El sistema eléctrico venezolano (SEV) arrastra años de deterioro y durante los últimos meses la situación se ha agravado. En distintas regiones se registran cortes diarios que pueden extenderse durante 8, 10 o incluso más de 12 horas, y que han llevado a ciudadanos a protestar en las calles para reclamar a las autoridades por las deficiencias del servicio. Análisis de los ingenieros Víctor Poleo y José Aguilar señalan que actualmente se requieren alrededor de 15.000 megavatios para cubrir la demanda nacional, mientras que la generación disponible ronda los 12.000, lo que deja un déficit de unos 3.000 megavatios.
En medio de la crisis, el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha atribuido los picos de demanda a las altas temperaturas y al fenómeno del Superniño, y ha pedido a los venezolanos, agobiados por los apagones, reducir el consumo. En septiembre, la funcionaria denunció además un supuesto sabotaje a la red y vinculó las fallas con el rechazo de trabajadores a los nuevos acuerdos alcanzados con el gobierno de Estados Unidos.
Rodríguez anunció además convenios para recuperar el sector, entre ellos el firmado con la empresa estadounidense GE Vernova, que contempla incorporar 1.000 megavatios en los primeros 24 meses y más de 5.000 en cuatro años, además de trabajos para rehabilitar la infraestructura. Pero el interés de la administración del presidente estadounidense Donald Trump de reactivar la industria petrolera del país también causa preocupación sobre la posibilidad de que estos esfuerzos aumenten la demanda eléctrica.
Rolando Alcalá, ministro de Energía Eléctrica, informó a finales de septiembre que durante el último trimestre de este año incorporarán 1.300 megavatios al sistema eléctrico bajo la promesa de estabilizar la crisis y disminuir los apagones. El plan contempla la entrada en funcionamiento de una unidad de Planta Centro, en el estado Carabobo, el principal complejo de generación de energía para el centro-oeste de Venezuela, que aportará 600 megavatios a esa región.
Dijo que se incorporarán también 7 unidades con una capacidad de 500 megavatios para Zulia, el más afectado por las fallas.
Alcalá explicó asimismo que pondrán en funcionamiento otras unidades en distintas zonas del país, que en conjunto generarían los 1.300 megavatios anunciados. El funcionario atribuyó un aumento de la demanda al supuesto repunte de la actividad económica, las altas temperaturas climáticas y señaló que los efectos de los terremotos de junio “retrasaron los planes” previstos para reparar el sistema.
Víctor Poleo, ex viceministro de Energía y Minas (1999-2001), explica a El Nacional que la demanda eléctrica actual en Venezuela se ubica en 15.000 megavatios y que el sistema —que no dispone de esa cantidad de energía— solo puede atender alrededor de 12.000 megavatios con la combinación de la hidroelectricidad generada en el río Caroní y las plantas termoeléctricas que siguen operativas.
Los 3.000 megavatios restantes se cubren mediante interrupciones del servicio, ya que el despachador de cargas obtiene esa cantidad de energía de varias regiones del país y en distintos momentos. Indica que esto se observa a diario y particularmente en Mérida, Táchira, Trujillo, Zulia, Monagas, Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta, donde las interrupciones del servicio permiten compensar el déficit en la generación.
¿Incide la industria petrolera?
El exfuncionario estima, con base en un estudio que aún está en desarrollo, que las operaciones de producción, transporte y refinación de petróleo requieren alrededor de 1.200 megavatios, equivalentes a 10% de los 12.000 megavatios que atiende el sistema eléctrico en la actualidad.
Señala que el suministro de electricidad a la industria de hidrocarburos no se puede manejar de la misma manera que el consumo residencial o comercial porque las operaciones petroleras son continuas y una interrupción puede afectar procesos como el levantamiento de crudo, el transporte y la refinación.
“Esos 1.200 megavatios están asignados a la industria petrolera, con una producción actual estimada en más de 1 millón de barriles por día. Como es continua la demanda, no hay posibilidad de racionar. No es factible racionar la industria petrolera”, dice Poleo.
