Andrés Simón González-Silén, doctor y fundador de Venemergencia, en una entrevista para Fedecámaras Radio, expresó que se encuentran celebrando 22 años de aniversario del nacimiento de la marca que ha asistido a miles de venezolanos en temas de salud. Junto a Luis Enrique Velásquez Díaz, siendo apenas estudiantes del primer año de medicina, decidieron emprender este proyecto para ayudar a ciudadanos que no encontraban respuestas en la red de hospitales públicos del país.
En celebración de estos 22 años de trayectoria de Venemergencia, Rafael Arraiz Luca y su esposa Guadalupe Borelli presentaron su más reciente obra: «Venemergencia, 20 años de un sistema de salud disruptivo y con impacto social«. El libro documenta la trayectoria de una organización que ha transformado la asistencia primaria en Venezuela durante las últimas dos décadas.
González-Silén describe el libro como un testimonio que es la historia de dos estudiantes de medicina con un sueño que inició con la idea de solventar necesidades de personas que iban al Hospital Vargas por problemas de salud.
El bautizo del libro se llevó a cabo este martes 24 de febrero en el marco del evento Foro IESA «Ser empresario en Venezuela», realizado en las instalaciones del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA).
González-Silén expresó que con el lanzamiento de este libro se crea un capítulo importante que forma parte de la biblioteca de la historia empresarial contemporánea del país. «Es una experiencia que está llamada a transformar incluso a todo el sistema público de salud en un entorno tan complejo como el venezolano de los últimos 25 años… Tener la oportunidad hoy de ser una empresa constituida es un privilegio, pero aún nos falta muchísimo por hacer; somos un grupo de casi 1.200 personas que está trabajando a nivel nacional y vamos a seguir aumentando esa cifra«.
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El presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, José Grasso Vecchio, reportó que en 2025 el total negociado por la institución fue de 422,47% mayor que el año anterior y adelantó que para el segundo trimestre se inscribirán nuevas empresas en el mercado.
Según Grasso, monitorearon minuciosamente el comportamiento de las transacciones de las últimas semanas para moderar los resultados y determinar su alineación con la realidad del mercado.
«La junta directiva de la Bolsa y nuestros corredores nos reunimos con todas las casas de la bolsa, y con Sunaval, con la que trabajamos diariamente. Además, hicimos todo lo debido para mantener la tranquilidad del mercado», dijo el presidente de la Bolsa.
Activistas ecológicos reportan recuperación del 97% en Parque Nacional Guaramacal en Trujillo.
Marco Hidalgo, presidente de la Fundación Oso Andino Guaramacal, destacó la presencia de esta especie que es la única en países como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Agregó que en nuestro país existe un alto riesgo de extinción.
Sin embargo, el ambientalita, insistió en que el parque Guaracamal se ha podido recuperar grandes extensiones de terreno que antes servían para potreros.
El presidente ejecutivo de la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez), Eduardo Cáceres, señaló que el sector automotor tiene que ser visto como «un termómetro» para medir la recuperación económica del país.
Asimismo, destacó que el sector automotor en general debe trabajar en este momento en la demanda actual y en fortalecer el mercado existente, y añadió que las marcas de vehículos han trabajado de manera planificada para ir cubriendo la demanda, a medida que se va generando.
Sostuvo que «un 30% de los vehículos que se vendieron el año pasado se fabricaron acá» y resaltó que ha habido un crecimiento «importante» de marcas y de opciones para el consumidor, que se adaptan de acuerdo a su presupuesto.
Eduardo Cáceres puntualizó que actualmente, se están ofreciendo más de 220 modelos de vehículos en el país, que van desde carros compactos y que vienen de diferentes países.
Igualmente, expresó en el Circuito Éxitos 99.9 FM que en enero de este año, se vendieron 3.600 vehículos nuevos, mientras que en el mismo mes del año pasado, se comercializaron 1.341 carros, lo que significa un incremento de casi 158%.
Atenas Grupo Consultor reporta una tendencia de recuperación en el Índice de Confianza del Consumidor -ICC- durante los primeros meses de 2026, impulsada principalmente por las expectativas generadas tras la aprobación de la Ley de Amnistía y la flexibilización de tensiones políticas.
