Aún no hay un borrador del texto, pero la propuesta de reforma de la Ley de Universidades ya está sobre la mesa. El Consejo Nacional de Universidades (CNU) aprobó a principios de octubre abrir un proceso de discusión nacional que conduzca a una nueva normativa para el sector de la educación superior.
La abogada, profesora y secretaria general de la UCAB, Magaly Vásquez, sostuvo que, para evitar retrocesos, cualquier cambio legal debe realizarse mediante una consulta realmente abierta y sin premuras con las autoridades y demás sectores académicos involucrados. «Lo crucial no es la prisa política; hacer leyes de forma apresurada para enviar el mensaje de que las cosas van a cambiar solo genera mayor frustración cuando la realidad sigue igual», advirtió la doctora en Derecho en entrevista a El Ucabista.
Aclaro que un trabajo legislativo serio sobre un borrador oficial tomaría entre tres y seis meses, un periodo que necesariamente debe incluir el estudio de impacto económico y la consulta pública. Aunque señaló que la UCAB todavía no ha sido convocada formalmente a las mesas de trabajo para la discusión de esta reforma, confirmó que los canales de diálogo técnico y académico están abiertos con el ente rector.
Eliminación de la discrecionalidad
Vásquez explicó que la ley vigente, de hace más de 50 años, regula escasamente a la gestión privada y remite a la autorregulación de este sector. Reconoció que el texto amerita actualización, pero insistió en que es fundamental ratificar la autonomía universitaria y fijar reglas que brinden seguridad jurídica, así como estándares de calidad en infraestructura y perfil docente para autorizar nuevas carreras.
«Considero que una ley debe fijar principios básicos y reglas generales que permitan a las instituciones, tanto públicas como privadas, autorregularse posteriormente atendiendo a su estructura y origen. Existen aspectos que hoy se manejan mediante resoluciones y normas sublegales que deberían elevarse a rango de ley para brindar seguridad jurídica. No me refiero a la parte procedimental u operativa, que requiere normas más ágiles, sino a lineamientos generales sobre la creación de carreras y programas».
En ese sentido, la autoridad universitaria enfatizó que la operatividad y el desarrollo académico del sector privado requieren un marco regulatorio estable que no quede expuesto a la discrecionalidad o a las dinámicas cambiantes de la administración de turno. «Esto no puede depender del funcionario en funciones, sino de reglas claras aplicables a todas las instituciones por igual», aseveró.
Como ejemplo, mencionó que la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la UCAB tardó 12 años en ser aprobada. Explicó que la pérdida progresiva de competencias de las comisiones y núcleos técnicos de autoridades —encargados de evaluar técnicamente los proyectos y emitir informes especializados— derivó en un flujo institucional menos dinámico. «Anteriormente los procedimientos eran más ágiles porque los núcleos de autoridades evaluaban los proyectos y emitían informes favorables que facilitaban el trámite. Al perder vigencia este esquema técnico, la aprobación de programas quedó sujeta a los vaivenes administrativos y a exigencias no contempladas en normas formales. Por ello, contar con reglas claras en una ley evita que los procesos se paralicen», argumentó.
«Es necesario depositar mayor confianza en las universidades privadas» Al mencionar los procesos de titulación, la secretaria general de la UCAB respaldó la supervisión del Estado y abogó por que el nuevo texto afiance la confianza mutua entre los sectores. «Comprendemos el rol de supervisión estatal por tratarse de un servicio público, pero es necesario depositar mayor confianza en las universidades privadas, cuya trayectoria y crecimiento han servido de soporte indispensable para el propio sistema de educación superior», acotó.
También apuntó la urgencia de adecuar la legislación a los nuevos formatos pedagógicos. Precisó que resulta indispensable incorporar formalmente la educación a distancia, la regulación de posgrados, los esquemas de doble titulación y la acreditación de competencias. «Aunque se han emitido normativas sobre sistemas multimodales, la ley debe incorporar expresamente la educación a distancia y figuras como las certificaciones de competencia. En la práctica, la alta rotación del personal administrativo suele generar ambigüedades en la interpretación de estas modalidades, lo que reafirma la importancia de darles rango legal», remarcó.
Más allá de la reforma legal, la profesora Magaly Vásquez no obvió la crisis de la universidad pública y subrayó que la UCAB respalda las reivindicaciones salariales y presupuestarias de este sector. «No podemos ver el mundo universitario como una isla; en la medida en que las instituciones públicas funcionen mejor, va a funcionar mejor todo el sector», expresó.
Advirtió que la crisis económica nacional impacta a todo el sistema, lo que ha afectado la dedicación exclusiva del profesorado y limita el acceso a bases de datos científicas e investigación.
«En el contexto nacional, la UCAB se ubica entre las instituciones con mejores condiciones de remuneración docente. Pero quisiéramos contar con un número mayor de profesores a dedicación exclusiva e investigadores. Eso requiere inversiones financieras que no se pueden trasladar íntegramente al costo de la matrícula, pues la universidad se volvería inaccesible. Contar con incentivos o un respiro financiero permitiría destinar más recursos a la investigación. A pesar de los condicionantes económicos, mantenemos nuestro compromiso firme con la misión educadora», concluyó.
♦Texto: Armando Altuve/Fotos: Manuel Sardá (Comunicaciones UCAB)