Fedecámaras Radio

Autor: Carlos Bolívar

  • Freites: “gasolina de 95 octanos tendrá aumento de unos 100 mil millones %”

    Las recientes medidas económicas tomadas por el Ejecutivo Nacional de internacionalizar los precios de la gasolina y de promover un subsidio directo a las personas que se registren en el gran censo nacional representará, “un aumento de unos 100 mil millones % en la gasolina de 95 octanos y unos 500 mil millones % en la gasolina de 91, ni hablar del gasoil que el precio es muy menor a estas dos”, informó el sindicalista petrolero Iván Freites.

    En este sentido, Freites explicó en el programa «Marca País» con la periodista María Isabel Párraga que el Gobierno Nacional “quiere cobrarle al pueblo venezolano todos los robos, corrupciones y estafas que PDVSA tuvo en los últimos años”, ahora en vez de ser ellos lo que paguen todos estos problemas, les pasan la factura a los ciudadanos.

    Estas nuevas medidas económicas son inútiles si no se atacan directamente las raíces del problema, y a su vez no se podrá recuperar la economía sin buenos salarios, “estos salarios que tenemos hoy en día y los que vamos a tener no existen”. Freites destacó que en el año 1998 un trabajador petrolero ganaba 1200 dólares mensuales, “tenia todas las responsabilidades de pago, pero eran los mejores salarios de Latinoamérica”, además de buenos planes de viviendas, las cuales se pagaban en 5 años, plan de escuelas para cada hijo y meritocracia.

    “Todos estos beneficios que teníamos poco a poco el Gobierno los fue acabando, y ahora nos piden a todos los venezolanos que lo apoyemos en estas medidas que no tendrán mayor incidencia en la economía”, añadió Freites.

    Por otra parte, sentenció que lo que esta pasando es un saqueo, debido a que el Ejecutivo “sabe quienes son las personas que contrabandean gasolina en el país, y quienes sacan los más de 16.000 litros en gandolas por las fronteras”, como también tiene conocimientos de los barcos que parten desde Falcón con distintos rumbos, siendo uno de ellos Cuba, los cuales reciben 1.400.000 barriles de crudo liviano y extra-liviano desde Rusia.

    A su vez, si el aumento de la gasolina es algo descomunal por las distintas medidas tomadas por el presidente Nicolas Maduro, el aumento de los distintos productos como alimentos, medicinas y repuestos automotrices será mucho peor, “acá lo que esta ocurriendo es un genocidio”.

    Los distintos gremios de trabajadores tienen una marcha programada hacia Miraflores, en la cual estarán acompañados por el sector de los trabajadores petroleros, “vamos a exigir que, si la gasolina se va a pagar en dólares, nuestros salarios deben ser pagados también en dólares”, pero también se irán articulando todos los problemas que afectan al país.

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  • Fallo de juez en el estado Delaware es otro golpe duro para PDVSA

    La persistente crisis que vive la estatal petrolera del país, PDVSA, parece no tener un punto final, el reciente fallo de un juez en el estado Delaware a favor de la empresa Cristalex es otro duro golpe para la principal fuente de divisas que tiene el Gobierno Nacional.

    En este sentido, el economista petrolero, Rafael Quiroz informó en el programa “Análisis de Entorno” con la periodista Betania Pérez Álvarez que este fallo coloca a PDVSA en una situación bastante delicada e incomoda, “debido a que la empresa no pasa por su mejor situación financiera, además de que tienen deudas pendientes vencidas”, entre las que destacan precisamente Cristalex y ConocoPhillips.

    Este mismo fallo que se presentó la semana pasada, amenaza fuertemente con despojar, tanto a Venezuela como a PDVSA, de una de las tres refinerías “que aun poseemos en los Estados Unidos bajo el nombre de Citgo”, añadió Quiroz; bien pueden arrebatarle a la estatal exportadora de petróleo las refinerías de Texas, Illinois o Louisiana.

