El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (CONSECOMERCIO), informó que el conjunto de medidas económicas anunciadas por la Vicepresidente Delcy Rodríguez el pasado 24 de abril no han sido publicadas en Gaceta Oficial, por lo que se estima conveniente su divulgación oficial para realizar un análisis sobre dicho contenido.
A fin de contrarrestar una serie de conductas que, a juicio de las autoridades, son contrarias al comportamiento óptimo que debiera mostrar la economía venezolana, en medio de la pandemia derivada del COVID-19 y la escasez de combustible que afecta el territorio nacional, Rodríguez comunicó, en esencia, 3 cosas:
Sobre la base del marco regulatorio que ofrece el Decreto-Ley Orgánica de Precios Justos (“LPJ”):
- La ocupación temporal del Consorcio de Oleaginosas Portuguesa S.A. (COPOSA)
- La venta supervisada de determinados productos de Empresas Polar y Plumrose de Venezuela
- La elaboración de un listado de productos que hasta la fecha se estiman son 27, con “precios acordados” para la venta.
Una vez publicada esta información, pudiera plantearse el retorno de los controles de precios a una economía que, en la práctica, los había desaplicado en los últimos meses.
Sobre tal preámbulo vale la pena cuestionarse hasta qué punto dicha medida es conveniente para el bienestar del país.
“En este sentido, la historia debe servir de consejera al momento de implementar este tipo de políticas públicas. Y la historia sugiere, incluso desde un enfoque milenario, que allí donde se han aplicado controles de precios, la economía termina por sufrir mayores males que los que teóricamente busca paliar”.
De esta forma, un eventual retorno a los controles de precio, a las fiscalizaciones del sector privado sin derecho a la defensa y apego al debido proceso, generarán mayor desabastecimiento, volatilidad en los precios, extorsión y la proliferación de un mercado negro que terminará siendo un instrumento de exclusión para las grandes mayorías.
Los miembros de la Comisión de Economía de Consecomercio sugieren con toda autoridad que se deben aplicar políticas tendientes a la generación de bienestar de sus ciudadanos.
“Ello cobra especial realce en un país como la Venezuela de nuestros días, en la que existe una cantidad importante de sectores de la población que hoy luchan por sobrellevar condiciones de pobreza en distintos ámbitos: alimentario, salud, acceso a servicios básicos, por solo mencionar algunos aspectos puntuales en medio de la coyuntura”.
Aseguran que negar las bondades del mercado para favorecer la activa intervención estatal con fines sancionatorios al sector privado, lejos de coadyuvar a la población, le dificultará el acceso a los bienes y servicios que tanto necesita en estos tiempos imbuidos de complejidad.
Adjunta la nota de prensa:
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