En los próximos cuatro años, la producción petrolera venezolana podría subir de un promedio de alrededor de 800.000 barriles diarios en 2025 a una media de 1.500.000 barriles en 2030; sin embargo, para alcanzar este objetivo se necesitarían inversiones de 3.200 millones de dólares anuales, de acuerdo con las estimaciones de S&P Global Energy en un reporte reciente.
Por otra parte, la firma estima que Venezuela necesitará precios petroleros que oscilen entre 70 y 75 dólares por barril para lograr un equilibrio fiscal y en la cuenta corriente de su balanza de pagos. Estas cotizaciones -advierte la fuente- están muy por encima de las cotizaciones actuales y no se alinean con los pronósticos de corto plazo.
Para S&P Global Energy es fundamental que Venezuela modifique su régimen fiscal petrolero si aspira a alcanzar niveles de inversión suficientes para reactivar una producción petrolera muy inferior a su potencial, debido al fuerte deterioro de su infraestructura.
La carga fiscal es el mayor desestímulo
«El régimen fiscal actual de Venezuela está muy sesgado hacia la tributación de los volúmenes de producción o los ingresos. La tasa fija de regalías del 33,3% es una de las más altas en el contexto mundial, donde las cargas por este concepto más comunes oscilan entre el 8% y 12,5%; algunos regímenes fiscales presentan tasas nominales de regalías del 20% al 25%, pero estas suelen estar asociadas a un mecanismo de ajuste», indica el reporte.
De acuerdo con reporte, Venezuela tiene una de las tasas de impuesto sobre la renta más elevada del mercado internacional, con una imposición de 50% a los proyectos petroleros que operan bajo acuerdos de empresas mixtas, «con una tasa efectiva a menudo mucho más alta debido al impuesto en la sombra, que garantiza al Estado una participación del 50 % de los ingresos brutos, y al impuesto sobre ganancias extraordinarias».
A escala mundial -señala el informe- alrededor de 12 países petroleros tienen impuestos a la renta superiores a 40% a las alianzas con empresas privadas «y aunque los impuestos adicionales sobre el petróleo son comunes —se encuentran en aproximadamente un tercio de los regímenes fiscales, incluidos Argelia, Brasil, Colombia y Nigeria—, la carga fiscal global de Venezuela destaca por ser especialmente elevada».
Para mejorar la competitividad, «Venezuela podría considerar la posibilidad de reducir los tasas impositivas para las operaciones petroleras, por ejemplo, alineándolas más estrechamente con el impuesto del 34% que se aplica a
los proyectos de gas no asociados», plantea S&P Global Energy.
Cómo reducir el riesgo de las inversiones petroleras
S&P Global Energy ha identificado cuatro opciones generales que una Venezuela alineada con Estados Unidos podría utilizar para reducir el riesgo de las futuras inversiones en petróleo y gas.
El arbitraje como mecanismo predominante de resolución de disputas: La incorporación de disposiciones de arbitraje en futuros contratos de petróleo y gas puede aumentar la confianza de los inversores
al permitir a las partes seleccionar a sus árbitros y eliminar la jurisdicción de los tribunales nacionales.
Lo ideal sería que el arbitraje tuviera su sede en una jurisdicción conocida por su fuerte apoyo a este mecanismo de resolución de conflictos, como Londres, París, Ginebra o Madrid, «e incluyera una renuncia a la inmunidad soberana, lo que ayudaría a garantizar que Venezuela no pueda obstaculizar la ejecución de los laudos contra sus activos».
«Se espera que Venezuela incorpore el arbitraje internacional como mecanismo de resolución de disputas en su nuevo marco regulatorio de hidrocarburos».
Reincorporación al Convenio del CIADI: Como miembro del Banco Mundial, Venezuela conserva la capacidad de solicitar libremente su reincorporación al Convenio. Este paso sería ventajosa para los inversionistas extranjeros, porque, en principio, tendrían acceso a un foro especializado para la resolución de controversias en materia de inversiones.
Además, «los laudos arbitrales dictados en virtud del Convenio del CIADI pueden ejecutarse en cualquier Estado miembro como si se tratara de sentencias definitivas de un tribunal nacional».
Garantías del Banco Mundial: Para ampliar las oportunidades de inversión extranjera, el Banco Mundial —a través de su Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)— puede ofrecer seguros a los inversionistas y financistas extranjeros en contratos de petróleo y gas contra riesgos no comerciales, plantean los analistas de S&P Global Energy.
«Este instrumento ha sido utilizado anteriormente en proyectos de infraestructura a gran escala por otros países latinoamericanos, como Brasil, Argentina, Chile, Perú y Bolivia».
En el corto plazo
S&P Global Energy prevé que los campos petroleros activos probablemente generen un mayor interés por parte de los inversionistas que los proyectos totalmente nuevos, especialmente a corto plazo, ya que la producción puede optimizarse más rápidamente a partir de los activos en producción.
«Sin embargo, nuestro análisis indica que los costos operativos de Venezuela y las tasas de retención del gobierno para el crudo se encuentran entre las más altas a escala mundial. Estos factores reducen la competitividad económica de los activos petroleros de Venezuela, como lo demuestra el valor actual neto (VAN) por barril de equivalente de petróleo a una tasa de descuento del 10%».
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