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  • Joven es fusilado en La Carlota por organismo del estado

    Las acciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) el día de ayer, 22 de junio, trajeron como resultado el “fusilamiento” del joven de 22 años, David Vallenilla en manifestación en La Carlota; así lo expresó a los medios en un comunicado de la Presidente de la Organización No Gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien además dijo que se hizo “sin respetar las reglas del uso proporcional de la fuerza”.

    En este sentido, cuestionó a los sargentos de la aviación militar que, «protegidos por una reja de seguridad, accionaron sus armas contra el joven y contra los manifestantes que allí se encontraban”. “Ahí lo que queda es la falta de supervisión, la falta de rectificación de un patrón de conducta enmarcado en un discurso de odio que vincula a los manifestantes como enemigos”, aseveró.

    “Lo que distingue a un grupo de Fuerza Armada Estatal de una banda de criminales, es que están regidos por la disciplina, la obediencia, la subordinación, el estado de derecho”, exhortó la presidenta de la ONG Control Ciudadano.

    A ochenta y un días de protesta, con más de 70 fallecidos, esta ONG  “señaló que esos funcionarios incurrieron en delito al ordenar disparar contra jóvenes” y que si estuviésemos en un país con estado de derecho, los funcionarios y sus superiores “ya hubiese sido destituido y puesto a las órdenes de tribunales”, informó San Miguel.

    También, dejó claro que “la base de La Carlota funciona como cementera y para guardar cachivaches”; y por supuesto el comportamiento de los funcionarios de la FANB en estas últimas semanas, “no me cabe la menor duda, de que es un patrón de comportamiento”, que han introducido en su instrucción.

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  • La sociedad civil protesta con el Art. 350 o sin él

    En el marco de lo que han sido estos ochenta y un días de protesta, las cuales han dejado un saldo de 75 fallecidos, registrados por el Ministerio Público, el politólogo Oswaldo Ramírez dice que “la realidad es que la gente sigue en la calle. El tema de las protestas no para”.

    En este sentido, expresó que “el tema principal es la protesta política, donde el 35 % ha sido reprimida” por las fuerzas del estado venezolano, entre ellas funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional y los colectivos adeptos al régimen de Nicolás Maduro.

    En cuanto a la aplicación o puesta en práctica del Art 350 de la Constitución del año 99, el cual se ha discutido la última semana, la gente aun desconoce el trasfondo de lo que implica. Por ende, las protestas podrían mantenerse o no en el tiempo, pero explicó Ramírez que “eso sigue en el terreno desde el primer día y quizá se había tardado en el anuncio, en ese proceso de desconocimiento del régimen”.

    Asimismo, el director de ORC-Consultores manifestó que ”nosotros de los últimos escenarios que montamos, prácticamente todos los escenarios tienen implícito el conflicto; (…) la búsqueda desesperada de tratar de revertir esta situación de crisis”, ya que las personas protestan por los problemas que se suman día a día, como son: la falta de agua, la falta de gas, la falta de comida, la falta de seguridad, el hambre, el desempleo, etc.

    Se ha planteado que “hay una tormenta perfecta”; además de que entre ambos bandos “el poder está hiper fragmentado (…); y por otro lado, la oposición partida en dos grandes pedazos”, cada uno con ciertas diferencias y objetivos distintos.

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  • Lexys Rendón: La Carlota se tiñó de sangre con el fusilamiento atroz de David Vallenilla

    Entorno a los actos represivos por los cuerpos de seguridad del estado durante 83 días de protestas antigubernamentales que han dejado un saldo de 75 fallecidos siendo el mas reciente David Vallenilla, la coordinadora de Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, asegura que para las organizaciones defensoras de DDHH, “ya es una claridad de que es un patrón y no solamente uso desproporcional de la fuerza”, o hechos aislados.

    Rendón, indicó que dichos casos de represión han sido alertados y “hemos dicho que esto tiene que cambiarse” y mostró preocupación por su escalada en las últimas semanas, donde se ha registrado el uso de armas de fuego, propinando “disparos directos hacia los manifestantes indefensos, que no tienen otra cosa que un escudo, una piedra y lamentablemente, no está sucediendo solamente en Caracas, sino en todo el país”.

