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  • Ezio Angelini «urge modernizar el marco laboral venezolano»

    En una reciente entrevista, Ezio Angelini, ex presidente de Fedecámaras Zulia, analizó los desafíos que enfrenta la productividad en Venezuela. Según el empresario, el marco legal vigente se ha vuelto un obstáculo insalvable tanto para empleadores como para empleados, calificando la normativa actual como «una ley muy ortodoxa» que no responde a la realidad económica del país.

    Uno de los puntos más críticos abordados por Angelini fue el sistema de prestaciones sociales, el cual considera «inmanejable» bajo las condiciones actuales. Explicó que, debido a la hiperinflación y la falta de actualización legal, los ahorros de los trabajadores han perdido su valor real, mientras que las empresas enfrentan pasivos laborales asfixiantes.

    «Hoy en día un trabajador público que vaya a cobrar sus prestaciones sociales, se le volvió agua (…) tenemos que buscar un mecanismo como existe en el resto del mundo y por eso yo hablo de modernidad», señaló Angelini.

    Ante esta situación, destacó que el sector privado ha tenido que adaptarse de forma empírica para garantizar la subsistencia de su personal: «El sector privado está pagando salarios mucho más altos con bonificaciones y las prestaciones quedaron en un segundo plano».

    Para el líder gremial, la solución deberia ser una transformación profunda. Angelini abogó por «empezar de cero», argumentando que «cuando tú empiezas con un árbol torcido, por más de que trates de enderezarlo, sigue torcido». Subrayó que cualquier reforma debe ser producto del diálogo tripartito (Estado, empresarios y trabajadores) y no una imposición gubernamental, para evitar repetir errores del pasado como la ley de 2012.

    Finalmente, hizo un llamado al Estado para permitir la viculación del sector privado en áreas críticas como la electricidad y el agua. «Utiliza al sector privado para ayudarte a resolver el problema… déjenos hacer un diagnóstico y déjenos participar», instó, recordando que la suma de reformas en todos los ámbitos es lo único que permitirá al país entrar en la modernidad y generar empleos formales de calidad.

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  • Reforma socioeconómica: ¿Avance real o más controles?

    En el marco de una agenda legislativa que avanza con una celeridad calificada como «insólita», la Asamblea Nacional de Venezuela discute actualmente la Ley Orgánica de Protección de los Derechos Socioeconómicos. Este instrumento, que busca sustituir el cuestionado esquema de la Ley Orgánica de Precios Justos, plantea un cambio de paradigma en las relaciones entre el Estado, los agentes económicos y los consumidores. Para analizar el alcance de esta propuesta, el abogado Daniel Betancourt Ramírez, especialista en Derecho Administrativo y Financiero, ofreció una visión exhaustiva sobre los avances y riesgos que persisten en el proyecto.

    Según Betancourt, la ley representa una señal positiva para superar la planificación centralizada, aunque advierte sobre la supervivencia de conceptos que podrían comprometer la seguridad jurídica. Uno de los puntos más luminosos es la transformación del procedimiento administrativo hacia un enfoque bilateral y conciliatorio. Al respecto, el profesor destacó: «En la legislación vigente hay procedimientos del Estado contra los agentes económicos y se olvidaron del consumidor. Actualmente el consumidor (…) es parte del procedimiento y puede llegar a la conciliación con quien considere que cometió un ilícito económico». Este cambio sugiere una transición desde el «sometimiento y la arbitrariedad» hacia la resolución racional de diferencias comerciales, siempre que el sistema no termine por extinguir la fuente productiva, pues, como afirma el experto, «una ley extremadamente punitiva no previene el daño social; por el contrario, causa la penumbra».