Pedro Quintana, director y socio fundador de Atenas Grupo Consultor, destaca que ha habido una recuperación en el ICC. “Hay una mejora en el índice sobre todo para el cierre de 2025 y ya estamos empezando a ver, números muy interesantes para este arranque de 2026”.
Destaca que venía mejorando para cierre del trimestre pasado. “Se veía viendo después de una caída muy fuerte que tuvo del año 24 al 25, pero si lo comparamos desde el 22 al 25, la caída es de más de 10 puntos en ese índice, pero para el último trimestre venía una recuperación, al menos estaba acercándose a los niveles del 24 y ahora obviamente va a mejorar”.
Destacó, en entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el espacioDos Más Dos de Unión Radio, que tras lo vivido en este primer mes de enero, se ha registrado “un mes récord para muchas de las categorías de consumo masivo”.
Explicó que el canal que se denomina moderno, integrado supermercados, cadena independientes, farmacias autoservicio, independientes o de cadena y bodegones, se mide a través de una herramienta que se llama retelescanning.
“También medimos el canal tradicional a través de otras herramientas y señalan que enero cierra como un mes récord en los últimos años, dicho por muchos de nuestros clientes en diferentes categorías, obviamente vamos en línea con un mes récord y febrero arranca bastante bien”, precisó.
Añadió que asimismo “el carnaval se comportó extraordinariamente bien a nivel de consumo y, no solamente para el consumo sino otras áreas de interés como el turismo”.
El estado La Guaira es el escenario de una ambiciosa iniciativa socioambiental titulada “Nuestras Costas, Nuestro Futuro”, que inició en 2025 y se extenderá hasta 2027, buscando no solo preservar la biodiversidad marina, sino transformar radicalmente la calidad de vida de los habitantes de la parroquia Caruao.
Raúl González, presidente de la Fundación Potabilis, afirmó que una alianza entre la academia, ONG y la Unión Europea permitió este proyecto que busca fortalecer la resiliencia de las comunidades costeras.
González explicó, en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias, que esta labor es posible gracias a un consorcio financiado por la Unión Europea, donde convergen las fortalezas de la Universidad Metropolitana (Unimet), la ONG Vitalis y Potabilis.
El proyecto se basa en la co-creación con los habitantes, atacando las carencias desde distintos ángulos técnicos y sociales: Potabilis implementa sistemas de potabilización modulares que operan con energías renovables; la Unimet lidera un diplomado en turismo sostenible y jornadas de limpieza de playas; y Vitalis se enfoca en el estudio de especies locales y programas de reciclaje en escuelas.
“No puedes llegar a una comunidad y decirle ‘vas a hacer esto’. Tiene que ser un proceso de escucha y trabajo conjunto para que la solución sea a largo plazo”, enfatizó González.
El emprendimiento como motor de conservación
Uno de los pilares más innovadores de esta iniciativa es la formación en “medios de vida”. González detalló una premisa fundamental: para que una comunidad se convierta en guardiana de su entorno, primero debe alcanzar una estabilidad económica básica.
A través de programas de formación técnica, actores clave como pescadores, agricultores y pequeños comerciantes están transformando su realidad.
El proyecto brinda herramientas para estructurar ideas de negocio sólidas y rentables, optimizar procesos de negociación para obtener precios justos y romper el ciclo de la economía de subsistencia, que históricamente ha sido el motor involuntario de la deforestación y la sobreexplotación de recursos naturales.
El objetivo final es la independencia. En esta fase se implementan los mecanismos de cobro y modelos de gestión financiera que permitirán a la comunidad administrar el proyecto de forma autónoma y sostenible en el tiempo.
La Cámara de Comercio Venezolana – Dominicana (Cavedom) ha establecido la meta de un intercambio binacional de más de 200 millones de dólares para finales de 2028, impulsada por la reciente reconexión aérea.
Después de un cambio binacional concentrado en el petróleo gracias a los acuerdos de Petrocaribe, para el 2025 todo había cambiado. Los principales rubros por parte de Venezuela eran el aluminio, vidrio y cemento; y por parte de República Dominicana, productos farmacéuticos.