    En este sentido, insistió en que “lamentablemente, hay un patrón, hay una orden o por lo menos de omisión de no hacer nada en caso de que esto suceda”.

    Respecto a los nuevos funcionarios de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Rendón enfatizó en que “se estrenan bastante mal, con una actuación bastante indebida de lo que tiene que ser el control de las manifestaciones”.

    La Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda “La Carlota” debería ser un parque de civiles con una universidad, como se prometió en el 2011, ahora, “se tiñe de la sangre de ese fusilamiento atroz que vimos ayer, 22 de junio, en las inmediaciones de la autopista”, lamentó Rendón, refiriéndose a la muerte del joven de 22 años, David Vallenilla. “Me imagino que el Mayor General Iván Hidalgo, que es el nuevo comandante de la aviación, tendrá que responder sobre la actuación de estos funcionarios”, aseveró.

    Por su parte, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, “no está entendiendo la situación y están asumiendo algunas posturas para tratar de justificar y garantizar impunidad a estos funcionarios, (…) ante evidencias que son muy claras”, porque “este funcionario no tenía por qué estar armado en primera línea, ni acercarse a disparar a corta distancia a manifestantes”, aunque La Carlota, todavía sea considera un área militar y pudiera tener algunas restricciones para lo que son las acciones en sus alrededores, manifestó Rendón.

    Para la coordinadora del Laboratorio de Paz, es “inaceptable” lo que se está realizando como protocolos para el tratamiento de manifestantes, incluso acciones que dejan ver cierta “alevosía”, expresó.

    Rendón, explicó que el caso del joven Vallenilla lo tomó la Fiscalía Militar, pero “esto es contrario a los estándares en materia de los DDHH” porque, si bien, “este fusilamiento, esta violación a los derechos humanos lo cometió un militar, la hizo contra un civil, en unas condiciones de manifestación y tiene unas características que obligan que la investigación sea realizada por la justicia civil”.

    Asimismo, recalcó que “se está violentando el estado de derecho, la posibilidad de que haya investigaciones claras, precisas, abiertas, transparentes, para que no haya impunidad en estos casos y seguimos insistiendo, esto es contrario a los estándares de DDHH”.

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  • La constituyente implica un gasto innecesario

    En cuanto al costo que implica la realización de la constituyente que no beneficia al país, que ya tiene suficientes problemas para tener que sumar otro proyecto inconcluso, hay mucho que decir. No queda duda que proceso poco planificado generará un gasto innecesario a la nación que pudiese ser invertido en solventar otras situaciones que aquejan al venezolano.

    En ese sentido la economista Karelys Abarca conversó en el programa «Mesa de análisis» junto a Rocío Guijarro y Alicia Sepulveda miembros del Observatorio Económico Legislativo de CEDICE,  explicó que muchas organizaciones han cerrado sus operaciones en el país y ha dejado a miles de venezolanos sin sustento porque el gobierno «ni siquiera tiene divisas para darle a las empresas, para mitigar los problemas que hay«, expresó la economista y profesora universitaria.

    «lo que mueve a la gente son sus problemas, sus necesidades» y como esta convocatoria «no estaba calculada en el presupuesto de la nación«, es decir, que era desconocido, debido a que la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente fue creada de la nada.

    Es necesario aplicar un referéndum consultivo, y permitirle al venezolano decidir si quiere ir a un proceso constituyente; «además de que si no fuese aprobada sería un ahorro significativo, el cual, el dinero puede servir para solventar parte de los conflictos que padece el pueblo«.

    Puntualizó, que «en el Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad hemos notado que la deuda externa es muy alta y no nos damos basto con la exportación de barriles de petróleo que tenemos actualmente«.