    A pesar de avances como la eliminación de la multiplicidad de registros y licencias innecesarias —que serían sustituidas por el RIF—, el abogado alerta sobre la aparición de categorías jurídicas indeterminadas que podrían fomentar la discrecionalidad de los funcionarios. El concepto de «precios libres de especulación» ha encendido las alarmas, ya que parece reeditar fórmulas del pasado bajo un nuevo nombre. «Aparece una noción, una definición, que es la de precios libres de especulación, que nos recuerda a un precio regulado, a un precio justo, a un precio controlado (…) El precio es un medio de información de cómo está la economía, y atacar justamente el precio ya sabemos qué ocurre en la economía», sentenció Betancourt. Señala con preocupación que este término sigue atado al binomio de «estructura de costo» y «margen de ganancia», factores que desde 2014 han generado severos fallos de mercado.

    Finalmente, el socio de PTCK enfatizó que el éxito de esta reforma depende de que el legislador garantice la libertad económica como motor de prosperidad. Para el especialista, la viabilidad de la empresa privada es inseparable del bienestar de los trabajadores y la sociedad en general. «El reconocimiento de la labor del empresariado en el país a través de una ley que garantice la libertad económica es lo que genera la prosperidad (…) Hemos visto que en Venezuela el ejercicio de potestades públicas exacerbadas ha sido el remedio peor que la enfermedad». De cara a la segunda discusión en la Asamblea Nacional, el debate se centra en si esta ley logrará ser el instrumento de equilibrio prometido o si los atavismos de la economía planificada terminarán por diluir el esfuerzo de modernización normativa que el país requiere.

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  • Crisis Energética en Venezuela: Análisis y Propuestas desde Monitor Ciudad

    La crisis eléctrica que afecta a Venezuela, se vuelve cada vez más evidente en el interior del país. Jesús Vásquez, director de Monitor Ciudad, plantea que las estrategias claves para lograr una mejora en el sector son: abrirse al capital privado y garantizar seguridad jurídica para atraer inversiones.

    La ONG Monitor Ciudad ha estado analizando la política energética de Venezuela durante el último año, enfocándose no solo en el sector eléctrico, sino también en la extracción de petróleo y la participación privada en estos sectores. Tomando como ejemplo Perú, se menciona que hace 40 años, el país enfrentó problemas similares con interrupciones constantes en su sistema eléctrico, llevándolos a implementar reformas progresivas que desestatizaron su sector eléctrico y promovieron la competencia a través de subastas energéticas; así lo resaltó Vásquez, en el programa «Petroguia», transmitido por Fedecámaras Radio.

    La reforma debe considerar la ley de 2007 que estatizó el sector eléctrico y limitó la participación privada, subrayó el director de Monitor Ciudad. Actualmente, Venezuela produce sólo un tercio de su capacidad instalada de 36,000 megavatios. Debido a diversas razones estructurales, la generación eléctrica depende mayormente de la Central Hidroeléctrica «Simón Bolívar», ubicada en la Represa del Guri.

    Monitor Ciudad propone un esquema descentralizado para mejorar la eficiencia en la generación y distribución eléctrica. La reforma del sector energético debe ir acompañada por cambios en la Ley de Hidrocarburos para fomentar el crecimiento paralelo tanto del sector eléctrico como del gas natural. «La experiencia internacional muestra que un sistema energético confiable puede ofrecer precios accesibles mediante competencia y reformas adecuadas«, señaló

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  • Nueva Directiva de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela propondrá reformas de leyes del sector

    El nuevo presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), abogado Roberto Orta Martínez, informó que una de las prioridades de su gestión será promover propuestas de reformas de las leyes que afectan al sector inmobiliario y las oportunidades de acceso a viviendas por parte de la ciudadanía.

    Orta Martínez se reunió con los medios de comunicación antes del Acto de Juramentación de la Junta Directiva de la CIV para el periodo 2022-2024, que se realizó la tarde de hoy en Teatrex, del edificio sede de Fedecámaras.

