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Etiqueta: DDHH

  • El estatus legal de los terrenos tras el colapso de edificaciones

    Vladimir Alvarado director para La Paz y los derechos humanos de la Universidad Central de Venezuela, aclaró que, aunque una edificación colapse por completo (citando como ejemplo el caso de los edificios del sector El Petunia), los propietarios supervivientes o sus herederos no pierden sus derechos, ya que siguen siendo dueños de un porcentaje proporcional del terreno de acuerdo a lo establecido por la ley de condominio.

    Por su parte, Alvarado destacó que áreas como el estado La Guaira, donde existen zonas de alto riesgo en las que presuntamente no se volverá a construir —o donde el diseño urbano cambiará para dar paso a obras públicas como autopistas—, la toma del terreno califica jurídicamente como una expropiación.

    Foto María Emilia Pineda

    Según Alvarado , el impacto colateral de la desaparición jurídica va tomar su tiempo en ser resuelto , debido al el estatus a través de los tribunales. Esto es un paso crítico y urgente para la propiedad, ya que hasta que no se complete este trámite (que puede demorar de 2 a 3 años), las familias enfrentan trabas legales para poder acceder, reclamar o heredar los bienes, las cuentas bancarias (tanto en Venezuela como en el exterior), las liquidaciones y las pensiones de las víctimas.

    Escucha la entrevista completa haciendo clic aquí:

  • Conozca como «Gritemos con Brío» propone crear espacios seguros en las universidades

    La plataforma de activismo “Gritemos con Brío” en alianza con “Todos por la Educación”, se encuentra en la promoción de conversatorios en las universidades del país, a fin de erradicar la violencia y los casos de vulneración de los derechos humanos.

    La iniciativa parte de la necesidad y falta de información que tienen los estudiantes sobre los tema, teniendo como misión crear espacios seguros dentro de las casas de estudios superior.

     “Todas las universidades son diferentes, también hay que apelar que los recursos de las universidades autónomas están muy limitados por el presupuesto que le da el estado”, indicó Maria Restrepo, coordinadora de investigación de Gritemos con Brío. 

    Restrepo quien también es coordinadora regional en “Todos por la Educación” (Miranda), agregó que se necesita una presión interna para que las autoridades le den importancia al tema de la violencia dentro de los centros de educación universitaria. 

    Escuche toda la entrevista aquí: 

     

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  • Carlos Lusverti: Venezuela sufre un debilitamiento en su Estado de Derecho

    Carlos Lusverti, integrante de la Junta Nacional de Amnistía Internacional, recordó la importancia de rescatar el Estado de Derecho y vencer la impunidad en medio de la crisis política, social y económica que sigue atravesando el país. 

    Esto, luego que Amnistía Internacional emitiera el informe 2022-2023, en el que se describe la situación de los Derechos Humanos en el mundo; sin dejar a un lado a Venezuela, en este punto se detalla que la inseguridad alimentaria, el uso excesivo de las fuerzas policiales contra civiles y detenciones arbitrarias denotan preocupación a lo interno de la nación.

    En entrevista para el programa Análisis de Entorno, Lusverti alertó que la situación de los Derechos Humanos en Venezuela se mantiene “compleja”.

    “Nosotros partimos de la promesa que todos los derechos tienen la misma jerarquía y por lo tanto los Gobiernos tienen que actuar integralmente para garantizar su respeto sin discriminación alguna”, acotó.

    Indicó que el país sufre un debilitamiento en su Estado de Derecho, mientras aumenta la impunidad.

    “No solo la impunidad de la que gozan funcionarios policiales o militares que han perpetrado atenciones arbitrarias, torturas desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales; sino también de la que gozan aquellos funcionarios que han perpetrado discriminación y actos que han afectado el acceso a los derechos económicos sociales y culturales de la población”, precisó.

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  • Se busca que la ONU renueve la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela por al menos 2 años

    Beatriz Borges, directora ejecutiva de Centro de Justicia y Paz (Cepaz), afirmó que la renovación de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela es necesaria, porque en el país se siguen registrando grandes violaciones a los Derechos Humanos.

    Resaltó que contar con esta Misión que realice investigaciones independientes sobre estas transgresiones a los derechos humanos en el país es muy importante a nivel internacional, especialmente porque Venezuela no cuenta con un sistema judicial imparcial e independiente que defienda los derechos de los ciudadanos.

    En entrevista para Análisis de Entorno, Borges expresó que esperan que la ONU renueve la Misión por al menos 2 años, debido a que en 2024 y 2025 el país entrará en contextos electorales. Especialmente porque durante periodos de elecciones anteriores, se han registrado picos de represión y de criminalización.

    Para que la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela sea renovada el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas evaluará la real cooperación del estado con sus recomendaciones. Además, tendrán en cuenta si se ha cumplido con los compromisos internacionales.