Insiste en que puede haber racionamientos en Maracaibo (Zulia), en Táchira o Píritu (Anzoátegui), pero no en el sector petrolero. “Esto no significa que haya culpabilidad del lado de la industria petrolera, sino que la industria eléctrica ha sido disminuida en sus capacidades de generar, transmitir, distribuir”, afirma.
Para el ingeniero José Aguilar, consultor internacional en generación y riesgo, el sistema eléctrico venezolano atraviesa su peor crisis y alerta que esta situación podría agravarse.
De acuerdo con sus estadísticas, el SEV destina a la industria de hidrocarburos 4,2% de su energía mientras depende de ella para obtener combustibles líquidos y gas natural destinados a la generación termoeléctrica “suministrados en cantidad y calidad insuficientes”.
El sector petrolero debe cubrir sus necesidades
Aguilar también coincide en que Venezuela presenta actualmente un déficit de unos 3.000 megavatios para cubrir la demanda máxima y una brecha equivalente a 15% de la energía anual requerida. Ambas deficiencias, recomienda, deben atenderse con urgencia y acompañarse de medidas que permitan evitar que nuevas amenazas amplíen el déficit en el corto y mediano plazo.
El incremento previsto de la producción petrolera, analiza, debería cubrir inicialmente sus necesidades eléctricas mediante autogeneración y la importación temporal de combustible, durante un período estimado de dos años y, como máximo, tres.
Aguilar estima que la demanda eléctrica del sector petrolero estaría entre 1.200 y 1.700 MW, aunque el requerimiento variaría de acuerdo con los procesos utilizados por la industria y con las características y proporciones de los yacimientos destinados a exploración, explotación, refinación y manejo de productos.
“Este rango se basa en la información eléctrica para la máxima producción petrolera histórica que se conoce. En estos momentos hay mucha desinformación al respecto”, afirma.
El ingeniero indica asimismo que Venezuela demanda actualmente unos 16.000 MW de potencia máxima y 110 TWh de energía al año y considera necesario que el país cuente con una reserva operativa adicional de 30% para garantizar la operatividad del sistema, acompañar el crecimiento económico, mejorar la calidad de vida y facilitar el retorno de la diáspora.
Aguilar dice que esa capacidad permitiría que la planificación se adelante al crecimiento de la demanda y evite que el suministro eléctrico se convierta en una limitación para la creación de riqueza y el progreso.
Indica que la “tensión” entre las necesidades energéticas de la industria petrolera y el suministro eléctrico de la población puede manejarse reparando tanto el sistema eléctrico venezolano como la industria de hidrocarburos, y aprovechando sus sinergias.
“Mientras se recupera una infraestructura de combustibles segura y confiable, podría ser necesario importarlos temporalmente para el servicio eléctrico y la misma industria de hidrocarburos hasta completar reparaciones claves; los desarrolladores petroleros deben generar su propia energía y traer sus combustibles inicialmente quizá por los primeros dos años”, expresa Aguilar.
El ex viceministro subraya que ambas son las industrias más importantes del país. “La industria petrolera genera ingresos, cada barril exportado genera dólares a una economía que además no los produce, nos lo dictan el Ministerio de Energía y los mercados internacionales”, añade.
La distorsión comenzó en 2007
Poleo explica que la situación actual de la industria eléctrica venezolana tiene su origen en la intervención del sector realizada en 2007, cuando se creó Corpoelec, a pesar de que no existían justificación ni estudios que sustentaran la decisión.
Se integraron entonces en una misma estructura corporativa a empresas como Electrificación del Caroní, Cadafe, Electricidad de Valencia, Electricidad de Maracaibo, Electricidad de Caracas y cerca de una decena de compañías privadas, algunas de ellas con más de un siglo de trayectoria.
Asimismo, recuerda que la industria eléctrica comenzó con iniciativas privadas a finales del siglo XIX, primero en Maracaibo y posteriormente en Caracas, con la construcción de la hidroeléctrica de El Encantado. Señala que antes de 2007 se realizaron dos estudios sobre la organización del sector eléctrico y ambos concluyeron que no existía razón para crear una casa matriz o holding que concentrara a las distintas empresas.
