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  • El arbitraje se consolida como la vía más eficiente y económica para la justicia en Venezuela

    En un contexto donde la celeridad procesal es una demanda constante del sector comercial, el arbitraje emerge no solo como una alternativa, sino como una necesidad para la reinstitucionalización del sistema de justicia. Así lo afirmó el Dr. Raúl Márquez Barroso, nuevo director del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, durante una reciente disertación sobre los retos y beneficios de los medios alternativos de resolución de conflictos.

    Márquez Barroso, reconocido por su trayectoria en el ámbito contencioso tributario, destacó que uno de los principales obstáculos para la adopción masiva de este método es la percepción errónea sobre sus costos. Al respecto, fue enfático al señalar que, frente a la lentitud de la jurisdicción ordinaria, el arbitraje representa una inversión que ahorra recursos a largo plazo: «Verdaderamente, yo, sin temor a equivocarme, puedo decir que hacer una proyección de que un conflicto de intereses sometido a un arbitraje es mucho más económico que someterlo al proceso judicial».

    El director resaltó que, a diferencia de un juez tradicional que puede manejar cientos de expedientes simultáneamente, el sistema arbitral permite una atención individualizada y experta. Además, subrayó la importancia de la modernización tecnológica, mencionando cómo las herramientas telemáticas han permitido que el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas mantenga procesos activos incluso con árbitros fuera del país, eliminando gastos de traslado y logística.

    De cara al 37.º aniversario del Centro de Arbitraje el próximo mes de mayo, Márquez Barroso planea una agenda de promoción intensa en colegios de abogados y universidades. Su objetivo es incentivar la inclusión de cláusulas arbitrales en contratos desde su origen, promoviendo una cultura de mediación y conciliación que garantice la seguridad jurídica necesaria para la inversión nacional y extranjera.

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  • La voz de las mujeres perseguidas se hizo valer en foro de JEPVzla

    Este jueves 11 de agosto, la organización Justicia, Encuentro y Perdón, realizó un encuentro a través de su canal YouTube, para abordar un tema que cobra cada vez más urgencia de exposición y debate, como es la situación de las mujeres venezolanas que son víctimas de persecución política.
     
    Con un panel de cuatro representantes, moderado por la abogada Martha Tineo, coordinadora de JEPVzla, se abordaron los distintos ángulos de una realidad que se torna cada vez más grave y preocupante, y de la que muy poco se conoce con claridad y propiedad.
     
    Yammarys Antón, hermana de la presa política Carla Antón; Dianeth Blanco, ex presa política y esposa del preso político Daniel Blanco; Magaly Huggins, psicóloga social y criminóloga, y Rosa Orozco, directora ejecutiva de JEPVzla y que habló en su condición de madre y víctima, por perder a su hija, Geraldin Moreno, asesinada en las protestas de 2014, demostraron con sus intervenciones, la importancia de visibilizar ante instancias nacionales e internacionales, todas las violaciones y vulneraciones a las que son sometidas las mujeres venezolanas en un contexto ausente del debido Estado de Derecho. 
     
    «No nos está dado abandonar los reclamos de justicia y libertad», enfatizó Tineo, con respecto a la razón de ser de la ONG y la intención del evento. «El ánimo es el de generar consciencia social en torno al daño, mostrar la realidad que están viviendo las víctimas en Venezuela y por supuesto, seguir insistiendo en nuestra reclamación de justicia».
     
    Desde hace más de un mes, la organización presentó a través de sus redes sociales, una campaña comunicacional para visibilizar la situación de las mujeres presas, por razones políticas. El tema cobró relevancia por el recordatorio de las cifras y los nombres que maneja el equipo de JEPVzla en su matriz de seguimiento, que arroja un total de 23 mujeres privadas de libertad y sobre las cuales se registra que han sido sometidas a todo tipo de torturas, tratos crueles y humillantes. A este gran pendiente del sistema judicial venezolano se suma el lamentable saldo de 34 mujeres asesinadas por cuerpos de seguridad del Estado en contextos de ejercicio al derecho de la manifestación pacífica. 
    La doctora Higgins explicó que «defender los derechos humanos pasa por admitir la libertad, la dignidad y la salud como derechos fundamentales. Y hay otros derechos que también lo son: la vida y el debido proceso. Cuando una familia tiene un preso, toda la familia está presa. Cuando a una familia le matan a uno de sus miembros, todos pierden parte de su ser, y en especial la madre».
    Al conectar el repaso de toda esta escalada de victimización que pretende silenciarse, con la agudización en cuanto a persecución y encarcelamiento de defensores y activistas de derechos humanos, así como la sentencia dictada por recientemente en el Caso Dron, un proceso plagado de vicios y violaciones al debido proceso, en el que resultaron condenadas 17 personas, a partir de un supuesto plan de magnicidio, Higgins fue contundente en sus afirmaciones: «La impunidad es un instrumento político activo del Estado. Es una toma de decisión política».
     
