Fedecámaras Radio

Autor: Jenny Machado

  • Vicente Bello: Se adoptan medidas para informar sobre la Consulta Popular

    El proceso de organización para la consulta popular que se llevará a cabo el próximo domingo 16 de julio, el cual, desde el punto de vista formal, es válido porque la Asamblea Nacional es un poder público y sus miembros tienen competencia para la convocatoria, éste deberá, como todo proyecto, tener una planificación para su desenvolvimiento y para garantizarles a los participantes confianza, así comentó Vicente Bello, miembro de la Dirección Ejecutiva Federal de Un Nuevo Tiempo UNT y Coordinador Nacional de Asuntos Electorales y representante ante el CNE.

    Pues bien, si el presidente Nicolás Maduro no convocó la ANC por medio de la opinión del pueblo, por la cual, según palabras de Vicente Bello, “existe una apatía ante las elecciones de la ANC por parte de los ciudadanos” pues con el plebiscito se buscará responder si en efecto la población venezolana está de acuerdo con la propuesta del mandatario.

    En cuanto a la consulta popular, todavía existe mucha desinformación por lo que “estamos adoptando medidas para informar a las personas sobre el plebiscito”, entre ellas nombró cuñas y volantes informativos que serán distribuidos a las cercanías de los medios de transporte público.

    Bello, también aseguró que en los centros que van a funcionar en Venezuela habrá conteo rápido y estarán observadores de las ONG, quienes van a emitir su propia opinión. Al igual que, tan pronto termine la participación y se realice la suma de los votos, el material será eliminado por la MUD para evitar cualquier inconveniente.

    Finalmente, el coordinador del CNE manifestó que el número de colaborares superaron las expectativas de los organizadores, ya que cuentan con más de 100 mil personas como voluntarios.

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  • MP anunciará en los próximos días los implicados en caso Odebrecht

    La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, reveló que tienen identificados a los funcionarios relacionados con el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, los cuales “comprometieron el patrimonio del Estado a favor de estas empresas”.

    Comunicó que en los próximos días los nombres de estos funcionarios gubernamentales serán anunciados porque serán citados para ser imputados. “Tenemos los contratos y las personas que autorizaron se ejecutaran esas obras y que no les hicieron el seguimiento a esos contratos, que nunca se construyeron y, que muchos de ellos, recibieron comisiones”, dijo Ortega Díaz.

    Destacó que el Ministerio Público ha hecho las investigaciones y que tienen en su poder los contratos de las obras que la empresa desarrollaría en el país. Además, sostuvo que tienen identificadas a quienes autorizaron dichas construcciones.

    Ortega Díaz enfatizó en que los funcionarios no les hicieron seguimiento a las obras y muchas no fueron culminadas. También reveló que “muchos” recibieron comisiones por las obras. Detalló que estas coimas fueron depositadas en cuentas en el extranjero y en algunos casos a nombre de familiares.

    Odebrecht admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber sobornado con 98 millones de dólares a funcionarios públicos en Venezuela entre 2006 y 2015, el monto es el segundo más alto en coimas en toda Latinoamérica después del mismo Brasil.

    El 26 de enero el Ministerio Público informó que realizaba averiguaciones si la empresa brasileña Odebrecht sobornó a empleados y dirigentes de organismos públicos venezolanos para ser incluidos en contratos de proyectos de infraestructura entre los años 2006 y 2015. Entre las obras en las que están implicados se encuentran la Línea 5 del Metro de Caracas y el Metro Caracas – Guatire.

    En ese entonces, la fiscal general Luisa Ortega Díaz indicó que se solicitó al Ministerio Público de Brasil una rogatoria para discutir el caso. “Se intentará coordinar que un fiscal nuestro se traslade a Brasil para entrevistarse con Marcelo Odebrecht”, detalló la funcionaria.

    “Investigaremos si hubo sobornos, si algunos funcionarios nuestros se lucraron”, puntualizó Ortega, quien agregó que también realizaron un rogatoria al gobierno suizo para comprobar si el dinero que poseen los sospechosos en ese país es producto de ilícitos.

    El 14 de febrero se ordenó la detención de Euzenando Prazeres de Azevedo, presidente de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela, por los escándalos de corrupción de la llamada operación “Lava-jato”. Ese mismo día el Ministerio Público y la División General de Contrainteligencia Militar allanaron las oficinas de Odebrecht en Venezuela, ubicadas en la Torre Humboldt de Prados del Este. Al día siguiente los fiscales 55° nacional y auxiliar (Pedro Lupera y Luis Sánchez respectivamente) ante el Tribunal 11° de Control del Área Metropolitana de Caracas acordaron medidas de congelación de las cuentas bancarias, así como la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles de la empresa brasilera.