    El temor que muchos expertos alegan; entre ellos, el economista petrolero Rafael Quiroz, es que este acontecimiento desencadene una serie de situaciones para que así, los poseedores de los bonos vencidos de la empresa, “los cuales tienen un monto de 1974 millones de dólares”, puedan quitarle cualquiera de las refinerías como concepto de pago de las distintas deudas.

    A su vez, PDVSA aún se encuentra a la espera de que un tribunal de Nueva York dictamine el fallo a favor de la estatal Conoco Phillips y “Venezuela tenga que pagar, por concepto de indemnización, un monto cercano a los 2000 millones de dólares”, agregó.

    Ahora bien, se espera que en las próximas semanas la empresa venezolana se reúna con Conoco Phillips para así tratar de negociar la deuda que existe, además de que apelen al fallo que hubo a favor de Cristalex “y también negociar con esta empresa y se reduzca la deuda”.

    Es valido destacar que actualmente petróleos de Venezuela tienen una crisis financiera muy profunda, puesto que su flujo de caja es nulo, o casi nulo y el éxodo de trabajadores es masivos, “muchos de los cuales han salido con rumbo a otras empresas en Colombia, Ecuador y Brasil”, como también a empresas de oriente medio.

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  • 96 % de las protestas en julio fueron para exigir derechos sociales

    Desde el año 2011, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) ha documentado a través de informes las protestas y conflictos que suceden en el país, en el mes de julio hubo un índice de 73 protestas diarias en todo el territorio nacional arrojando un total de 2163 en el mes, de las cuales el 96 % fueron para exigir derechos sociales.

    En este sentido, el director del observatorio, Marco Antonio Ponce, explicó en el programa “Marca País” con la periodista María Isabel Párraga que los 5 derechos más exigidos en el mes de julio fueron:

    • Personas que exigen derechos laborales (1694 protestas)
    • Personas que exigen servicios básicos (286 protestas)
    • Personas que exigen seguridad social, entre ellas las personas de la tercera edad
    • Personas que exigen una alimentación y productos en los anaqueles
    • Las protestas de personas, enfermas junto a sus familiares (41 protestas)

    Asimismo, tanto el sector salud, como el sector transporte fueron dos de los sectores que más movimientos tuvieron en lo que fue el mes de julio, como también los trabajadores de los distintos ministerios y sectores públicos.

    Ponce afirmó que el repertorio de lucha que más usan los venezolanos es, “las trancas en las calles, las grandes concentraciones y las marchas”, en líneas generales se puede considerar que los ciudadanos se encuentran en las calles, sin embargo, “los trabajadores que protestan por sus derechos son más organizados, debido a que están viendo como sus salarios se deterioran cada vez más”, añadió.

    A su vez, “muchas personas piensan cuando el venezolano saldrá a protesta”, destacó Ponce, lo que no saben por la falta de información es que ya ellos se encuentran las calles tratando de conseguir respuestas para cada una de las situaciones que aquejan al país.

    Por la cantidad de protestas y conflictos que hay en el país, es imposible para el Gobierno Nacional poder atender cada una de ellas, “no son atendidas, sino que más bien su patrón de acción son las mesas de trabajo que, pese a ser necesarias, al igual que el dialogo, no consiguen soluciones concretas a los problemas”, informó.

    Las personas que actualmente se encuentran en las calles por cualquiera de las tantas razones, no tienen una conexión directa con los dirigentes políticos, “no solo de la oposición, también del oficialismo, dejándolas así medianamente desamparadas”, y sin poder lograr obtener soluciones concretas, además que por este factor “las protestas se vuelven dispersas y la sociedad se vuelven un poco más indolente”.

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  • Juez en el estado de Delawere falló en contra de PDVSA, Citgo corre peligro

    Citgo, el principal brazo comercializador del petróleo venezolano, actualmente corre el riesgo de perder todos los beneficios que tenia en el suelo estadounidense debido a que un juez en el estado de Delawere tuvo un fallo a favor de la empresa Cristalex alegando que “desconocieron acuerdos, contratos y quitaron concesiones”, afirmó el experto petrolero José Toro Hardy.

