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  • Leonardo Palacios: «El contribuyente tiene derechos fundamentales»

    La reciente adopción de medidas en materia fiscal representa un paso esperado para restablecer el equilibrio en la relación entre el Estado y los sectores productivos. De acuerdo con el abogado y especialista tributario Leonardo Palacios, las decisiones tomadas benefician directamente la agilidad de los procesos y devuelven la certidumbre a la actividad económica.«Fueron medidas que nos vuelven otra vez al Estado respecto al contribuyente. Se tomó una decisión importante que creo que beneficia la agilidad de los procedimientos administrativos, establece mecanismos de transparencia entre la Administración Tributaria y los contribuyentes», destacó Palacios.

    El especialista precisó que uno de los avances significativos ha sido corregir distorsiones operativas en trámites clave como el Registro de Información Fiscal (RIF) y la eliminación de requisitos previos de verificación en procesos de facturación. Asimismo, valoró la revisión de trabas en el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), un ente que «se iba convirtiendo en un obstáculo para el desarrollo de la actividad económica».

    Palacios hizo énfasis en que el cumplimiento fiscal exige un cambio de paradigma bidireccional, en el que la administración reconozca la voluntad de pago del sector privado y respete el debido proceso, evitando cobros fuera de la ley o excesos de discrecionalidad.«El contribuyente debe internalizar la necesidad de pagar impuestos, pero también tiene que funcionar una relación entre el Estado y el contribuyente donde se sepa que tiene derechos fundamentales, libertad económica y derecho de propiedad», puntualizó el experto.

    Avances y Retos del Sistema Tributario

    • Agilización de trámites: Eliminación de trabas en el RIF y procesos de facturación.
    • Seguridad jurídica: Respeto a los procedimientos legales y límites de la potestad normativa.
    • Cultura bidireccional: El contribuyente paga mientras el Estado protege sus derechos económicos.
    • Consenso económico: Inclusión de la materia tributaria en la agenda de políticas públicas.

    Finalmente, el tributarista señaló la importancia del diálogo técnico continuo entre las autoridades, la institucionalidad empresarial y los gremios profesionales como la Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT) y el Colegio de Contadores Públicos. A su juicio, la materia fiscal debe consolidarse como una política pública con bases consensuadas que garanticen la viabilidad económica y la productividad del país.

    Escucha la entrevista completa haciendo clic aquí:

    También puedes leer: Canidra mantiene la estabilidad de sus precios

  • OPINIÓN| Aumento de Unidad Tributaria afecta a contribuyentes naturales y jurídicos

    Econ Dilio Hernandez, director del CIAP y Asesor de Fedecámaras Táchira.

    La Unidad Tributaria (UT) es un instrumento para actualizar los montos tributarios establecidos por la ley frente a las variaciones de los procesos inflacionarios de la economía, evitando modificaciones permanentes de los tributos (Impuestos, Tasas, Contribuciones especiales, etc) para ajustarlos a estos cambios.

    No hacerlo oportunamente se traduce en un retardo en el uso adecuado del instrumento conduciendo a prácticas de subvaloración o sobrevaloración de la UT que distorsiona el sistema tributario y termina afectando a los contribuyentes naturales o jurídicos.

    En el caso venezolano, el rezago en la actualización de la UT, subvaloración, se ha convertido en un fenómeno repetitivo intencionado de los últimos 15 años, matizada con los procesos de reconversión monetaria. Esta subvaloración de la UT ha permitido al Ejecutivo extender el número de contribuyentes a casi toda la población, especialmente en la declaración del ISLR.

    Todo aumento nominal de las bases imponibles superiores al valor nominal del aumento del valor nominal de la UT se traduce en que se graban rentas que crecieron nominalmente (ejemplo las personas que ganan salario mínimo) pero que disminuyeron en términos reales frente al poder adquisitivo de esas rentas.

    Es decir, se cobran más impuestos a las personas naturales o jurídicas que ganan “más” en términos nominales, pero menos en términos reales.

    El nuevo monto de la UT significó un incremento de la misma en aproximadamente unos 1900 % en relación al valor del 2021 (0,02 bs a 0,40 bs o 0,08 dólares aproximadamente) que implica que todas las tasas impositivas deben ajustarse con este incremento, en el caso del ISLR, aunque su efecto es para el año 2023 se traducirá que las personas naturales o jurídicas que hayan obtenido rentas superiores a las 1000 UT netas o 1500 UT brutas deberán pagar este impuesto.

    Una persona natural que gana salario mínimo mensual de (30 $ USA) es decir unos 360 $ anuales u obtiene rentas netas superiores a 120 $ anuales, deberá declarar el ISLR, si no está sujeta a exención.

