se incluya dentro del marco de los derechos fundamentales como el derecho a la salud.

    En conversatorio durante el programa «Gerencia a Dos tonos» conducido por Víctor Roa y Luís Garmendia, ambas coincidieron en que la voluntad política para ejecutar leyes que puedan cumplirse debe comenzar a implementarse en el país para llegar a las instancias de mejorar el sistema de salud en el país al igual que se exija a nivel político y jurídico todo lo correspondiente.

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  • PROVEA rechaza que las ONG’s deban registrarse en oficina contra delincuencia organizada

    Rafael Uzcátegui, Sociólogo y Coordinador General de la Organización de Derechos Humanos Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA), explicó que en Gaceta Oficial el gobierno estipula que las ONG en Venezuela están obligadas a registrarse en una oficina contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo
    Uzcátegui indicó que apareció en Gaceta Oficial una providencia administrativa, que no es un decreto, ni una resolución, ni una ley discutida y aprobada por la Asamblea Nacional, sino un acto administrativo mucho menor.
    ‘’Creo que refleja claramente el espíritu del actual  gobierno sobre la labor de las personas que tenemos independencia de autonomía con respecto a Estado, somos delincuentes, somos delincuentes sospechosos  de estar realizando actividades terroristas, y esa es la narrativa que se promueve contra los sectores democráticos.‘’
    Señaló que las ONG rechazan este registro porque tienen algunos fines contrarios a la Constitución, añadió que se está intentando generar una decisión similar a la que ocurrió el año pasado con los actores políticos, en la cual se ha logrado hasta el momento neutralizar a la clase política y el gobierno intenta también silenciar al resto de la sociedad que viene denunciando las cosas que están ocurriendo en el país.
    Agregó que lo más grave que tiene esta providencia es que en el caso de que se registraran los obliga a entregar toda la información sobre las personas a las cuales atienden, es decir, tendrían que entregar la lista de los beneficiarios, las victimas que acuden a las oficinas en este caso de PROVEA.
    Acotó que esta providencia viene a causa del tema de la cooperación internacional lo cual es un derecho y añadió que PROVEA no es la única Organización que reciben ese apoyo en el financiamiento; sino también las autoridades del Estado venezolano se beneficiando de la cooperación internacional.
    ‘’El gobierno siempre ha intentado criminalizar la recepción de cooperación internacional, porque intentan poder el centro de la discusión en el dinero porque con esto intentan desligitimar el trabajo de las Organizaciones de los Derechos Humanos, intentando decir que somos parte de una élite, que recibimos sumas millonarias.‘’
    Mencionó que ellos van a colocar en el centro de la discusión a los beneficiarios de esos recursos que se van a ver muy afectados por la posibilidad de que se cierren ventanas que puedan ayudar en la visibilizar esta situación.
    ‘’Si esta iniciativa prospera, por supuesto cualquier persona que sea víctima de abuso de poder se va inhibir, se va abstener de ir a una organización, porque no va a querer por supuesto que las autoridades (…) se enteren que está intentando tener justicia por otros mecanismos.‘’
    En entrevista para Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas comentó que en Venezuela se han incorporado a la defensa de los Derechos Humanos según el último censo de una organización hermana se muestra que se contabilizaron más de 600 organizaciones a nivel nacional.

     

    Escuche la entrevista completa aquí:

     

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  • Acción Solidaria: “Personas pueden denunciar discriminación por Covid-19 ante las Sociedades Civiles Organizadas”

    Natasha Saturno, Abogada y coordinadora de la Unidad de Exigibilidad de DDHH de Acción Solidaria, indicó que las acciones ocurridas la semana pasada por el gobernador del estado Sucre, más allá de un tema de irrespetar la privacidad de los ciudadanos es un tema de discriminación.
    Destacó que las personas tienden a discriminar a otros y se ha asociado al tema de la pandemia; agregó que a raíz del COVID-19 hay casos en los que las personas discriminan a otros con el argumento de que estos son culpables de haberse contagiado el virus.
    ‘’Siempre es más fácil poner la etiqueta, esto es culpa de tales personas, esto es culpa de esta población, esto es culpa de las personas que tienen este tipo de actitudes irresponsables.’’
    Señaló que cuando se hace este tipo de acciones se generan peores consecuencias para afrontar y atender la misma pandemia.
    Mencionó que la autoridades del Estado podrían tomar acciones para mejorar y proporcionar el servicio de la salud pública a los ciudadanos y que en este sentido sería visto como algo justificado para que la persona reciba oportunamente atención médica.
    ‘’Este tipo de leyes punitivas o de acciones que son como imposición, lo que hacen es empeorar el problema.’’
    Acotó que el organismo por excelencia que debería de fungir para hacer este tipo de denuncias referentes a discriminación hacia la ciudadanía debería ser la Defensoría del Pueblo, sin embargo, la Defensoría tiene muchos años que no se circunscribe a su objetivo de atender al ciudadano de a pie.
    Saturno mencionó que las personas pueden realizar denuncias de este tipo también por medio de las Sociedades Civil Organizadas, las cuales están trabajando para darle una voz a este tipo de casos que no se documentan regularmente.
    Para finalizar la entrevista en el programa Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas invitó a que acudan a la Organización Acción Solidaria para asesoramientos, pueden contactarlos por medio de su correo electrónico: [email protected] o  seguirlos por redes sociales @AcciónSolidaria

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    • Borja: “Lasso podría ser una nueva oportunidad para Ecuador”
       

  • Cedice: Ley Antibloqueo suprime el poco respeto de los derechos y libertades individuales

    Cedice-Libertad señala que la Ley Antibloqueo promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente suprime el poco respeto a los derechos y libertades individuales que queda en el ordenamiento jurídico venezolano

    El Observatorio de Derechos de Propiedad del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice-Libertad), advierte que la ley le otorga más poder para el Estado y menos poder para el ciudadano.