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  • Luis Alberto Buttó: “se ha dejado en evidencia el carácter represivo y autoritario del gobierno”

    La situación sociopolítica que han enfrentado los venezolanos durante los más de 80 días de manifestaciones en la calle ha tenido como respuesta del gobierno, «la represión», manifestó el Doctor en Historia, profesor investigador del Centro Latinoamericano de Estudios de Seguridad y miembro de la Asociación de Profesores  de la Universidad Simón Bolívar (USB), Luis Alberto Buttó.

    En este sentido, reconoció el avance de la comunidad venezolana en la importancia del ciudadano como comunicador por redes sociales y los medios independientes que cumplen con informar, ante «el carácter represivo y autoritario del gobierno”.

    También, el Doctor en historia destacó que los venezolanos han logrado demostrar que la convicción democrática del pueblo no se doblega ante la represión y “lo determinante es la cantidad de la gente que sigue movilizándose a las calles” porque «el Gobierno revolucionario no cree en democracia, no cree en soberanía popular, ni en alternancia del poder”.

    Butto, indicó que es importante el hecho que después de 80 días de represión fuerte y continua, “los manifestantes se mantienen en la calle y eso es un indicador claro de que esto se encamina a un cambio”, puesto que los mecanismos represivos en algún momento dejan de funcionar frente a esta resiliencia. “La represión es un jabón que se desgasta y deja de servir”, aseveró.

    Por otra parte, el histpriador mostró inquietud con respecto a una posible guerra civil, pues los únicos grupos armados forman parte del mismo Gobierno y cree que la única salida de esta problemática es pacífica, “hay una convicción de dirimir esto de forma pacífica y por los canales democráticos”.

    Finalmente, Buttó, quien se mostró optimista, dijo: “A la larga, esto tendrá un desenlace y no me cabe duda de que será favorable para quienes quieren vivir en democracia”.

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  • Venezuela no ha aplicado las normativas legales ante derrame petrolero

    El gobierno venezolano informó que se han logrado sanear las costas de la isla de Margarita, la Orchila y el Archipiélago de los Roques, que se habían visto afectadas por el derrame petrolero producido en el tanque 70 de la refinería Pointe-à-Pierre  de la empresa estatal Petrotrin, de la República de Trinidad y Tobago, ocurrido el 23 de abril. Sin embargo, continúa las labores de limpieza en el golfo y la península de Paria.

    «El gobierno venezolano a través del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MinCI) declaró que se han recolectado hasta ahora 1743 m³ de material petrolizado en las áreas afectadas que fueron afectadas, principalmente en el estado Sucre», indicó Zoyla Martínez (@zoylamartinez), directora ejecutiva de la ONG Vitalis Venezuela (@ONGVitalis)

    No obstante, la directora ejecutiva aseguró que no es lo mismo hablar de la cantidad en cuanto a material petrolizado y otra el afirmar que está totalmente saneado, porque a pesar de haber retirado los residuos debe evaluarse cómo afectó este material en el ecosistema.

    «Una cosa es recolectar el material petrolizado y otra es ver cuánto afectó en el hábitat, en el ecosistema», manifestó Martínez.

    La representante de Vitalis Venezuela resaltó que en el país existe una amplia normativa legal ambiental, específicamente vinculada a la parte petrolera, donde se establecen una serie de normas y actividades que deben ser aplicadas cuando ocurre un derrame petrolero en las que se encuentra la realización de un estudio de impacto ambiental y sociocultural.

    «Con base en eso se debe estimar cuáles son los daños, cuál es su tiempo estimado de recuperación a corto, mediano y largo plazo y, con base en eso, fijar una taza de penalización para poder pasarle la factura a Trinidad y Tobago», estableció Zoyla Martínez.

    Asimismo declaró que 71 organizaciones ambientalistas, acompañado de una rueda de prensa realizada en la Isla de Margarita, enviaron una solicitud al gobierno venezolano para que se ejecutaran las normativas establecidas de cara al impacto y entregaran los estudios preliminares en los que se basan para declarar estas zonas como saneada.

    «El derrame está afectando un patrimonio y esta afectación debe ser de alguna manera resarcida por el que la ocasionó y no nos han dado respuesta todavía», aseguró Martínez.