    La conclusión de madres, hermanas, hijas, esposas y mujeres comprometidas con la aplicación de una verdadera justicia en el país, es el llamado a sumar voluntades; a verse y escucharse, como componentes fundamentales que potencian la fuerza femenina, para continuar la lucha por evidenciar todos los procesos viciados que hay en cada uno de los casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela.
     
    Nota de prensa

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  • Diamanti: Dudamos de que realmente en Venezuela vaya a haber procesos genuinos de justicia

    Rodrigo Diamanti, economista, activista de derechos humanos y director de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, destacó que a pesar de la Corte Penal Internacional (CPI) busca juzgar a todos los funcionarios implicados en crímenes de lesa humanidad, la institución lo que más busca son altos cargos, ya que el objetivo de la organización es evitar que se comentan crímenes que sean resultado de políticas de Estado.

     “Nosotros como ONG de derechos humanos realmente dudamos de que realmente en Venezuela vaya a haber procesos genuinos de justicia y de no haberlos, la fiscalía de la Corte Penal Internacional comenzará entonces a investigar nombre por nombre los casos de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y los posibles responsables cualquiera que sea su rango”.

    Diamanti detalló que el gobierno de Venezuela no puede detener el proceso de la CPI y que la única manera de detenerlo es a través del enjuiciamiento de los cargos de funcionarios públicos que se encuentren vinculados a crímenes de lesa humanidad.

    De igual modo, destacó que aunque Venezuela decida retirar su firma del instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, los crímenes cometidos durante la permanencia de la firma continuarán siendo investigados, por lo que no existe forma de paralizar la investigación.

    El activista también enfatizó que ha habido un cambio de patrón en el proceder del gobierno, destacó la condena de 23 años que se le dictó el pasado 22 de octubre al sargento Arli Méndez Terán por el asesinato de David Vallenilla en el año 2017, sin embargo, reiteró que este hecho se trata solo de un juicio a la persona que disparó, puntualizando que la pregunta que la fiscalía busca responder es quién dio la orden.

    “Si contamos el número de personas asesinadas del 2014 para atrás, son menos del 0.01% del porcentaje que ocurrieron a partir del 2014, todos recordaremos que comenzó una situación que casi que por día que había protesta había una persona asesinada”

    Por otra parte, Diamanti señaló en una entrevista exclusiva para Análisis de Entorno que todos los venezolanos deben confiar en la fiscalía internacional, que todas las personas que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad deben denunciar, señalando que la única manera de no ganar el proceso ante la corte es no declarar.

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  • Acceso a la Justicia: »Fiscalía debería presentar caso ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI»

    Alí Daniels, Abogado En Derecho Administrativo y Director De La ONG Acceso a La Justicia, explicó que está ocurriendo un cambio de estrategia del Gobierno respecto a la Corte Penal Internacional (CPI).
    Indicó que el elemento para valorar esta apreciación es el cambio de la Embajadora de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, así como también el decreto que coordinó la reestructuración de la Policía Nacional, la rueda de prensa de la Fiscalía donde se menciona que a la CPI le falta transparencia y las declaraciones donde se cambia el relato de los casos emblemáticos de Juan Pablo Pernalete, Fernando Albán y Rafael Acosta Arévalo.
    Agregó que las familias de las víctimas no están de acuerdo con estos cambios porque en ninguno de los tres casos tuvo que hacerse esa acción. 
    Daniels señaló que se cambió el relato en los tres casos para buscar tener beneficio propio por parte del Estado. 
    ‘’En Venezuela el año pasado Provea (Programa Venezolano de Educación Acción En Derechos Humanos) reportó 2.853 ejecuciones extrajudiciales (…) y solamente el Fiscal señala que hubo 153 condenas en 3 años que tiene como fiscal.’’
    Recalcó que ni se acerca a lo que es la violación de Derechos Humanos en el país y que es eso lo que se quiere presentar ante la Corte como un trabajo de lucha de impunidad de Derechos Humanos.
    El abogado mencionó que todo esto tiene que ver con el mensaje que dio la Fiscal de la CPI en el año 2020 donde decía que antes de irse en el mes de junio cerraría el examen preliminar venezolano.
    ‘’Claro ya estamos en mayo, por eso es que las fechas no son coincidencia en nada de lo que tenga que ver con la Corte Penal, el Gobierno no hace cosas espontáneas, todo lo hace previamente calculado.’’
    En entrevista para Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas acotó que luego de que Tamara Suju consiguió testimonios directos de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, la consecuencia no debería ser sino cerrar el exámen preliminar y proceder a presentar un caso ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional.
    ‘’El artículo 17, numeral 2 dice que si una investigación se hace para que el responsable evada su culpa ante una Corte, si se hace con demora injustificada o si se hace en un proceso que no es ni imparcial ni independiente, esa investigación no es válida para la Corte Penal Internacional.’’

