La unidad Jigsaw de Google publicó el código de una herramienta de código abierto contra el acoso llamada «Harassment Manager» o Gestor de acoso en español.
La herramienta utiliza la Perspectiva API de Jigsaw para permitir a los usuarios clasificar los comentarios potencialmente abusivos en las plataformas de medios sociales, empezando por Twitter.
El gestor de acoso permite la clasificación y gestión de la escala de los comentarios en las redes sociales. Lo que lo diferencia de los moderadores de acoso potenciados por Inteligencia Artificial que utilizan otras plataformas, como Instagram y Twitter.
«Harassment Manager» está destinada a periodistas y otras personalidades públicas. Se estrenará en forma de código fuente para que los desarrolladores se basen en él. Luego, se lanzará el código como aplicación funcional para los periodistas de la Fundación Thomson Reuters en junio.
Google anunció «Harassment Manager» en el Día Internacional de la Mujer. Destacando que la la herramienta es particularmente relevante para las mujeres periodistas que se enfrentan a los abusos de género.
«Nuestra esperanza es que esta tecnología proporcione un recurso para las personas que se enfrentan al acoso en línea, especialmente las mujeres periodistas, activistas, políticas y otras figuras públicas, que se enfrentan a una toxicidad desproporcionadamente alta en línea.» expresó el equipo de Jigsaw.
El gigante tecnológico espera que este gestor de acoso pueda ser útil para todos los usuarios en un futuro.
La secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Delvalle Canelón, indicó que las agresiones hacia los periodistas en Venezuela cada vez es mayor dado a la fuerte censura que se quiere imponer en muchos medios de comunicación.
“Hay al menos 8 estados del interior de Venezuela que no tienen ningún tipo de medio comunicativo impreso porque el gobierno ha dejado de suministrar el papel por políticas complacientes”
Canelón aseguró que así como los medios impresos han dejado de existir en el país, también han ido cerrando los medios digitales por temas tecnológicos y también por el monopolio de dicha área que también está en manos del Estado.
“Todo esto es una estrategia como bloqueo de la libertad de expresión que no solo se ha manifestado con el cierre de medios de comunicación sino también con el encarcelamiento de periodistas y demás agresiones y represión”
Durante una entrevista en el programa “Portales”, conducido por el equipo de Actualidad Laboral, el también secretario general del CNP en Caracas, Edgar Cárdenas sostuvo que las políticas de gobierno solo buscan silenciar la información y que el ciudadano solo se entere de lo que ocurre en el país a través de los medios oficialistas.
Cárdenas señaló que en 2020 hubo un récord de 355 agresiones a periodistas y en lo que va de 2021 van 14 detenciones arbitrarias, 10 amenazas a periodistas, 6 emisoras de radio cerradas, 6 canales a los que se les han confiscado equipos, intimidación, decomiso y robo de implementos, entre otras cosas.
“Esto responde a un modelo comunicacional que académicos han denominado como un sistema mixto autoritario, que permite a algunos medios exclusivos, informando solo lo que el Estado quiere que la ciudadanía vea”
Tinedo Guía, periodista y presidente del Colegio Nacional de Periodistas, explicó que la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia lo que busca es dejar sin sede al diario El Nacional y añadió que a pesar de que esto pueda pasar, en la actualidad la tecnología permita que las personas puedan trabajar desde sus hogares
Referente al fallo contra el diario El Nacional, que solo reprodujo una información que fue publicada anteriormente por el diario ABC de España y del diario New York Times sobre declaraciones de un exescolta, Guía catalogó de «extraño» que no se haya oído una demanda contra el diario ABC de España y el New York Times.
Acotó que 13 millones de dólares significan la entrega total de las instalaciones del diario El Nacional y añadió que a pesar de que esto pueda consolidarse, el periódico seguirá existiendo por el avance tecnológico que permite que incluso desde los hogares cada trabajador pueda cumplir su labor de informar.