  • Rectores universitarios se preparan para la Consulta Popular

    A propósito del anuncio emitido por el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, en el cual informó que los rectores de diversas universidades serán los garantes del velar por la transparencia de la Consulta Popular, que se realizará el domingo 16 de julio. Jessy Divo, rectora de la Universidad de Carabobo (UC), explicó cómo se preparan los académicos para la convocatoria que calificó como “una consulta popular en la cual participarán todas aquellas personas que quieran ratificar su compromiso con la democracia».

    Continuamente, la representante de la UC, dijo que no tiene porque haber alguna confusión por ser un proceso sencillo y rápido. Asimismo, Divo, para la fecha estará en la ciudad capital con la finalidad de vigilar el desenvolvimiento y garantizar la veracidad del proceso para el cual, depende de la afluencia de participantes, estima poder ofrecer cada 2 horas aproximadamente boletines informativos con los resultados.

    Mientras que, para todos aquellos que hasta ahora desconocen la convocatoria, la académica informó que han distribuidos volantes, al igual que están preparando varias cuñas para ser trasmitidas por los canales nacionales y por radio.

    Finalmente, la rectora por formar parte de la comisión encargada de la evaluación de las propuestas para los candidatos al vicerrectorado académico de la Universidad Simón Bolívar, catalogó la imposición del nuevo vicerrector académico en esa institución, quien no es siquiera profesor ni posee ninguna cualidad válida para tomar la responsabilidad del cargo, como “una violación fragante a la autonomía universitaria».

    Para ella, el gobierno ha buscado la manera de irrumpir y tomar decisiones que no le competen, también detalló que esta arbitrariedad la han realizado en otras oportunidades, “la intención del ministerio es imponer autoridades que no obedezcan a las universidades sino a los intereses políticos del Estado”.

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  • Muere otro estudiante en Ciudad Bolívar

    El diputado al concejo legislativo por el estado Bolívar, César Ramírez, manifestó la lamentable perdida de otro joven a manos de la represión a la cual han sido sometidos los estudiantes por parte de los efectivos policiales y paramilitares.

    Este se convierte en el segundo caso de asesinato durante las protestas en Ciudad Bolívar. El hecho ocurrió “a escasos 50 metros del lugar donde asesinaron a Augusto Puga”, resaltó el diputado. Al igual que, es importante recordar que este joven, también estudiante de enfermería, fue asesinado por una herida de bala en la cabeza el pasado 24 de mayo.

    Mientras que, el joven de tan solo 17 años de edad, fallecido la tarde de ayer, 11 de junio, fue identificado como Oswaldo Rafael Britt, tras ser arrollado por un camión de la gobernación pasadas las 5 de la tarde cuando ya se estaban retirando del sector.

    Aunque hasta el momento no está claro bajo cuales circunstancias se desarrollaron los hechos, entre los estudiantes se comenta que el conductor huyó luego de arrollar al joven, mientras que, los afectos al gobierno aseguraron que el camión era conducido por un manifestante, “solo queda esperar a que el Ministerio Público realice las investigaciones pertinentes”.

    El diputado Cesar Ramírez, también pide que no haya más muertes, pues no hay motivo alguno para atentar contra ellos. Si bien, “las protestas son pacíficas y están en el marco de la Constitución», puntualizó.

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  • CNU designó arbitrariamente al nuevo vicerrector de la USB

    Frente a la designación arbitraria por parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario del Consejo Nacional de Universidades (OPSU) de sustituir al vicerrector de la Universidad Simón Bolívar (USB), el historiador y director del Centro Latinoamericano de Estudios de Seguridad (CLES) de la USB, Luis Alberto Buttó, quiso esclarecer, primeramente, que «los profesores, trabajadores y estudiantes, más que rechazar, buscamos defender la autonomía universitaria y poder elegir a nuestras autoridades”.

    El proceso que los ha llevado a esa situación irregular, se debe a la renuncia del vicerrector académico que se encontraba apresado en su cargo porque el Tribunal Supremo de Justicia había negado que se produjeran elecciones para tener autoridades legítimas en esta casa de estudios.

    Seguidamente, ante la presencia de dos periodos encima, el entonces vicerrector, Rafael Escalona, se retira. Por lo tanto, se torna imprescindible nombrar a alguien con las cualidades adecuadas para el deber. Es por ello que, luego de una reunión entre las autoridades académicas de la USB, designaron al profesor Óscar González, a quien posteriormente el CNU desincorporó para fijar a alguien ajeno a la casa de estudio, es decir, a Luis Holder, situación que, para Buttó, “demuestra el desprecio que ha tenido el gobierno con las universidades nacionales por ser creadores de conocimiento”.

    Es pertinente destacar que, si se realiza una comparación en cuanto a quien es el apropiado para el cargo, el historiador Buttó no dudó en mencionar a González, ya que éste “ha cumplido con los tres mandamientos, (docencia, investigación, extensión) que la ley de universidades establece”.