En este 2026, la reconexión aérea promete la recuperación del comercio binacional.
«Ya tenemos el primer vuelo. Ayer tuve una conversación con la directiva de Rutaca, donde se tiene previsto que el 12 de marzo empiecen con dos vuelos semanales», indicó Richard Bolívar, presidente de Cavedom.
Estados Unidos comenzará este martes a aplicar un arancel global a los productos extranjeros del 10%, pese al reciente anuncio del presidente Donald Trump de imponer una tasa mundial del 15%, lo que añade incertidumbre y confusión sobre la política arancelaria estadounidense.
El pasado viernes y después de que la Corte Suprema anulara la mayor parte de la agenda arancelaria de Trump, el presidente anunció que implementaría rápidamente un arancel fijo del 10% para todos sus socios comerciales mediante una ley diferente.
Posteriormente, Trump publicó un mensaje en su red Truth Social en la que indicaba que, con efecto inmediato, elevaría ese arancel mundial del 10% al 15%, un nivel que le pareció totalmente legal.
Sin embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. envió ayer un comunicado informando a los importadores que la tasa sería inicialmente del 10 % y que se aplicaría a «todos los países durante un período de 150 días, a menos que estén específicamente exentos»
Según «la proclamación emitida por el Presidente el 20 de febrero de 2026, que impone un recargo temporal a la importación (…), vigente con respecto a las mercancías ingresadas para consumo o retiradas del almacén para consumo a partir de las 00:01, hora estándar de (la costa) este, del 24 de febrero de 2026, todas las mercancías que ingresen a Estados Unidos, independientemente de su país de origen, están sujetas a un recargo adicional del 10 % a la importación, a menos que estén específicamente exentas», explica la nota de la Oficina de Aduanas.
De esta forma se confirma que el arancel global comenzará en el 10 %, aunque la administración está trabajando para elevarlo al 15 % en una orden aparte que Trump deberá firmar y para la que no hay fecha, según indicó la NBC.
La sentencia del Supremo que restaba poder a Trump a la hora de subir o bajar aranceles sin la aprobación previa del Congreso, ha creado confusión en los mercados internacionales.
La Unión Europea ha dejado sin efecto, de momento, el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos hasta que la política arancelaria, uno de los pilares del Gobierno de Trump, sea más clara.
Y otros países como India, China o el Reino Unido están estudiando qué hacer, dado que los acuerdos firmados con Estados Unidos y basados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional ha quedado sin efecto ya que la Corte Suprema de EE.UU. ha dictami/alfnado que Trump la usó de forma errónea.
Analistas advierten que la falta de controles en el nuevo modelo energético en Venezuela favorece a corporaciones estadounidenses y la obtención de divisas, pero pone en riesgo a ecosistemas y comunidades que ya están afectadas.
Caracas. Una nueva etapa de control administrativo sobre los recursos energéticos del país, podría relegar la seguridad ambiental de los ecosistemas en peligro a un segundo plano. A esa conclusión llegan expertos y ambientalistas que advierten que la nueva fase de extractivismo bajo la gestión de Delcy Rodríguez y el mandato de Estados Unidos (EE. UU.), podría agravar la crisis ecológica preexistente.
El 29 de enero pasado se sancionó y promulgó la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, promulgada por la presidencia encargada. La normativa redefine las funciones del Ejecutivo en la industria energética y, según especialistas, busca atraer capitales internacionales mediante mayores beneficios operativos y de propiedad para corporaciones extranjeras, en particular estadounidenses.
Es decir, busca atraer inversión extranjera directa, especialmente de empresas de EE. UU., otorgándoles mayor control sobre la extracción, refinación y comercialización de petróleo y gas, algo que históricamente había sido más regulado por el Estado a través de Petróleos de Venezuela, S. A., (Pdvsa), la empresa estatal.
Desde hace una década Pdvsa no rinde cuentas sobre los derrames petroleros. Foto: cortesía de Pdvsa
En declaraciones recientes, Rodríguez anunció esta etapa como una oportunidad para maximizar recursos y revertir los niveles críticos de la producción de crudo. Sin embargo, analistas ambientales han alertado que el énfasis en producción y ganancias ha generado tensiones no solo económicas sino socioambientales. Pues, se prioriza la extracción sobre la mitigación de impactos ecológicos acumulados.
