Autor: Carlos Bolívar

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en sus más de 100 años de fundada, solamente ha enviado una comisión de encuesta 13 veces, siendo Venezuela, la última a la cual se le asignó hace poco, esta comisión, teniendo como objetivo fundamental el libre funcionamiento de las oportunidades de trabajo del país, de si se cumplen correctamente y con normalidad.

De estas condiciones no cumplirse, pese a que la OIT como cualquier organismo internacional, no puede regir en las normas internas de un país, se aplicaran medidas que, “todos quisiéramos que fuesen más aceleradas pero que afectan directamente a la reputación del Gobierno de ese país”, informó Alejandro Disilvestro en el programa “Análisis de Entorno”, logrando así que las relaciones con sus similares se vean afectadas directamente, como también el riego país.

Asimismo, explicó la importancia que esta comisión tiene al venir a Venezuela, “debido a que es la equivalente a los cascos azules de la ONU” y vienen por las persistentes medidas económicas tomadas por el Ejecutivo Nacional sin la previa consulta social que esta incluida en su convenio número 26.

Dicho convenio alega que para establecer salarios mínimos o mayores a los sectores y gremios más importantes de un país, es necesario reunirse con ellos mismos, “cosa que no ha hecho el Gobierno en estos últimos 18 años, ha perdido unas 40 oportunidades de hacerlo y siguen haciendo las cosas mal”, por eso mismo, la queja presentada ante el organismo es absolutamente válida.

En este sentido, Disilvestro añadió que Venezuela es el objetivo perfecto para el análisis de la OIT, “por esas mismas razones, por no haber consultado a la sociedad ni a los gremios o sectores importantes”, además de ser estas nuevas medidas muy inciertas, puesto que no ha salido en Gaceta Oficial aún el aumento y “ya vemos en la calle todos los estragos que estas mismas traen”.

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La diáspora venezolana que se ha incrementado por la presente crisis que vive desde hace ya unos años, lo que ha convertido a Perú, en el país con más venezolanos en todo el mundo, con una cifra que asciende a más 400 mil personas, desplazando a Estados Unidos, quien era el país con mayor población tricolor en los últimos años.

Por esta razón, muchas son las opiniones desde dentro del Perú, como desde afuera, debido a que los jefes de Estado siempre procuraran que el país mantenga altos sus niveles de seguridad, sin embargo, cada una de las medidas que ha tomado el Gobierno peruano son, “dado el origen de su naturaleza, altamente entendibles por nosotros los venezolanos”, informó el presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, Oscar Pérez Torres.

Asimismo, Pérez Torrez explicó que están claro que el Estado quiera mantener la seguridad y el orden interno, pero no es motivo para que ellos, como ONG no se pronuncien, “hemos manifestado la travesía y odisea que es tramitar un pasaporte en Venezuela, están cobrando entre 1000 y 5000 dólares para poder obtenerlo, por eso las reuniones con el ministerio de relaciones exteriores han sido muy positivas”, debido a que admitieron el ingreso de venezolanos por las fronteras sin poseer el pasaporte, además de poder adquirir el estatus de “refugiados” y mantenerse legalmente.

Los venezolanos que llegan diariamente a la frontera entran perfectamente en la categoría de “refugiados” puesto que ese estatus los define como “personas que son perseguidas políticamente por el Gobierno”, y aunque algunas de las más de 2000 solicitudes para refugiados que reciben en Perú son aceptadas, “esto les permite seguir manteniéndose en el país, o hasta tramitar el PTP o que su situación sea resuelta en la última instancia”, expresó.

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Por otra parte, la periodista venezolana, asilada en Perú, Mirelis Morales Tovar, puntualizó que la visión que tiene de muchos venezolanos que llegan a ese país es un poco de “frustración, puesto que pensaban que al llegar sus problemas estarían resueltos o que conseguirían trabajo en el menor tiempo posible”, y aunque la alimentación es muy barata, el problema se presenta al poder conseguir un inmueble, pues tiene un costo de más de 600 dólares en una buena zona residencial.

En este sentido, muchos se ha sentido la incomodidad de los peruanos al no querer alquilarle un apartamento a las personas venezolanas por tener miedo a que “lo llenen con más de 10 personas, cosa que se esta volviendo costumbre en algunas zonas residenciales”, añadió.

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Desde que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez anunciará que el pasaje para las rutas urbanas “temporalmente” sería de un 1 bolívar soberano (100.000 Bs. F) se creó una confusión en la sociedad civil debido a que no se publicó en Gaceta Oficial este aumento, además se suscitaron arrestos a distintos transportistas por el cobro de este nuevo aumento.

En este sentido, Hugo Ocando, presidente del Bloque de Conductores del Oeste (Catia-Caracas), explicó que no se publicaría una Gaceta para este aumento “debido a que era temporal, pero por la confusión se publicó una el día 28 de agosto con fecha del 27 para así eliminar la confusión” y que todos los transportistas de la zona cobrasen la tarifa estipulada en las mesas de trabajo.

