Leonardo Palacios, abogado tributarista y profesor universitario, asegura que la propuesta de cobrar impuestos a las ventas en dólares aún se desconoce ya que “no se sabe si serán medidas más exigentes desde el punto de vista de la convertibilidad y la expresión de las bases de imposición de dólares a bolívares, o viceversa, o si simplemente establecerán alícuotas adicionales al IVA, es una gran imprecisión”, subrayó.
Esto debido a que los procesos normativos de creación de impuestos se hacen a espalda del sector productivo, “no hay consultas con los expertos y eso lleva a una gran opacidad normativa que tiende a la evasión fiscal”, resaltó.
En este sentido enfatizó que no hace falta modificar el ordenamiento jurídico, “porque si está formalizado el IVA en la forma distorsiva que existe, se tiene la posibilidad de que cualquier variación en la expresión de la venta si se expresa en divisas, se tiene que reconvertir al tipo de cambio de acuerdo al ordenamiento vigente, es decir, la forma en que se establece el valor de la divisa en comparación al bolívar a través del BCV”, refirió.
Indica que desde el punto de vista contable y administrativo es mucho más difícil, pero es lo que está previsto desde el año 1993.
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Igualmente, destaca que “la ANC no es el órgano constitucional para establecer cualquier tipo de gravamen de reforma a los existentes o amenazas con penas incrementadas, pues cualquier iniciativa es contraria a derecho”, porque la única misión que tienen es la de establecer un nuevo producto de Constitución, dijo.
Indicó además que las pretensiones que ha generado el gobierno en torno a las divisas, es porque ha sido “flexible” en la definición de una política tributaria, en la corrección de la política fiscal y específicamente la política monetaria.
“Ha habido un grave error desde el principio de todo lo que es mantener el sistema de control cambiario, la sustituciones improvisadas de distintos mecanismos que llevaron a un pretendido desmantelamiento que da la interpretación de que existe flexibilidad, que es el convenio cambiario número 1 de 2018”, precisa.
Asevera que es una realidad que la divisa se use como mecanismo de protección, ya que el país depende de la introducción en el flujo monetario de dólares que no se sabe si es de origen del arco minero y de mecanismos paralelos, “es un país remesero. Aquí la mayoría del grueso de los agentes económicos se ven obligados al cobro de divisas”, apuntó.
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