TalCual, el medio venezolano digital que nació en el año 2000 como prensa escrita, celebra sus 26 aniversarios con la campaña «26 tareas para la restitución democrática de Venezuela».
Gabriela Rojas, periodista y codirectora del medio, compartió en «Espacio Abierto» detalles de esta campaña.
En este planteamiento de la edición aniversario, elegimos estas veintiséis tareas que simbolizan nuestros veintiséis años. También queremos reflexionar sobre qué debemos hacer hacia adelante. «Creo que estamos en un punto en el que hay que ver qué hacemos con lo que se tiene hasta el punto que hemos llegado hoy», expresó Rojas.
En este sentido, la codirectora de TalCual justificó que, aunque el objetivo primario del periodismo no es educar, estas 26 tareas abordan la necesidad de visibilizar los pendientes del Estado para reincorporarse al carril democrático.
Rojas explicó que las tareas se dividen en cinco bloques que representan «las columnas vertebrales de la democracia». Estos bloques son: Libertades civiles, reparación y justicia transicional, reinstitucionalización del poder, autonomía de la sociedad y regiones, derechos políticos e integridad electoral.
Aunque consideró que existen otras misiones igual de importantes, aclaró que las 26 seleccionadas se plantearon a partir de consultas a diversos académicos.
Para nada pretendemos cubrir tantos años de desgaste y de quiebre de una estructura compleja como es el Estado. Pero sí creo que es un primer trabajo para ver en qué líneas podemos ir trabajando todos desde nuestros ámbitos».
Algunas tareas ya comenzaron a realizarse.
En un país donde todas sus instituciones son señaladas por la comunidad internacional de estar parcializadas, la mayor sorpresa es que algunas tareas ya iniciaron de la mano de la sociedad civil.
En la medida en la que avanzamos, nos damos cuenta de que efectivamente hay unas estructuras que están en la nada y que hay que volver a replantear desde cero. Sin embargo, también hay un país que ya no está esperando nada, que le resuelvan nada, sino que empezó a hacer cosas para adaptarse a lo que es ahora».
Escucha la entrevista completa haciendo clic aquí:
Carlos Correa, director de la Organización No Gubernamental (ONG) Espacio Público, advirtió sobre el posible aumento en las violaciones a la libertad de expresión de cara a las elecciones presidenciales de 2024, donde se espera “haya un mayor número de periodistas realizando coberturas”.
«Con la apertura de nuevos programas regulares estamos viendo como altos funcionarios se dedican a descalificar a medios y periodistas. No solo eso, sino que hacen amenazas en relación al desempeño de su trabajo», denunció.
Mediante un informe publicado por la ONG, se reveló que cada dos días hay un caso de violencia hacia medios de comunicación y periodistas; «se mantienen patrones como el cierre de emisoras y la dinámica de intimidación».
En sus declaraciones, Correa indicó que «más de la mitad de los estados del país no cuentan con medios de comunicación».
“En Venezuela, el 80% de los medios de comunicación son emisoras de radio y televisión, que son los medios con mayor control o mayores restricciones por parte de CONATEL (…) La gente desconfía de la información y de que en Venezuela hay censura, por lo que se informan por medio de herramientas como Whatsapp, redes sociales”, afirmó.
El panorama se complica aún más con «los apagones informativos», causados por los cortes eléctricos en distintos estados del país.
Marco Ruiz, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), aseveró que los periodistas siguen siendo una demostración de que en Venezuela hay que seguir trabajando por el rescate de la democracia y el valor de la verdad.
En el marco de la celebración del Día del Periodista en Venezuela este próximo domingo 27 de junio, Ruiz, añadió que el gremio además es una muestra del reconocimiento del derecho colectivo a recibir información en función de tomar mejores decisiones.
En este sentido, detalló que hasta el mes de mayo habían sistematizado unas 160 violaciones a la libertad de expresión, pero la preocupación radica en que, difícilmente están siendo denunciadas ante los órganos de justicia.