Amenaza ambiental
Expertos y organizaciones como Mongabay Latam advirtieron que este giro político profundiza la crisis ecológica, pues el nuevo esquema carece de garantías para la protección ambiental. Para los especialistas, esa ausencia de salvaguardas, añade una capa de riesgo a ecosistemas ya vulnerables. Además, la fiscalización estatal ha sido descrita como insuficiente e inconsistente.
La urgencia por elevar la producción, que podría alcanzar una producción diaria superior a 1.500.000 barriles para finales de 2026, de acuerdo con datos de la Asamblea Nacional (AN), ignora el daño ambiental acumulado.
El país inició la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos bajo la dirección de la presidenta encargada, Foto: Prensa Presidencial
Fuentes consultadas por Cronica Uno alertaron que el nuevo modelo, caracterizado por una “laxitud normativa”, prioriza la rentabilidad de las corporaciones estadounidenses y la generación de divisas sobre los protocolos de protección de ecosistemas críticos y la remediación de daños.
Desde hace una década Pdvsa, no rinde cuentas sobre los derrames petroleros. El documento Balance de la Gestión Social Ambiental 2016 de Pdvsa, indica que ese año las autoridades registraron 8250 derrames: 98% fueron de hidrocarburos y suman 182.317 barriles; 86% de los cuales afectaron cuerpos de agua con un vertido total de 36.124 barriles (20%).
Formalización del capita
Para Emiliano Terán Mantovani, sociólogo e investigador del Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP), la diferencia en esta etapa de explotación energética está en la regularización y reforma de las estructuras normativas.
Mientras que bajo el mandato del exgobernante Nicolás Maduro la extracción de oro era mayoritariamente ilegal y el contexto político carecía de legitimidad internacional, el actual esquema busca la formalización del capital internacional. Es decir, permitir la inversión extranjera dentro de un marco legal aprobado por el Estado. Esto cambia la dinámica de explotación y control del territorio.
Con la nueva Ley de Hidrocarburos y las reformas mineras, se eliminan obstáculos para las corporaciones. Foto referencial/prensa presidencial.
Esto se traduce en que ahora, con la nueva Ley de Hidrocarburos y las reformas mineras, se eliminan obstáculos para las corporaciones. Esto le concede facilidades a la inversión extranjera, estadounidense, que exige estabilidad y liberalización.
Organizaciones como SOS Orinoco han denunciado el incumplimiento de la legalidad ambiental en el sur de Venezuela. Foto: Noel Guanipa
No obstante, en la práctica, Pdvsa pierde su rol protagónico en la explotación para quedar con un rol administrador a lo largo del proceso. Ese desplazamiento institucional, para los ambientalistas, refleja la simultaneidad de un giro político y un debilitamiento del rol del Estado frente a intereses corporativos y financieros externos. Con esto se limita la capacidad del país de controlar los impactos ambientales directos.
Minería fuera de control
Este debilitamiento del Estado frente a los intereses de la administración de Donald Trump, caracterizada por una narrativa antiambiental, podría anular cualquier garantía real de monitoreo sobre los impactos en los ecosistemas.
Desde hace más de una década, una coalición de académicos y organizaciones como SOS Orinoco y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU han denunciado el incumplimento de la legalidad ambiental en el sur de Venezuela.
Estos expertos recordaron que la explotación minera en los estados Bolívar y Amazonas ignora acuerdos internacionales. Entres estos citaron el Convenio de Minamata, que prohíbe el uso de mercurio, y el Acuerdo de Escazú, sobre acceso a información y justicia ambiental.
Ambos pactos buscan proteger la salud humana y los ecosistemas frente a actividades extractivas que liberan contaminantes peligrosos, como el mercurio, muy usado en la minería de oro.
En el sur del país el daño ecológico se refleja en una destrucción sistemática documentada por la organización SOS Orinoco. Según sus investigaciones ,entre los años 2000 y 2020, la región perdió más de un millón de hectáreas de bosque . De acuerdo con los datos 40% de la cobertura vegetal desapareció a partir de 2015, año previo a la creación oficial del Arco Minero del Orinoco.