    Esto implica que el pago de este impuesto abarcará casi toda la población, en una economía donde la canasta básica de alimentos mensual de una familia supera los 400 $ USA , es decir no tiene para comer pero debe pagar el ISLR.

    En el caso del sector privado, el aumento de la UT, siempre es cargado a la estructura de costos de los bienes y servicios finales, lo cual se traduce en un impacto directo en los precios que afecta al consumidor final.

    Finalmente es importante señalar, que si bien el ajuste de la UT frente al proceso inflacionario luce coherente con la lógica tributaria, que en el caso, 1900 %, es superior a la inflación acumulada proyectada para el año 2022 ( 300 a 500 %) esta variable está condicionada al mantenimiento de la política monetaria de contención del valor del tipo de cambio con intervenciones periódicas del BCV que ascienden en el primer trimestre del 2022 a más de 860 millones de dólares (produciendo una sobrevaluación entre 4 y 5 % del bolívar frente al dólar), sumada a una política restrictiva del crédito bancario y una disminución del gasto público que obstaculiza la reactivación económica del país, distorsionando los indicadores de inflación que finalmente pueden superar el ajuste de la UT.

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  • Sutherland: Reabrir los casinos es una medida desesperada de generar movilidad económica

    Manuel Sutherland, economista, catalogó de desesperada la medida del gobierno de reabrir los bingos y casinos en Venezuela, a su juicio, necesitan buscar divisas.

    Tras la decisión, el especialista indicó que la medida realmente no es una ayuda a la economía ni va a hacer crecer al país, pero lo que sí puede generar son algunas divisas que el gobierno necesita por la caída de los ingresos y de la actividad económica.

    “El problema de los casinos y bingos es que son sitios donde el lavado, la evasión de impuestos es muy grandes, son sitios donde se insta para hacer economías ilegales incluso hacer cualquier tipo de trabajo fiscal”

    En este sentido, Sutherland indicó que la medida sería una forma de abrir nuevos negocios para generar puestos de trabajo “y alguna movilidad económica a una economía muy deprimida”.

    “Eso tiene algunas consecuencias importantes, por ejemplo, con la cuestión con el Covid-19, los casinos generalmente son sitios cerrados y hay grandes aglomeraciones de personas en espacios pequeños, en una población muy poco vacunada como la nuestra y con escasos recursos para atender emergencias»

    Recordó que la prohibición de los bingos y casinos en el año 2011 fue bastante dura para los casi 100 mil empleados que reportó el Sindicato de Trabajadores de Bingos y Casinos.

    “Esto se debió a la idea cubana que planteaba la necesidad de destruir los casinos y sitios de juegos porque eran sitios de perversión y la idea errónea de la riqueza y el apetito por el dinero rápido y fácil”

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  • Medidas económicas que se toman en Venezuela chocan entre sí

    El economista Antonio Paiva, manifestó que la taza de crecimiento de inflación disminuyó pero los precios han seguido subiendo porque no hay estabilidad económica en Venezuela, agregó que las medidas que se toman son incoherentes y chocan unas con otras.

    Aseguró que el trabajo informal en el país debería estar en el orden del 60% cuando en el 2014 estaba entre el 30 y 40% aunado al poder municipal que no tiene ningún control sobre sus acciones que ahogan al sector económico e industrial.

    “La inflación no es más que un incremento en los precios cuando la economía funciona, lo cual podría ser del 3% anual, algo que en Venezuela puede ocurrir en un día”

    Durante una entrevista en el programa “Portales” conducido por el equipo de Actualidad Laboral, el economista sostuvo que al no haber oferta los precios de los productos tienden a subir y que en nuestra nación la demanda es muy alta y la oferta muy poca, generando una inflación de 3000% anual.

    “Uno siente mucha tristeza y desánimo al saber que los venezolanos estamos sometidos a muchas dificultades y un los equilibrios macroeconómicos tienen interrupciones”

    Agregó que los precios son una expresión de un fenómeno económico de vida reflejado entre la relación de oferta y demanda, si no hay un suministro estable y tenemos tantas distorsiones en los procesos de comprar o vender, cómo comerciantes o cómo demandantes estamos viviendo un desequilibro macroeconómico.

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  • Cámara de Caracas: Crisis de combustible requiere soluciones urgentes, no pañitos calientes ni improvisaciones

    Ante la falta de diésel, Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, advierte un colapso por la paralización la producción de bienes y la prestación de servicios para el bienestar de los venezolanos, por lo que son urgentes medidas a largo plazo.

