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  • Magaly Vásquez: La apuesta académica y civil para la reinstitucionalización de la Fiscalía General

    En un movimiento que busca devolver la autonomía técnica y el rigor jurídico al sistema de justicia venezolano, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales (ACIENPOL) formalizó la postulación de la doctora Magaly Vásquez González para el cargo de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela. La propuesta, que ya cuenta con el respaldo de universidades nacionales, ONG de derechos humanos y diversos sectores de la sociedad civil, representa un esfuerzo colectivo por la «reinstitucionalización del país».

    Vásquez, quien posee una trayectoria de más de 30 años en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y es una de las mentes detrás del Código Orgánico Procesal Penal original de 1998, aseguró en entrevista para Fedecámaras Radio que su motivación trasciende lo personal. «Soy una abogada preocupada por el país; eso fue lo que al final me terminó de convencer para atreverme a proponer mi nombre en este proceso. Trato de ser coherente entre lo que digo y lo que hago».

    De asumir la titularidad del Ministerio Público, la doctora Vásquez tiene claro que la prioridad absoluta es la gestión y el diagnóstico. Criticó la demora procesal y la inasistencia de fiscales a audiencias, lo que vulnera los derechos fundamentales de los investigados. «Lo primero que habría que hacer es un diagnóstico para ver el estatus de las investigaciones y conocer la situación de las personas sujetas a ellas. No hay derecho a que se difieran actos por inasistencia del Ministerio Público, convirtiendo el proceso en una pena anticipada».

    Asimismo, enfatizó la necesidad de recuperar la carrera fiscal para garantizar que quienes ocupen los cargos sean «los mejores» y gocen de autonomía frente a presiones externas. «Un fiscal que sabe que no le debe su cargo a nadie, que se lo ganó por un concurso, va a tener autonomía de criterio y objetividad. No debe pedir instrucción para actuar cuando es él quien sabe lo que pasa en la investigación».

    Independencia política y visión de género

    Ante el cuestionamiento sobre la politización actual de la justicia, Vásquez fue tajante al señalar su histórica independencia. Para ella, el Ministerio Público debe investigar «sin importar el color» y bajo el estricto cumplimiento del debido proceso. «En mi caso particular, yo no tengo ninguna afiliación política. He estado deslindada siempre y eso me da autonomía de criterio e imparcialidad».

    Además de su perfil jurídico, la candidata destacó su labor como jefa de la Cátedra Libre de Estudios de la Mujer ‘Teresa de la Parra’ de la UCAB. Resaltó que la lucha contra la violencia de género es un eje central para el desarrollo sostenible del país, denunciando la falta de estadísticas oficiales confiables en materia de feminicidios en Venezuela.

    La postulación de Magaly Vásquez se presenta no solo como un cambio de nombre, sino como un proyecto de reforma gerencial y ética en un órgano clave para la democracia y la tutela de los derechos humanos en la nación.

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  • Acceso a la Justicia: »Fiscalía debería presentar caso ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI»