Para el experto, la creación de Corpoelec marcó el inicio de los problemas que posteriormente afectarían a la industria, entre ellos la pérdida de la relación de servicio que existía entre compañías como la Electricidad de Caracas y sus usuarios. Además, menciona la integración de áreas con características técnicas diferentes dentro de una misma estructura.
Dice que se combinaron ingenierías de distinta naturaleza, como la hidroeléctrica del Caroní y la termoeléctrica de Planta Centro, que aunque ambas generan electricidad medida en kilovatios-hora, requieren conocimientos y sistemas de ingeniería diferentes.
Asimismo, se integraron las líneas de transmisión de muy alto voltaje con aquellas destinadas a niveles de voltaje medio y bajo. “Esta distorsión que se creó en 2007 está causando la situación actual”, afirma.
Poleo manifiesta también que hace casi 20 años se crearon las empresas mixtas, mediante asociaciones que fueron forzadas entre Petróleos de Venezuela, con una participación dominante de 60% y unas 20 o más compañías que formaron parte de la apertura petrolera.
Algunas de esas firmas, dice, rechazaron incorporarse al nuevo esquema bajo el control mayoritario de Pdvsa. Menciona entre ellas a ConocoPhillips y Standard Oil, cuyos desacuerdos con el gobierno chavista derivaron en litigios internacionales relacionados con los contratos de la apertura petrolera.
Sostiene que Venezuela perdió esos procesos y que el país ha acumulado cerca de 50 derrotas en controversias internacionales.
El ex viceministro declara que esos procesos explican el deterioro de las industrias, “desmanteladas e inutilizadas” después de años de decisiones institucionales que afectaron su funcionamiento. Cuestiona asimismo que parte de la actividad petrolera quedó en manos de militares o personas que no tienen la calificación necesaria, una situación similar a la ocurrida en el sector eléctrico.
Desmantelar Corpoelec
Dice además que la crisis tiene una salida de carácter institucional y plantea como una de las medidas fundamentales el desmantelamiento de Corpoelec. Plantea que existen distintas propuestas sobre cómo intervenir la empresa, dividir sus estructuras y recuperar el modelo de prestación del servicio similar al establecido en la primera Ley Eléctrica de Venezuela, formulada en 1999.
Esa legislación fue posteriormente descalificada por algunos sectores como “neoliberal”, lo que abrió paso a nuevas leyes “truncas y deficientes” en materia petrolera y eléctrica, indica el experto.
En su análisis, agrega que el problema actual consiste en que se reforman sucesivamente esas normas sin que se aborde la estructura institucional necesaria para ambas industrias.
“Infelizmente, años más tarde la Ley Eléctrica de Venezuela fue calificada de neoliberal y despreciada, y nos llevó a estas leyes francamente truncas. Y esa es la situación en la cual estamos, en la que se reforman las reformas sin entender el problema institucional de fondo”, manifiesta.
Poleo afirma que se debe crear un ente regulador, conformado por trabajadores con conocimiento y ética, tanto para la industria eléctrica como petrolera.
Democratizar el país
Poleo y Aguilar coinciden en que la recuperación de la red eléctrica obligatoriamente pasa por la reinstitucionalización del país.
“Esto tiene una contraparte real, que es terminar con un gobierno que no lo es, que es un residuo del gobierno que comenzó a morir el 3 de enero”, declara Poleo.
“Este gobierno debe terminar de ser removido y enjuiciado y pasar a unas elecciones”, enfatiza.
El exfuncionario considera que las grandes compañías petroleras se han mostrado renuentes a invertir en Venezuela por la falta de seguridad jurídica y por la persecución política, una situación que habría dejado a la administración de Donald Trump con menos alternativas al momento de elegir empresas para operar en el país.
Aguilar cree que también debe haber una revisión de los acuerdos suscritos en materia energética por los resultados que ha dejado el actual modelo político.