Esta nueva tarifa establecida no cumple todas las exigencias de los conductores, puesto que aun en los distintos estacionamientos de la capital vemos muchas unidades dañadas y el colapso es evidente, “estamos trabajando a perdida total, no hay suficientes monedas ni billetes para cubrir la cuota, además de que nos hemos convertidos en los receptores del viejo cono monetario”, expresó.

Pese a que el precio del pasaje estipulado no es suficiente, Ocando lo calificó de una recompensa y reconocimiento a la lucha que ha tenido el bloque de conductores y transportistas durante todo el año, “sabemos que esta es una tarifa social, la tarifa que propusimos el Gobierno no la iba a aceptar debido a que estaba dolarizada, pero confiamos que con esta tarifa y medidas compensatorias saldremos adelante”, esto, a su vez, demuestra que cuando el Gobierno hace las cosas con empeño sí se puede trabajar, añadió.

Por otra parte, otra de las “quejas” que presentó Ocando es la del subsidio que le hacen a los 3.2 millones de personas de la tercera edad, “por las cuales el Gobierno no nos da nada, pero eso desde hace años, por eso mismo esperamos que nos ayuden a conseguir todos los insumos que necesitamos”, abonado a todos los estudiantes que también subsidian y por los que el Gobierno no se responsabiliza desde hace ya un par de años.

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Una de las grandes diatribas que afectan a los venezolanos hoy en día es la de si deben, o no, sacarse el carnet de la patria e inscribirse en la plataforma Patria instalada por el Gobierno Nacional para que las personas puedan gozar de los “distintos beneficios sociales” que ofrecen, como lo son los distintos bonos por fechas patrias o por la reconversión monetaria.

En este sentido, el sociólogo Ramón Piñango explicó en el programa “Análisis de Entorno” con los periodistas Betania Pérez Álvarez y Víctor Amaya, que esta situación “irónicamente, parecen dos escuelas de pensamiento, debido a que hoy en día vemos a dos grupos de personas en el país, los que dicen que deberían sacarse el carnet de la patria y los que afirman que esta no es la solución”.

Asimismo, Piñango expresó que es muy triste que, además, podemos ver a esos mismos grupos de personas “insultarse y maldecirse a través de las redes sociales”, por tratar de defender sus ideales y pensamientos, cuando lo que se debería de hacer es tratar de solucionar todos estos problemas todos juntos.

Muchos expertos que han tratado de darle un enfoque a esta situación llegan a la misma conclusión, la cual comparte el sociólogo y es la de “confusión total”, puesto que muchas han sido las versiones que han surgido, “dicen que es necesario sacarse el carnet de la patria para poder cobrar la pensión, pero otras personas dicen que no, que eso es solo para las personas que están inscritas en la misión de Amor Mayor”.

Por otra parte, también han surgido versiones que alegan que esto es un mecanismo de control social, sin embargo, “¿qué más control puede haber?”, preguntó Piñango, de manera tal que “solamente con la cédula de identidad pueden implementar controles sociales”.

A su vez, puntualizó que el tema del carnet de la patria es pasajero y en cualquier momento pasará, “no será hoy, no será mañana, pero pasará, hay es que esperar qué nuevo tema surge sobre la mesa con respecto a los controles”.

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Parece ser que por cada día que pasa el presidente Nicolás Maduro tiene muchos más anuncios económicos, políticos y sociales al país, uno de estos últimos que realizó en cadena nacional, fue el del nuevo “método de ahorro” a través de los “lingotitos de oro” que el mismo Gobierno venderá por medio de una tarjeta con pequeñas piezas doradas, además de la certificación que otorgará el Banco Central de Venezuela a cada lingote.

En este sentido, el economista Ronald Balza explicó en el programa “Análisis de Entorno” con los periodistas Betania Pérez Álvarez y Víctor Amaya que, este nuevo plan de ahorro implementado por el Ejecutivo Nacional “parece más un plan de atesoramiento que un plan de ahorro bien estructurado”, puesto que las personas deberían ser capaces de ahorrar por los métodos bancarios tradicionales “y no por medio de una certificación de oro que la persona ni siquiera tiene en sus manos”.

A su vez, cada una de las medidas económicas que ha tomado Maduro en el último mes, “han destruido la capacidad de ahorro de los venezolanos, impulsando los desempleos y la hiperinflación masivamente”, impulsando un plan de vender oro de hasta 2.5 gramos, pero no es lo mismo poseer una pieza de oro la cual la persona no se coloca por miedo a ser asaltada tener un certificado de una pieza de oro de la cual nunca tendrán posesión.

Para el economista surgen tres grandes incógnitas luego del anuncio, la cuales son:

• ¿Habrá un mercado paralelo para poder cambiar el oro o el certificado?
• ¿Este certificado podrá ser canjeable por productos?
• ¿De donde sale este oro, de las reservas internacionales o de la destrucción del Arco Minero?

Estas grandes incógnitas, para los venezolanos, parecen no tener respuestas, pues que, además “no sabemos si esto, junto al carnet de la patria para las pensiones y la gasolina, será obligatorio para todos los venezolanos”, añadió Balza.

