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  • Aarón Olmos: Dolarizar exige un acuerdo nacional e inclusión del sector privado

    Ante el aumento continuo de las distorsiones cambiarias y la devaluación acumulada del bolívar, el debate sobre una dolarización oficial en Venezuela ha cobrado fuerza nuevamente entre legisladores y economistas. Sin embargo, el economista y profesor del IESA, Aarón Olmos, advierte que sustituir la moneda nacional por el dólar estadounidense no resolverá los problemas estructurales del país si no viene acompañado de un plan de ajuste integral.

    De acuerdo con el especialista, las cifras macroeconómicas reflejan la severidad del desequilibrio: un tipo de cambio oficial que sufrió una variación del 160% entre enero y agosto, una devaluación interanual superior al 650%, una brecha del 19% frente al mercado no oficial y un Índice de Precios al Consumidor (IPC) anualizado por encima del 575%. Frente a este panorama, Olmos señala que la economía venezolana ya opera bajo una dolarización de facto y una creciente adopción de criptoactivos estables como el USDT para la cobertura financiera.

    «No es tan sencillo como decir que ya la persona gana su salario en dólares. El problema no se solventa cambiando solamente la moneda», aseveró el profesor del IESA. Olmos enfatizó que una medida de esta magnitud exige que el Estado garantice una oferta constante de divisas en el mercado y coordine políticas en el área productiva, energética y comercial.

    «No es cambiar un mal por otro, es solventar el problema de raíz, y eso pasa por un acuerdo nacional y la inclusión del sector privado», sostuvo el economista, agregando que cerca del 90% del desarrollo productivo debe sostenerse sobre la empresa privada.

    Asimismo, Olmos explicó las implicaciones institucionales de un proceso formal de dolarización, donde el Banco Central de Venezuela (BCV) perdería sus competencias de política monetaria para pasar a ser un simple gestor de liquidez en divisa extranjera. «Las competencias monetarias del Banco Central han sido un punto de honor entre muchos economistas. Si bien podría asumirse como una medida transitoria para corregir desequilibrios, la economía requiere transformaciones estructurales, no solo puntuales», concluyó.

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  • Se necesitan 25.000 nuevos inmuebles para paliar demanda post-sismos

    Para el presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, Fernando Di Geronimo, el país necesita construir 25.000 nuevos inmuebles en los próximos 3 años. Esto con la finalidad de atender la emergencia ocasionada por el doble terremoto del pasado 24 de junio. En ese sentido, el gremialista valoró positivamente los últimos cambios legislativos. 

    Según Di Geronimo, la antigua Ley Contra la Estafa Inmobiliaria penalizaba excesivamente al promotor y constructor de nuevos proyectos habitacionales. En cambio, la reciente aprobación de la Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas es un paso en el camino de la recuperación de esta actividad. 

    De hecho, el líder gremial vaticinó que este cambio legal contribuiría a destrabar procesos burocráticos que actualmente impiden el despegue de la actividad constructora. Por ende, en el futuro cercano se tendrá un primer avance en la edificación de los 25.000 nuevos inmuebles con los que enfrentar la crisis de los damnificados. 

    Igualmente, Di Geronimo aprovechó para explicar los últimos cambios en el mercado inmobiliario de la capital venezolana. Al parecer, desde el doble terremoto, las personas buscan más casas en el suroeste de la ciudad. 

    «Antes de los terremotos, las zonas más buscadas se ubicaban en el norte de Caracas: Altagracia, La Castellana, Los Palos Grandes y Campo Alegre. Ahora la gente está buscando inmuebles en el sureste. Además, ahora prefieren casas. Entonces tenemos un auge importante en terrazas del Club Hípico, La Trinidad y El Hatillo», señaló Gi Gerolamo.

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  • Empresas de Construcción ya tienen proyectos para edificar 14.000 viviendas

    En la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) son conscientes del potencial que tiene el sector para dinamizar la economía y emplear numerosa cantidad de mano de obra. Por ende, celebran las reformas legislativas recientes que impulsan la actividad constructora. Igualmente, indican que actualmente tienen proyectos para edificar hasta 14.000 viviendas. 