    Reiteró que el gobierno no puede transferir al sector privado su responsabilidad en la resolución de las fallas en el suministro de combustible, que agravan lo que Palacios denomina “pandemia económica”.

    “Es al gobierno al que corresponde atender la crisis de combustible, que no puede resolverse con pañitos calientes, con el traslado de costos adicionales, transaccionales y financieros de importación de producto en un marco regulatorio que se hace muy complejo para tales fines. Debe haber una respuesta oficial contundente a todas aquellas exigencias, que no son más que el clamor de todo el sector privado productivo, para beneficiar a la ciudadanía en general, y evitar que la pandemia sanitaria se siga solapando con la pandemia económica, causando mucho más estragos en la situación del país y específicamente en la afectación del derecho fundamental de los venezolano de acceder a bienes y servicios para satisfacer sus necesidades”.


    Palacios recordó que el pasado mes de marzo, la institución que preside se pronunció junto a las cámaras regionales, representantes del sector comercial e industrial, exigiendo una pronta solución y que la respuesta, ofrecida para un plazo que no genera credibilidad ni tranquilidad por tardía, no puede circunscribirse única y exclusivamente a pasar esa responsabilidad a los empresarios, cuándo es el Gobierno el que debe dar de manera clara y transparente al suministro de diésel.

    Insistió en que los eslabones de la cadena productiva requieren respuestas urgentes acordes a la situación crítica que vive el país, agudizada con la pandemia, y que el Plan de 60 días propuesto por el gobierno, no atiende el problema con la inmediatez que se requiere.

    El presidente de la Cámara de Caracas considera que el país no aguanta mucho más días la falta de diésel, por una crisis que refleja la incapacidad del gobierno de articular una política producción y distribución de combustible “evidenciando lo que ha sido la implosión de la industria petrolera en el país”.

    “Los venezolanos tienen no solamente derecho al tránsito libre por todo texto nacional, a acceder a bienes y servicios, sino también a no ser víctimas de un mercado negro, que perjudica la producción económica y encarece los productos, y que el gobierno debe evitar a mediante la sujeción plena al bloque de la legalidad (Constitución y las leyes)”

    Nota de prensa

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  • Conindustria solicita al Ejecutivo atender con “carácter de urgencia” Plan Complementario de Vacunación de Fedecámaras

    La Confederación Venezolana de Industriales – Conindustria- en la búsqueda de soluciones que ayuden a mitigar la gran tragedia nacional presente en el país, con motivo del recrudecimiento en los índices de contagio de la Covid-19, manifiesta su total respaldo al Plan Complementario de Vacunación, propuesto por Fedecámaras y presentado en fecha reciente a todo el país, a la vez que solicita al Ejecutivo Nacional, atender con “carácter de urgencia” dicho requerimiento.

    La situación de emergencia y calamidad derivada de los estragos causados por la pandemia en Venezuela, amerita de respuestas ágiles y consensuadas, de trabajo en equipo y de perseverancia en el logro de los objetivos propuestos. Es en estos momentos aciagos, cuando debemos desplegar todas las iniciativas posibles, en aras de ayudar a salvaguardar la integridad física de millones de venezolanos.

    El gremio manufacturero nacional también se encuentra responsablemente comprometido en la defensa de la salud de los venezolanos. Nos importa la vida de millones de compatriotas y por ello nos sumamos al llamado que desde, los diversos gremios, se ha hecho al Ejecutivo Nacional para que permita el ingreso de vacunas al país que coadyuven a la lucha contra los contagios por este terrible flagelo que azota al mundo entero, y que golpea indiscriminadamente a Venezuela ¡La vida, es nuestra prioridad!

    Y es en estos instantes, de profunda crisis en el área de la salud pública, cuando ofrecemos todo el apoyo posible para seguir contribuyendo con alternativas que permitan a un amplio universo de la población, entre ellos los trabajadores del sector privado, protegerse del peligro que resulta la infección por Covid-19.

    El Plan Complementario de Vacunación presentado al país por Fedecámaras, se constituye en un planteamiento que hay que asumir e impulsar de manera urgente, para de esta manera contribuir con el proceso de inmunización que deben llevar a cabo las autoridades nacionales en la materia.

    Una efectiva campaña de vacunación, sumada al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que cada empresa ha diseñado para proteger a su personal, sin duda alguna es la mejor garantía que podemos ofrecer a nuestra población en momentos en los cuales se requiera de la mayor disposición para llevar tranquilidad y calma a la mayoría de los hogares venezolanos.