Asimismo, el Gobierno, a través de la reconversión monetaria trató de ayudar al ahorro de los venezolanos, sin embargo, implementa mecanismos como el petro y los “lingoticos”, “para así devastar los mecanismos de ahorro tradicional, lo cual a su vez afecta gravemente la producción nacional”, puntualizó el economista.

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Tras los recientes anuncios del presidente Nicolás Maduro acerca del pago de las pensiones a las personas jubiladas por el Seguro Social, los cuales se realizarán a través del carnet de la patria, la Federación Nacional de Pensionados y Jubilados se ha pronunciado y afirmó que el Gobierno Nacional no piensa en todas esas personas que no están bancarizadas, y mucho menos en los adultos mayores que no tienen un teléfono celular o la pantalla de una computadora.

El presidente de la Federación, Emilio Lozada, explicó que no es solo la inscripción de los adultos mayores en la plataforma del carnet de la patria, “lo complicado de todo esto, es la implementación de la billetera móvil, la cual es una de las condiciones que en esta plataforma aparece”, y hace la función de tarjeta de débito, y así poder comprar productos de primera necesidad, tanto alimentos como medicinas.

Sin embargo, Lozada expresó que este es “otro método de control implementado por el Gobierno”, debido a que muchos de los inscritos en esta plataforma lo hacen para lograr obtener algún beneficio por parte del Estado, o para poder comprar medicinas y comida, “ellos afirman que tienen a más de 14 mil  venezolanos inscritos, pero en nuestros censos los resultados son mucho menores”.

Asimismo, desde la Federación, como en el frente para la defensa de los pensionados, han estado realizando todos estos censos para así determinar que solo 5 millones de pensionados tienen el carnet de la patria y están inscritos en la plataforma. “Acá aparte de los censos nos encargamos de asistir a charlas y orientaciones para defender nuestro derecho”, añadió.

Reacción de la Federación Nacional de Pensionados y Jubilados

Por otra parte, ya es bien sabido que el Presidente anunció el pago de las pensiones por este mecanismo, y a su vez la vicepresidente Delcy Rodríguez puntualizó que dicho pago se realizaría la primera semana de septiembre, “lo cual viola la Ley que establece que ese pago tiene unos días y fechas específicas”, aseveró Lozada.

Por esto, la Federación se pronunció y convoco a nivel nacional una manifestación en frente de cada seguro social, “no solo para pedir el pago de las pensiones, sino también para que salgan en Gaceta Oficial todos los anuncios hechos por el Ejecutivo Nacional, entre estos, los precios de la gasolina y salarios mínimos”.

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• Chacín: Fedenaga no fue invitada a las reuniones para fijar precios de productos

   

El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) Armando Chacín, informó en el programa “Análisis de Entorno” que su gremio no fue invitado a las reuniones fijadas por el Gobierno Nacional para establecer la lista de precios de los 25 productos, entre los que destacan la carne, el arroz blanco y la harina precocida.

En este sentido, Chacín explicó que en el listado final “abundan las imprecisiones”, como también temen que esto sea una camisa de fuerzas que destruya más la producción nacional, “la Ley prevé que nosotros debimos ser convocados y que debimos estar en esas reuniones, debido a que la mayoría de las personas que estaban en estas reuniones eran empresas privadas y obviamente cuidan cada uno sus intereses”, y no así en los productores agropecuarios.

Asimismo, desde Fedenaga esperan poder reunirse con el Gobierno Nacional para así discutir ciertos aspectos de los precios de los productos que aparecen en la Gaceta Oficial y también “atienda a las personas de nuestro sector el cual ha sido ignorado, es imposible que podamos sobrevivir con una economía y unos precios regularizados”, puntualizó.

Con respecto a una de las irregularidades en la lista de los 25 productos que denunció Chacín, se encuentra la carne, la cual esta estipulada para tener una valor real en el mercado de 90.00 Bs S, pero no se especifíca si este será el precio de todos los tipos de carne, “no sabemos si estos 90 bolívares será el valor de la carne a, b, c o d, o sea, que las personas van a pagar lo mismo por una parte muy fina de la res o por un pedazo de hueso”, al igual que tampoco se ha especificado si todos los tipos de carne tendrán el mismo precio.

Otra de las irregularidades que destacó el Presidente de la Federación fue el pago de los salarios, “el Gobierno nos tiene a todos esperando por una Gaceta, aparte que nos tratan a todos como personas bancarizadas, lo cual es erróneo, hay empleados que no lo son”, bien sea por las distancias y las dificultades que hay para llegar a los bancos.

Por otra parte, estas nuevas medidas anunciadas por el Ejecutivo Nacional son inviables, desde Fedenaga tratarán de realizar el máximo de sus esfuerzos para llevarle “la comida y los productos a los venezolanos que deambulan por las calles buscándolos”, como también hacerle entender al Gobierno que “es imposible sobrevivir con pérdidas”, añadió.

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