Venezuela ha iniciado el proceso de reestructuración de su deuda externa gracias a las licencias 56, 57 y 58 de la OFAC (EE. UU.), las cuales permiten al Banco Central de Venezuela (BCV) y a la banca pública reconectarse con el sistema financiero global, además de autorizar la contratación de firmas especializadas para conciliar los montos adeudados por el Estado y PDVSA.
El economista y profesor del IESA, Aarón Olmos, precisó que los compromisos financieros oscilan entre los 150.000 y 190.000 millones de dólares, una cifra equivalente al tamaño de la economía nacional del año pasado: «Tomando en consideración que el Producto Interno Bruto de Venezuela 2025 se calcula alrededor de los 150.000 millones de dólares, estaríamos hablando de que se debe literalmente el PIB entero el año pasado, eso efectivamente hay que reestructurarlo».
Este proceso busca superar el default activo desde 2017. Sin embargo, Olmos advierte que la Licencia 58 solo autoriza la fase preparatoria de cálculo y negociación, mas no la extinción definitiva de los compromisos por parte del Ejecutivo actual: «Principalmente esta licencia se otorga y se da es para eso, reestructurar, más no necesariamente se asume que quienes llevan las riendas de la el sistema político administrativo venezolano (…) se designa como quien puede extinguir la deuda (…) se dan permisos para comenzar esta fase, más no necesariamente llegar al cierre de la misma».
Esta negociación coincide con una compleja realidad interna, donde la inflación y la liquidez acumuladas superan el 40% en lo que va de año (sobre el 600% anualizado), y la brecha cambiaria roza el 40%.
A pesar de que el riesgo país ha bajado un 50% este año, Olmos aclaró que el beneficio inmediato es reputacional y financiero de alto nivel, por lo que no se sentirá a corto plazo en el bolsillo de la población: «Esto no es algo que se vaya a revelar en mejoras para el ciudadano de a pie de la noche a la mañana, esto más que todo mejora la percepción de riesgo de Venezuela».
El especialista concluyó que para que este proceso sea exitoso, debe acompañarse de un plan de coordinación macroeconómica, disciplina fiscal y estímulo a la producción nacional que atienda las necesidades urgentes de la población.
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