‘’Quiero llamar la atención acerca de un tema muy importante, ya no se trata de la edificación, el periódico seguirá existiendo, el periódico seguirá con su marca porque es una marca registrada y una propiedad de ellos, un diario que tiene más de 70 años.’’
Recordó que el trabajo del diario es la defensa del sistema democrático en Venezuela que además está estipulado en la Ley de Ejercicio donde establece la posibilidad de defender el sistema democrático, y que con esta sentencia lo que se quiere lograr es que no haya una sede propia.
Señaló que el diario supera los 600 puestos de trabajo.
‘’Hay una bendición que tenemos con la tecnología, que cada quien desde su casa con una con una computadora o con un laptop puede trabajar la información y enviarla a un centro que colecte toda esa información.’’
En entrevista para el programa Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas invitó a seguir con el periodismo ya que es una necesidad fundamental y es un derecho mundial el recibir información veraz y oportuna.
Édgar Cárdenas, periodista y secretario general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), puntualizó que las arremetidas contra la prensa no van a disminuir, por el contrario, aumentará la insistencia por parte de los cuerpos del gobierno de seguir limitando el derecho a informar.
El CNP junto a distintas organizaciones vinculadas al mundo periodístico han realizado las denuncias correspondientes contra lo ocurrido el pasado viernes 8 de enero:
Incautación de los equipos digitales y herramientas de transmisión del canal venezolano VPItv
Cierre de la sede en Maracaibo del Diario Panorama
Hackeo del portal web TalCual
Especulación de financiamiento internacional hacia los medios Efecto Cocuyo, Caraota Digital y El Pitazo.
“No solo se trata de un problema que afecta a los periodistas y a los medios de comunicación, sino que es un problema que afecta a toda la sociedad en su conjunto. Los ciudadanos tienen la necesidad de estar informados debidamente”
El periodista durante el programa Análisisde Entorno conducido porBetania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salasindicó que aunque existe distintas opiniones encontradas con respecto a los medios de comunicación, ya que considera que han tenido una suerte de medios propagandísticos y no informativos
“Donde no cabe la pluralidad informativa y la diversidad de opinión evidentemente no podemos hablar de un medio de comunicación apegados a los principios básicos de la democracia”
Ataques a la prensa en el 2020
A través del Observatorio de Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios el cual se ocupa en realizar un registro de las distintas agresiones que viven los trabajadores de los medios de comunicación del país, se determinó que en 2020 hubo un total de 355 ataques a la prensa:
61 detenciones arbitrarias.
Bloqueos de páginas webs.
Casos de hostigamiento e intimidación.
Prohibición al acceso a la información.
Limitaciones para las coberturas de hechos públicos y restricción a la libre circulación.
“Hemos ido denunciando agresiones que no son casuales, sino que precisamente responden a la intención de las altas esferas del poder se busca de silenciar la información, legitimando la censura y criminalizando la opinión”
Para ampliar el reporte de agresiones a periodistas y medios puede ingresar al siguiente documento:
En nuestra segunda entrega de Voto Silencio, la difícil tarea de informar en confinamiento seguimos analizando las condiciones, -cada día más difíciles- para mantener informada a la población del avance de la pandemia en Venezuela.
Y es que no solo se trata de temas de interés general, como las cifras o el reporte de nuevos casos de la COVID-19 los que impiden a los periodistas el acceso a la información oportuna y veraz.
También se suman el acoso al personal de salud, por demandar insumos para realizar su trabajo con medidas de bioseguridad y el estado deplorable de los centros de salud.
Mayo: confinamiento, intimidación y detenciones
En mayo se registraron 49 casos que corresponden a 112 violaciones a la libertad de expresión, entre las que destacan por la frecuencia con la que ocurren: la intimidación, censura y las restricciones administrativas.
Las víctimas en su mayoría fueron periodistas, particulares y ciudadanía en general, mientras que los responsables siguen siendo, los cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y funcionarios.
Al cierre del quinto mes del año se acumularon 556 violaciones al derecho, entre las que destacan 20 detenciones a particulares, periodistas y trabajadores de la prensa, hechos que demuestran el nivel de persecución en contra de todo aquel que ejerza legítimamente su derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir información en el país.