    En cuanto a la Ley de Arrendamientos de Vivienda promulgada en 2011, la CIV propondrá mecanismos para la recuperación de la confianza en el arrendamiento de vivienda, equilibrando los derechos de inquilinos y propietarios a través de instrumentos que permitan la negociación de alquileres acordes con la inversión realizada por los propietarios y que puedan cubrir los gastos de mantenimiento y condominio.

    “Muchos propietarios aun perciben alquileres del 2012, último año en que se fijó el metro cuadrado para el cálculo de los montos a pagar por los arrendatarios, por lo que propondremos que las partes puedan fijar de mutuo acuerdo los nuevos cánones, pudiendo hacerlo en bolívares, moneda extranjera o criptomonedas. Esta opción daría la oportunidad de que aproximadamente 500.000 viviendas desocupadas, a raíz de la emigración, pudieran ser ofrecidas en arrendamiento, generando una oferta masiva de viviendas para las familias jóvenes y aquellas que quieran regresar al país”, destacó Orta Martínez.

    De la misma manera la Cámara Inmobiliaria de Venezuela planteará en las mesas de trabajo del Motor Construcción, en las cuales está participando y que son promovidas por el Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat, el retorno de la seguridad jurídica en los casos que los propietarios hayan solicitado ante un tribunal el desalojo por falta de pago o necesidad de la vivienda y tengan sentencias firmes que no hayan podido ejecutar a causa de las restricciones de la Ley contra Desalojos Arbitrarios y un amparo decretado por el Tribunal Supremo de Justicia en 2015 que impiden su ejecución. La CIV estima que 2.500 propietarios esperan ejecutar dichas sentencias y recuperar su propiedad.

    Otra de las leyes a las que formularán propuestas de reforma es a la Ley del Deudor Hipotecario a los efectos de que las hipotecas puedan establecerse en bolívares, moneda extranjera o criptomonedas para así poder impulsar el regreso del financiamiento bancario, solicitando a su vez la disminución del encaje legal bancario para la reactivación de los créditos de vivienda. Además, la CIV promoverá nuevas formas de financiamiento para la construcción y compra de inmuebles a través de la Bolsa de Valores y Fondos de Inversión.

    El nuevo presidente de la CIV resaltó como positiva la restitución del Centro Comercial Sambil La Candelaria, la considera puntual y espera que sea el principio de política continuada por parte del Ejecutivo Nacional de restitución inmuebles y empresas afectadas.

    En esta línea, anunció que la organización gremial planteará al Ejecutivo Nacional la indemnización de otros inmuebles de propiedad privada que fueron ocupados sin pago, como los terrenos y talleres tomados por el método de la ocupación temporal por la Ley Emergencia de Terrenos para la construcción de algunos edificios de la Misión Vivienda.

    Así mismo, la CIV solicitará la devolución o indemnización de 53 edificios que se encontraban vacíos en Caracas y fueron ocupados en la gestión del Exalcalde Metropolitano Juan Barreto en 2006. Orta Martínez espera “que la devolución de inmuebles y empresas afectadas sea una política sostenida y recurrente del Ejecutivo Nacional de ahora en adelante, que generaría confianza en el país y el incremento de la inversión nacional y extranjera”.

    Por otra parte, el presidente manifestó la actual preocupación del sector por los altos aranceles calculados por algunos Registros Inmobiliarios a nivel nacional, lo cual dificulta la compra de viviendas por parte de la ciudadanía.

    En el encuentro fue anunciada la creación del Centro Nacional Estadístico de la CIV que recogerá los datos del sector en todo el país “a los efectos de tener cifras duras”, que serán ofrecidas al Ejecutivo Nacional, Gobernaciones y Alcaldías para el cálculo de impuestos municipales y aranceles de registro inmobiliario.

    Orta Martínez presentó estadísticas actualizadas del sector, entre ellas las del mercado secundario de apartamentos (usados) “los precios se han mantenido desde el 2018 a la fecha sin mayores incrementos. Solo con el regreso de los créditos bancarios, la recuperación de la capacidad de ahorro de la familia venezolana, mayor confianza en el país y mayor seguridad jurídica para inversores nacionales y extranjeras se podrá impulsar el desarrollo del sector inmobiliario y los precios de los inmuebles”.