General Electric, ¿suficiente?
Sobre los acuerdos anunciados con General Electric, Aguilar subraya que no se conocen formalmente los planes empresariales para evaluarlos. “Más allá de los anuncios, deben alinearse con transparencia las necesidades del sector, los estudios que las sustentan, el financiamiento y las contrataciones necesarias para iniciar su ejecución”, exige.
Critica que luego de meses de tutelaje estadounidense todavía no hay resultados visibles.
“La situación ha empeorado y seguirá así mientras no se establezcan sistemas de administración éticos. La participación no debe limitarse a una empresa: además de los fabricantes, hay otros oferentes calificados que pueden ejecutar las tareas con éxito, reducir plazos y costos, y acelerar la ejecución de las mejoras apremiantes”, añade el ingeniero.
Por su parte, el ex vicepresidente de Energía y Minas cree que los acuerdos con General Electric pueden comenzar a subsanar las fallas en el sistema eléctrico venezolano, aunque expresa su rechazo hacia la participación de INSA.
Detalla que, en el caso de General Electric, se trata de una empresa con amplia tradición en la fabricación de turbinas, al igual que Siemens, Rolls-Royce y otras compañías internacionales especializadas en este tipo de equipos.
“Si pueden venir y reparar las plantas de General Electric que Corpoelec ha descuidado, desmantelado y canibalizado, que lo hagan. Eso no está en discusión. Y también bienvenidos son la industria petrolera nacional e internacional porque una nueva generación eléctrica en la industria petrolera aliviaría el mal estado en el que estamos. Estamos ofertando 12.000 megavatios del sistema eléctrico venezolano y se están demandando 15.000, hay 3.000 megavatios no atendidos”, reitera Poleo.
No obstante, duda que INSA fabrique turbinas y señala que, en el proyecto de Tocoma, la empresa rusa subcontrató componentes en países como República Checa, Francia, China, Alemania, Brasil y Argentina. Asegura que esto evidencia que no se trata de una firma con capacidad propia de fabricación de turbinas y representa, además, una distorsión de la realidad técnica y política del proyecto.
¿Qué tanto se necesita?
La estimación de Aguilar sobre cuánta inversión se necesita para la recuperación del sistema eléctrico venezolano requiere conocer la situación real, remover a los responsables para frenar el deterioro y contrastar las necesidades con la oferta de partes y servicios y las fuentes de financiamiento disponible.
“El costo y la duración aún deben precisarse para ello; hay que saber la fecha de comienzo, alinear contratos, financiamiento, estudios y logísticas”, afirma el ingeniero. Cree que la recuperación podría superar los 5 años, aunque señala que en los primeros 18 meses ya habría una mejora apreciable.
“Mientras no se eliminen las causas de la crisis, la recuperación será más lenta y costosa por los daños mayor deterioros acumulados”, advierte.
Poleo, sobre este punto, declara que la recuperación de la industria eléctrica depende de un cambio institucional, en primer lugar, y considera que será posible abordar la recuperación del sector bajo otras condiciones una vez que Venezuela entre en un nuevo camino político y se reconstruyan instancias como el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral.
En ese contexto, plantea que se deben concretar acuerdos con empresas internacionales de amplia trayectoria en el sector energético, como Shell, Standard Oil y British Petroleum.
“Empresas con credibilidad y experiencia”, manifiesta Poleo, quien considera que las firmas que estuvieron vinculadas con el desarrollo inicial del sector petrolero venezolano tendrían mayores incentivos para regresar si existiera un gobierno legítimo con el cual pudieran establecer relaciones institucionales.
“Shell, Standard Oil y British Petroleum estarían mucho más seguras de venirse, interactuar con un gobierno legítimo, pero el actual no lo es y por eso no vienen”, manifiesta.
Un alarmante precedente
Aguilar remite al apagón nacional de 2019, cuando el país quedó completamente a oscuras y paralizado tras una falla en el sistema eléctrico venezolano. El corte comenzó el 7 de marzo y, aunque el servicio se restableció progresivamente en distintas zonas, varias regiones estuvieron sin electricidad durante varios días.