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  • PJ: «Nuestra propuesta busca transitar una ruta electoral y en igualdad de condiciones»

    Dinorah Figuera, miembro de la dirección de Primero Justicia, explicó que el comunicado publicado busca que se vuelvan a tener elecciones libres, justas y transparentes en el país con el apoyo de la Comunidad Internacional
    Indicó que el comunicado de Primero Justicia en esta ocasión es diferente, ya que el país está frente a una grave crisis económica, política, social e internacional, además de una grave crisis humanitaria.
    ‘’El pueblo venezolano no puede aguantar más esta situación de disbujamiento de su calidad de vida, de la situación de la salud pública tan grave que hay en el país, y sobre todo la gran violación sistemática de los derechos humanos.’’
    Señaló que exhortan al gobierno de Maduro escuchar la demanda que hace la población nacional y a su vez la solicitud política.
    Acotó que entre la solicitud política piden también acompañamiento de la Comunidad Internacional, la posibilidad real de que haya un proceso electoral libre, justo y transparente.
    ‘’Nosotros queremos es garantías justas a lo que debe ser un proceso electoral desde todo punto de vista, tanto presidencial como parlamentaria, locales; que busquen por supuesto que el país llegue a la plena democracia.’’
    Asimismo, piden la liberación de los presos políticos, civiles y militares, terminar con las inhabilitaciones de los partidos y recuperarlos.
    Comentó en entrevista para el programa Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas que la gran propuesta que le envían a los venezolanos es que para vivir con calidad de vida, para tener tranquilidad, para poder tener progreso en el país, para que regrese el talento venezolano y para que regrese la familia definitivamente se debe de transitar una ruta electoral exigida y en condiciones iguales.

     

     

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  • CNP: «Sentencia del TSJ busca dejar sin sede a El Nacional»

    Tinedo Guía, periodista y presidente del Colegio Nacional de Periodistas, explicó que la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia lo que busca es dejar sin sede al diario El Nacional y añadió que a pesar de que esto pueda pasar, en la actualidad la tecnología permita que las personas puedan trabajar desde sus hogares
    Referente al fallo contra el diario El Nacional, que solo reprodujo una información que fue publicada anteriormente por el diario ABC de España y del diario New York Times sobre declaraciones de un exescolta, Guía catalogó de «extraño» que no se haya oído una demanda contra el diario ABC de España y el New York Times.
    Acotó que 13 millones de dólares significan la entrega total de las instalaciones del diario El Nacional y añadió que a pesar de que esto pueda consolidarse, el periódico seguirá existiendo por el avance tecnológico que permite que incluso desde los hogares cada trabajador pueda cumplir su labor de informar.
    ‘’Quiero llamar la atención acerca de un tema muy importante, ya no se trata de la edificación, el periódico seguirá existiendo, el periódico seguirá con su marca porque es una marca registrada y una propiedad de ellos, un diario que tiene más de 70 años.’’
    Recordó que el trabajo del diario es la defensa del sistema democrático en Venezuela que además está estipulado en la Ley de Ejercicio donde establece la posibilidad de defender el sistema democrático, y que con esta sentencia lo que se quiere lograr es que no haya una sede propia.
    Señaló que el diario supera los 600 puestos de trabajo. 
    ‘’Hay una bendición que tenemos con la tecnología, que cada quien desde su casa con una con una computadora o con un laptop puede trabajar la información y enviarla a un centro que colecte toda esa información.’’
    En entrevista para el programa Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas invitó a seguir con el periodismo ya que es una necesidad fundamental y es un derecho mundial el recibir información veraz y oportuna.

