Autor: Zuhé Rodríguez

Esta es una pregunta que tarde o temprano había que hacerse, tomando en cuenta la creciente cantidad de reportes sobre la presunta participación de agentes de cuerpos policiales en delitos violentos contra la propiedad, léase asaltos y robos.

El caso que nos lleva a elaborar este micro ocurrió en valencia durante los primeros días de enero. La víctima manejaba una motocicleta de baja cilindrada cuando fue detenida por individuos que aparentemente participaban en un punto de control vial. Por sus uniformes se podía deducir que pertenecían a la policía estatal.

De acuerdo con la denuncia correspondiente, la víctima fue despojada de inmediato de su motocicleta, con la aparente intención de exigirle un pago con posterioridad, a cambio de la devolución del vehículo.

Pero la llamada nunca se produjo. La víctima acudió a la policía judicial.

Las investigaciones de la policía judicial permitieron identificar a los integrantes de una numerosa banda en la que participaban mezclados tanto delincuentes comunes como agentes policiales. Pero no del cuerpo de seguridad regional, sino de la policía municipal de san diego, que es una municipalidad perteneciente al área metropolitana de la capital carabobeña.

Lo cierto es que este grupo venía actuando a sus anchas desde finales de 2019. Pero fue la oportuna denuncia de una de las víctimas la que posibilitó la identificación de los integrantes y la captura de casi todos uno de los elementos más interesantes de este caso es que la víctima, como se diría en términos coloquiales, siguió la corriente a los delincuentes hasta que obtuvo suficiente información como para dar pie a una pesquisa policial exitosa. Desde luego, cabría preguntarse cuántas personas fueron victimizadas previamente, sin que esta situación fuese conocida del todo por los cuerpos de investigación penal.

Un seguidor de apellido Bencomo se preguntó preguntó cuál sería la mejor y más segura manera de vender un arma en Venezuela. Acto seguido, hacía referencia a dos pistolas de distintos calibres, que aparentemente están en posesión de su familia desde hace mucho tiempo.

Durante el intercambio de opiniones, el oyente indicó que las armas pertenecen a un familiar muy cercano a él, quien ya tiene una edad sumamente avanzada. la posibilidad de que fallezca hace pensar a la familia en qué destino darán a esas dos pistolas.

 La pregunta de Bencomo intenta indagar sobre las alternativas para deshacerse de estas armas a través de una operación legal de comercio sobre este punto, se debe señalar que la ley para el desarme y el control de armas y municiones es extremadamente restrictiva en cuanto a la comercialización e importación de armas de uso personal, ya sea con propósitos de caza, deportivos, defensa de espacios agropecuarios y de los espacios domésticos. Esta línea ha sido ratificada mediante varias resoluciones conjuntas de los ministerios de defensa y relaciones interiores, que en resumidas cuentas prohíben la posesión de armas en todo el país. la última fue emitida en agosto de 2018.

Aunque la norma vigente es altamente restrictiva en cuanto al comercio de armas, sí existe la posibilidad cierta de llevar a cabo una donación o transmisión de las piezas que ya estén en posesión de particulares o de empresas. Entonces, no se habla de una operación comercial sino de otra en la que el objeto es entregado sin que exista ninguna contraprestación.

Esta modalidad está descrita en el artículo 106 del reglamento a la ley sobre desarme y control de armas y municiones, emitido mediante decreto presidencial en abril de 2014. Por otra parte, si el oyente desiste de su propósito de vender las pistolas, podrá obtener un permiso de tenencia en el hogar. Esto, desde luego, comporta riesgos y desafíos.

Hace pocos días recibí un inquietante mensaje directo a través de la cuenta Twitter. Debido a sus características, es conveniente que ustedes lo escuchen en su totalidad. El mensaje está escrito en inglés desde una cuenta a nombre de Ann Laurent, por lo que a continuación les hago una traducción libre: “felicidades para usted. Mi nombre es Ann Laurent, una viuda de 63 años a la que le han diagnosticado un cáncer de seno en etapa 4 y que no vivirá por más de dos meses. Tengo una suma de 5.200.000 dólares, y deseo que usted me ayude a compartirlos con casas de orfanato, pacientes enfermos de cáncer y personas menos privilegiadas, tanto como dios y mi cáncer lo permitan. Por favor contácteme para darle más detalles”. Acto seguido, la remitente suministra una dirección de correo electrónico. Desde luego que Ann Laurent, o @ann86098771 ni siquiera existe.

¿Cuál será entonces el sentido de ofrecer a un extraño la administración de semejante fortuna?

En realidad, estamos ante una nueva cara de la llamada estafa nigeriana, que comenzó a ser conocida en la última década del siglo pasado y que ha logrado adaptarse y sobrevivir. En este caso, la cuenta suscrita por Ann Laurent con seguridad remitió cientos de miles de mensajes a través de las redes sociales, con la finalidad de ver quién de esos cientos de miles de personas pica el anzuelo. Esto es, entablar una relación con Laurent, que puede estar motivada por el interés en manejar los 5 millones 200 mil dólares y ganar algún porcentaje en el camino, o simplemente participar en una labor social benéfica. Lo interesante de esto es que la estafa nigeriana ha cambiado y enriquecido sus discursos. El año pasado en este mismo espacio referíamos cómo llegaron numerosos correos electrónicos proponiendo al receptor la coparticipación en el ocultamiento del dinero procedente de la corrupción. Ahora, esto cambió. lo que se plantea es una ayuda, casi un acto de caridad. Pero en el fondo el propósito es el mismo: que ustedes, amigos oyentes, suministren los datos de sus cuentas en la banca internacional y aporten pequeñas sumas a Ann Laurent o a alguien que ella designe, con la excusa de ayudar en los gastos administrativos de este proyecto, lo que al final no será más que una forma de estafa, finamente hilvanada.