El Banco Central de Venezuela (BCV) implementó una serie de modificaciones a la política del encaje legal, manteniendo el coeficiente general en un 73% para las obligaciones a la vista, pero flexibilizándolo al 50% para depósitos a plazo. La medida busca diferenciar los requerimientos del sistema bancario, al tiempo que endurece fuertemente las penalizaciones por déficit para frenar la presión sobre la divisa.
Sobre este escenario, el economista y profesor del IESA, Aarón Olmos, señaló que «básicamente estamos viendo una decisión del Banco Central de tener un encaje diferenciado por tipos de depósitos», agregando que con el aumento de la tasa base de castigo del 48,8% al 144% «se está elevando el costo para que los bancos que incurran en déficit de encaje puedan de alguna manera repensar».
El nuevo esquema establece además un encaje del 31% para operaciones en moneda extranjera y un 40% para la banca microfinanciera (reducido a 27% para inversiones cedidas), excluyendo nuevamente al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela. Asimismo, estas medidas se complementan con los recientes ajustes del tarifario bancario aplicados en la Gaceta Oficial 7073 del pasado 11 de septiembre.
En opinión del especialista, la intención de fondo del ente emisor responde a un intento de contener la velocidad con la que fluyen los bolívares en un contexto marcado por un crecimiento acelerado de la liquidez. Olmos advirtió que «muchas de estas medidas están tratando de frenar las cantidades de bolívares que puedan estar orientándose a la compra de divisas», concluyendo que «lo que queda del año pareciera ser unos meses bastante complejos a nivel de inflación y del término de liquidez, sobre todo a la velocidad a la que el bolívar se está depreciando con respecto al dólar».
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