El primer ministro cubano, Manuel Marrero, informó que del paquete de 176 reformas económicas y sociales aprobadas por el Gobierno en junio, actualmente se implementa el 89 % (158) con 197 normas de respaldo jurídico, reportaron medios estatales.
Esas reformas buscan liberalizar y descentralizar la economía cubana, marcada por la profunda policrisis que padece la isla desde hace décadas por motivos internos y externos.
«Ya se aprecian cambios que impulsarán las capacidades productivas y con ello habrá más oferta, lo que en adelante debe contribuir a la disminución, poco a poco, de los precios, y a contener la inflación que tanto daño hace», declaró Marrero al concluir un entrenamiento sobre las reformas con los presidentes de Grupos Empresariales estatales y de Juntas de Gobierno.
Sobre las reformas resaltó que tienen el objetivo de que la empresa estatal sea «más ágil, eficiente y articulada» con el resto de la economía.
Insistió en «aprovechar las oportunidades» contenidas en el Decreto Ley 114, que regula la asociación entre entidades empresariales estatales y no estatales, con el fin de «incrementar la producción de bienes y servicios, sustituir importaciones, aprovechar las capacidades productivas disponibles, elevar la competitividad empresarial y generar empleos».
El jefe de Gobierno señaló que transformar la empresa estatal en sociedad mercantil «por acciones o participaciones no es sinónimo de privatización».
En ese sentido indicó que se busca «separar la propiedad y la gestión, atraer capital privado, nacional o extranjero y mejorar la eficiencia, la competitividad y las exportaciones».
El «paquete» cubano con 23 ejes temáticos
El paquete de 176 reformas económicas y sociales en marcha, agrupadas en 23 ejes temáticos, se enfocan, entre otros aspectos, en la descentralización a escala municipal de una serie de competencias, entre ellas, la gestión administrativa, de recursos humanos, presupuestaria, financiera, tributaria local, ambiental y enfrentamiento al cambio climático, de proyectos, del conocimiento y la capacitación.
Además, contempla cambios que llevarían a dinamizar la agricultura, el comercio exterior, la inversión privada y extranjera, y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisiones, dotar de una mayor «autonomía» a empresas estatales y autorizar la participación del capital privado en la actividad financiera.
Estas medidas han llegado en un momento en el que Cuba se encuentra sumida en una grave crisis desde hace seis años, periodo en el que el producto interno bruto (PIB) de la isla se ha contraído un 15 %, según cifras oficiales.
La situación se ha agravado desde enero, cuando EE.UU. comenzó a aplicar una política de «máxima presión» sobre la isla con un bloqueo petrolero y una serie de sanciones adicionales con el fin de lograr cambios políticos y económicos en la isla.
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