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  • Espacio Público: «Las penas privativas de libertad asociadas a la expresión son incompatibles con nuestra Constitución»

    Carlos Correa, activista de Derechos Humanos y director de la ONG Espacio Público, sostuvo que es necesario tener la capacidad de ver los chistes, el humor, las expresiones y ponderarlas, tratarlas como adultos, sin que el poder esté administrando lo que los ciudadanos deben ver.

    “Las penas privativas de libertad asociadas a la expresión o delitos vinculados a la expresión, son incompatibles con nuestra Constitución y con los estándares internacionales de Derechos Humanos” manifestó además.

    Correa se refirió al caso de la venezolana Olga Mata, imputada por incitar al odio en un video que publicó en su cuenta de la plataforma TikTok, señalando “en este caso, y en otros casos que nosotros hemos ido documentando, se está aplicando la  denominada Ley Contra el Odio y esa Ley Contra el Odio recuerden que fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente”.

    “La Asamblea Nacional Constituyente, de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución, no está facultada para elaborar leyes”

    Asimismo, el activista detalló que esta normativa establece penas privativas de libertad por expresiones de odio. Agregó que, “eso es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos, porque no debería haber pena privativa de libertad por expresión. ¿Por qué? Porque se dice que la pena privativa de libertad no repara el daño”.

    Correa explicó además que, dado el caso “lo que tiene que promoverse es la rectificación o réplica, o tiene que promoverse quizás la reparación económica proporcional, pero no la pena privativa de libertad”

    De igual manera, Correa señaló que dicha legislación “tiene además la inconsistencia de que la sanción de una expresión de odio puede ser superior a un delito de odio, por ejemplo, un asesinato que es una expresión, que puede ser un asesinato por odio, está castigado en la legislación venezolana por penas más o menos parecidas a las que están en esta ley, veinte años” indicó. 

    “Se está castigando una expresión humorística, sarcástica, satírica, pero además que tiene o conlleva una dimensión de crítica al poder, y esas son las expresiones más protegidas, más allá de si nos gusta o nos disgusta el chiste (…) no tiene sentido, porque el poder no puede convertirse en el árbitro de lo que la sociedad puede ver”

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  • Espacio Público: Reducción del espacio cívico aleja las posibilidades de resolver los problemas del país

    Carlos Correa, director de Espacio Público, puntualizó que la reducción del espacio cívico aleja las posibilidades de que en Venezuela se puedan resolver los graves problemas, ya que es a través de la colaboración de la sociedad cuando se pueden diagnosticar los problemas para construir soluciones e implementarlas.

    Sin embargo, indicó que al gobierno venezolano le incomoda que existan organizaciones que hagan trabajo humanitario o que monitoreen la situación de Derechos Humanos u otra información.

    “Lo que ocurre es la continuidad de una política y las víctimas son los medios digitales, organizaciones no gubernamentales, entre otros”

    Por ejemplo, en el mes de enero aumentaron los casos de persecución hacia los medios de comunicación a través de descalificación como Efecto Cocuyo, Radio Fe y Alegría, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y más adelante hubo el cierre del Diario Panorama de Maracaibo y de VPITv.

    “Cuando hay descalificaciones públicas siempre hay persecución penal y ataque”, destacó en entrevista para Tecnofinanzas.

    Cooperación internacional

    El director de Espacio Público indicó que la cooperación internacional es parte del derecho a la asociación y son recursos legítimos, eso incluye desde el béisbol hasta asociaciones civiles y medios de comunicación.

    Agregó que los medios de comunicación a nivel global están teniendo un problema de financiamiento y en Venezuela aunado a la crisis hay iniciativas que están apoyando a los medios de diversas maneras desde becas, cursos y otras.

    “Si el sector radical quiere conversar debe respetar y dar garantías de que el trabajo de las asociaciones civiles y periodístico sigan haciéndose, ojalá prevalezca las opciones más sensatas y que se pueda tener una situación que revierta la actual situación”

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  • En Venezuela la norma es la opacidad y la excepción es la transparencia

    Carlos Correa, Director de Espacio Público, indicó que, aunque la cifra cambia, estima que hay unos 3.000 portales bloqueados en Venezuela

    El periodista indicó que el acceso a la información es una vacuna contra la arbitrariedad y a su juicio, la Ley Antibloqueo contempla que el gobierno no rinda cuentas del manejo del país.

    “El tema es tan secreto que todavía no sabemos qué aprobaron ayer”

    ¿Cómo se informan los venezolanos?

    Carlos Correa, señaló en entrevista para Tecnofinanzas, que el Whatsapp® es una de las principales fuentes de información que utilizan los venezolanos por la represión que está sufriendo los medios de comunicación.

    Informó que hasta el momento hay personas que han sido detenidas por colocar estados en su Whatsapp®. 

    “El gobierno utiliza herramientas tecnológicas para perseguir y criminalizar a personas (…) Se castiga a todo medio de comunicación que tenga una línea independiente”

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  • “El ejercicio de hacer la denuncia es una manera de decir como queremos que las cosas funcionen”

    Que los periodistas y profesionales de la comunicación social formulen la denuncia respectiva ante la Fiscalía cuando son objeto de agresiones, amenazas o intimidaciones durante el ejercicio de su trabajo, “es un paso importante para actuar ante otras instancias”, según aseguró el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa.

    “Se trata de la única manera de preservar la institucionalidad que los comunicadores quieren y aspiran para el país”. señaló.

    “La verdad que no me hago muchas expectativas sobre la respuesta que pueda tener el Ministerio Público”, dijo. “Tengo expectativas respecto a las personas que deciden denunciar ya que así, es la única manera en que los afectados en sus Derechos Humanos digan basta y se vea una manera para cambiar las cosas. Lo otro sería rendirse y aceptar que no se puede hacer nada”.

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