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  • En el estado Zulia los ciudadanos podrán circular hasta las 2:00 pm

    A raíz del aumento de personas con infección por Covid-19 el gobierno venezolano ordenó prolongar la medida de radicalización en el país por las próximas dos semanas, es decir, desde el 22 de marzo al 4 de abril. 
    El gobernador del estado Zulia informó que el nuevo horario de circulación estará comprendido entre las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde por estas dos semanas.
    El gobernador Omar Pietro agregó que sólo tendrán permiso de abrir locales de los sectores de alimentos, farmacias e insumos de limpieza.
    “En el mercado Las Pulgas se reduce a la venta de medicamentos y alimentos (…) En los centros comerciales, solo podrán funcionar farmacias y alimentos”, dijo Prieto.
    Recalcó que las salidas y entradas del Zulia se encuentran resguardadas por funcionarios policiales y militares para hacer cumplir las medidas indicadas.
    Además invito a seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, de utilizar los tapabocas y distanciamiento social, esto respecto a las personas que se encuentre en las estaciones de servicio del país, esperando su turno de surtirse de gasolina.
    “Solo se permitirán colas en las estaciones de servicio hasta las 2:00 de la tarde siempre y cuando esté disponible el combustible. No podrán pernoctar. En las próximas horas informaremos el nuevo esquema de suministro de combustible.”

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  • AVCR exhorta a sus afiliados de Miranda, Dtto. Capital, La Guaira y Bolívar no abrir las instalaciones esta semana

    La Asociación Venezolana de Clubes Recreacionales (AVCR), exhorta a sus afiliados del estado Miranda, Distrito Capital, La Guaira y Bolívar a no abrir sus instalaciones durante esta semana.

    Tomando en cuenta la delicada situación sanitaria debido al repunte de casos de Covid-19 en el país y tras la decisión por parte de las autoridades de colocar un cerco sanitario en estos estados.

    La AVCR hace un llamado de conciencia a sus afiliados y socios, especialmente a quienes se sientan vulnerables, presenten una condición crónica o hayan tenido contacto con algún paciente, a cumplir y hacer cumplir al pie de la letra los protocolos de bioseguridad establecidos.

    Lo que incluye el respeto al distanciamiento social, el uso de tapabocas y el lavado de las manos, que son de vital importancia para el combate contra este flagelo, pues en este momento no se puede bajar la guardia.

    “En estos momentos, depende de todos nosotros, de nuestra conciencia y responsabilidad, que la posibilidad de seguir juntos se mantenga en el tiempo, agradeciendo la comprensión. Les pedimos mantenerse a resguardo, confiando en que este esfuerzo nos permita reencontrarnos en nuestras segundas casas”

    Nota de prensa

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  • EE.UU evalúa presión ambiental ante proyectos de acueductos para explotación petrolera

    El economista y profesor del Centro de Energía y Medio Ambiente del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), Igor Hernández, manifestó que Joe Biden se ha enfocado durante los primeros meses de su administración en suspender los procesos de adjudicación o parcelas para explotación de petróleo en los EE.UU dado al impacto ambiental.

    Durante una entrevista en el programa Portales conducido por el equipo de Petroguía, el economista dijo que la suspensión de los procesos para la explotación de petróleo en Estados Unidos alivia los efectos ambientales y otras implicaciones que esto pudiera tener, y en función de eso, se estuvo trabajando en otros proyectos de acueductos dentro de Canadá. 

    «En la medida en que las presiones ambientales se mantengan, el caso de los proyectos de acueductos dentro de Estados Unidos se verán un poco interrumpidos sobre todo por el desarrollo de otro tipo de infraestructura, entre otras cosas»

    De acuerdo con Hernández, la política de Biden va orientada a evaluar los impactos de la industria petrolera en los países vecinos y cuáles serían las siguientes acciones a tomar para el sector, trabajando en no afectar el medio ambiente.

    «Yo creo que van a trabajar primero los costos y permisos para luego tomar decisiones mientras se van aprobando leyes y paquetes de estimulo» 

    Asimismo, Hernández mencionó que hay que trabajar en determinar cuál es el alcance de estas reformas, porque si bien es cierto que hay mayoría dentro del Congreso, todavía hay muchos estados dentro del país que dependen de la renta petrolera y cuyos empleos representan votos para algunos de los congresistas.

    El economista indicó que estas medidas hay que seguirlas con detenimiento porque también hay otro foco de presión por parte de los accionistas que le están prestando más atención a los principios ambientales, sociales y de gobernabilidad.

    «Esto implica que pudiera verse afectado el financiamiento de muchas compañías, si las empresas mismas o inversionistas no están del todo de acuerdo con los proyectos de Biden, lo que hay que evaluar»  

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