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  • Provea: Gobierno no ha cumplido con la mayoría de las recomendaciones de la ONU

    Rafael Uzcátegui, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), recordó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho más de 100 recomendaciones a la administración del presidente, Nicolás Maduro, a fin de mejorar la situación en Venezuela, aunque “la gran mayoría no las ha llevado a cabo”.

    Dijo que la principal recomendación que se ha cumplido fue la realizada por Michelle Bachelet, en su rol como Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, de disolver las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) por su accionar “lesivo” contra la sociedad venezolana.

    “Esa disolución de las FAES se ha cumplido a bajo perfil, porque hay que recordar que las autoridades no han anunciado la disolución de manera oficial, de manera pública, pero por la vía de los hechos las FAES se ha venido disolviendo y ha dado paso a nuevos organismos de seguridad”, dijo Uzcátegui en entrevista para Fedecámaras Radio.

    Destacó que esa recomendación se llevó a cabo gracias a las denuncias de las personas que fueron afectadas en los operativos realizados por este organismo de seguridad.

    Mencionó que otras recomendaciones se han cumplido a medias, por ejemplo: que la Fiscalía se haya comprometido en diseñar un protocolo para investigar los casos de violencia de género y femicidios; así como la descriminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo.

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  • Provea: Encontramos que se violó la obligación de proteger y respetar a los actores del sistema alimentario

    Lissette González, Socióloga y Coordinadora de Monitoreo, Investigación y Difusión de Provea, explicó que el informe sobre la alimentación en Venezuela titulado “Con la comida no se juega” dejó como conclusión un análisis del incumplimiento por parte del estado venezolano con su responsabilidad en materia del derecho de la alimentación.

    “Lo que encontramos es que se violó la obligación de proteger, de respetar a los actores del sistema alimentario y también se ha violado la obligación de permitir la ayuda humanitaria”, indicó.

    En una entrevista concedida en el programa Actualidad Laboral, la socióloga resaltó que esta situación alimentaria ha tendido múltiples efectos en la sociedad venezolana, como la políticas implementadas por varios años sobre los controles de precios y la distribución de los productos que contribuyó a una altísima escasez de alimentos en el país.

    “Y ahora que el problema de la escasez se está solucionando, por está dolarización informal, encontramos que la gran dificultad es el acceso económico de los alimentos para todas aquellas personas que no reciben ingresos en divisas”, añadió.

    La coordinadora de Monitoreo de Provea destacó que el mal funcionamiento de los servicios públicos como las constantes fallas de electricidad, de agua potable y de gas para cocinar, influye en la capacidad de las personas de poder alimentarse y de tener una nutrición adecuada.

    “Si una familia que consiguió Caraotas, que es un alimento bastante accesible de los precios actuales, pero no tiene gas en su bombona, es como no tener la comida si no la puedes cocinar”, apuntó.

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  • PROVEA rechaza que las ONG’s deban registrarse en oficina contra delincuencia organizada