    Gustavo García Carrasquero, presidente de la CVC, puntualizó que esas 14.000 viviendas forman parte de planes de construcción que podrían empezar a ejecutarse en el corto tiempo. De hecho, el gremialista espera que la recién promulgada Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas contribuya a acelerar estos planes. 

    «Con los cambios recientes en la ley, pueden contribuir a optimizar la construcción. Igualmente, las empresas del sector y los entes públicos deben sentarse a evaluar cuáles son las obras prioritarias», dijo García Carrasquero. 

    García Carrasquero también destacó, durante la entrevista que tuvo en el programa «Venezuela productiva», la importancia de obtener financiación bancaria internacional para financiar proyectos de construcción. «Hay que resolver las situaciones financieras con las instituciones multilaterales. Esta es la única manera de lograr concluir estas obras prioritarias», explicó.

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  • UCV plantea la reconstrucción social desde el trabajo comunitario y la reactivación del empleo local

    Tras los eventos generados por el reciente doblete sísmico en el estado La Guaira, la Universidad Central de Venezuela (UCV) ha desplegado una serie de iniciativas orientadas a la recuperación integral de las comunidades afectadas.

    José Ibarra, doctorando y director de la Escuela de Trabajo Social de la UCV, comentó que en lugar de importar mano de obra, se propone contratar a los habitantes de los campamentos transitorios y brindar microcréditos a comerciantes y emprendedores guaireños para regenerar la economía regional.

    «Es tiempo de escuchar a los afectados. Hay una historia, hay una forma de vida… lo primero que hay que hacer es mapear qué recursos quedan en el Estado para que la gente pueda, a partir de ahí, tener una red de apoyo«, dijo Ibarra en el programa «Marca UCV».

    Por su parte, se exige una mesa de trabajo conjunta entre estos sectores; la empresa aportando capital y empleo, las ONG dirigiendo la atención humanitaria inicial y el Estado reasumiendo sus responsabilidades fundamentales con políticas sostenibles.

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  • El futuro de CITGO depende de una renegociación integral de la deuda venezolana

    La posible venta judicial de CITGO Petroleum Corporation por un monto cercano a los 5.900 millones de dólares representaría un «saqueo» al Estado venezolano, según advirtió Ramón Castro Pimentel, consultor en materia energética y expresidente de Deltaven.

    Para Castro Pimentel, la tasación avalada por el juez estadounidense Leonard Stark es «a todas luces inconveniente y absurda si se compara con el rendimiento real de la empresa». El consultor destacó que CITGO generó ganancias netas por 1.390 millones de dólares en tan solo un trimestre y cuenta actualmente con 2.600 millones de dólares en efectivo.

    Explicó que la construcción de una corporación de esta envergadura desde cero costaría entre 17.000 y 25.000 millones de dólares. La infraestructura de CITGO incluye tres refinerías clave en Estados Unidos (Luisiana, Illinois y Texas), 35 terminales activos de productos refinados, una capacidad de almacenamiento de 18 millones de barriles y una red que supera las 5.000 estaciones de servicio.

    Renegociación de la deuda y un acuerdo político

    El exdirectivo de PDVSA confía en que Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), intervendrá para frenar un remate que califica de irracional, protegiendo así no solo a la empresa sino al resto de los acreedores que buscan el pago de sus pasivos.

    La estrategia principal, según el experto, es definir claramente cuál es el monto de la deuda legítima de Venezuela para renegociarla en función de la capacidad de pago del país. Para que esta renegociación sea exitosa, Castro Pimentel considera necesario y perfectamente posible que se alcance un acuerdo conjunto entre la oposición, representada por Dinora Figuera y la Asamblea Nacional de 2015 y la administración de Delcy Rodríguez, con el objetivo de presentar una postura unificada ante las autoridades norteamericanas en defensa de este activo.

    «Hay que ver también en los aspectos de geopolítica, porque la importancia que Citgo tiene para Venezuela es la participación en el mercado más rentable del mundo, como es el mercado norteamericano y en la costa oeste de los Estados Unidos.» recalcó Pimentel.