«Puede existir un desánimo frente a las instituciones del país pero los periodistas tenemos la responsabilidad de actuar de forma ejemplarizante para el resto dela comunidad», subrayó
Entre tanto, precisó que más allá de las circunstancias difíciles que le ha tocado al gremio al ejercer a todo riesgo, «porque en Venezuela no existe estado derecho y no está garantizado el derecho a informar, mientras existan periodistas con ímpetu” a su juicio, hay motivos para conmemorar el día.
«Ya quisiera la administración actual que estuviésemos recogidos, dedicados por completo a atender cosas distintas a la profesión, pero la verdad es que no ha podido»
Por ejemplo, destacó que se sigue ejerciendo desde distintas plataformas innovadoras como lo está haciendo Fedecámaras Radio, desde las cuales se hace un periodismo serio y honesto puesto al servicio de la gente.
En entrevista al programa Análisis de Entorno, envió un mensaje a los comunicadores que se están formando actualmente, el de no caer «en la desesperanza y mantener frente a la adversidad la convicción por la que un día decidieron estudiar».
«Hay valores que son irrenunciables, acciones innegociables y mostrarle la verdad a la gente en un lenguaje claro, es un elemento que no se puede poner en la mesa para la negociación», remarcó.
Delvalle Canelón, secretaria del Colegio Nacional de Periodistas, comentó que el gobierno pretende regular las redes sociales para terminar de poner una censura en Venezuela y que todo lo que salga sea estrictamente controlado.
Agregó que esto de reformar la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte) no es nuevo, ya que siempre se anuncia al iniciar un nuevo año legislativo.
“Aquí no existe una libertad para informar completamente, existe una libertad que está controlada por el Gobierno”
Durante el programa de Tecnofinanzas Canelón informó que hace dos días la Comisión de Medios de Comunicación Social de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre aprobó dos proyectos de leyes, la Ley del Ciberespacio y la reforma de la Ley Resorte.
Asimismo, aseguró que esa nueva Ley está dirigida a seguir controlando todo lo que tiene que ver con la información en Venezuela y “seguir cercenando la opinión y todo lo que tiene ver con noticas en nuestro país”
“Es muy difícil hoy en día para los periodistas ejercer el periodismo en Venezuela con completa libertad”
Redes Sociales
A juicio de Canelón, aunque el acceso de la población venezolana a las redes sociales es muy pequeño (comparado con otros medios de comunicación), tiene gran poder de opinión en un público muy selecto y esto está causando mucho daño al Gobierno.
“Ya hay antecedentes de personas que han estado detenidas simplemente por colocar su opinión en Twitter”
Por otro lado, señaló que en el caso de medios impresos, el Gobierno creó la Corporación Maneiro que controla y manipula todo lo que llega de papel a Venezuela y lo suministran solamente a aquellos medios de comunicación que le son afectos desde el punto de vista de la línea editorial.
En este sentido, aseguró que algunos medios han tenido que migrar hacia las redes sociales y en el caso de los medios radioeléctricos existen más de 200 emisoras a las que no le han renovado la concesión.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), de Venezuela, convocaron a periodistas del hemisferio a postularse para las becas del segundo Diplomado Virtual en Libertad de Expresión, como parte del proyecto Índice Chapultepec.
El programa académico en línea ha sido preparado por profesores de la UCAB. Las materias estarán a cargo de los docentes León Hernández, coordinador del proyecto, y los profesores Argelia Perozo y Jaiber Núñez, especializados en el estudio y análisis de la libertad de expresión.
Asimismo, el programa tendrá como invitados a autoridades de la SIP y a expertos en materia de libertad de expresión y prensa y tendrá una duración de 15 semanas.
Las personas que resulten seleccionadas serán becadas por la SIP para que puedan tomar el curso sin costo alguno. Hay cupo para 30 participantes.
En este sentido, se requiere que los cursantes destinen cuatro horas semanales que se distribuyen entre lecturas, participación en foros o discusiones en línea, evaluaciones y vídeos didácticos sobre la temática.
