La ONG Justicia Venezolanaexpresó que tienen el balance de militares detenidos del año 2020, documento que siguen actualizando con cada nuevo caso que se denuncia
A juicio de Yonathan Mustiola, abogado y director de la ONG Justicia Venezolana, la sociedad civil es la que maneja los números de presos en el país, y aclaró que el gobierno de Venezuela por su parte también está obligado a llevar una base de datos de los presos por Las Reglas de Mandela, que son las reglas mínimas para el tratamiento de recursos.
‘’La Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al gobierno venezolano para que revele esta información, que para mi entender no la posee de manera certera.’’
Indicó que se tiene conocimiento de una listado de 183 militares que están siendo perseguidos por razones políticas, de esos, 46 se encuentran en libertad, y 137 están privados de libertad, además, recalcó que la ONG Justicia Venezolana se encuentra actualizando la base de datos y para diciembre de este año estiman estará completa.
‘’Respecto al estado de salud, de igual modo nosotros tenemos un registro de aproximadamente 35 militares que tienen patologías graves como hipertensión, escabiosis, cáncer y depresión.’’
Agregó que la depresión por los detenidos viene asociada a la prohibición de visitas de familiares y abogados en los centros penitenciarios por tema pandemia.
Juzgar a civiles en tribunales penales militares
Mencionó que esto es algo que ha venido denunciando la ONG desde el año 2018, en lo que hay un número importante de civiles juzgados por la jurisdicción militar.
‘’De acuerdo al registro que nosotros llevamos, tenemos a la fecha aproximadamente 15 civiles que siguen siendo juzgados por la jurisdicción militar, a pesar de que organismos internacionales han hecho diversos llamados al gobierno venezolano.’’
Aclaró que, la jurisdicción militar está para juzgar a los militares por la comisión de delitos de naturaleza militar.
Reveló que en el procedimiento de presos políticos que son juzgados por la jurisdicción militar es básicamente el mismo como se manejaría para un preso militar, sin embargo, en la actualidad se presenta un retardo procesal tremendo.
Añadió que en 2020 denunciaron que para el caso de los batallones blindados tenían más de 750 días de retardo para el inicio del juicio.
En entrevista para Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas denunció que tanto para los casos de presos civiles, presos militares como para los presos políticos es una constante la tortura y los tratos crueles al momento de la detención.
Según información aportada por el Fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, tres personas fueron aprehendidas con motivo de una pesquisa desarrollada por la policía judicial, con respecto a las actividades de una red que sustraía los chips de las tarjetas de débito y de crédito enviadas al país por bancos extranjeros.
Este servicio, como sabemos, es hecho a través de una conocida empresa de encomiendas. Dos mensajeros de esta compañía fueron captados por la banda, para que les entregara las tarjetas que iban a ser enviadas a sus legítimos dueños.
Los delincuentes sustraían los chips de estas tarjetas, y los colocaban en plásticos emitidos por bancos nacionales. Luego, colocaban chips en desuso en las tarjetas internacionales, para que los mensajeros continuaran sus entregas.
Desde luego, los titulares de las cuentas y las tarjetas solo tenían dos formas de percatarse de este complejo mecanismo: cuando revisaban sus estados de cuenta o recibían alguna notificación, o cuando iban al exterior para hacer consumos, y sus tarjetas eran rechazadas.
Según la información aportada por Saab, al allanar una oficina en el llamado cubo negro de la california los agentes de CICPC encontraron más de 1.000 plásticos que habían sido alterados o que estaban en este proceso.
Los delincuentes, entonces, encontraron y aprovecharon una importante brecha de seguridad. La detención de dos mensajeros de la empresa de encomiendas, y de un tercer sujeto encargado de hacer la suplantación de los chips, no garantiza que la red haya sido desmantelada, y peor aún, que este modus operandi no sea copiado en el futuro próximo.
Por lo tanto, se debe evitar el uso de estos servicios de encomienda. Se aconseja enviar las tarjetas de débito a algún familiar o amigo que esté en EEUU, y solicitar que la traiga en su sobre correspondiente lo antes posible.
De no ser posible, se debe pedir al banco que remita la tarjeta hasta la sede de la empresa de encomienda, y buscarla allí personalmente, evitando de esa forma la intervención del mensajero.
Valga la oportunidad para observar igualmente la inconveniencia de remitir a direcciones en el país los estados de cuenta de los bancos internacionales. Esta información resultará muy valiosa en poder de asaltantes y secuestradores.