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  • Zona industrial de Maracaibo aboga por corredor eléctrico

    En la Cámara Empresarial de la Zona Industrial de Maracaibo y San Francisco son conscientes de los estragos que la crisis eléctrica ha generado en el aparato productivo del país. De hecho, según el presidente de esta asociación gremial, Héctor Siu, en el sector sufren interrupciones eléctricas que pueden sumar 20 horas semanales. Por ende, la institución le ha pedido a las autoridades evaluar la implementación de un corredor eléctrico. 

    Un corredor eléctrico permitiría proporcionar energía estable a la zona industrial de Maracaibo y San Francisco por un período de tiempo. De esa forma, los empresarios podrían acoplar su producción para minimizar las pérdidas económicas que la crisis energética les está generando. «Si nos dejan trabajar de siete de la mañana a seis de la tarde y quitan la luz en la noche, uno se organiza para operar en un solo turno», señaló Siu.

    Igualmente, Siu acotó que el uso de plantas eléctricas no es una alternativa a largo plazo. Durante la entrevista que tuvo en el programa «Venezuela productiva», aclaró que estos mecanismos de autogeneración consumen mucho combustible y aumentarían el costo de producción de las industrias. «Hay plantas eléctricas que pueden consumir hasta dos mil litros de gasoil a diario. Imaginemos cómo se eleva el costo de un hecho en Venezuela solamente trabajando con planta eléctrica», puntualizó.

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  • Nueva ley de arrendamiento impulsará oferta en el mercado inmobiliario

    El pasado 7 de agosto se publicó en Gaceta Oficial la nueva Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda. Este marco normativo recoge recomendaciones y sugerencias planteadas por el gremio inmobiliario con la intención de otorgar mayores facilidades de negociación al sector. Por ende, desde la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) celebran este nuevo instrumento jurídico que regirá el mercado inmobiliario nacional. 

    Pablo González Travieso, presidente de la CIV, señaló que la nueva ley de arrendamiento recupera la plena libertad de las partes para contratar. Es decir, en el texto se derogan muchas de las restricciones que forzaban la supervisión del Estado sobre los contratos inmobiliarios. 

    Además, la legislación aprobada este mes también permite fijar el valor del arrendamiento en divisas. Por lo tanto, el inquilino quedaría comprometido a pagar el monto en moneda extranjera o su equivalente en bolívares a la tasa que el Banco Central de Venezuela determine ese día. «Esto hace que exista una indexación real contra la inflación», dijo González.

    Asimismo, González mencionó que el nuevo instrumento legal contempla la creación de sistemas de arbitraje. Gracias a estos mecanismos, los posibles conflictos en la relación contractual podrían resolverse con celeridad. «Cuando tienes un arbitraje involucrado dentro de la propia ley, uno puede presumir que los procesos de recuperación y de resolución de conflictos serán más expeditos», comentó.

    Para el presidente de la CIV, todas estas ventajas vuelven a poner en el centro de la ley el principio de respeto por la propiedad privada. En consecuencia, los propietarios de viviendas podrán tener mayor seguridad jurídica para poner sus propiedades dentro del mercado inmobiliario. 

    No obstante, González acotó que los contratos firmados antes de la promulgación de la Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda no se acogen a esta. Por lo tanto, el gremialista adelantó, durante la entrevista que tuvo en el programa «Informe Fedecámaras» con Richard Fortunato, que pedirán cambiar este punto.

    Nueva ley de arrendamiento impulsará al mercado inmobiliario

    Otras leyes que traban el mercado inmobiliario

    Pese a que la Cámara Inmobiliaria de Venezuela celebra los avances que se lograron con la nueva ley de arrendamiento, consideran que todavía subsisten dos instrumentos jurídicos que obstaculizan al sector: la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda y la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria. 

    González explicó que la ley del deudor hipotecario prohibe la contratación de hipotecas en divisas. Esto desincentiva la inversión en el mercado inmobiliario. 

    Por otro lado, la ley contra la estafa inmobiliaria establece una serie de preceptos, requisitos y limitaciones que alejan a los inversionistas de la construcción. «Esto derivó en que no se produjeran metros cuadrados de vivienda en los últimos 15 años en cualquiera de las principales ciudades de Venezuela», lamentó González. 