La SIP y la UCAB trabajan conjuntamente en un sistema de evaluación del estado de la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa libre en las Américas.
Las preinscripciones estarán abiertas hasta el 10 de noviembre. Para completar la solicitud de preinscripción en este curso por favor haga clic aquí
En nuestra segunda entrega de Voto Silencio, la difícil tarea de informar en confinamiento seguimos analizando las condiciones, -cada día más difíciles- para mantener informada a la población del avance de la pandemia en Venezuela.
Y es que no solo se trata de temas de interés general, como las cifras o el reporte de nuevos casos de la COVID-19 los que impiden a los periodistas el acceso a la información oportuna y veraz.
También se suman el acoso al personal de salud, por demandar insumos para realizar su trabajo con medidas de bioseguridad y el estado deplorable de los centros de salud.
Mayo: confinamiento, intimidación y detenciones
En mayo se registraron 49 casos que corresponden a 112 violaciones a la libertad de expresión, entre las que destacan por la frecuencia con la que ocurren: la intimidación, censura y las restricciones administrativas.
Las víctimas en su mayoría fueron periodistas, particulares y ciudadanía en general, mientras que los responsables siguen siendo, los cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y funcionarios.
Al cierre del quinto mes del año se acumularon 556 violaciones al derecho, entre las que destacan 20 detenciones a particulares, periodistas y trabajadores de la prensa, hechos que demuestran el nivel de persecución en contra de todo aquel que ejerza legítimamente su derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir información en el país.
Se resalta que a pesar de la advertencia realizada por los expertos en derechos humanos de la ONU, en la que manifestaron su alarma ante el aumento de amenazas, ataques y cargos contra periodistas, trabajadores de la salud y otras personas en Venezuela.
No es posible informar de víctimas de la pandemia
El gobierno venezolano mantiene una política represiva en contra de quien insista en registrar lo que ocurre en las calles venezolanas en el contexto, no solo de la emergencia humanitaria compleja, sino como víctimas de una pandemia.
35 intimidaciones y 4 hostigamientos, entre los que destaca el caso de Luis López, del diario La Verdad de Vargas, quien fue obligado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a borrar el material que realizó durante una protesta de médicos en la avenida Soublette de La Guaira, estado Vargas, el pasado 13 de mayo.
Una situación similar vivió el periodista del canal regional UniTv, Pedro García, cuando un coronel de la GNB lo intimidó y borró el material que realizó durante un recorrido rutinario por la estación de servicios Vírgen del Valle, en la avenida Fucho Tovar, en el estado Nueva Esparta, el 27 de mayo.
El Pitazo y EFE por tomar fotos de la toma de la sede de DirecTV
En otro hecho, cuatro funcionarios de la GNB intimidaron a los fotógrafos Andrés Rodríguez de El Pitazo; Rayner Peña de EFE, y a Daniel Blanco (independiente), cuando realizaban su trabajo gráfico el 23 de mayo en las adyacencias de la empresa DirecTV, en la urbanización El Rosal, Caracas.
En Caracas, sujetos desconocidos intimidaron a la periodista del portal digital Caraota Digital, Carolain Caraballo, mientras realizaba imágenes del llenadero de cisternas en la urbanización Lomas del Ávila, el lunes 25 de mayo.
En los primeros cinco meses del año la ONG Espacio Público documentó un total de 79 detenciones, una cifra preocupante teniendo en cuenta que ningún ciudadano debe ser encarcelado por ejercer un derecho consagrado en la Constitución.
Destaca el caso de Rolando Rodríguez, conductor del portal informativo La Prensa de Lara, quien fue detenido el pasado 8 de mayo por funcionarios de la GNB cuando se disponía a equipar su vehículo con gas en la estación de servicio Don Bau en la avenida Libertador, Barquisimeto, estado Lara.