    Rafael Uzcátegui, Sociólogo y Coordinador General de la Organización de Derechos Humanos Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA), explicó que en Gaceta Oficial el gobierno estipula que las ONG en Venezuela están obligadas a registrarse en una oficina contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo
    Uzcátegui indicó que apareció en Gaceta Oficial una providencia administrativa, que no es un decreto, ni una resolución, ni una ley discutida y aprobada por la Asamblea Nacional, sino un acto administrativo mucho menor.
    ‘’Creo que refleja claramente el espíritu del actual  gobierno sobre la labor de las personas que tenemos independencia de autonomía con respecto a Estado, somos delincuentes, somos delincuentes sospechosos  de estar realizando actividades terroristas, y esa es la narrativa que se promueve contra los sectores democráticos.‘’
    Señaló que las ONG rechazan este registro porque tienen algunos fines contrarios a la Constitución, añadió que se está intentando generar una decisión similar a la que ocurrió el año pasado con los actores políticos, en la cual se ha logrado hasta el momento neutralizar a la clase política y el gobierno intenta también silenciar al resto de la sociedad que viene denunciando las cosas que están ocurriendo en el país.
    Agregó que lo más grave que tiene esta providencia es que en el caso de que se registraran los obliga a entregar toda la información sobre las personas a las cuales atienden, es decir, tendrían que entregar la lista de los beneficiarios, las victimas que acuden a las oficinas en este caso de PROVEA.
    Acotó que esta providencia viene a causa del tema de la cooperación internacional lo cual es un derecho y añadió que PROVEA no es la única Organización que reciben ese apoyo en el financiamiento; sino también las autoridades del Estado venezolano se beneficiando de la cooperación internacional.
    ‘’El gobierno siempre ha intentado criminalizar la recepción de cooperación internacional, porque intentan poder el centro de la discusión en el dinero porque con esto intentan desligitimar el trabajo de las Organizaciones de los Derechos Humanos, intentando decir que somos parte de una élite, que recibimos sumas millonarias.‘’
    Mencionó que ellos van a colocar en el centro de la discusión a los beneficiarios de esos recursos que se van a ver muy afectados por la posibilidad de que se cierren ventanas que puedan ayudar en la visibilizar esta situación.
    ‘’Si esta iniciativa prospera, por supuesto cualquier persona que sea víctima de abuso de poder se va inhibir, se va abstener de ir a una organización, porque no va a querer por supuesto que las autoridades (…) se enteren que está intentando tener justicia por otros mecanismos.‘’
    En entrevista para Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas comentó que en Venezuela se han incorporado a la defensa de los Derechos Humanos según el último censo de una organización hermana se muestra que se contabilizaron más de 600 organizaciones a nivel nacional.

     

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  • Gobierno cumple “parcialmente” con dos de más de sesenta recomendaciones de la ONU

    El 14 de julio fue  publicado el informe de la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, que describe la situación de los venezolanos en la región del Arco Minero del Orinoco.

    En los documentos, no solo se detallan múltiples violaciones de derechos humanos. También se establecen los pasos que debe seguir el estado para atender la crisis humanitaria que afecta al país.

    El coordinador de investigación y difusión de Provea, Marino Alvarado, destacó que el gobierno de Maduro solo ha cumplido parcialmente dos (2) de sesenta (60) recomendaciones realizadas por la alta comisionada.

    Alvarado precisó que son tres los informes presentados desde 2017 por el organismo multilateral.

    Indicó que a la fecha, en el país permanecen tres funcionarios de la oficina de la alta comisionada. Sin embargo, las autoridades no les permiten ingresar a las celdas de los principales cuerpos de inteligencia.

    “No pueden entrar al Dgcim ni al Sebin”, expresó. “Lo otro que han  permitido es el registro de organizaciones sindicales”.

    La relevancia

    Para el defensor de derechos humanos, sigue siendo esencial que los venezolanos exijan el cumplimiento de lo indicado en el informe.

    “Es el deber, pero no somos optimistas”, manifestó.

    “Sabemos que el gobierno no tiene ninguna voluntad de resolver los problemas sino afianzar su autoritarismo y su poder”, dijo.

    Recalcó que  gobiernos y organizaciones de izquierda han tenido que endurecer su postura frente a la administración de Maduro.

    “Con la publicación del informe en 2019, ya no lo decía Provea, a quienes acusan de ser instrumentos de imperialismo, lo decía la Alta Comisionada de DDHH de la ONU”, señaló.

    “Eso llevó a que el Partido Comunista de Chile, pro maduristas, hayan expresado su preocupación”.

     “Ahora, incluso logró un cambió la posición manifestada el gobierno de Argentina”, agregó.

    Escuche la entrevista aquí:

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  • Nicolás Maduro acusó a Provea de ser financiada por la CIA

    Este lunes Nicolás Maduro acusó a la ONG, Provea, de ser un ente financiado por la CIA y afirmó que protegen a los terroristas que atentan contra la estabilidad del país.

    “Sale Provea ahí mismo, una organización financiada por la CIA y que algún día defendió los derechos humanos en el país, salen rápido a darle cobertura a los terroristas», expresó en una transmisión en un canal del estado.

    «Aún cuando ya están capturados, están convictos y ya están confesos. Tenemos el material, el dinero, la droga que los financiaba, las armas y los planes»

    Así mismo, Maduro aseveró que tienen evidencia que comprueba que provea y la oposición atentan en contra de ellos.