    En consecuencia, la CIV mantiene una agenda de trabajo que busca seguir avanzando en los cambios que requiere el mercado inmobiliario nacional. En este sentido, el sector ya ha declarado que es esencial reactivar la construcción de nuevos inmuebles. «Debemos ir a un programa de producción de vivienda para alquiler», concluyó González.

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  • Comerciantes de Valera preparan propuesta para estimular autogeneración eléctrica

    Desde diversos sectores económicos se ha propuesto que la autogeneración eléctrica podría ser una solución temporal ante la crisis que enfrenta el Sistema Eléctrico Nacional. La idea es que se pudieran usar estos mecanismos alternativos para cerrar la brecha que existe entre el consumo y la capacidad de generación actual.

    Precisamente, los comerciantes de Valera trabajan en el diseño de un plan que incluya medidas de estímulo fiscal para la adquisición de plantas eléctricas. La propuesta, preparada por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Valera (Acoinva), se basa en planes que han ayudado en la adquisición de nuevas formas de producción de electricidad en otras latitudes. 

    «En otros países, las empresas que inviertan en energías limpias pueden deducir el monto invertido de los tributos que cancelan, de forma proporcional. Se trata de aplicar el mismo principio, pero para la compra de equipos de autogeneración eléctrica. No es que la rebaja se haría inmediatamente, pero podría efectuarse paulatinamente», dijo Ana María Faccin, presidenta de Acoinva.

    La dirigente gremial también puntualizó, durante la entrevista que tuvo en Fedecámaras Radio, que se tendría que estudiar el impacto que la utilización de plantas eléctricas genere en el esquema de gastos de los comerciantes e industriales. Adicionalmente, se tendría que garantizar un adecuado suministro de gasoil para el funcionamiento de estos equipos.

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  • Importación de azúcar no autorizada baja precios del producto nacional en el mercado

    Ricardo Álvarez, presidente de la Federación de Cañicultores de Venezuela (Fesoca), indicó recientemente que los productores nacionales han detectado un descenso en el precio de este rubro por la competencia desleal de azúcar no autorizada. El dirigente gremial resaltó que este artículo de importación no cuenta con los permisos necesarios. Tampoco cuenta con la misma calidad de la producción interna. 

    «En los puertos nos informaron que esta azúcar no cuenta con el permiso necesario del Ministerio de Agricultura. Tampoco cumple con los estándares que deberían tener los azúcares refinados. Sin embargo, la venden así y se trata de una oferta engañosa», dijo Álvarez. 

    El dirigente gremial también aprovechó la entrevista que tuvo en Fedecámaras radio para dar consejos que ayuden a diferenciar el azúcar no autorizada del producto nacional. 

    «La azúcar importada se nota medio amarillenta y no del todo blanca. Además, es mucho más húmeda y apelmazada. El azúcar quizá puede resultar 20 centavos más barata, pero tiende a rendir menos», puntualizó Álvarez.

    Igualmente, el presidente de Fesoca recordó que los productores han recomendado la importación de azúcar cruda para cubrir el pequeño déficit del 30% que no abastece el cañicultor venezolano. Esto con la finalidad de proteger esta actividad económica, que actualmente representa la principal fuente de ingresos hasta para 200.000 personas.

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  • El sector gastronómicos reportó un decrecimiento aproximado del 35% entre junio y julio

    Para 2026 se estimaba un crecimiento de la economía venezolana de entre 4% y 10% respaldado por la producción petrolera. Sin embargo, se calcula una contracción de 2 a 3 puntos porcentuales sobre esa proyección inicial debido a las consecuencias del terremoto del 24 de junio.

    Leonardo Soto, economista y presidente de Integral Consultores Group, comentó que las ventas de restaurantes y servicios gastronómicos reportaron un decrecimiento aproximado del 35% entre el 25 de junio y el 25 de julio de 2026. Destacó que este descenso responde principalmente a las fallas eléctricas, la caída del poder adquisitivo y el estado de ánimo de la población.

    Soto resaltó que existe la necesidad de invertir en plantas eléctricas, combustible, mantenimiento e internet para operar eleva los costos fijos de los negocios gastronómicos. Aunque el tipo de cambio se ha estabilizado en semanas recientes, una posible estabilización de precios en restaurantes no se prevé antes de finales de 2026 o inicios de 2027, sujeto a la disciplina fiscal del Estado

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