    Como resultado de este crítico fallo en contra de la estatal petrolera del estado venezolano surge el embargo de la empresa Citgo. Toro Hardy explicó todos los beneficios que Venezuela ha ido perdiendo en los últimos 20 años por las “ineficientes” políticas en materia petrolera del Gobierno:

    • De las 8 grandes refinerías que se tenían en Estados Unidos, actualmente solo quedan 2
    • Los viaductos que atravesaban todo el país, de sur a norte
    • Se han ido perdiendo las 15.250 estaciones de servicio abanderadas con la marca Citgo
    • El control del 10 % del mercado de gasolina más grande del mundo

    En este sentido, el economista José Toro Hardy expresó en el programa “Marca País”, que el Gobierno, en su afán de ser “independiente, soberano y no querer depender de nada ni nadie, comenzó a desconocer la mayoría de los contratos, como también a quitar concesiones”, entre las cuales entraron las de la empresa Cristalex, “quienes asistieron a instancias internacionales logrando así el fallo de este juez en Delawere”.

    Lo que alegaba Venezuela es que, “una cosa es Citgo y otra muy distinta es la República”, sin embargo, lo que dictaminó este juez es que Citgo es una filial de PDVSA, que es la empresa petrolera del Estado, “provocando que, si se pueda proceder en contra del Estado”, añadió.

    Asimismo, puntualizó Toro Hardy que este es el resultado de 20 años de desaciertos en políticas petroleras, “es el resultado de hacer lo que les da la gana por promover su soberanía”, además, el Gobierno no puede ir quitando concesiones a las distintas empresas, “lo mismo pasó con Conoco Phillips, quienes también fueron a instancias internacionales y ganaron en ellas”.  

    En el año 1998 Venezuela exportaba alrededor de 1.800.000 barriles de petróleo a Estados Unidos, “pero el presidente Chávez decidió que no le importaba que nuestro crudo llegará a ese país”, pero hoy en día podemos apreciar que Venezuela exporta petróleo a “diestra y siniestra” a suelo estadounidense, puesto que son los que mejor pagan las facturas.

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  • Margarita Montero: “mi formación siempre estuvo con las organizaciones sin fines de lucro”

    Margarita Mendez de Montero, gerente general y asesor de Alianza Social Venamcham,  estuvo en el programa “Responsabilidad Social Hoy” con Xiomara Zambrano en donde explicó la pasión que tenía por el trabajo social, “mi formación siempre estuvo del lado de las organizaciones sin fines de lucro”, primero estuvo presente 20 años con la Fundación Mendoza, pasando luego a la cámara venezolana americana.

    En este sentido, afirmó que para “aquel momento, el presidente de la Cámara era el doctor Pedro Palma” . Allí se gestó el nacimiento de la Alianza Social , que tenía como premisa fundamental el que “no pueden haber empresas sanas en comunidades enfermas”, por lo que la misión en Alianza Social es motivar y capacitar a las empresas, para que vean a la responsabilidad social como una parte muy importante de su ADN.

    Venezuela es un país que siempre ha tenido en sus raíces la responsabilidad social, y más aún empresarios “como William Mendoza y el Doctor Vollmer”,  dieron inicio a una serie de instituciones que hoy en día siguen vigentes, “hoy en día es más necesario que nunca hacer responsabilidad social”, añadió Montero.

    Eventos de la Alianza Social

    Los eventos en Alianza Social son considerados por Margarita Montero como un espacio de encuentros, debido a que las personas realizan llamados diciendo que no dejen de hacerlos.

    “Todos sabemos lo que está mal en el país, por eso mismo no presentamos las cosas malas, nosotros presentamos acá soluciones y vías de escape, además de que las personas se conozcan”, puntualizó Montero.