    Desde la sociedad civil se ha reportado que el Gobierno de Nicolás Maduro no ha cumplido con ninguna de las 43 recomendaciones que ha emitido la ONU desde la llegada de la Misión en 2019. Esto evidencia la falta de cooperación y compromiso con la protección de los derechos humanos, y por ende la necesidad de la renovación de la misión.

    Escuche la entrevista completa aquí:

    Lea también: Keta Stephany: Seguiremos luchando para tener un TSJ que defienda los derechos de los ciudadanos

  • La voz de las mujeres perseguidas se hizo valer en foro de JEPVzla

    Este jueves 11 de agosto, la organización Justicia, Encuentro y Perdón, realizó un encuentro a través de su canal YouTube, para abordar un tema que cobra cada vez más urgencia de exposición y debate, como es la situación de las mujeres venezolanas que son víctimas de persecución política.
     
    Con un panel de cuatro representantes, moderado por la abogada Martha Tineo, coordinadora de JEPVzla, se abordaron los distintos ángulos de una realidad que se torna cada vez más grave y preocupante, y de la que muy poco se conoce con claridad y propiedad.
     
    Yammarys Antón, hermana de la presa política Carla Antón; Dianeth Blanco, ex presa política y esposa del preso político Daniel Blanco; Magaly Huggins, psicóloga social y criminóloga, y Rosa Orozco, directora ejecutiva de JEPVzla y que habló en su condición de madre y víctima, por perder a su hija, Geraldin Moreno, asesinada en las protestas de 2014, demostraron con sus intervenciones, la importancia de visibilizar ante instancias nacionales e internacionales, todas las violaciones y vulneraciones a las que son sometidas las mujeres venezolanas en un contexto ausente del debido Estado de Derecho. 
     
    «No nos está dado abandonar los reclamos de justicia y libertad», enfatizó Tineo, con respecto a la razón de ser de la ONG y la intención del evento. «El ánimo es el de generar consciencia social en torno al daño, mostrar la realidad que están viviendo las víctimas en Venezuela y por supuesto, seguir insistiendo en nuestra reclamación de justicia».
     
    Desde hace más de un mes, la organización presentó a través de sus redes sociales, una campaña comunicacional para visibilizar la situación de las mujeres presas, por razones políticas. El tema cobró relevancia por el recordatorio de las cifras y los nombres que maneja el equipo de JEPVzla en su matriz de seguimiento, que arroja un total de 23 mujeres privadas de libertad y sobre las cuales se registra que han sido sometidas a todo tipo de torturas, tratos crueles y humillantes. A este gran pendiente del sistema judicial venezolano se suma el lamentable saldo de 34 mujeres asesinadas por cuerpos de seguridad del Estado en contextos de ejercicio al derecho de la manifestación pacífica. 
    La doctora Higgins explicó que «defender los derechos humanos pasa por admitir la libertad, la dignidad y la salud como derechos fundamentales. Y hay otros derechos que también lo son: la vida y el debido proceso. Cuando una familia tiene un preso, toda la familia está presa. Cuando a una familia le matan a uno de sus miembros, todos pierden parte de su ser, y en especial la madre».
    Al conectar el repaso de toda esta escalada de victimización que pretende silenciarse, con la agudización en cuanto a persecución y encarcelamiento de defensores y activistas de derechos humanos, así como la sentencia dictada por recientemente en el Caso Dron, un proceso plagado de vicios y violaciones al debido proceso, en el que resultaron condenadas 17 personas, a partir de un supuesto plan de magnicidio, Higgins fue contundente en sus afirmaciones: «La impunidad es un instrumento político activo del Estado. Es una toma de decisión política».
     
    La conclusión de madres, hermanas, hijas, esposas y mujeres comprometidas con la aplicación de una verdadera justicia en el país, es el llamado a sumar voluntades; a verse y escucharse, como componentes fundamentales que potencian la fuerza femenina, para continuar la lucha por evidenciar todos los procesos viciados que hay en cada uno de los casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela.
     
    Nota de prensa

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  • Tal Cual en sus 21 años sigue defendiendo su línea informativa de la democracia y DDHH

    A propósito de los 21 años de diario Tal Cual, fundado por Teodoro Petkoff, el medio sigue generando opinión, informando, ejerciendo y defendiendo la libertad de expresión, en una coyuntura adversa.

    Igualmente se han defendido los derechos humanos y el seguir haciendo democracia, que son las líneas fundamentales del diario en materia informativa de una forma irreverente, honesta y crítica.

    Xavier Coscojuela, director del medio, reseñó que son 21 años en los que el medio ha sufrido ataques del gobierno porque «la línea editorial le ha molestado a los gobiernos Chávez-Maduro».