Rodríguez grabó un video con su teléfono celular, que originó la detención durante más de una hora
Ley contra el odio, 20 años de cárcel
Otro caso que resalta es el de Wilfredo Rodríguez quien fue excarcelado el lunes 11, tras permanecer cinco días detenido por denunciar en su Facebook irregularidades en la venta de gasolina en el estado Delta Amacuro.
El 5 de mayo, José Vásquez fue detenido, por funcionarios de la GNB luego de que expresara en su cuenta en Facebook y estado de WhatsApp, su descontento por la crisis del combustible en Cantaura, estado Anzoátegui.
Ser acusado de delitos, entre ellos, «instigación al odio», tipificado en la inconstitucional «ley» contra el odio puede acarrear penas hasta de veinte años de cárcel
Juan Manuel Rafalli Abogado, Profesor de la UCAB – IESA, Monteávila – Constitucionalista
En el estado Zulia, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a la residente del hospital Adolfo D’Empaire, Andreína de los Ángeles Urdaneta Martínez, por la presunta publicación de una imagen en contra de Nicolás Maduro en un estado de Whatsapp, el 26 de mayo en Cabimas estado Zulia.
Violaciones en Internet
Internet en Venezuela es cada vez un espacio más reducido, el Estado Venezolano constantemente aplica bloqueos a portales web que los ciudadanos utilizan como medios para informarse.
El pasado 15 de mayo, la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y la empresa Inter boquearon el acceso al portal de informativo Runrun.es.
El observatorio de Internet, Ve Sin Filtro alertó sobre el bloqueo detallando que se trató de una restricción de sistema de nombres de dominio (DNS).
Igual sucedió con la página web de la Organización No Gubernamental (ONG) Caracas Mi Convive y la de su coordinador, Roberto Patiño, las cuales fueron bloqueadas por los principales proveedores de Internet en Venezuela, el lunes 18 de mayo.
Casos y más casos
Vladimir Villegas, el 26 de mayo, cuando denunció la salida del aire de su programa de opinión, Vladimir a la 1, transmitido todos los días, a través del canal de noticias Globovisión desde hace siete años.
El periodista y conductor del programa Víctor Hugo Donaire denunció que el programa De Frente, transmitido por Roscio TV fue sacado del aire.
Otro hecho que limita aún más la oferta de medios disponibles en el país, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenaron el cierre de la emisora Rumbera 106.9 FM de los Valles del Tuy estado Miranda, el pasado 15 de mayo.
Junio: las detenciones elevaron la curva
A más de tres meses de confinamiento, el mes de junio cerró con 28 casos que suman 64 violaciones a la libertad de expresión, entre las más frecuentes figuran: la intimidación, amenazas y censura.
Las víctimas son en su mayoría son periodistas(45%), seguidos por trabajadores de la prensa (20%) y plataformas web (12%); mientras que los victimarios más frecuentes fueron los cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y funcionarios.
Con las cifras de junio se acumulan 623 violaciones al derecho, entre las que destacan -solo este mes- 15 detenciones a periodistas y trabajadores de la prensa; lo que evidencia la agudización de los ataques en contra de quienes ejercen la libertad de expresión en un contexto restrictivo.
Desde enero a junio del año 2020, se registraron 20 detenciones a los que se les procesó judicialmente con la inconstitucional «ley contra el odio».
Periodistas, trabajadores de la prensa y ciudadanos comunes son víctimas de la aplicación de esta norma aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en noviembre de 2017
En junio destacan las detenciones de Darvinson Rojas, José Vásquez, Darío Salcedo, Mimi Arriaga, Marco Antoima, entre otros.
Muchos de estos casos, tienen procedimientos judiciales abiertos que permiten, en algunos casos, excarcelación o reclusión domiciliaria.
Adicionalmente les prohíben dar declaraciones sobre su caso, les aplican un régimen de presentación ante los tribunales, fianzas y prohibición de salida del país.