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  • Hospital J. M. de los Ríos en cuarentena por brote de lechina

    El servicio de nefrología del Hospital J. M. de los Ríos se encuentra en cuarentena desde el 16 de junio por un brote de varicela, mejor conocida como » lechina «, manifestó el doctor infectólogo y pediatra, José Félix García y explicó que el  área está aislada «para mantener a los demás pacientes fuera de peligro».

    «El J. M. de los Ríos es una casa vieja y ya tiene una infraestructura muy deteriorada», sumado a que el presupuesto que cubre este centro médico es reducido y suele acabarse en los primeros tres meses, comentó el doctor García y destacó como punto positivo el sostenimiento de la docencia con el fin de entrenar jóvenes estudiantes de medicina porque «el hospital se mantiene por su talento humano, sus 34 especialidades pediátricas, (…) los postgrados de la Universidad Central Venezolana (UCV)».

    Además, informó que el hospital ha dejado de ser un centro de asistencia caraqueño para pasar a uno nacional, ya que “el 52 % de los usuarios viene de afuera (…) Atendemos alrededor de 500 a 800 pacientes por día”, enfatizó.

    En cuanto a los suministros, estos suelen ser muy escasos, casi siempre «hace falta hipertensivos, antibióticos, medicamentos para los niños (…) a veces, ni siquiera hay suero«.

    Con respecto a la varicela, explicó que «los niños con lechina son aislados para controlar su propagación (…) hace 5 años que no tenemos vacunas«, lo que ha hecho que los brotes se incrementen y propaguen. En este sentido, explicó que “el problema actual de la lechina es que no tenemos vacunas y al no tener vacunas, la enfermedad va a rodar libremente por nuestra comunidad”.

    En el pasado, las madres llevaban a sus hijos con un contagiado de lechina para que le diera esta enfermedad, pero, “con el tiempo, hemos visto cepas más virulentas y complicaciones espantosas” y aunado a la falta de vacunas, «esta práctica se ha visto reducida», aseveró el infectó y pediatra.

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  • Asdrúbal Oliveros: “el Dicom es el mismo error una y otra vez”

    Durante el mes de junio se han realizado cuatro subastas del Dicom. El Dicom es el sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado donde las personas naturales podrán comprar hasta 500 dólares trimestrales y las personas jurídicas hasta un máximo de 400.000 dólares cada mes. Este nuevo mecanismo vino a sustituir al Sistema Marginal de Divisas (Simadi), que vendía dólares a unos 727 bolívares.

    El economista y director de Econoanalítica, Asdrúbal Oliveros, manifestó que el Dicom es el quinto esquema cambiario que impone el gobierno de Nicolás Maduro. Aseguró que “el Dicom es el mismo error una y otra vez” este sistema mantiene las mismas fallas que mecanismos anteriores, lo calificó como un sistema que no reconoce la interacción de oferta y demanda, y que además profundiza las mismas distorsiones económicas causadas en años anteriores.

    Oliveros comentó que entre sus fallas radica el precio, ya que está alejado de la realidad o de la percepción que tienen los agentes económicos de lo que debe ser el valor del tipo de cambio. Por lo que recurren a la cotización del dólar paralelo ya que es la única referencia que tienen los agentes económicos del país por ser el único al que se puede acceder con “libertad”.

    “La única salida que tiene el gobierno de salir de ello es reconociéndolo” si a este tipo de divisa se le asigna un precio que se asemeje al llamado “dólar negro”, provocaría a que la empresa privada quiera vender sus dólares allí y esto generaría un incremento en la oferta por ser un tipo de cambio oficial.

    Otra manera posible es bajar los números en la demanda, ya que al igualarlo en precio con el dólar paralelo provocaría que no se adjudicaran más de lo posible, como causa de un tipo de cambio caro. “Yo le hubiese metido un freno a la demanda, hubiese incrementado la oferta y a la larga con cuatro subastas hubiese provocado una baja en el marcador de precio del mercado negro” afirmó Oliveros.