    Eso ha significado nueve demandas judiciales, visitas frecuentes del Seniat o ministerio del trabajo, así como presiones a los anunciantes para no pautar en Tal cual.

    Y, actualmente, enfrentan una demanda civil de Diosdado Cabello, que significaría una multa de más de un millón de dólares, dijo.

    Coscojuela, destaca que en el aniversario el equipo decidió hacer una serie de reportajes sobre cómo estaba Venezuela antes de la revolución y sobre cómo está actualmente, por lo que aprovechó para hacer la invitación a visitar el portal y leerlos.

    «Lamentablemente la esperanza que para muchos venezolanos significó Hugo Chávez de que Venezuela avanzara no se concretó, sino todo lo contrario, retrocedimos»

    De esta forma, refirió en entrevista para el programa Análisis de Entorno, que fueron dos décadas que se perdieron y fueron plasmados en los trabajos que dejan en evidencia «algo que es fácil de constatar lamentablemente».

    Coscojuela, finalmente apuntó que para revertir este panorama se requiere un acuerdo político entre las dos partes en Venezuela y establecer un acuerdo que vaya mucho más allá de la política.

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  • González: «El traslado de los presos políticos a cárceles comunes fue ordenado por Nicolás Maduro»

    El abogado del Observatorio Nacional de DDHH, Juan Luis González, precisó que hay que evaluar la realidad que tiene Venezuela y entender que no cuenta con un poder judicial que sea autónomo e independiente, “nunca ha dado garantía de hecho”.

    Añadió que el decreto del Poder Ejecutivo Nacional que precipita el traslado de los presos políticos a cárceles destinadas a la reclusión de presos comunes, es un decreto realizado por el Presidente de la República.

    “Imagínense usted, el Presidente de la República se cree un funcionario del Poder Ejecutivo Nacional dictando decisiones o providencias que son aplicadas por los jueces”

    Asimismo, puntualizó que eso es “total y absolutamente inadmisible”, a su juicio, denota que el país no cuenta con la justicia autónoma y que dé garantías de independencia, resaltando que no solamente el hecho de los traslado sino para dar justicia en el fondo de cada uno de los casos.

    “¿Si podemos hacer algo?, bueno nosotros a lo interno lo que podemos hacer es reclamar esto ante el tribunal de la causa porque en definitiva son los tribunales quienes deciden cuando una persona está procesada en lugar de reclusión”

    Explicó que en ese momento el juez que conoce la causa es justo el que define a donde debe estar reclutado el detenido mientras que el proceso se lleva adelante.

    “Esto debiese a varias causales, en principal la cercanía con el tribunal y la posibilidad de que los medios de prueba también puedan llegar al tribunal, o sea, todo debe estar cerca a el lugar donde se debe celebrar los actos del proceso»

    Sin embargo, agregó que cuando una persona es condenada no es competencia del Poder Ejecutivo decirle en dónde va a cumplir la pena, en este sentido, corresponde a los jueces de ejecución en virtudes de las necesidades y tratamiento penitenciario, “pero nunca es el poder ejecutivo. O sea lo que queda es reclamar al juez esta situación y que defina lo que deba hacerse”.

    Durante el programa Análisis de Entorno, El abogado aseveró que hay dos asuntos, el primero es el problema de la reclusión injusta de las personas perseguidas por delitos políticos, y el segundo, la situación de las personas detenidas por la comisión de delitos común.

    “En el caso de las personas detenidas por delitos comunes hay una situación muy perversa. Cuando uno revisa las cifras del Ministerio de Asuntos Penitenciarios pareciera que en nuestras cárceles no hay hacinamiento, ¡es increíble!, usted verifica y no ve una cifra de hacinamiento realmente grave en las cárceles”

    Por último, indicó que el problema se ha presentado en los retenes policiales, ya que hay personas que tienen años detenidas, porque el Ministerio de Asuntos Penitenciarios no les da el cupo para ser ingresados a un internado judicial. “Entonces ocurre que tenemos retenes policiales abarrotados de personas detenidas sin ningún tipo de servicio, sin ningún tipo de actividad que realizarse, enfermos y sin atención medica”

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  • «Resoluciones ONU sobre Venezuela demuestran el daño a los DDHH»

    Rafael Uzcátegui, sociólogo y coordinador general de Provea, destacó que se está avanzando en los diferentes mecanismos de protección en Venezuela y, esto demuestra la extensión del daño a los DD.HH. de los venezolanos.

    Así lo afirmó, a propósito de que el pasado 6 de octubre se aprobara en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la resolución que ampliará el mandato de la Misión de Determinación de Hechos, teniendo como resultado 22 votos a favor, 22 abstenciones y 3 votos en contra.