Detenidos por informar situación del abastecimiento de combustible
Para Espacio Público, en junio registraron 15 detenciones, la mayoría de estas a periodistas que realizaban coberturas de calle a distintos hechos noticiosos relacionados con la crisis de gasolina; y otros por realizar comentarios en redes sociales.
Uno de estos casos es el del locutor y exconcejal Jorge Cortez, quien fue detenido por funcionarios de PoliLagunillas, mientras grababa una serie de entrevistas en la estación de servicio Las Morochas de la región zuliana, el lunes 1 de junio.
Otro caso resaltante es el de la periodista y productora de FM Center, Carol Romero, quien estaba el jueves 4 de junio cerca de las 6:00 am en una manifestación por falta de gasolina que se produjo en el Km 7 de El Junquito.
Estuvo desaparecida y detenida por más de 30 horas,siendo excarcelada luego de su audiencia de presentación ante Tribunales, el viernes 5 de junio.
Una situación similar vivió el equipo periodístico del portal digital, Venezolanos por la Información (VPITV) cuando fueron detenidos por funcionarios de la GNB, mientras realizaban entrevistas en la estación de servicios PDV en Chuao, Caracas, el viernes 5 de junio.
Luis Patiño, Jhonatan Bello, Dangert Zorrilla y Oscar Avilez fueron abordados por efectivos de la GNB luego de que estos obtuvieran los testimonios de las personas que hacían la cola para surtir gasolina en esa estación de servicio.
En el estado Lara, funcionarios de la Policía Regional (PoliLara) detuvieron a la abogada y defensora de los Derechos Humanos, Milagros Rodríguez; tras quejarse por irregularidades en la distribución de combustible mientras hacía una cola para surtir, el martes 9 de junio.
Cierre de mes de junio
Destacan los casos también de:
José Ramírez, corresponsal de VPITv en el estado Anzoátegui
María Fernanda Bolívar, corresponsal del portal Todos Ahora, fue intimidada por un funcionario de la GNB
La GNB intimidaron a la reportera gráfica del medio digital, Portal de Noticias, Lizaura Noriega; mientras registraba la militarización del Hospital Universitario de Maracaibo
Violaciones a la libertad de Expresión por tipo (enero-junio) 2020
Total violaciones por mes:
Enero 120
febrero 87
marzo 129
abril 110
mayo 113
junio 64
Al cierre del reporte de junio la ONG Espacio Público informó del proceso que se sigue contra del periodista Nicmer Evans
El 13, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Evans por supuesta “promoción o incitación al odio”.
El tribunal 21 de Control Penal del Área Metropolitana de Caracas ordenó la medida privativa de libertad contra el director del portal digital Punto de Corte, Nicmer Evans, este 17 de julio.
En la audiencia de presentación, acusaron a Evans por el supuesto delito “promoción al odio” con base en el Art. 20 de la inconstitucional “ley Contra Odio”.
A Nicmer lo regresaron a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia militar (Dgcim) ubicada en Boleíta, mientras su defensa aseguró que apelará la decisión.
Agradecemos a la ONG Espacio Público por facilitarnos todo el material necesario para hacer posible la realización de este trabajo especial.
Informar en confinamiento se ha convertido para el ejercicio del periodismo en una suerte de voto de silencio. La ONG Espacio Público ha recopilado una serie de hechos que así lo comprueban.
La persecución, el acoso y hasta la cárcel, son algunas de las prácticas que han vivido los periodistas desde que se decretó el estado de Alarma Nacional desde enero hasta abril de 2020.
La ONG Espacio Público se ha dedicado a recopilar los datos que, tras cuatro meses de confinamiento han vivido los periodistas que desean informar de los hechos más relevantes y dan cobertura de la pandemia por COVID-19 en el país.
El virus de la desinformación: enero – abril 2020
En el primer informe de 2020 la ONG, liderada por Carlos Correa, publicó en el mes de abril, los eventos que desde enero se acumulaban en contra de la prensa.
El 2020 inició con restricciones directas a la cobertura de la situación política.
