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  • OVP: condiciones se agravan ante la falta de políticas, alimentación y acceso a la salud

    “En Venezuela no existe un sistema penitenciario organizado… la centralización ha fracasado”, así lo señaló el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP); Humberto Prado, en entrevista para Fedecámaras Radio.

    En sus declaraciones, Prado detalló que lamentablemente continúan perpetrándose violaciones contra los presos sociales, políticos y de personas de la comunidad LGBTIQ+, bajo “la mirada permisiva” de los funcionarios adscritos a los cuerpos de seguridad.

    “Son sometidos a situaciones de esclavitud: lavar los patios, cargar agua, lavar ropa, entre otros oficios”; agregó.

    Aunque en los próximos días el OVP presentará un nuevo informe, con datos de los primeros seis meses del 2023; Prado adelantó que se han venido agudizando los escenarios relacionados al retardo procesal, hacinamiento, tráfico de armas y/o drogas en cárceles.

    A la par de ello; enfatizó que persiste un bajo o casi nulo presupuesto para la alimentación de los privados de libertas, el representante del Observatorio aseguró que, a la fecha, “para que cada preso coma (a diario) se dan 20 bolívares, per cápita”.

    Una vez planteado el panorama que pudiera darse en las prisiones de Venezuela, Prado cuestionó el hecho de que la nueva ministra de Servicios Penitenciarios, Mirelys Contreras; no haya mostrado un plan de gestión o las acciones tomadas durante los primeros cien días.

    Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones siguen alentando al Ejecutivo Nacional a dar el paso hacia la descentralización del sistema penitenciario, según lo estipulado en el artículo 272 de la Constitución; “el Gobierno tiene más de 60 años fracasando en gerencia de cárceles”.

    En medio de sus declaraciones, Prado también abogó por políticas que permitan la reinserción de quienes se encuentran privados de libertad, informó que, para ello, urge la puesta en marcha de programas educativos y de trabajo que alejen del ocio a los encarcelados.

    “65% de los presos que son puestos en libertad reinciden en hechos delictivos más graves… las cárceles en Venezuela son la universidad del delito”; acotó.

    Recordó que, en 2022, el OVP contabilizó más de 150 muertes en cárceles, 60% de ellas por condiciones de salud relacionadas a tuberculosis, hepatitis y otros cuadros clínicos.

  • OVP: 26 mil presos presentan desnutrición porque el Gobierno dejó en mano de familiares la alimentación

    Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano De Prisiones, indicó que la población penitenciaria en el país es un aproximado de 37.500 y se estima que entre 26 mil y 27 mil presentan un cuadro de desnutrición.
    Señaló que el Estado dejó en manos de los familiares de los presos lo que es la alimentación completa de los mismos y comentó que cuando comenzó la pandemia se agravó la situación y prohibieron las visitas de los familiares.
    Agregó que no se tiene una respuesta de parte del Estado sobre cuál es la razón de que no lleguen los alimentos a los centros de reclusión cuando existe un presupuesto para financiar los alimentos de las personas detenidas.
    ‘’¿Qué está pasando con los alimentos? No lo sabemos, las autoridades no han dicho nada, no han dado respuesta.’’
    Señaló que desde final del mes de agosto del año 2020 el Ministerio de Servicios Penitenciarios dio unas directrices para que los familiares pudieran acceder a realizar las visitas pero restringidas. 
    ‘’Es lo que se ha hecho, y han aceptado que lleven los alimentos, han aceptado que lleven las ‘paqueterías’, y agua potable, porque si las familias no llevan agua potable entonces no tienen con qué asearse, con qué lavarse las manos, con que preparar alimentos.’’
    Acotó que lamenta que no se haya preparado un protocolo para este caso de pandemia que ya tiene más de un año.
    Girón precisó que las cifras de las cárceles no se conocen, pues no se sabe cuántos casos de COVID-19 hay actualmente ya que no se hacen pruebas de ningún tipo.
    Explicó que han acudido a todas las instancias necesarias, a la Comisión Interamericana, además, tienen contacto con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, con el Comité Contra La Tortura y agregó que si el Estado no abre los espacios para recibir la ayuda de estos organismos no se puede hacer nada más.
    En entrevista para el programa Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas concluyó diciendo que los centros penitenciarios del país no cuentan con personal médico para poder administrarles tratamientos, y mucho menos para poder controlar el COVID-19.

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