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  • Problemas del país no van a cambiar después del 20 agosto

    La economista y analista de entorno y gestión pública, Anabella Abadí, afirmó en el programa “Marca País” con la periodista María Isabel Párraga que, después del 20 de agosto, “todos los problemas en el país van a seguir igual que como están hoy en día”, debido a que, pese a que la reconversión monetaria sea una de las medidas necesarias para acabar con la hiperinflación, el no atacar el problema desde la raíz, ninguna medida superficial tendrá efecto.

    En este sentido, explicó que el quitarle 5 ceros a la moneda, en lo único que ayudará a la economía es en escribir o registrar los números, además de la facturas que serán más sencillas, sin embargo, es muy incierto si se resolverá el problema de la escasez de efectivo, “paralelo al nuevo cono monetario estarán circulando varios de los billetes actuales, a partir del de 1000 en adelante”, pero la cuestión no es si circulen o no, sino que vayan a alcanzar para cubrir la demanda.

    Asimismo, existen varias vertientes de las cuales se pueden considerar dos como las más importantes para que el Gobierno Nacional tome estas medidas superficiales que no atacan el problema de fondo y no funcionan en el mediano o largo plazo:

    • La visión política que tiene el Gobierno, las decisiones tomadas vienen mayormente del partido de gobierno
    • Las influencias de las personas con poder que rodean a los dirigentes que toman las decisiones

    Abonado a esta serie de problemas, también aparece en la palestra la “famosa derogación a la Ley de Ilícitos Cambiarios”, la cual si se decide acatar y cumplir no garantiza seguridad jurídica, es decir, “que es tan poca precisa, que si uno la quiere cumplir no se sabrá con certeza si la estas cumpliendo”, y a su vez no representa un levantamiento en el control cambiario el cual se traduce en “que el flujo normal de divisas debe estar bajo el mando del gobierno nacional”, añadió.

    La economista expresó que los ciudadanos de a pie esperan que se tomen medidas que resulten en un cambio resaltante “tanto para la economía como para sus bolsillos”.

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  • Allanamiento de la inmunidad parlamentaria es una violación a la Constitución

    Pedro Afonso Del Pino, abogado constitucionalista, calificó de “grotesca violación a la Constitución Nacional”, el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a los diputados de la Asamblea Nacional, Julio Borges y Juan Requesens, por ser supuestos implicados en el intento de magnicidio en contra del presidente de la República Nicolás Maduro.

    En este sentido, Del Pino destacó en el programa “Marca País”, dos razones fundamentales del porque de su afirmación:

    1. La primera, es porque la Constitución dice que el allanamiento de la inmunidad a un parlamentario le corresponde a la Asamblea Nacional, “y en estos momentos no hay una nueva Constitución que derogue a la actual”, es decir, este articulo se mantiene vigente hoy en día.
    2. La segunda razón que expuso el abogado, es un principio inventado por los ingleses, el cual es que “el allanamiento de la inmunidad solo se puede hacer por sus mismos colegas, con el fin de protegerse entre ellos mismos”.

    Ningún otro cuerpo colegiado como lo es el de la Asamblea Nacional Constituyente puede allanar una inmunidad que no sea de ese mismo cuerpo, “no existe, en ninguna otra parte del mundo, que la inmunidad sea allanada y que la haga otro cuerpo distinto al que pertenece”. El sentido de esta norma o principio es precisamente el de la separación de poderes.

    En la Constitución se alega que cuando un parlamentario es agarrado flagrantemente, es decir, encontrado realizando algún delito, “los cuerpos de seguridad lo detienen y lo envían a su casa”; en este caso, la misma “flagrancia se encuentra en duda”, además que, el parlamentario Juan Requesens no fue detenido en su residencia, sino que fue llevado a alguno de los recintos del Estado.