La agudización del conflicto en la Asamblea Nacional ante los impedimentos para la juramentación e instalación de la nueva junta directiva conllevaron a escenarios de violencia para negar el acceso y la cobertura de los acontecimientos.
«En el primer cuatrimestre del año se registraron al menos 161 casos que se traducen en 442 violaciones al derecho a la libertad de expresión»
Esto implicó una disminución del 41% respecto al total de casos y una reducción del 22% con relación al total de violaciones durante el mismo periodo del año 2019.
Durante el primer mes del año, se registraron más de 100 denuncias de violaciones, con un alto componente de confrontación física y hostigamiento por parte de cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados.
Las limitaciones a la búsqueda de la información política escalaron a mayores niveles de violencia durante febrero, donde reaparece el discurso hostil hacia la prensa como narrativa legitimadora de las agresiones.
El 11 de febrero, al menos una decena de trabajadores de la prensa fueron agredidos por un grupo de simpatizantes del gobierno nacional, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar mientras esperaban el arribo de Juan Guaidó.
Varios resultaron con lesiones físicas producto de las golpizas
Marzo sumó más del 37% de los registros, en un contexto de limitaciones extendidas hasta abril a partir de la circulación de información sobre la pandemia del Covid-19.
Privaciones ilegítimas de libertad, restricciones indirectas a la cobertura y la arremetida a trabajadores públicos en especial del sector salud, agravaron una desinformación generalizada frente la crisis sanitaria mundial y su impacto local, precedido por una emergencia humanitaria compleja, también caracterizada por la opacidad.
Más de 80 personas resultaron afectadas en la cobertura y difusión de información, solo en el mes de enero
El 75% fueron reporteros o periodistas
El 9 de marzo, dos funcionarios de seguridad y otros dos vestidos de civil hostigaron y amenazaron a la periodista Karen Aranguibel, cuando cubría una protesta de usuarios que exigían respeto a los turnos para el abastecimiento de combustible en una estación de servicio en Maracaibo, estado Zulia.
Desde el inicio oficial de la cuarentena, el 16 de marzo, se han registrado 65 casos que se traducen en 151 violaciones al derecho, y 28 detenciones hasta el 20 de abril.
El 17 de marzo, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron al doctor Julio Molino, tras denunciar con sus colegas Carlos Carmona y Maglis Mendoza, la situación crítica del Hospital Núñez Tovar, en Maturín, estado Monagas.
Beatriz Rodríguez, directora del medio La Verdad de Vargas, fue citada por la Fiscalía el pasado 24 de marzo, tras publicar información sobre un caso positivo de Covid-19 en la entidad.
Elio Mendoza, trabajador de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), fue detenido e imputado por “instigación al odio” tras reenviar un mensaje por Whatsapp sobre Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
El 13 de abril, los ciudadanos Zuleima Sánchez, Jeison Robles y Sergio Ángel, recibieron medida privativa de libertad por el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal de Táchira, extensión San Antonio, por la divulgación de un video en redes sociales donde denuncian las condiciones que padecen venezolanos en un albergue ubicado en Tienditas, en la frontera con Colombia
-El periodista Eduardo Galindo fue detenido el 15 de abril por efectivos del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (CONAS), cuando estos se presentaron en su residencia, en San Fernando de Apure, y se lo llevaron para rendir declaraciones sobre una información publicada en el sitio web senderosdeapure.net.
Yoleide Rodríguez, la esposa del periodista y Leonardo Galindo, su sobrino, también fueron detenidos por “resistencia a la autoridad”.
De esta manera cerramos la primera parte de 2 especiales, donde la ONG ha documentado la situación del periodismo en Venezuela en la cobertura de la pandemia.
Fuente: ONG Espacio Público
En nuestra segunda entrega, haremos recuento de los casos más recientes que contabilizan los meses de mayo y lo que se sabe del mes de junio, aún no consolidado, pero en el que también hubo detenciones a periodistas.
Nuestro agradecimiento a la ONG Espacio Público por aportar el material para este trabajo