Se resalta que a pesar de la advertencia realizada por los expertos en derechos humanos de la ONU, en la que manifestaron su alarma ante el aumento de amenazas, ataques y cargos contra periodistas, trabajadores de la salud y otras personas en Venezuela.
No es posible informar de víctimas de la pandemia
El gobierno venezolano mantiene una política represiva en contra de quien insista en registrar lo que ocurre en las calles venezolanas en el contexto, no solo de la emergencia humanitaria compleja, sino como víctimas de una pandemia.
35 intimidaciones y 4 hostigamientos, entre los que destaca el caso de Luis López, del diario La Verdad de Vargas, quien fue obligado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a borrar el material que realizó durante una protesta de médicos en la avenida Soublette de La Guaira, estado Vargas, el pasado 13 de mayo.
Una situación similar vivió el periodista del canal regional UniTv, Pedro García, cuando un coronel de la GNB lo intimidó y borró el material que realizó durante un recorrido rutinario por la estación de servicios Vírgen del Valle, en la avenida Fucho Tovar, en el estado Nueva Esparta, el 27 de mayo.
El Pitazo y EFE por tomar fotos de la toma de la sede de DirecTV
En otro hecho, cuatro funcionarios de la GNB intimidaron a los fotógrafos Andrés Rodríguez de El Pitazo; Rayner Peña de EFE, y a Daniel Blanco (independiente), cuando realizaban su trabajo gráfico el 23 de mayo en las adyacencias de la empresa DirecTV, en la urbanización El Rosal, Caracas.
En Caracas, sujetos desconocidos intimidaron a la periodista del portal digital Caraota Digital, Carolain Caraballo, mientras realizaba imágenes del llenadero de cisternas en la urbanización Lomas del Ávila, el lunes 25 de mayo.
En los primeros cinco meses del año la ONG Espacio Público documentó un total de 79 detenciones, una cifra preocupante teniendo en cuenta que ningún ciudadano debe ser encarcelado por ejercer un derecho consagrado en la Constitución.
Destaca el caso de Rolando Rodríguez, conductor del portal informativo La Prensa de Lara, quien fue detenido el pasado 8 de mayo por funcionarios de la GNB cuando se disponía a equipar su vehículo con gas en la estación de servicio Don Bau en la avenida Libertador, Barquisimeto, estado Lara.
Rodríguez grabó un video con su teléfono celular, que originó la detención durante más de una hora
Ley contra el odio, 20 años de cárcel
Otro caso que resalta es el de Wilfredo Rodríguez quien fue excarcelado el lunes 11, tras permanecer cinco días detenido por denunciar en su Facebook irregularidades en la venta de gasolina en el estado Delta Amacuro.
El 5 de mayo, José Vásquez fue detenido, por funcionarios de la GNB luego de que expresara en su cuenta en Facebook y estado de WhatsApp, su descontento por la crisis del combustible en Cantaura, estado Anzoátegui.
Ser acusado de delitos, entre ellos, «instigación al odio», tipificado en la inconstitucional «ley» contra el odio puede acarrear penas hasta de veinte años de cárcel
Juan Manuel Rafalli Abogado, Profesor de la UCAB – IESA, Monteávila – Constitucionalista
En el estado Zulia, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a la residente del hospital Adolfo D’Empaire, Andreína de los Ángeles Urdaneta Martínez, por la presunta publicación de una imagen en contra de Nicolás Maduro en un estado de Whatsapp, el 26 de mayo en Cabimas estado Zulia.
Violaciones en Internet
Internet en Venezuela es cada vez un espacio más reducido, el Estado Venezolano constantemente aplica bloqueos a portales web que los ciudadanos utilizan como medios para informarse.
El pasado 15 de mayo, la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y la empresa Inter boquearon el acceso al portal de informativo Runrun.es.
El observatorio de Internet, Ve Sin Filtro alertó sobre el bloqueo detallando que se trató de una restricción de sistema de nombres de dominio (DNS).