    Hoy en día los venezolanos no saben cual es la Constitución, debido a que, “en la actualidad, la Constitución es la que decidan los constituyentes cada vez que se reúnan”, lo cual se traduce en la quiebra total del Estado de derecho, explicó Del Pino.

    Asimismo, el trabajo de la constituyente es redactar una nueva constitución, “cuando se redactó la Constitución de 1999, la cual también fue controvertida, esa misma la realizaron en 6 meses”, ya ha pasado un año desde que instaló esta nueva constituyente no ha mostrado ni punto ni coma de los nuevos artículos que regirán al país.

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  • Presentación de Maduro haciendo de juez y fiscal resultó «poco creíble» para Luis Izquiel

    La noche del 7 de agosto, el presidente Nicolás Maduro hizo una presentación al país haciendo de juez y fiscal, en donde reveló una serie de pruebas acerca de la investigación realizada por los distintos cuerpos de seguridad de Estado por el supuesto intento de magnicidio en su contra.

    Fueron muchas las pruebas y nombres revelados por Maduro, sin embargo, para el abogado penalista y criminólogo, Luis Izquiel, afirmó en el programa “Marca País” con María Isabel Párraga que, “lo único que quedo claro en estas declaraciones fue que en el país hay una clara evidencia de que no hay separación de poderes, no hay Estado de derecho y tampoco ha habido un debido proceso”.

    Respecto a la gran cantidad de pruebas presentadas por el Primer Mandatario, las cuales afirmó que el Fiscal General “le dio permiso para realizar esas declaraciones, lo cual en nuestro ordenamiento jurídico no esta permitido”; se mostró a un “testigo” con el rostro tapado, en frente a una cámara, con un policía a su lado y sin siquiera saber donde se realizan dichas declaraciones, “las cuales deberían ser ilegales, debido a que en el único lugar que se pueden realizar son en una fiscalía”, añadió Izquiel.

    Arresto del diputado Juan Requesens

    Por otra parte, mientras el Presidente hacia de juez y fiscal, un diputado de la Asamblea Nacional fue puesto bajo arresto violando flagrantemente la Constitución y a su vez la inmunidad parlamentaria, “que solamente puede ser relevada por su mismo grupo parlamentario”, aseveró el abogado. En este sentido, explicó que, si un diputado es agarrado flagrantemente, debe ser llevado a su casa, “y hoy no se sabe en donde se encuentra Requesens”.

    Asimismo, en Venezuela pareciera que se está iniciando una especie de “cacería de brujas”, como lo fue en Turquía, que luego de un intento de golpe de Estado, “el gobierno comenzó a atacar a la oposición. Esperó que no sea así y que nos equivoquemos”, puntualizó.

    La violencia hay que rechazarla, eso está claro y la salida o cambio de gobierno debe ser pacífica y democrática, sin embargo, “si se presentan este tipo de películas con un guion tan simple, será muy mala la credibilidad de lo que vimos ayer; está muy manchada, al igual que la popularidad de Nicolás Maduro”, finalizó el abogado.

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  • Derogar ilícitos cambiarios: Apertura o evadir sanciones

    El presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, se refirió a la aprobación del Proyecto de Decreto para la derogatoria del Régimen de Ilícitos Cambiarios aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

    En tal sentido, señaló que se trata de una flexibilización del sistema cambiario, pero que esta no es en ningún caso la apertura que nuestra economía requiere. Agregó que el modelo debe ser integral, pues solo se ha flexibilizado un pedazo del mercado cambiario.

    ¿Qué hace falta?

    A su juicio, es necesario resolver temas como la corrupción, la tasa de interés, la generación de confianza, garantizar la autonomía del Banco Central de Venezuela (BCV).
    Considera que “la economía sigue presa”. Esto equivaldría a decir que se la ha permitido al preso la visita conyugal, pero el preso sigue preso.
    De manera tal que “hace falta que la apertura del mercado cambiario sea completa, eliminar la monetización del déficit, rescatar la autonomía del ente emisor (BCV), poder entrar a los mercados internacionales”.
    No obstante, considera que no hay que subestimar la derogatoria del Régimen de los Ilícitos Cambiarios, en tanto liberar pudiera ocasionar una mejora en el nivel de los precios de los productos, ya que a través de tal proceso se podrían importar más mercancías y en consecuencia producir más.
    Esto impulsaría la oferta de productos, minimizando los niveles de escasez existentes e incidiendo de forma favorable en el nivel de los precios.