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  • ONG Justicia Venezolana considera que el gobierno no tiene certeza del número de militares detenidos

    La ONG Justicia Venezolana expresó que tienen el balance de militares detenidos del año 2020, documento que siguen actualizando con cada nuevo caso que se denuncia
    A juicio de Yonathan Mustiola, abogado y director de la ONG Justicia Venezolana, la sociedad civil es la que maneja los números de presos en el país, y aclaró que el gobierno de Venezuela por su parte también está obligado a llevar una base de datos de los presos por Las Reglas de Mandela, que son las reglas mínimas para el tratamiento de recursos.
    ‘’La Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al gobierno venezolano para que revele esta información, que para mi entender no la posee de manera certera.’’
    Indicó que se tiene conocimiento de una listado de 183 militares que están siendo perseguidos por razones políticas, de esos, 46 se encuentran en libertad, y 137 están privados de libertad, además, recalcó que la ONG Justicia Venezolana se encuentra actualizando la base de datos y para diciembre de este año estiman estará completa.
    ‘’Respecto al estado de salud, de igual modo nosotros tenemos un registro de aproximadamente 35 militares que tienen patologías graves como hipertensión, escabiosis, cáncer y depresión.’’
    Agregó que la depresión por los detenidos viene asociada a la prohibición de visitas de familiares y abogados en los centros penitenciarios por tema pandemia.

    Juzgar a civiles en tribunales penales militares

    Mencionó que esto es algo que ha venido denunciando la ONG desde el año 2018, en lo que hay un número importante de civiles juzgados por la jurisdicción militar.
    ‘’De acuerdo al registro que nosotros llevamos, tenemos a la fecha aproximadamente 15 civiles que siguen siendo juzgados por la jurisdicción militar, a pesar de que organismos internacionales han hecho diversos llamados al gobierno venezolano.’’
    Aclaró que, la jurisdicción militar está para juzgar a los militares por la comisión de delitos de naturaleza militar.
    Reveló que en el procedimiento de presos políticos que son juzgados por la jurisdicción militar es básicamente el mismo como se manejaría para un preso militar, sin embargo, en la actualidad se presenta un retardo procesal tremendo. 
    Añadió que en 2020 denunciaron que para el caso de los batallones blindados tenían más de 750 días de retardo para el inicio del juicio.
    En entrevista para Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas denunció que tanto para los casos de presos civiles, presos militares como para los presos políticos es una constante la tortura y los tratos crueles al momento de la detención.
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  • Acceso a la Justicia: Activistas de Azul Positivo jamás tuvieron que ser detenidos

    Ali Daniels, abogado y director de Acceso a la Justicia, catalogó de injusto que 5 venezolanos que se hayan dedicado en su vida a apoyar con alimentos a las personas más vulnerables del país se les haya detenido desde el pasado 12 de enero y sean liberados pero con una medida cautelar.

    El especialista durante el programa Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas, indicó que hay un doble discurso y una «hipocresía institucional» porque dichas personas jamás cometieron algún delito y fueron detenidas. En el caso contrario, de los ex gerentes de Pdvsa Gas a quienes se les otorgó casa por cárcel.

    «Cuando se trata de personas que están tratando la crisis humanitaria ahí sí aplican todo tipo de limitaciones que no proceden. Eso pone en evidencia que en Venezuela no hay justicia y la misma es un simple instrumento que hacen lo que les ordenan»

    El pasado miércoles 10 de febrero los venezolanos Layner Gutiérrez, Yordy Bermúdez, Johan León, Alejandro Gómez y Luis Ferrebus, miembros de la ONG Azul Positivo recibieron una medida sustitutiva de la privativa de libertad.

    En ese sentido, dicha medida cautelar implica que cada uno deberá presentarse cada 30 días en los tribunales.

    “El hecho de que estas personas estén en libertad, para nosotros en primera instancia es una gran alegría y sobre todo un gran refuerzo para seguir luchando por su libertad plena”

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  • «Resoluciones ONU sobre Venezuela demuestran el daño a los DDHH»

    Rafael Uzcátegui, sociólogo y coordinador general de Provea, destacó que se está avanzando en los diferentes mecanismos de protección en Venezuela y, esto demuestra la extensión del daño a los DD.HH. de los venezolanos.

    Así lo afirmó, a propósito de que el pasado 6 de octubre se aprobara en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la resolución que ampliará el mandato de la Misión de Determinación de Hechos, teniendo como resultado 22 votos a favor, 22 abstenciones y 3 votos en contra.

    Cabe destacar que, existe una posibilidad en que las víctimas de los derechos humanos en Venezuela, puedan obtener justicia en algún momento cuando se comiencen a realizar las investigaciones pertinentes.

    Rafael Uzcátegui, aclaró en entrevista para el programa Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas que, entre las recomendaciones se encuentra la posibilidad de aplicar la jurisdicción universal y/o la resolución tenga relevancia en la corte penal internacional para abrir un caso de la realidad que se vive en el país.

    «Ojalá esta posibilidad que se ha abierto permita  mecanismos de negociación entre los diferentes liderazgos para permitir el regreso de la democracia al país»

    Explicó que las próximas acciones de la Misión de Determinación de Hechos, será continuar investigaciones sobre la realidad del venezolano; solicitar de manera oficial al Estado venezolano ingresar al país e informes por escrito.

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