Igual sucedió con la página web de la Organización No Gubernamental (ONG) Caracas Mi Convive y la de su coordinador, Roberto Patiño, las cuales fueron bloqueadas por los principales proveedores de Internet en Venezuela, el lunes 18 de mayo.
Casos y más casos
Vladimir Villegas, el 26 de mayo, cuando denunció la salida del aire de su programa de opinión, Vladimir a la 1, transmitido todos los días, a través del canal de noticias Globovisión desde hace siete años.
El periodista y conductor del programa Víctor Hugo Donaire denunció que el programa De Frente, transmitido por Roscio TV fue sacado del aire.
Otro hecho que limita aún más la oferta de medios disponibles en el país, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenaron el cierre de la emisora Rumbera 106.9 FM de los Valles del Tuy estado Miranda, el pasado 15 de mayo.
Junio: las detenciones elevaron la curva
A más de tres meses de confinamiento, el mes de junio cerró con 28 casos que suman 64 violaciones a la libertad de expresión, entre las más frecuentes figuran: la intimidación, amenazas y censura.
Las víctimas son en su mayoría son periodistas(45%), seguidos por trabajadores de la prensa (20%) y plataformas web (12%); mientras que los victimarios más frecuentes fueron los cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y funcionarios.
Con las cifras de junio se acumulan 623 violaciones al derecho, entre las que destacan -solo este mes- 15 detenciones a periodistas y trabajadores de la prensa; lo que evidencia la agudización de los ataques en contra de quienes ejercen la libertad de expresión en un contexto restrictivo.
Desde enero a junio del año 2020, se registraron 20 detenciones a los que se les procesó judicialmente con la inconstitucional «ley contra el odio».
Periodistas, trabajadores de la prensa y ciudadanos comunes son víctimas de la aplicación de esta norma aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en noviembre de 2017
En junio destacan las detenciones de Darvinson Rojas, José Vásquez, Darío Salcedo, Mimi Arriaga, Marco Antoima, entre otros.
Muchos de estos casos, tienen procedimientos judiciales abiertos que permiten, en algunos casos, excarcelación o reclusión domiciliaria.
Adicionalmente les prohíben dar declaraciones sobre su caso, les aplican un régimen de presentación ante los tribunales, fianzas y prohibición de salida del país.
Detenidos por informar situación del abastecimiento de combustible
Para Espacio Público, en junio registraron 15 detenciones, la mayoría de estas a periodistas que realizaban coberturas de calle a distintos hechos noticiosos relacionados con la crisis de gasolina; y otros por realizar comentarios en redes sociales.
Uno de estos casos es el del locutor y exconcejal Jorge Cortez, quien fue detenido por funcionarios de PoliLagunillas, mientras grababa una serie de entrevistas en la estación de servicio Las Morochas de la región zuliana, el lunes 1 de junio.
Otro caso resaltante es el de la periodista y productora de FM Center, Carol Romero, quien estaba el jueves 4 de junio cerca de las 6:00 am en una manifestación por falta de gasolina que se produjo en el Km 7 de El Junquito.
Estuvo desaparecida y detenida por más de 30 horas,siendo excarcelada luego de su audiencia de presentación ante Tribunales, el viernes 5 de junio.
Una situación similar vivió el equipo periodístico del portal digital, Venezolanos por la Información (VPITV) cuando fueron detenidos por funcionarios de la GNB, mientras realizaban entrevistas en la estación de servicios PDV en Chuao, Caracas, el viernes 5 de junio.
Luis Patiño, Jhonatan Bello, Dangert Zorrilla y Oscar Avilez fueron abordados por efectivos de la GNB luego de que estos obtuvieran los testimonios de las personas que hacían la cola para surtir gasolina en esa estación de servicio.
En el estado Lara, funcionarios de la Policía Regional (PoliLara) detuvieron a la abogada y defensora de los Derechos Humanos, Milagros Rodríguez; tras quejarse por irregularidades en la distribución de combustible mientras hacía una cola para surtir, el martes 9 de junio.