    El mercado inmobiliario de locales comerciales registró una recuperación del 20% en el 2021, debido a la reactivación de ciertos nichos del comercio como por ejemplo farmacias, restaurantes y supermercados. Mientras que los precios de venta de los locales se han mantenido estables desde el 2018 a la fecha sin mayores incrementos.

    Por su parte, en el mercado de oficinas los precios cayeron levemente en un 5% en 2021, debido a la sobreoferta de este tipo de espacios, la falta de demanda por parte de nuevas empresas causada por la pandemia que promovió el trabajo desde casa, además de la construcción de nuevos edificios sin una demanda suficiente sobre todo en Caracas. A pesar de ello se espera una leve recuperación de este nicho en cantidad de metros cuadrados comercializados para el 2022 debido a la disminución del impacto del Covid-19.

    Nota de prensa

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  • Táchira| El 80 % de las empresas no tienen las máquinas fiscales acondicionadas para ejecutar el IGTF  

    Dilio Hernández, economista, director del CIAP y Asesor de Fedecámaras Táchira explicó que el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) es un impuesto indirecto regresivo con efecto en cascada, es decir, acumulativo a lo largo de la cadena fiscal con graves fallas técnicas y legales para su aplicación, que no distingue entre personas naturales y jurídicas.

    Se carga indiscriminadamente cuando cualquier persona paga en divisas cualquier bien o servicio hecha ante un sujeto pasivo calificado por el SENIAT como contribuyente especial, un supermercado, ferretería, farmacia, etc, que deberá cargar en su  factura un 3 % al valor de la compra si lo cancela en divisas o criptoactivos, diferentes al Petro, con lo cual se afecta su poder adquisitivo sin discriminar si tiene o no recursos, si es rico o pobre.

    «Para las empresas, además de la carga fiscal, constituye un gasto adicional pues debe adquirir o reprogramar las que tiene para adaptarlas a un sistema multimoneda de divisas que no existen en el país, con lo cual técnicamente su aplicación inmediata es un exabrupto, por no decir irresponsable pues genera una larga cadena de vicios, corrupción ,evasión  fiscal ,etc. Del 80 % al 90 % de las empresas no tienen las máquinas fiscales  acondicionadas para ejecutar el impuesto», destaca.

    Desde el punto de vista jurídico, Hernández solicita revisión y reforma «por su carácter regresivo, discriminatorio y de inequidad fiscal, cuyo único beneficio es proporcionarle al Ejecutivo entre el 15 al 17% de los ingresos fiscales del gobierno, superior incluso al ISLR que terminará afectando su poder adquisitivo, elevando el costo de la vida e incrementando la pobreza de un país donde el 90% de su población vive en condiciones de pobreza de ingreso, el 60 al 70 % de las transacciones comerciales se hacen en divisas y las remesas de los más de 6,5 millones de venezolanos que emigraron y envían al país unos $3.000 millones para aliviar la situación de las familias que viven en el país, con una canasta básica de alimentos superior a los $400 mensuales». 

    Concluyeron que es fundamental que la sociedad venezolana, trabajadores, empresarios y sociedad civil organizada, aúnen esfuerzos para solicitar la reforma del impuesto, la posposición de su aplicación hasta que las condiciones técnicas y jurídicas estén dadas para su aplicación como alternativa fiscal para cubrir las necesidades del Estado.

    Nota de prensa

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  • Urge una reforma de la recién promulgada Ley de Registros y Notarías

    El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, La Cámara de Caracas, Leonardo Palacios, fijó posición ante la Reforma de la Ley para Registros y Notarías, cuya aprobación fue hecha sin dar cumplimiento a la consulta pública prevista en el artículo 211 de la Constitución, expresando que en defensa de la propiedad y la libertad económica desde la institución se plantea que debe iniciarse una urgente una reforma de la recién aprobado.