    Alí Daniels, Abogado En Derecho Administrativo y Director De La ONG Acceso a La Justicia, explicó que está ocurriendo un cambio de estrategia del Gobierno respecto a la Corte Penal Internacional (CPI).
    Indicó que el elemento para valorar esta apreciación es el cambio de la Embajadora de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, así como también el decreto que coordinó la reestructuración de la Policía Nacional, la rueda de prensa de la Fiscalía donde se menciona que a la CPI le falta transparencia y las declaraciones donde se cambia el relato de los casos emblemáticos de Juan Pablo Pernalete, Fernando Albán y Rafael Acosta Arévalo.
    Agregó que las familias de las víctimas no están de acuerdo con estos cambios porque en ninguno de los tres casos tuvo que hacerse esa acción. 
    Daniels señaló que se cambió el relato en los tres casos para buscar tener beneficio propio por parte del Estado. 
    ‘’En Venezuela el año pasado Provea (Programa Venezolano de Educación Acción En Derechos Humanos) reportó 2.853 ejecuciones extrajudiciales (…) y solamente el Fiscal señala que hubo 153 condenas en 3 años que tiene como fiscal.’’
    Recalcó que ni se acerca a lo que es la violación de Derechos Humanos en el país y que es eso lo que se quiere presentar ante la Corte como un trabajo de lucha de impunidad de Derechos Humanos.
    El abogado mencionó que todo esto tiene que ver con el mensaje que dio la Fiscal de la CPI en el año 2020 donde decía que antes de irse en el mes de junio cerraría el examen preliminar venezolano.
    ‘’Claro ya estamos en mayo, por eso es que las fechas no son coincidencia en nada de lo que tenga que ver con la Corte Penal, el Gobierno no hace cosas espontáneas, todo lo hace previamente calculado.’’
    En entrevista para Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas acotó que luego de que Tamara Suju consiguió testimonios directos de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, la consecuencia no debería ser sino cerrar el exámen preliminar y proceder a presentar un caso ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional.
    ‘’El artículo 17, numeral 2 dice que si una investigación se hace para que el responsable evada su culpa ante una Corte, si se hace con demora injustificada o si se hace en un proceso que no es ni imparcial ni independiente, esa investigación no es válida para la Corte Penal Internacional.’’

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  • García: Es necesario redactar un nuevo Código Penal en Venezuela

    Joel García, abogado penalista, explicó que más que hacer una Reforma de Código Penal se debería hacer un nuevo Código Penal donde se incluyeran todos los delitos y que este estuviera adaptado a la Constitución Nacional
    Indicó que Venezuela tiene un Código que data de hace muchos años, este es el Código Italiano de Sanardel y que lo adoptó en 1897; luego se hizo una reforma en 1964, luego en el año 2000 y la última se hizo en el 2005.
    Añadió que evaluando el Código de manera objetiva está desfasado, y comentó que a la última reforma lo que se le hizo fue aumentar las penas de aquellos delitos que atentan contra el estado.
    »Es decir, el Estado lejos de buscar proteger ese bien jurídico del ciudadano, lo que buscó fue protegerse a sí mismo y a sus funcionarios.»
    Reiteró que no es necesario hacer una reforma del Código Penal, sino hacer uno nuevo. 
    García comentó respecto a esto que en Venezuela debería de existir un sólo Código en donde estén contemplados todos los delitos penales, y no por separado, es decir, en más de 70 leyes especiales que contiene delitos penales y agregó que en ningún país serio existe eso.
    Respecto a qué es lo que pretenden instaurar en la Reforma de Código Penal que están proponiendo es institucionalizar lo que de alguna manera ya se hacía.
    »Vamos a ver procedimientos o tipos penales ahí que se manejan a muy libre arbitrio de funcionario policial, del fiscal, incluso del juez; ahí lo que se va a llevar es esa Reforma, (…) tiene otra intensión, aun cuando no conocemos el proyecto, tampoco sé que hayan convocado a un comisión mixta o que hayan convocado juristas venezolanos para que formen parte de esa reforma.»
    Acotó que seguramente ya ese Código estaba redactado desde hace mucho tiempo y que estas personas en el cargo de diputados lo que van a hacer es levantar la mano para aprobar algo.
    El abogado indicó que lo que hacen las leyes no es minimizar el delito, lo que minimiza el delito es la prevención, no la ley; y que en el país lo que se hace es aumentar la pena, pero no minimiza el crimen.
    García reseñó que el Código Penal debería estar adaptado a la Constitución, pero que en Venezuela la constitución nunca ha estado en vigencia, es decir, nunca ha sido aplicada.
    En entrevista para Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas cerró comentando respecto a los casos de Juan Requesens y Roland Carreño, que además del atraso en los casos, además han sido paralizados por la pandemia que ha servido como un elemento de control social.

     

    Escuche la entrevista completa aquí:

     

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