El Pacto de Asilo y Migración de la Unión Europea comenzará a aplicarse de manera obligatoria este viernes 12, tras cumplirse un periodo transitorio de doce meses para dar tiempo a los Estados miembros a poner en marcha infraestructuras y legislaciones clave diseñadas para blindar las fronteras externas de los Veintisiete.
Con el refuerzo de esas fronteras con controles obligatorios, la agilización de los procedimientos y el polémico sistema de solidaridad obligatorio como puntos cardinales, este conjunto de reglamentos confirma el endurecimiento de la política migratoria de la Unión Europea (UE).
Se trata de un abanico de medidas que abarcan varios factores clave en la gestión migratoria, a las que se sumó el acuerdo político alcanzado entre instituciones europeas la pasada semana para la creación de centros de retorno para migrantes en terceros países.
1. Fortalecimiento de fronteras externas
Uno de los pilares del Pacto es la aplicación de procedimientos más estrictos para las llegadas irregulares, entre los que se encuentran la identificación en un máximo de 7 días de cualquier persona que cruce irregularmente una frontera comunitaria.
También se reforma el sistema Eurodac, la base de datos de huellas dactilares europea, que se convertirá en una plataforma integral de gestión migratoria donde también se registrarán imágenes faciales, con una controvertida reducción de la edad mínima para registros biométricos, que pasará de los 14 a los 6 años.
2. Procedimiento fronterizo exprés
La agilización de los tiempos es otro de los puntales, con el establecimiento de un procedimiento exprés de 12 semanas desde la llegada irregular del migrante que incluye el examen de la solicitud y, si es denegada, la resolución sobre el retorno, período en el que además, jurídicamente, no se considerará que el migrante se encuentra en territorio europeo.
Este canal rápido se aplicará de forma obligatoria a los solicitantes que supongan un riesgo para la seguridad o procedan de países con una tasa de reconocimiento de asilo inferior al 20% en la UE.
3. El polémico sistema de solidaridad
El Pacto incluye la creación de un marco de solidaridad obligatorio con los países que presentan más presión migratoria -que en este momento son España, Italia, Grecia y Chipre-, y que obliga a todos los Estados miembros a colaborar con éstos a través de reubicaciones de migrantes, apoyo operativo o una contribución financiera fijada en 20.000 euros por cada persona que le correspondería acoger.
En el caso de España, la prioridad para el primer ciclo de este pacto -los primeros seis meses- será la de recibir una contribución financiera destinada en gran parte a costear detalles operativos como la formación de jueces que resuelvan estos casos, según dijeron fuentes diplomáticas.
Eso no implica que España no tenga que contribuir al contingente: todos los países deben hacerlo en función de su PIB y su población, y el Gobierno español ha propuesto aportar 42 millones de euros este año, una suma sobre la que podría pedir más adelante una reducción o exención, si no recibe el apoyo que le corresponde de los otros Estados miembros.
A juzgar por las contribuciones propuestas por cada país para lo que queda de año, hay más Estados dispuestos a pagar que a acoger migrantes en su territorio, y otro posible problema es que Hungría y Eslovaquia no se han comprometido por ahora con ninguna aportación.
4. Reglamento de crisis y concepto de instrumentalización
El Pacto incluye el Reglamento de Crisis, una cláusula de emergencia ante oleadas masivas que amenacen con colapsar a un país. En estos casos avalados por Bruselas, el Estado afectado podrá retrasar los registros de asilo y prolongar la retención fronteriza más allá de las 12 semanas, activándose una solidaridad reforzada que obligará al resto de socios a priorizar la reubicación urgente de los migrantes.
Asimismo, se codifica la figura de la «instrumentalización» frente a desafíos geopolíticos donde terceros países utilicen los flujos migratorios para desestabilizar a la UE. Ante este escenario, el Estado afectado podrá aplicar de forma automática los filtros fronterizos más duros y restrictivos a cualquier persona que entre por esa vía, independientemente de su origen.
5. Aplicación de sistemas digitales
De forma paralela, la UE desplegará un entramado tecnológico y geopolítico para blindar sus fronteras exteriores más allá del asilo. Destacan los nuevos sistemas digitales EES y ETIAS para identificar biométricamente a los viajeros y detectar estancias irregulares, junto a acuerdos multimillonarios con países de tránsito -como Túnez o Marruecos- para frenar las salidas en sus propias costas.
6. ¿Qué ocurre este 12 de junio?
Este viernes expira la moratoria de dos años y el Pacto entra oficialmente en aplicación jurídica total y obligatoria, por lo que los nuevos reglamentos comunitarios se convierten en ley directa sobre el terreno, lo que significa que los Estados miembros ya no disponen de más margen de adaptación y deben aplicar las normas de manera inmediata.
Los expedientes registrados antes de esa fecha se resolverán con la normativa anterior, mientras que cualquier persona interceptada a partir del 12 de junio entrará automáticamente en el nuevo circuito exprés de control biométrico y evaluación en frontera.
7. Más arrestos y menos garantías
A través de un comunicado conjunto, las organizaciones Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras (MSF), Oxfam Intermón y más de una decena de oenegés denunciaron que la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo puede poner en riesgo el análisis individualizado de las solicitudes de asilo y aumentar el riesgo de detención y restricciones a la movilidad.
Las oenegés advierten que el Pacto Europeo se suma al acuerdo alcanzado el 1 de junio sobre el Reglamento europeo de Retorno, «que amplía el uso de la detención e incorpora medidas punitivas y coercitivas para intensificar las deportaciones» y a otras normativas como la del tercer país seguro o la lista de países de origen considerados seguros, que incluyen algunas naciones «con graves deficiencias en derechos humanos».
8. ¿Cómo se afectan los venezolanos en España?
Debido a la entrada en vigor del Pacto, España dejará de reconocer y renovar estatutos de residencia temporal por razones humanitarias de protección internacional. Más de 240.000 venezolanos se beneficiaron de este mecanismo especial desde 2018.
Para los que tienen actualmente una residencia temporal de estas características, debido a que ya no se podrá renovar ni tampoco solicitar reagrupación familiar, el Ministerio de Interior estipula que deberían haber pedido «otras autorizaciones de residencia y trabajo».
Los venezolanos figuran entre las nacionalidades de los migrantes que lideran las llegadas a España, junto a colombianos y marroquíes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) español.
España establecerá un procedimiento de protección internacional en frontera, con un plazo máximo de resolución de 12 semanas, para los migrantes que llegan en embarcaciones precarias a las costas españolas o sean interceptados en un intento de entrada irregular.
Hasta que se resuelva esa petición de protección internacional, el solicitante no podrá recibir una autorización de entrada al territorio y deberá permanecer en unas instalaciones habilitadas, aunque no privados de libertad.
TAL CUAL
