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  • Acceso a la Justicia: Activistas de Azul Positivo jamás tuvieron que ser detenidos

    Ali Daniels, abogado y director de Acceso a la Justicia, catalogó de injusto que 5 venezolanos que se hayan dedicado en su vida a apoyar con alimentos a las personas más vulnerables del país se les haya detenido desde el pasado 12 de enero y sean liberados pero con una medida cautelar.

    El especialista durante el programa Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas, indicó que hay un doble discurso y una «hipocresía institucional» porque dichas personas jamás cometieron algún delito y fueron detenidas. En el caso contrario, de los ex gerentes de Pdvsa Gas a quienes se les otorgó casa por cárcel.

    «Cuando se trata de personas que están tratando la crisis humanitaria ahí sí aplican todo tipo de limitaciones que no proceden. Eso pone en evidencia que en Venezuela no hay justicia y la misma es un simple instrumento que hacen lo que les ordenan»

    El pasado miércoles 10 de febrero los venezolanos Layner Gutiérrez, Yordy Bermúdez, Johan León, Alejandro Gómez y Luis Ferrebus, miembros de la ONG Azul Positivo recibieron una medida sustitutiva de la privativa de libertad.

    En ese sentido, dicha medida cautelar implica que cada uno deberá presentarse cada 30 días en los tribunales.

    “El hecho de que estas personas estén en libertad, para nosotros en primera instancia es una gran alegría y sobre todo un gran refuerzo para seguir luchando por su libertad plena”

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  • Cuarentena también paraliza al poder judicial

    Para el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, el Estado venezolano justifica su inacción en materia judicial amparándose en la cuarentena por la Covid-19.

    Tras las medidas de confinamiento decretadas por el ejecutivo, Daniels precisó que los tribunales solo reciben actuaciones de detenciones en flagrancia.

    “Pero, por ejemplo, si una mujer tiene una amenaza por parte de su pareja, no hay manera de interponer una solicitud de medida cautelar”, expresó.

    “La pandemia ha demostrado es que la inacción no es una política contingente del gobierno, lo contrario es parte de su actuar cotidiano”, dijo

    “Abren las peluquerías y los talleres mecánicos, pero los tribunales no”

    El especialista denunció que hay privados de libertad con su sentencia cumplida, pero que no han podido salir porque no hay despacho en los tribunales.

    Un marco que no está claro

    El representante de la ONG lamentó que los derechos de los ciudadanos sean vistos por las autoridades como una especie de formalidad.

    Alertó que pasados cinco meses de decretado el Estado de Alarma, cada entidad del país impone medidas de confinamiento a discreción.

    En muchos casos no informan a las personas las medidas de restricción de tránsito.

    “El artículo 339 de la Constitución señala que el decreto que limite o suspenda derechos debe establecer las reglas que regulen esa limitación o suspensión”, indicó.

     “Nunca se ha dicho cómo se regulará el estado de alarma, o si los alcaldes y gobernadores pueden actuar como delegados del gobierno”

    Enfatizó que las garantías de la población durante el tiempo que dure la cuarentena, no deben depender de las decisiones tomadas por el funcionario de turno.

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