El restablecimiento de la institucionalidad en Venezuela pasa, inevitablemente, por la reconquista de la independencia del Poder Judicial. Esta es la premisa fundamental de Laura Louza, abogada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), especialista en Derecho Administrativo por la Universidad de París II, Máster en Derecho, Economía y Políticas Públicas por el Instituto Ortega y Gasset, y directora de la ONG Acceso a la Justicia.
¿Qué significa la verdadera independencia judicial?
Para Louza, el concepto es claro pero fundamental: la independencia implica que magistrados y jueces carezcan de afinidad política militante. «Lo importante es que [cite: tu creencia ideológica] sea solo tu creencia propia y tu decisión, pero que no dependas en tu ejercicio profesional de ese partido o de instrucciones de un gobernante», explicó.
Un juez, subrayó, debe atenerse exclusivamente a la Constitución, la ley y los tratados internacionales, actuando «sin sesgo y sin ideología específica o presión externa».
El pecado capital de Venezuela y su impacto económico
Al analizar la situación nacional, la especialista fue contundente: el origen del colapso del Estado de Derecho es la «captura del Tribunal Supremo de Justicia». Al controlar el vértice del Poder Judicial, se controla toda la administración de justicia, impidiendo que ciudadanos y empresas tengan recursos legítimos contra los abusos del Estado, incluidos alcaldes y organismos públicos. «Eso en Venezuela no pasa hace muchísimo», lamentó.
Esta falta de contrapesos tiene consecuencias económicas directas. Louza citó el ejemplo del Decreto de Estado de Excepción por Emergencia Económica. «Si la Constitución dice que son 120 días máximo y la Sala Constitucional dice que no hay problema, y el decreto tiene año y medio… ¿Cómo es posible que haga algo distinto a lo que dice la propia Constitución?», cuestionó, evidenciando cómo el máximo tribunal avala abusos de poder sin límites legales.
«Si el poder no se controla, se abusa. Si no hay independencia del Poder Judicial, ¿quién lo va a controlar? Nadie». Recalcó Louza.
La renovación del TSJ
Frente a los recientes acuerdos entre las fuerzas políticas para renovar el TSJ, Louza enfatizó que el proceso de preselección es crítico. «Lo más importante es que el proceso de preselección lo tiene que controlar gente capaz, reconocida y que rinda cuentas por eso, y eso es la sociedad civil, como dice la Constitución», afirmó.
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