Cierre de mes de junio
Destacan los casos también de:
José Ramírez, corresponsal de VPITv en el estado Anzoátegui
María Fernanda Bolívar, corresponsal del portal Todos Ahora, fue intimidada por un funcionario de la GNB
La GNB intimidaron a la reportera gráfica del medio digital, Portal de Noticias, Lizaura Noriega; mientras registraba la militarización del Hospital Universitario de Maracaibo
Violaciones a la libertad de Expresión por tipo (enero-junio) 2020
Total violaciones por mes:
Enero 120
febrero 87
marzo 129
abril 110
mayo 113
junio 64
Al cierre del reporte de junio la ONG Espacio Público informó del proceso que se sigue contra del periodista Nicmer Evans
El 13, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Evans por supuesta “promoción o incitación al odio”.
El tribunal 21 de Control Penal del Área Metropolitana de Caracas ordenó la medida privativa de libertad contra el director del portal digital Punto de Corte, Nicmer Evans, este 17 de julio.
En la audiencia de presentación, acusaron a Evans por el supuesto delito “promoción al odio” con base en el Art. 20 de la inconstitucional “ley Contra Odio”.
A Nicmer lo regresaron a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia militar (Dgcim) ubicada en Boleíta, mientras su defensa aseguró que apelará la decisión.
Agradecemos a la ONG Espacio Público por facilitarnos todo el material necesario para hacer posible la realización de este trabajo especial.
Informar en confinamiento se ha convertido para el ejercicio del periodismo en una suerte de voto de silencio. La ONG Espacio Público ha recopilado una serie de hechos que así lo comprueban.
La persecución, el acoso y hasta la cárcel, son algunas de las prácticas que han vivido los periodistas desde que se decretó el estado de Alarma Nacional desde enero hasta abril de 2020.
La ONG Espacio Público se ha dedicado a recopilar los datos que, tras cuatro meses de confinamiento han vivido los periodistas que desean informar de los hechos más relevantes y dan cobertura de la pandemia por COVID-19 en el país.
El virus de la desinformación: enero – abril 2020
En el primer informe de 2020 la ONG, liderada por Carlos Correa, publicó en el mes de abril, los eventos que desde enero se acumulaban en contra de la prensa.
El 2020 inició con restricciones directas a la cobertura de la situación política.
La agudización del conflicto en la Asamblea Nacional ante los impedimentos para la juramentación e instalación de la nueva junta directiva conllevaron a escenarios de violencia para negar el acceso y la cobertura de los acontecimientos.
«En el primer cuatrimestre del año se registraron al menos 161 casos que se traducen en 442 violaciones al derecho a la libertad de expresión»
Esto implicó una disminución del 41% respecto al total de casos y una reducción del 22% con relación al total de violaciones durante el mismo periodo del año 2019.
Durante el primer mes del año, se registraron más de 100 denuncias de violaciones, con un alto componente de confrontación física y hostigamiento por parte de cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados.
Las limitaciones a la búsqueda de la información política escalaron a mayores niveles de violencia durante febrero, donde reaparece el discurso hostil hacia la prensa como narrativa legitimadora de las agresiones.
El 11 de febrero, al menos una decena de trabajadores de la prensa fueron agredidos por un grupo de simpatizantes del gobierno nacional, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar mientras esperaban el arribo de Juan Guaidó.
Varios resultaron con lesiones físicas producto de las golpizas
Marzo sumó más del 37% de los registros, en un contexto de limitaciones extendidas hasta abril a partir de la circulación de información sobre la pandemia del Covid-19.
Privaciones ilegítimas de libertad, restricciones indirectas a la cobertura y la arremetida a trabajadores públicos en especial del sector salud, agravaron una desinformación generalizada frente la crisis sanitaria mundial y su impacto local, precedido por una emergencia humanitaria compleja, también caracterizada por la opacidad.
