Vladimir Alvarado director para La Paz y los derechos humanos de la Universidad Central de Venezuela, aclaró que, aunque una edificación colapse por completo (citando como ejemplo el caso de los edificios del sector El Petunia), los propietarios supervivientes o sus herederos no pierden sus derechos, ya que siguen siendo dueños de un porcentaje proporcional del terreno de acuerdo a lo establecido por la ley de condominio.
Por su parte, Alvarado destacó que áreas como el estado La Guaira, donde existen zonas de alto riesgo en las que presuntamente no se volverá a construir —o donde el diseño urbano cambiará para dar paso a obras públicas como autopistas—, la toma del terreno califica jurídicamente como una expropiación.
Según Alvarado , el impacto colateral de la desaparición jurídica va tomar su tiempo en ser resuelto , debido al el estatus a través de los tribunales. Esto es un paso crítico y urgente para la propiedad, ya que hasta que no se complete este trámite (que puede demorar de 2 a 3 años), las familias enfrentan trabas legales para poder acceder, reclamar o heredar los bienes, las cuentas bancarias (tanto en Venezuela como en el exterior), las liquidaciones y las pensiones de las víctimas.
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