    En ese sentido, aseguran que la ley amplía la potestad al mandatario Nicolás Maduro para desaplicar normas legales.

    “Desde Cedice se ha advertido que en las últimas dos décadas ha habido una transformación del ordenamiento jurídico venezolano caracterizado por el poco o nulo respeto a los derechos y libertades individuales. Con esta nueva Ley, la precaria protección legal que existía termina desapareciendo”

    Agrega que la actual crisis humanitaria que atraviesa el país, es resultado de años de la aplicación de medidas económicas con fines políticos.

    “Desde el Observatorio de Propiedad se ha denunciado una política sistemática de destrucción de la propiedad desde el año 2005. Es evidente que esta ley pretende ocultar una realidad que se ha venido denunciando por años”, señaló.

    En este sentido, se considera que la Ley Antibloqueo constituye un elemento más para destruir las pocas defensas que tenía el ciudadano frente al ejercicio arbitrario del poder.

    Por último, Cedice Libertad está de acuerdo con la privatización de muchas áreas de la economía nacional, siempre y cuando no vulnere el principio de igualdad ante la ley y sin crear privilegios a ciertos sectores.

    Con información de El Impulso

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  • «Resoluciones ONU sobre Venezuela demuestran el daño a los DDHH»

    Rafael Uzcátegui, sociólogo y coordinador general de Provea, destacó que se está avanzando en los diferentes mecanismos de protección en Venezuela y, esto demuestra la extensión del daño a los DD.HH. de los venezolanos.

    Así lo afirmó, a propósito de que el pasado 6 de octubre se aprobara en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la resolución que ampliará el mandato de la Misión de Determinación de Hechos, teniendo como resultado 22 votos a favor, 22 abstenciones y 3 votos en contra.

    Cabe destacar que, existe una posibilidad en que las víctimas de los derechos humanos en Venezuela, puedan obtener justicia en algún momento cuando se comiencen a realizar las investigaciones pertinentes.

    Rafael Uzcátegui, aclaró en entrevista para el programa Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas que, entre las recomendaciones se encuentra la posibilidad de aplicar la jurisdicción universal y/o la resolución tenga relevancia en la corte penal internacional para abrir un caso de la realidad que se vive en el país.

    «Ojalá esta posibilidad que se ha abierto permita  mecanismos de negociación entre los diferentes liderazgos para permitir el regreso de la democracia al país»

    Explicó que las próximas acciones de la Misión de Determinación de Hechos, será continuar investigaciones sobre la realidad del venezolano; solicitar de manera oficial al Estado venezolano ingresar al país e informes por escrito.

    Escuche la entrevista completa aquí:

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  • “Gobierno desea demostrar que respeta los DDHH con excarcelaciones”

    A juicio de la directora del Centro para los Defensores y la Justicia, Marianna Romero, la administración de Nicolás Maduro excarcela ciudadanos en momentos en los que desea crear “una matriz comunicacional de hacerse ver como garantes de derechos humanos ante el mundo”.

    Romero señaló que, a la fecha, en el país se mantienen más de 300 personas privadas de su libertad por lo que calificó como motivos políticos.

    El viernes 28 de agosto, le fue otorgada la medida de casa por cárcel al diputado Juan Requesens, quien permanecía recluido en El Helicoide.

    Resaltó que en este mes de septiembre se realizará la actualización oral de dos informes que detallan violaciones cometidas por funcionarios del gobierno de Maduro.

    “Con la actualización del informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), al mandato dado en la resolución 42/4 del 26 de septiembre de 2019 del Consejo de Derechos Humanos”, expresó.

     

    “Más la segunda actualización oral y el Informe de la Misión de Determinación de los hechos, conforme la resolución 42/25 del 27 de septiembre de 2019, no debería sorprender que hagan este tipo de excarcelaciones”, dijo.

    “Vemos cómo los intereses del Estado obedecen a intereses políticos particulares y se alejan del respeto a los Derechos Humanos”

    Radicalización de la cuarentena y la protesta

    La Abogada y Coordinadora Académica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH_UCAB) advirtió un aumento en la detención de personas que protestan o contradicen las políticas del ejecutivo durante la pandemia por Covid-19.

    Romero enfatizó que, desde el decreto de Estado de Alarma el gobierno de Maduro utiliza la fuerza pública para amedrentar a quienes protestan o informan sobre la infección.

    “En ese marco, las detenciones y excarcelaciones, junto a ese sistema de “puerta giratoria”, lo que ha servido es para generar terror en la población, con el fin de que los ciudadanos dejen de protestar y exigir”

    La especialista resaltó la importancia de documentar y denunciar ante los distintos organismos internacionales las violaciones de derechos humanos.

    “Hay que seguir trabajando y presionando, para que se avance en procesos efectivos que reivindiquen la situación jurídica de las víctimas”, recalcó.

    Escuche la entrevista completa aquí:

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