El Arco Minero es una franja de más de 112.000 km² en el sur de Venezuela destinada a la explotación de minerales estratégicos.
Inversores protegido
Uno de los puntos más críticos de la redirección de las actividades energéticas es la creación de mecanismos que protegen al inversor por encima del patrimonio nacional. Terán Mantovani destacó que la normativa contempla compensaciones económicas para las empresas si los proyectos enfrentan inviabilidad financiera. Para esto se garantiza la reducción de regalías e impuestos.
“Las empresas están buscando una una máxima rentabilidad y eso implica suprimir al máximo todas las regulaciones ambientales”, señaló Mantovani.
El diagnóstico del investigador sobre la infraestructura de la industria es poco alentador. Le falta mantenimiento a los oleoductos y la quema de gas en mecheros destruyen los medios de vida de comunidades pesqueras y agrícolas.
Al sur del país los derrames petroleros contaminan los ecosistemas. Foto Jhoalys Siverio/ archivo
El ambientalista enfatizó que no existe posibilidad de una gestión ambiental real sin la restauración de la democracia. La situación actual en Venezuela, señalaron los entrevistados, no solo exige cambios técnicos, sino un replanteamiento del contrato social entre Estado, ambiente y ciudadanía, donde las comunidades tengan voz, información y capacidad de denuncia.
A su juicio, la ausencia de canales institucionales para la denuncia y de libertad de expresión mantiene en vulnerabilidad a las comunidades del Lago de Maracaibo, Falcón y el Arco Minero. En todos estos sitios, reiteró, el modelo extractivo prioriza el flujo de divisas sobre la sostenibilidad de la vida.
Las remesas de venezolanos en el exterior crecerán a medida que se reduce la disparidad de la tasa de cambio oficial y la del mercado paralelo, y los grandes beneficiarios serán las aplicaciones digitales de envío instantáneo, según un panel de expertos este lunes.
«Las billeteras digitales van a ser las grandes ganadoras aquí en Venezuela», explicó vía teleconferencia Juan Mendoza, director general de la empresa Zinli, basada en Panamá, durante un evento organizado por el centro de análisis Diálogo Interamericano.
Los cambios se han acelerado desde la salida del poder de Nicolás Maduro, añadió este experto.
Venezuela recibió en 2025 en torno a 6.000 millones de dólares en remesas, según los cálculos publicados por Diálogo Interamericano.
«Estamos viendo que la ‘brecha’ o la diferencia entre la tasa oficial de cambio y la tasa paralela (entre el dólar y el bolívar) se ha reducido de casi el 120% al 30% en la actualidad», añadió este experto.
«Lo que estamos viendo tras la caída de Maduro es que los depósitos en cuenta están creciendo enormemente», añadió Gene Nigro, vicepresidente de Remitly, otra empresa de remesas.
«Prevemos que a la economía venezolana le van a faltar dólares en billetes. Por lo tanto, surgirán oportunidades con medios electrónicos, con transferencias electrónicas de dólares estadounidenses dentro del país al momento de la recepción, y con un nuevo tipo de cambio», añadió Mendoza.
Venezuela pasó de ser un país emisor de remesas durante décadas, de inmigrantes que vivían en el país en la época de la prosperidad petrolera, a convertirse en neto receptor, producto de la gran diáspora en el exterior.
En torno a 8 millones de venezolanos viven en el extranjero, de los cuales casi la mitad (3,9 millones) envían dinero regularmente a los familiares que dejaron atrás, según los cálculos del Diálogo Interamericano.
A causa de las restricciones del Ejecutivo nacional, y de las sanciones estadounidenses, apenas el 15% del mercado pasaba por vías tradicionales, mediante transferencias bancarias o casas de cambio.
En apenas tres meses las remesas provenientes de Estados Unidos mediante canales formales creció del 5% al 20%, calcula Manuel Orozco, director del Programa de Migración y Remesas del Diálogo Interamericano.
El posible renacer de la inversión petrolera en el país, gracias a las reformas en el sector, podría provocar también un regreso acelerado de migrantes, según Mendoza, que calculó que en dos años podrían regresar hasta tres millones de venezolanos.