Más de 80 personas resultaron afectadas en la cobertura y difusión de información, solo en el mes de enero
El 75% fueron reporteros o periodistas
El 9 de marzo, dos funcionarios de seguridad y otros dos vestidos de civil hostigaron y amenazaron a la periodista Karen Aranguibel, cuando cubría una protesta de usuarios que exigían respeto a los turnos para el abastecimiento de combustible en una estación de servicio en Maracaibo, estado Zulia.
Desde el inicio oficial de la cuarentena, el 16 de marzo, se han registrado 65 casos que se traducen en 151 violaciones al derecho, y 28 detenciones hasta el 20 de abril.
El 17 de marzo, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron al doctor Julio Molino, tras denunciar con sus colegas Carlos Carmona y Maglis Mendoza, la situación crítica del Hospital Núñez Tovar, en Maturín, estado Monagas.
Beatriz Rodríguez, directora del medio La Verdad de Vargas, fue citada por la Fiscalía el pasado 24 de marzo, tras publicar información sobre un caso positivo de Covid-19 en la entidad.
Elio Mendoza, trabajador de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), fue detenido e imputado por “instigación al odio” tras reenviar un mensaje por Whatsapp sobre Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
El 13 de abril, los ciudadanos Zuleima Sánchez, Jeison Robles y Sergio Ángel, recibieron medida privativa de libertad por el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal de Táchira, extensión San Antonio, por la divulgación de un video en redes sociales donde denuncian las condiciones que padecen venezolanos en un albergue ubicado en Tienditas, en la frontera con Colombia
-El periodista Eduardo Galindo fue detenido el 15 de abril por efectivos del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (CONAS), cuando estos se presentaron en su residencia, en San Fernando de Apure, y se lo llevaron para rendir declaraciones sobre una información publicada en el sitio web senderosdeapure.net.
Yoleide Rodríguez, la esposa del periodista y Leonardo Galindo, su sobrino, también fueron detenidos por “resistencia a la autoridad”.
De esta manera cerramos la primera parte de 2 especiales, donde la ONG ha documentado la situación del periodismo en Venezuela en la cobertura de la pandemia.
Fuente: ONG Espacio Público
En nuestra segunda entrega, haremos recuento de los casos más recientes que contabilizan los meses de mayo y lo que se sabe del mes de junio, aún no consolidado, pero en el que también hubo detenciones a periodistas.
Nuestro agradecimiento a la ONG Espacio Público por aportar el material para este trabajo
La Confederación Sordos de Venezuela y la Fundación Vanessa Peretti (Funvape) organizaron para esta semana el webinar «Discapacidad y Periodismo».
Este programa tiene el objetivo de mostrar a los profesionales de la comunicación los diversos tipos de discapacidad, así como los protocolos para la atención a las personas con discapacidad.
Asimismo, se expondrán los términos correctos al momento de redactar, entrevistar y dirigirse hacia este sector de la población.
Una oportunidad que se generó por parte de las dos organizaciones Impact Hubber, es decir, miembros de la comunidad de emprendedores del Impact Hub Caracas.
El programa estará dirigido exclusivamente a periodistas y se manejará con dos grupos divididos entre este lunes 13-J y el miércoles 15-J:
Primer grupo: Lunes 13 de julio 2020. Hora: 2:00pm por la plataforma Zoom. Regístrate en este enlace: Webinar Periodistas
Este grupo contará con Kico Bautista, Comunicador Social como moderador.
Asimismo, sus panelistas serán: Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, quien detallará ¿Qué es Consorven? ¿Qué hacemos y cómo apoyamos a las Personas con Discapacidad?.
Keila Sánchez, Fundación Vanessa Peretti, describirá los distintos tipos de discapacidad, protocolo y atención a las personas con discapacidad.
Adriana Valero, Coordinadora de Comunicaciones Consorven, mostrará los términos correctos para dirigirse a las personas con discapacidad, tips para realizar entrevistas a PcD y formatos accesibles para una mejor manera de comunicar.
Segundo grupo: Miércoles 15 de julio 2020. Hora: 11:00am por la plataforma Zoom.
En esta ocasión, el moderador será Luis Carlos Díaz, Comunicador Social y contará con los ponentes del primer grupo.