    «No son líderes políticos que salen a la calle a luchar por unas ideas, que salen a la calle a defender un proyecto, que salen a la calle a hacer oposición democrática. Son terroristas financiados en el exterior que vienen a matar”, acotó.

    Ante las acusaciones, Provea resaltó que tienen 31 años siendo fieles al compromiso de defender los derechos humanos de los venezolanos y que continuarán trabajando por ello.

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  • Ingreso al Consejo de DDHH no es una victoria para el gobierno

     Carlos Patiño, coordinador de exigibilidad del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), señaló que el ingreso de los presentantes del gobierno de Nicolás Maduro al Consejo de Derechos Humanos “no es una victoria” ya que ahora, la administración actual de Miraflores está en “una situación difícil para negarse a aceptar los mecanismos de control y supervisión” que el propio organismo internacional ha determinado.

     Patiño señaló la posibilidad que la delegación de Maduro “pueda entorpecer” investigaciones o procesos abiertos en su contra, pero, reiteró que el Consejo está integrado por 46 Estados miembros con orientación democrática por lo que ve con dificultad que este último escenario se concrete satisfactoriamente.

    “Entrar en el Consejo los pone en una situación difícil para negarse a aceptar los mecanismos que el propio Consejo ha determinado” expresó. “Entre esos, la Misión de Determinación de los hechos anunciada el mes pasado y a la cual dijeron que no iban dejar entrar” recalcó.

    Una posición similar manifestó la Internacionalista y profesora universitaria, Mirna Yonis, quien recordó que todas las investigaciones e informes consignados ante la máxima organización internacional siguen vigentes a pesar de la incorporación del día de ayer.

    Para Yonis, el resultado de la votación fue producto “del lobby hecho por Maduro en países de Asia y áfrica”, al tiempo que resaltó la necesidad de continuar con “el trabajo técnico” de seguir “alimentando” cada uno de los registros e informes donde se reflejan las violaciones de derechos humanos más elementales por parte del gobierno madurista.

    “Si bien es cierto que hay un brillo diplomático que el gobierno no va a desaprovechar, creo que la realidad es muy contundente. Ahora tendrán que hacer una inversión diplomática mayor para tapar lo que antes se tapaba solo con un discurso en la instancia” afirmó.

    Escuche la entrevista completa haciendo clic acá:

    y Aquí:

    Con fotografía de Sputniknews

  • Provea atribuye ataque de Diosdado Cabello contra ONG al informe de Bachelet

    Tras la advertencia realizada por Diosdado Cabello a Organizaciones No Gubernamentales de sancionarlas por recibir dinero de Estados Unidos, el coordinador general de la ONG Provea, Rafael Uzcátegui, indicó que esta reacción está vinculada al impacto del informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para la ONU.

    “Sería un ataque contra la posibilidad que las personas puedan recibir cooperación internacional para ayudar en la defensa de los DDHH, sería una escalada dentro de la situación de criminalización contra la sociedad civil independiente”, puntualizó Rafael Uzcátegui.

    Especificó que estas amenazas vienen porque en septiembre se lleva a cabo una nueva reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la base del informe de Bachelet, lugar donde se pudieran tomar nuevas decisiones. “Estamos impulsando la conformación de una comisión de investigación que dilucidan casos concretos y establecen responsabilidades y eso es de mucho peso para la Corte Penal Internacional”.

    Uzcátegui informó que las autoridades venezolanas aprovecharon un viaje de los dos oficiales de la ONU para exigirles de manera informal que no podían regresar a Venezuela porque no se les iban a permitir el ingreso y en este momento están negociando este punto, por tal razón,  indicó que está congelada la propuesta de crear una oficina de la ONU en el país.

    El también Sociólogo indicó que tras las experiencias de otros países donde gobiernos autoritarios han promovido leyes para obstaculizar el trabajo de las ONG’s, Provea buscará la manera de continuar apoyando a las víctimas.

    Por último, Uzcátegui señaló que hasta ahora la tendencia es que el ataque y la persecución sean contra defensores de DDHH del interior del país para mandar un mensaje al conjunto.

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