    Finalmente, el representante de la USB, le recomendó Luis Holder que defienda la autonomía universitaria y no violarla como han venido haciendo, «para nosotros no es aceptable y nos da dolor el ataque a la universidad».

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  • TSJ toma medidas en contra de alcaldesas de Maracaibo y San Cristóbal

    La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió acciones contra las alcaldesas de ciudades de Maracaibo y San Cristóbal, Eveling Trejo y Patricia Gutiérrez, respectivamente, informó este martes la máxima corte.

    En un comunicado del Supremo se indica que la Sala Constitucional ordenó que las alcaldesas «realicen todas las acciones y utilicen los recursos materiales y humanos necesarios» para «evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos».

    Asimismo, se exige que las alcaldesas «procedan a la inmediata remoción de tales obstáculos y se mantengan las vías y zonas adyacentes a éstas, libres de barricadas, residuos, escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana».

    También se pide a las funcionarias que cumplan con la protección de los habitantes de los municipios que gobiernan, «impidiendo reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito y en las que se consuman bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas».

    Al igual que, se ordenó que giren las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policía municipal, a fin de dar cumplimiento efectivo a lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. En ese sentido, se ordena que desplieguen las acciones preventivas y de control del delito, así como, en el ámbito de su competencia, promuevan estrategias y procedimientos de proximidad con la comunidad de su espacio territorial, a fin de lograr la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales con el propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio pacífico de los derechos y el cumplimiento de la ley.

    Finalmente, las sentencias señalan que de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, los mandamientos de amparo constitucional cautelar deben ser acatados por ambas alcaldesas, sin incurrir en desobediencia a la autoridad y exponerse a la sanción prevista en el artículo 31.

  • CEV desaprueba convocatoria a Constituyente

    Este lunes 10 de junio, arzobispos y obispos del país se reunieron para presentar en nombre de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) una carta que, entre sus líneas, explicaba la necesidad de aceptar la autonomía de los órganos estatales y descartar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Esto por motivo de la continua angustia a la cual se ha venido sometiendo a la población venezolana por las reiterativas arbitrariedades por parte del Ejecutivo Nacional que ahora son acompañadas de un proceso constituyente innecesario que no solucionará los problemas existentes.

    El Monseñor Baltazar Enrique Porras, miembro de la CEV, explicó que “es costumbre en todas las asambleas del episcopado que se envíe una carta de los problemas reales, no un simple saludo». Además, lo que este documento quiere lograr es que se obtenga una salida de las dificultades actuales de una manera pacífica que responda a los intereses del pueblo.

    También, en la reciente audiencia que se sostuvo con el Papá Francisco, éste señaló su preocupación y dijo a los presentes que se debía buscar el camino de la paz.

    Finalmente, a propósito de la consulta popular para el próximo 16 de julio dada a conocer por la oposición, se utilizará, previa aprobación de la iglesia católica, los centros parroquiales, más no los templos, para que los venezolanos interesados exterioricen su pensar. Esta decisión se debe a que  “los templos son para otro tipo de encuentros «, agregó el Cardenal Porras.

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  • Trancazo deja 116 detenidos en el país

    Gonzalo Himiob, director del Foro Penal Venezolano, confirmó que se registraron 116 arrestos, en al menos ocho entidades del país, durante el trancazo de este lunes 10 de julio.

    El abogado especificó que 32 personas fueron detenidas en los Altos Mirandinos, 6 en Anzoátegui, 12 en Carabobo, 9 en Caracas, 11 en Lara, 3 en Nueva Esparta, 1 en Táchira y 42 en Zulia.

    Estas detenciones se suman a las 3.666 registradas por la organización no gubernamental durante los primeros 100 días de protestas en contra del gobierno nacional.

    El diputado Richard Blanco informó a través de Twitter que en el sector Ruiz Pineda de la parroquia Caricuao resultaron heridas varias personas durante la noche de este lunes.

    “Reportan varios heridos, en Caricuao-Ruiz Pineda, disparos de perdigones y bombas lacrimógenas contra los apartamentos, gloriosa GNB”, indicó uno de los tuis que publicó el parlamentario.

    Asimismo, expresó que “sepan bien, en Ruiz Pineda, tienen mucho más guáramo de lo que creen, brutal arremetida, no logrará que se encierren en sus casas”, sentenció Blanco.

    También se conoció que un joven fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en las adyacencias de la parroquia La Candelaria donde también se registraron protestas y represión por parte de los funcionarios.

    En Montaña Alta hubo allanamientos según divulgaron habitantes del sector quienes denunciaron que el reportero gráfico Leonardo Antonio Guzmán Negrín le allanaron su casa y lo detuvieron sin orden judicial. Así lo denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en Twitter.