    Uno de los principales cambios en esta ley, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.668 de fecha 16 de diciembre de 2021, es que las tasas de Registros y Notarías serán sobre la base del cripto activo denominado «Petro». Esta medida no solo trae confusión en torno a cómo deben ser calculadas, sino que además a partir de una magnitud inconstitucional –acusado por importantes juristas y Corporaciones Académicas- acarrea incrementos elevadísimos y, por tanto, irracionales.

    El gobierno, expresa Palacios, intensifica la determinación y pago de tributos con el «Petro», sustituyendo la Unidad Tributaria (UT) lo cual supone una dolarización encubierta de la economía. Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Caracas, exige observancia del derecho de propiedad, del ejercicio de la libertad de actividad económica, para lo cual se requiere de formas expeditas y reducción de abierta discrecionalidad para evitar expresiones impropias de la función registral que sean caldo de cultivo de prácticas contrarias a los principios constitucionales, que rigen la Administración Pública.

    El respeto al derecho fundamental a una buena Administración Pública o derecho al buen gobierno, exige formas no engorrosas registrales para garantizar el derecho de propiedad frente a agentes económicos privados y frente al propio Estado en cualquiera de sus manifestaciones.

    Si el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional son sinceros y coherentes en cuanto al deseo de atracción de la inversiones nacionales y extrajeras, la reactivación y recuperación económica, deben en ejercicio de la iniciativa de ley constitucionalmente atribuida, proceder en un término perentorio a la presentación de un Proyecto de Ley de Reforma parcial de la Ley de Registros y Notarías, que:

    1. Contemple formas expeditas registrales y notariales,
    2. Reducción de la discrecionalidad que genera corruptelas, retardos y costos transaccionales paralelos.
    1. Disminución y sinceración de las magnitudes y alícuotas de determinación de impuestos y tasas, como por ejemplo del impuesto a las transacciones inmobiliarias que fue elevado de 0,6 a 2 en el último tramo de las los derechos de terceros
    1. Definir una carrera administrativa registral y notarial para evitar la improvisación, la piratería y el deterioro de esta importante función del Estado.
    “La seguridad jurídica y la racionalidad de la tributación son valores esenciales de un sistema tributario democrático, evitando formas de exacción que hacen ilusorio el ejercicio de derechos fundamentales del ciudadano y de las empresas.”, recalca Palacios.

    El presidente de esta instancia empresarial y ex presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario insta a los órganos del Poder Público a evitar la consumación de la violación al derecho a una buena administración, cercenando los derechos de todos los venezolanos y alentando a formas de actuación funcionarial anómicas que atentan contra el propio Estado, al afectar su capacidad recaudatoria.

    “Una ley simple, transparente, con tributos racionales y exigencias de formación y experiencia funcionarial, un proceso de discusión abierta con todos los sectores económicos involucrados Colegio Abogados asegura la ganancia de todos- el Estado y los particulares- se reactiva la económica y se establecen bases ancladas en la seguridad jurídica, es el objetivo común y perseguido por todos”, concluye Palacios.

    Nota de prensa Cámara de Comercio, Industria y Servicio

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  • Puente: Venezuela podría seguir siendo el país con peor desempeño macroeconómico del mundo

    El economista José Manuel Puente comentó que en Venezuela será necesario crear nuevas reconversiones monetarias mientras siga existiendo hiperinflación y devaluación sistemática del tipo de cambio

    Indicó que actualmente el billete más alto que existe es el de 1 millón de bolívares soberanos y equivale a 25 centavos de dólar, agregó que prácticamente ‘’es un billete que no tiene ninguna capacidad de pago’’ y que con el mismo se logra cancelar un boleto de transporte público o unos pocos litros de gasolina subsidiada.