    Cabe destacar que, existe una posibilidad en que las víctimas de los derechos humanos en Venezuela, puedan obtener justicia en algún momento cuando se comiencen a realizar las investigaciones pertinentes.

    Rafael Uzcátegui, aclaró en entrevista para el programa Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas que, entre las recomendaciones se encuentra la posibilidad de aplicar la jurisdicción universal y/o la resolución tenga relevancia en la corte penal internacional para abrir un caso de la realidad que se vive en el país.

    «Ojalá esta posibilidad que se ha abierto permita  mecanismos de negociación entre los diferentes liderazgos para permitir el regreso de la democracia al país»

    Explicó que las próximas acciones de la Misión de Determinación de Hechos, será continuar investigaciones sobre la realidad del venezolano; solicitar de manera oficial al Estado venezolano ingresar al país e informes por escrito.

    Escuche la entrevista completa aquí:

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  • Gobierno cumple “parcialmente” con dos de más de sesenta recomendaciones de la ONU

    El 14 de julio fue  publicado el informe de la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, que describe la situación de los venezolanos en la región del Arco Minero del Orinoco.

    En los documentos, no solo se detallan múltiples violaciones de derechos humanos. También se establecen los pasos que debe seguir el estado para atender la crisis humanitaria que afecta al país.

    El coordinador de investigación y difusión de Provea, Marino Alvarado, destacó que el gobierno de Maduro solo ha cumplido parcialmente dos (2) de sesenta (60) recomendaciones realizadas por la alta comisionada.

    Alvarado precisó que son tres los informes presentados desde 2017 por el organismo multilateral.

    Indicó que a la fecha, en el país permanecen tres funcionarios de la oficina de la alta comisionada. Sin embargo, las autoridades no les permiten ingresar a las celdas de los principales cuerpos de inteligencia.

    “No pueden entrar al Dgcim ni al Sebin”, expresó. “Lo otro que han  permitido es el registro de organizaciones sindicales”.

    La relevancia

    Para el defensor de derechos humanos, sigue siendo esencial que los venezolanos exijan el cumplimiento de lo indicado en el informe.

    “Es el deber, pero no somos optimistas”, manifestó.

    “Sabemos que el gobierno no tiene ninguna voluntad de resolver los problemas sino afianzar su autoritarismo y su poder”, dijo.

    Recalcó que  gobiernos y organizaciones de izquierda han tenido que endurecer su postura frente a la administración de Maduro.

    “Con la publicación del informe en 2019, ya no lo decía Provea, a quienes acusan de ser instrumentos de imperialismo, lo decía la Alta Comisionada de DDHH de la ONU”, señaló.

    “Eso llevó a que el Partido Comunista de Chile, pro maduristas, hayan expresado su preocupación”.

     “Ahora, incluso logró un cambió la posición manifestada el gobierno de Argentina”, agregó.

    Escuche la entrevista aquí:

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  • Bachelet actualiza su informe sobre violación de DD.HH. en Venezuela

    La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó este jueves un nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

    En el informe expresó su preocupación por los altos números de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad.

    “Mi oficina siguió documentando restricciones al espacio cívico y democrático, con violaciones de libertad de expresión y del derecho a la información, y la detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, personales de salud y personas que protestaban por los servicios públicos”, dijo Bachelet.

    La alta comisionada señaló que le “preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de detención”.

    En su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena dijo que “las personas en Venezuela siguen padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a sus bajos salarios, altos precios de los alimentos, persistentes carencias de los servicios públicos y el precario acceso al sistema de salud”.

    Bachelet dijo que su oficina documentó:

    “Ataques de grupos civiles armados progubernamentales (denominados colectivos armados) contra opositores políticos, manifestantes y periodistas”

     “Las fuerzas de seguridad no hicieron nada por impedir esos ataques”.

    El informe menciona que entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020, habrían muerto violentamente 1.324 personas, entre ellas nueve mujeres, en el marco de operaciones de seguridad.

    “Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron presuntamente responsables de 432 muertes, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de 366 muertes, la Guardia Nacional Bolivariana de 136 muertes y las fuerzas de policía del Estado Zulia de 124 muertes”.

     

    El panorama político

    En el tema político, el reporte afirma que “las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”.´

    “Estas nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición”.

    Además, “continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional”.

    Por otra parte, persiste una “limitación del acceso a los datos públicos y la frecuente autocensura por miedo a las represalias.

    Los trabajadores de los medios de comunicación siguieron siendo víctimas de amenazas y acoso.

    Según el último informe de la ONG Espacio Público del 22 de junio al 28 de junio, se ejecutaron nueve violaciones a la libertad de expresión.

    También, las organizaciones no gubernamentales, especialmente las críticas con el gobierno, siguen encontrando obstáculos para ejercer su labor, expresó la alta comisionada

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