    De acuerdo al tema inflacionario, el director de Ecoanalítica, indicó que durante los primeros cinco meses del año la inflación promedio ha sido de 19.2% por mes lo que causa una tasa acumulada de enero a mayo de 139.6%, ubicando la tasa anual que corresponde a mayo del 2016/2017 de 718%.

    “Nuestro estimado de inflación era de 850% pero yo estoy pensando que ese estimado se va a quedar corto por lo que proyectamos al 1000%” dijo Oliveros mientras expresó que la razón se debe a la distorsión del dólar negro como también el precio del Dicom, lo que terminará afectando al mercado de alimentos, aseo personal entre otros.

    Desde Ecoanalítica se hace una medición de un tipo de cambio de paridad y establecen que la última tasa calculada en mayo se ubica en 2500 bolívares por dólar “estimamos que para finales de junio el nivel supere los 3000Bsf, un nivel bastante alto que sigue estando por debajo del precio del dólar paralelo” aseguró el economista.

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  • Javier I. Mayorca: El Gobierno está comprando lealtad de la FANB

    El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este martes 20 de junio cambios en el cuadro de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ( FANB ). Entre las modificaciones, se vio la ratificación del General en Jefe Vladimir Padrino López como Ministro de la Defensa, quien asumió el cargo en octubre del año 2014 en sustitución de la actual ministra del Despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez.

    Además, el jefe de Estado designó al almirante Remigio Ceballos como jefe del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), mientras que el Mayor General José Ornelas Ferreira quedó como nuevo jefe del Estado Mayor del Ceofanb. No obstante, una de las decisiones más controversiales fue la destitución de Antonio Benavides Torres como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

    El periodista especializado en criminología y fuerzas policiales, Javier Ignacio Mayorca indicó como afectarían estos cambios y cuáles serían las consecuencias para la ciudadanía y los cuerpos militares, “los grandes perdedores a la luz de estos cambios han sido los comandantes del ejército y la aviación que quedaron por fuera”. Asimismo, aseveró que «es un secreto a voces que los altos mandos de estas fuerzas armadas ya habían manifestado su descontento con la aplicación de la Asamblea Nacional Constituyente».

    Asimismo, hizo énfasis en que este tipo de eventos y cambios estaban previstos todos los años para el primer trimestre de julio y este año no fue así, la causa de esto es la necesidad de “quitar de su camino a quienes retrasarían su proceso para la constituyente”, lo que calificó como «predecible».

    Finalmente, Mayorca afirmó que “con estos cambios se está comprando lealtad de las fuerzas armadas” y que no afectaran positivamente a la ciudadanía, pues explicó que estas nuevas personas designadas al mando de las fuerzas armadas son “de la misma calaña” y es posible que se sigan violando los derechos humanos en las manifestaciones.

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  • Juan Carlos Apitz: La justicia y democracia venezolana están secuestradas

    Juan Carlos Apitz, abogado y profesor universitario, quien actualmente forma parte de la comisión designada por la Asamblea Nacional, que está estudiando los casos de personas que puedan llegar a ser los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), manifestó que actualmente se muestra satisfecho por la asistencia masiva de abogados que se postulan para formar parte de un proceso que según él, pretende “rescatar la democracia venezolana y justicia que hoy está secuestrada”.

    “En la designación de magistrados del 2015 se cometieron muchas irregularidades, que pretendemos eliminar para realizar los procesos dentro de los márgenes de la ley”, expresó Apitz. En este sentido, indicó que el actual TSJ no garantiza «imparcialidad» y el trabajo de la comisión es «encontrar las personas que sí lo hagan, (…) dándole prioridad a aquellos que tengan estudios prolongados en ciencia jurídica y experiencia en la ciencia judicial».

    Respecto a la decisión de la sala plena del TSJ que aprobó el antejuicio de mérito a la fiscal Luisa Ortega Díaz, el abogado explicó que esto solo admite «el procedimiento de remoción que esta en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, no admite un antejuicio de mérito para enjuiciar penalmente a la fiscal». «Ésta sólo autorizará la remoción de la Fiscal si la Asamblea Nacional lo aprueba», añadió.

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