    A su juicio, los venezolanos ante la pérdida de capacidad de compra del bolívar se han refugiado en el dólar y es esta razón por la que se haya dado la dolarización de facto, puesto que han buscado la forma de así poder realizar las transacciones diarias que se requieren para los pagos y también la escogen, ya que pueden preservar el valor de su dinero en el tiempo.

    Agregó que en ese contexto ‘’es evidente que el gobierno va a volver a eliminar ceros de la moneda, probablemente va  tener que emitir un nuevo cono monetario, y probablemente eliminaría 3, 6 o 9 ceros de la moneda para poder hacer viables las transacciones.’’

    Afirmó que mientras el Gobierno no ataque el problema que es de origen macroeconómico (Devaluación, Hiperinflación) no se resolverá los problemas fiscales en el país.

    Señaló que Venezuela tiene una hiperinflación mil veces superior a la de otros países de la región como El Salvador, Ecuador, Perú y Chile que mantienen una inflación de un solo dígito, mencionó que el Estado debería analizar qué están haciendo estos países para mantener su inflación a un nivel promedio .

    En entrevista para Fedecámaras Radio destacó que el Gobierno de Venezuela se basa en preservar el poder y no en manejar la economía, puesto que el país ya tiene 8 años en recesión y 4 años de hiperinflación.

    Explicó que Venezuela tendrá que ir a un programa de reformas integrales muy complejo y la primera etapa de las reformas no será económica sino política, ya que el Gobierno actual no tiene forma de implementar exitosamente un programa de estabilización que recupere el crecimiento, que controle la inflación y se tenga un pleno abastecimiento de la economía.

    Para concluir acotó que la crisis que vive Venezuela comenzó en el año 2014 en donde inició un ciclo recesivo, esto se agudizó con la caída del petróleo, las sanciones por organismos internacionales y por último la pandemia; y que para cuando termine la pandemia si no hay un cambio político y un cambio de 180 grados en las opciones de política económica, se continuará por el camino del desastre siendo el país con el peor desempeño macroeconómico del mundo.

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  • Colombia| Protestas han dejado cifra de 30 muertos y 500 heridos

    Esteban Vargas, periodista de Caracol Internacional, indicó que la situación en Colombia sigue estando tensa tras las protestas que han emprendido los ciudadanos por una semana consecutiva. A su juicio, las protesta comienzan de forma pacífica y terminan volviéndose violentas
    Añadió que las protestas iniciaron cuando el Presidente de Colombia Iván Duque, planteó la idea de hacer una reforma tributaria y esto ‘’caldeó todos los ánimos’’ provocando que las personas salieran a la calle, acotó que en el país ya venían con problemas estructurales de salud, educación y en otros ámbitos.
    ‘’Todos los gremios tenían su forma de que no la estaban pasando bien su gremios, y por eso cada uno ahora ya salió a las calles desde hace ya una semana, y a pesar de las decisiones del presidente Duque de retirar la reforma tributaria, la gente sigue saliendo porque los problemas estructurales de cada uno de sus gremios son tan grandes que realmente prefieren estar en las calles hasta que eso se solucione.’’
    Comentó que es necesario llevar a cabo un gran pacto nacional en donde dialoguen todos los sectores con el Presidente Iván Duque para poder llegar a un acuerdo sobre las exigencias de cada uno.
    Acotó que ha habido abusos de autoridad por parte de la Policía y de miembros de la Fuerza Pública, agregó que ‘’Sobre todo en las noches, ellos han sacado sus armas, han disparado contra la población, (…) hasta el momento hay más de 30 muertos por estas manifestaciones, y entre 400 heridos, más de 100 policías también heridos, 1 de ellos muerto por arma blanca.’’
    En este sentido, el periodista señaló que en el país funcionan múltiples ONG que se mantienen registrando las cifras las víctimas de estas protestas y de las violaciones a los Derechos Humanos en las mismas, e incluso el Defensor del Pueblo acompaña las manifestaciones.
    Vargas mencionó que en Colombia se registra diariamente la cifra de 400 muertos por COVID-19, que es una cifra de las que no se ha logrado bajar y que las cifras de contagiados llegan a 10 mil ciudadanos diarios.
    Añadió que hay muchos lugares del país que están teniendo problemas para abastecerse de alimentos y gasolina ocasionada por las protestas, agregó que los camioneros también se mantenían cerrando vías importantes del país, pero ya estos retiraron sus vehículos y se están trasladando mejor los alimentos para su distribución.
    Respecto a las acusaciones del expresidente de Ecuador, Lenín Moreno contra el Presidente de Venezuela Nicolás Maduro, donde alega que éste está involucrado en factores políticos que desencadenaron la violencia que se está viendo en Colombia; a esto respondió que en el programa Testigo Directo de Caracol Internacional se publicó un reportaje en el cual hay un fragmento de un video enviado por un Organismos de Inteligencia donde esta un venezolano diciendo que todo es orquestado por Nicolás Maduro, indicó que este video es confiable porque fue enviado por un miembro de las altas esferas de la policía.
    ‘’Sin embargo, también siento que es una de las estrategias para poder desmeritar un poco la manifestación social, y si bien pienso que no debe ser un secreto que de alguna forma se debe estar avivando la llama con ayuda de organizaciones criminales.’’
    En entrevista para Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas concluyó diciendo que no cree que Iván Duque se arriesgue a relanzarse a la presidencia de Colombia, ya que su período ha sido nefasto, agregó que para volver a ganar el apoyo de los ciudadanos es necesario que ceda y escuche a las organizaciones sociales y a los mismos ciudadanos para trabajar juntos.