    Evitar sanciones

    Por su parte, el abogado Rafael Guzmán, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, señaló que “no hay manera en Venezuela de definir a futuro el costo de reposición de los productos”.
    Desde su punto de vista “aquí no hay una flexibilización en el control de cambio, lo que se planteó es la posibilidad de que algunos no sean perseguidos penalmente” comenta el diputado.
    Para Guzmán la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios hecha por la ANC es ilegal, al tiempo que agrega que estas medidas aisladas no generarán confianza ni en Venezuela ni internacionalmente. No van a resolver la crisis económica en el país, tal como lo refleja en su cuenta en Twitter.
    De acuerdo con Asdrúbal Oliveros, director de la firma Econométrica, “dentro de la hiperinflación no sólo está resolver el tema cambiario, también hay que tomar medidas fiscales y monetarias que no afecten a las empresas. Esta situación mantendrá una curvatura ascendente de la inflación”.
    A su juicio “estas medidas buscan generar un equilibrio con los grupos de poder. Sin embargo, existe el riesgo para el Gobierno que se siga desarrollando un proceso de hiperinflación en el país”, aseguró el diputado en la red social.

    Sobre la derogatoria 

    Vale recordar que la derogatoria del Régimen de Ilícitos Cambiarios está contemplada en el artículo 2 del decreto aprobado por la ANC el pasado 2 de agosto, el cual establece:_“A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 del mismo, se deroga el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos;_el artículo 138 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del BCV, en lo que concierne, exclusivamente, al ilícito referido a la actividad de negociación y comercio de divisas en el país…”, señala la norma.
    Créditos: El Universal
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  • Seis estados se mantienen inundados por crecida del Orinoco

    Miles de personas han resultado afectadas en seis estados del país por la crecida de varios ríos, entre ellos el Orinoco, el más grande del país que alcanzó su mayor nivel en cuatro décadas, informaron el gobierno y voluntarios.

    El estado minero de Bolívar, donde confluyen el Orinoco y el río Caroní, es uno de los más golpeados por las inundaciones, dijo este martes a la AFP Jesús Hernández, de un grupo de voluntarios que recauda medicinas para los damnificados.

    Según Néstor Reverol, ministro de Interior, hay 945 familias afectadas, aunque Hernández asegura que la cifra es muy superior. El ministro explicó que la emergencia se desató como consecuencia del paso de unas 30 ondas tropicales desde el junio pasado, en plena temporada de lluvias. Debido a ello se han instalado unos 90 refugios transitorios en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Guárico y Táchira, señaló Reverol.

    En Amazonas se estableció un puente aéreo «con envío de insumos y activamos equipos para evaluar daños», indicó el funcionario en Twitter. Sin embargo, Hernández denunció que la ayuda no es suficiente. «Son demasiadas personas para la capacidad que tiene el Estado».

    Con las inundaciones, la situación sanitaria se agrava en medio de una severa escasez de medicinas de 85%, según la Federación Farmaceútica, combinada con el rebrote de enfermedades que ya estaban controladas. «Se han disparado los casos de dengue, paludismo y sarampión», comentó Hernández.

    Según la Organización Panamerinaca de la Salud (OPS), 35 muertes por sarampión han sido reportadas desde mediados de 2017 en Venezuela. El gobierno mantiene el monitoreo sobre los ríos Amazonas, Cataniapo, Arauca, Apure y Caroní, «que se encuentran en niveles críticos», subrayó Reverol.

     

    Créditos: El Nacional

     

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