La emergencia afectó a la mayoría de los estados, además de Caracas, y golpeó servicios esenciales como hospitales, transporte, comunicaciones, suministro de agua y operaciones petroleras.
En medio de la emergencia, el entonces régimen de Nicolás Maduro, sin presentar pruebas, atribuyó el apagón a un supuesto sabotaje de Estados Unidos contra la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como el Guri, y posteriormente habló de ciberataques contra la red eléctrica.
La versión de Aguilar explica que la falla comenzó alrededor del mediodía, con apagones precedidos por un bajón que afectó a varios estados. Luego, se intentó recuperar la carga, pero las maniobras no funcionaron y la situación se agravó hasta provocar una sobrecarga en Guri, específicamente en el sistema de 400 que transfiere energía al sistema de 765.
Señala que la central ya tenía varias unidades fuera de servicio.
“El Guri, esto fue advertido seis meses antes, tenía nueve unidades fuera de servicio, hoy en día anda con siete”, manifiesta. Ante la falta de suficientes unidades grandes disponibles en la casa de máquinas, indica que se comenzó a incorporar al sistema de 765 energía proveniente de Caruachi y Macagua.
“Le fueron metiendo (energía) y ocurrió un disparo en el corazón del sistema, todas las unidades se vinieron abajo y, al venirse abajo la principal planta del país, todo se vino abajo”, relata el experto. “Eso es como decir que a esa hora, en ese momento, le ocurrió una especie de infarto”, añade.
Posteriormente, recuerda el experto, el 25 de marzo de ese año ocurrió un segundo apagón nacional y relata que la explicación oficial difundida por las autoridades apuntó nuevamente a un supuesto sabotaje, esta vez con la versión de un francotirador.
Con el paso del tiempo, afirma, se conoció que los transformadores que estaban operativos fueron sometidos a una sobrecarga continua entre los apagones del 7 y el 25 de marzo. “Fueron sobrecargados, las 24 horas, hasta que explotaron”, indica.
También señala que luego de esos eventos hubo una importante adquisición de transformadores a empresas chinas, pero hasta la fecha no todos los equipos comprados han sido instalados y puestos en servicio.
La cantidad de equipos dañados durante ambos apagones, agrega Aguiar, ha seguido afectando al país y particularmente al sector petrolero oriental, incluida la Faja del Orinoco.
Cinco medidas inmediatas
Aguilar puntualiza cinco medidas que considera inmediatas para atender la crisis eléctrica mientras se ejecutan las reformas estructurales.
La primera es establecer una comunicación pública transparente y oportuna que permita informar a la sociedad sobre la situación del sistema, los planes previstos, las mejoras, los plazos y los avances.
En ese punto, sugiere poner fin al “apagón informativo” que se mantiene en Venezuela desde el 16 de noviembre de 2010 porque considera indispensable conocer la situación real del sistema eléctrico para dimensionar la crisis y definir soluciones con mayor certeza.
El experto advierte que una situación de vulnerabilidad puede estar desarrollándose sin que la sociedad tenga conocimiento.
“No hay información, adrede ocultan todo, se callan o maquillan, ese es el mayor de los peligros que tenemos. Hay que informar a la sociedad con transparencia y oportunamente; hay que ponerle fin al apagón informativo sobre la información del sector eléctrico”, manifiesta.
La segunda medida que plantea el ingeniero es recuperar la integridad institucional mediante la erradicación de la corrupción y de las prácticas indebidas en todas las actividades del sector eléctrico, además de establecer estándares éticos en su funcionamiento.
Como tercera acción, añade intervenir la empresa para sanearla, corregir sus fallas y restablecer las mejores prácticas de la industria. También propone superar los “paradigmas populistas y rentistas” y devolverle valor comercial al sector como una vía para incentivar la participación privada.
El cuarto punto está relacionado con el talento humano. El ingeniero eléctrico propone motivar, atraer, desarrollar y retener al personal para construir una cultura orientada al alto desempeño y fortalecer el sentido de pertenencia dentro del sector.