    Guzmán se encuentra en el puesto de la GNB de Puerta Morocha, ubicada en los Altos Mirandinos, tras ser detenido el lunes en la urbanización ubicada en el sector de Carrizal, escenario de represión y fuertes enfrentamientos entre manifestantes al presidente Nicolás Maduro y fuerzas de seguridad.

    Voceros de la alcaldía de Carrizal denunciaron que los funcionarios asaltaron las residencias de Montaña Alta, exigiendo que abrieran las puertas de los apartamentos durante el operativo ocurrido en medio del trancazo de calles y avenidas convocado el lunes por la oposición.

  • Carlos Rojas, periodista imputado por delitos militares

    El periodista Carlos Julio Rojas fue imputado por los delitos contra la integridad, independencia, libertad de la nación y traición a la patria.

    El comunicador fue detenido el pasado jueves y permaneció 86 horas sin el debido proceso hasta que, en horas de la mañana del lunes, fue trasladado para su presentación y posterior realización del juicio. Elenis Rodríguez, abogada defensora, aseguró que Carlos Julio Rojas es el primer periodista venezolano imputado por delitos militares.

    “Cuando una persona es detenida en flagrancia debe ser presentada en ese lapso de tiempo y no a las 86 horas, el Ministerio Público Militar (MPM) se excedió en la presentación para efectuar la audiencia”, explicó la jurista.

    “Queda muy mal decir que cargaba 4 kilos de papas por 5 granadas, le están haciendo una mala propaganda a la FANB. Eso significaría que cualquier persona puede decidir llevarse un armamento de este cuerpo militar”, agregó.

    Precisó que en la decisión el juez dice que no se declara el hecho como flagrante y la Constitución es muy clara en eso. “Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida en flagrancia. En el caso de Carlos Julio, no existe una orden judicial; es un guion montado por el Ejecutivo a los ciudadanos para que bajen y cesen la protesta pacífica”.

    Mediante la cuenta oficial del periodista Carlos Julio Rojas, manejada actualmente por su madre, Sol Rojas, se informó que el líder social y periodista fue juzgado en tribunales militares, a pesar de ser un civil. Carlos es un “preso de consciencia por su labor a favor de la democracia”.

  • Eustoquio Contreras, Diputado por el PSUV, exhortó a rechazar la ANC

    Eustoquio Contreras, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por el Gran Polo Patriótico (GPP), disidente oficialista de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ofreció varias declaraciones el pasado domingo durante una rueda de prensa, en la cual tuvo la oportunidad de reiterar su posición en tanto al rescate de lo establecido en la Constitución de 1999.

    “Nosotros somos expresiones del chavismo” en cuanto a los objetivos estratégicos, dijo el diputado. Sin embargo, quiso dejar claro que entre ellos existe “una gran diferencia en la conducción del proceso”.

    No es un secreto que en los últimos días varios personajes afectos al gobierno han manifestado su descontento a la Asamblea Nacional Constituyente planteada por el presidente Nicolás Maduro, en esta oportunidad fue Eustoquio Contreras, quien reiteró “no tener coincidencia en torno a la ANC”.

    Para él, la Constitución actual, es decir, la de 1999, ha sido la “gran obra del pensamiento del comandante Hugo Chávez” y ha debido consultársele a los venezolanos si están de acuerdo o no a convocar un proceso constituyente que ponga en riesgo la Constitución de la República.

    A su juicio, los problemas actuales no tienen que ver con la Constitución que además no ha perdido su vigencia, para él, simplemente no se ha cumplido a cabalidad lo que allí está escrito. Aunado a ello, aseguró que su preocupación ahora es mayor que al momento de su convocación dado que la situación se ha agravado.

    Por otra parte, durante esa reunión manifestó su apoyo a la Fiscal Luisa Ortega y explicó que “la discrepancia con la fiscal comenzó cuando se opuso a la sentencia 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia” que atentaba al orden constitucional, lo cual ratificó como verdadero, y como no, si “uno de los principales propósitos de la Constitución es velar por el orden democrático”.

    Continuamente, Eustoquio Contreras, lamentó los problemas por los que atraviesa el país, pero más allá de eso, juzgó que no haya una respuesta de los órganos públicos, que se encuentran en una discordia con la oposición, a tal punto de catalogar lo ocurrido en el pasado 5 de julio en la Asamblea Nacional como una locura. Por lo tanto, “si no son capaces de buscar un entendimiento, queda es una confrontación violenta”.

    Finalmente, el diputado por el PSUV, agregó que, aunque provenga de la oposición “cualquier actividad cívica que ayude a buscar una solución, es coherente” a pesar de aseverar no formar parte ella. Al igual que, lo ideal es buscar la manera de unir las partes fragmentadas, más que buscar las diferencias, es decir, deberán concentrarse en distinguir las similitudes y trabajar en pro del país “hay que sumar esfuerzos”.

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