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  • Nueva Ley de Aduanas solo tendrá incidencia en costos sancionatorios

    La reforma de la Ley de Aduanas no tendrá incidencia directa «en la gestión sino en los costos sancionatorios», y es algo que obligará a las empresas a tomar previsiones ante la norma.

    Así lo advirtió Pedro Mojica, abogado y técnico aduanero, sobre la modificación de las sanciones que serán impuestas considerando el tipo de cambio oficial.

    “Tanto agentes de aduana, almacenes, transportes y empresas tienen que estar atentos para conocer la forma de cálculo de la sanción”

    Dentro de las modificaciones los tipos sancionatorios no han cambiado, indicó, ya que “no hay cambios sensibles en términos de procedimiento, lo que hay es un incremento importante en los costos de las sanciones”.

    Considera que hay dos elementos a tomar en cuenta, uno en términos de atribuciones del presidente de la república y el ministro de finanzas.

    Así como la posibilidad de que el ejecutivo cambie regímenes, inclusive sancionatorios a los auxiliares de administración aduanera.

    No obstante, destacó que el tema de impacto directo en aduanas es el mecanismo de actualización que se ha utilizado para todas las sanciones.

    “Antes de esta ley, todas las sanciones en aduanas se formularon en unidades tributarias, ahora cambian como unidad y ahora se va a utilizar es el tipo de cambio de la moneda de mayor valor que está establecido en el BCV”

    Algo que en un momento determinado hará que las sanciones se vayan actualizando en función de la modificación del tipo de cambio, por lo que recomendó a las empresas tomar previsiones.

    Dudas económicas en la reforma

    El también abogado y técnico aduanero, Julio Carrazana coincidió con Mojica, quien estableció que la quinta modificación impuesta por la Asamblea Nacional Constituyente, deja varias dudas.

    “Hubiese preferido que se hiciera un estudio sobre este tipo de sanciones, ya que se está aplicando a una moneda que no es la de nosotros, ni está al cambio oficial”

    Es así que dijo que hace falta un estudio exhaustivo, porque tampoco se basa en el índice de precios de consumidor y del nivel de inflación que existe actualmente en el país.

    Por lo que reflexionó sobre qué pilares económicos está sostenido, debido a que el nivel de las sanciones son demasiado altas.

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