Finalmente, apunta mejorar los mecanismos de recaudación para reducir las pérdidas no técnicas y avanzar de manera gradual hacia tarifas equitativas que permitan garantizar la sostenibilidad del sistema. “En paralelo aumentar la eficiencia en los procesos de la cadena de valor eléctrica”, dice.
Opciones realistas
El experto indica asimismo que la recuperación del sistema eléctrico debe partir de opciones realistas y de una evaluación de la infraestructura que ya existe. Señala que alternativas como la energía solar y eólica requieren estudios sobre costos, financiamiento y su interacción con el sistema actual para evitar que una nueva incorporación termine aumentando la inestabilidad.
“La recuperación no puede ser a infinito”, manifiesta.
Advierte que los recursos disponibles no son ilimitados y que Venezuela debe determinar cuánto costará cada proyecto, cómo se financiará y cómo se garantizará el pago de las obligaciones, especialmente ante los antecedentes de incumplimientos que han afectado la reputación financiera del país.
También dice que los proyectos deben seguir procesos de licitación, con términos de referencia claros, evaluación de las empresas calificadas y supervisión de cada etapa. Saltarse esos pasos, opina, aumenta las posibilidades de que las inversiones no produzcan los resultados esperados.
Expone que aumentar la generación disponible en la ciudad no resolvería por sí solo el problema porque las interconexiones con Colombia y las conexiones internas del estado están severamente limitadas. En ese contexto, cuestiona la propuesta de construir un cable para atravesar el lago de Maracaibo si antes no se recuperan las redes que llevan la electricidad hacia la entidad.
Aguilar insiste además en que las decisiones deben partir de un análisis de causa raíz y no de soluciones aisladas, y menciona el caso de la unidad 17 de Guri, cuya falla reciente requiere determinar qué provocó el daño y si existen otras unidades con una exposición similar.
Añade que esa unidad fue modernizada y rehabilitada hace unos 21 años, pero los componentes originales estaban diseñados para 730 megavatios y posteriormente se elevó su capacidad a 770 megavatios. Esto, explica, pudo haber generado una insuficiencia de diseño que debe ser estudiada junto con otros factores, como el mantenimiento y la forma de operación.
Dice que la preocupación se extiende a otras unidades con un diseño similar que permanecen operativas y que por eso se debe revisar de manera integral su diseño, mantenimiento y operación para identificar posibles mecanismos de falla antes de que ocurran.
El ingeniero menciona las unidades 15, 18 y 20 de Guri, que permanecen pendientes de rehabilitación. Las unidades 18 y 20 tienen, según indica, entre 12 y 14 años detenidas, mientras que la 15, con 42 años de funcionamiento, es la última de las unidades originales y presenta un estado que le genera preocupación.
Se debe saber la verdad
El ingeniero eléctrico afirma que Venezuela todavía cuenta con técnicos y profesionales capacitados para enfrentar la recuperación del sistema eléctrico venezolano, pero advierte que deben ser personas competentes, éticas y actualizadas.
También alerta que ocultar información a los especialistas aumenta el riesgo de diagnosticar mal los problemas, repetir trabajos y gastar más recursos. “Venezuela tiene que hacer las cosas bien la primera vez”, señala Aguilar.
Enfatiza que el país no tiene ni dinero ni tiempo para equivocarse y volver a ejecutar las mismas tareas. “El que va a tratar de resolver eso tiene que saber la verdad”, insiste.
Plantea que, una vez reunida toda la información sobre el sistema eléctrico venezolano, el siguiente paso debe ser determinar cuánto costará la recuperación, qué empresas están calificadas para ejecutarla y comparar sus propuestas mediante procesos técnicos.
Considera necesario comunicar a la sociedad cómo se financiarán y ejecutarán los trabajos, así como informar sobre su avance y los plazos previstos. En su opinión, los tiempos y el uso de los recursos podrán recuperar progresivamente la confianza si los ciudadanos conocen las dificultades.
EL NACIONAL