El ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago, Sean Sobers, llegó este jueves a Venezuela para cumplir «una amplia agenda en materia de energía, comercial, seguridad nacional y transfronteriza», informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
La visita se produce un día después de la firma en Caracas de nuevos contratos en materia de petróleo y electricidad entre Venezuela y empresas estadounidenses y una italiana, acto en el que estuvo presente el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.
VTV detalló que Sobers viene acompañado de una delegación para también «profundizar las relaciones estratégicas y dar impulso a la cooperación» que mantienen ambos países.
«Esta visita del ministro de Relaciones Exteriores fortalece aún más estos lazos para abrir más oportunidades para el desarrollo y bienestar de ambas naciones», subrayó VTV.
Según información de El Tiempo, que cita fuentes consultadas, el territorio colombiano forma parte del itinerario regional del jefe de la diplomacia norteamericana, previendo su llegada entre el martes y el miércoles de la semana entrante.
Sin embargo, los detalles del viaje permanecen bajo reserva y se espera que la agenda oficial sea divulgada en las próximas horas. Diversas versiones apuntan a que las reuniones y encuentros de trabajo se concentrarán en la ciudad de Barranquilla.
De concretarse el viaje, sería uno de los primeros encuentros de alto nivel entre Rubio y el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella desde la posesión presidencial del pasado 7 de agosto.
De la Espriella expresó su gratitud al secretario de Estado por el envío de ayuda humanitaria tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el suroccidente colombiano el pasado 10 de agosto | AFP
En el año 2014, el republicano visitó Colombia cuando ejercía como senador por el estado de Florida. En aquella oportunidad, elogió el crecimiento social y económico de la nación y la calificó como un “ejemplo para todo el hemisferio”.
La eventual llegada de Rubio también se produciría semanas después de una conversación telefónica entre ambos funcionarios, en la que abordaron asuntos relacionados con la relación bilateral.
Durante ese enlace, De la Espriella catalogó el intercambio como fructífero y expresó su gratitud al secretario de Estado por el envío de ayuda humanitaria tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el suroccidente colombiano el pasado 10 de agosto.
La Red de Mujeres Constructoras de Paz presentó el 3 de septiembre la cuarta edición de su informe “Sin nosotras no hay transición”, que analiza las condiciones, percepciones y barreras que enfrentan las mujeres venezolanas para ejercer el liderazgo y participar en espacios públicos en el contexto sociopolítico actual.
El estudio encontró que solo 2 % de las consultadas pertenece activamente a partidos u organizaciones políticas, mientras que 69 % considera que la participación activa de las mujeres es vital para una transición democrática real en Venezuela. A pesar de esta valoración, 56 % de las jóvenes entre 18 y 34 años de edad no considera determinante su participación en una eventual transición democrática.
Los resultados muestran que la baja participación política está relacionada con una combinación de factores. Entre ellos aparecen las responsabilidades domésticas y de cuidado, la falta de tiempo y recursos económicos, las dificultades para acceder a posiciones de liderazgo y la percepción de inseguridad en determinados espacios políticos y comunitarios. Aunque 74 % de las encuestadas afirmó haber participado en alguna actividad pública durante los últimos cinco años, esta participación se concentra principalmente en el ejercicio del voto.
Las barreras para acceder a espacios de liderazgo
El informe identifica obstáculos estructurales y culturales que dificultan la participación sostenida de las mujeres en actividades políticas, comunitarias y sociales.
Entre las principales dificultades señaladas por las encuestadas están el acceso limitado a posiciones de liderazgo y la falta de reconocimiento o legitimidad de las mujeres en el ámbito político. Cada uno de estos factores fue mencionado por 31 % de las participantes.
También aparecen la falta de tiempo disponible, con 22 %, la dificultad para obtener recursos económicos, con 19 %, la baja presencia en espacios de toma de decisiones, con 17 %, y la percepción de inseguridad personal, con 10 %.
Las entrevistas realizadas para el estudio muestran, además, que los hombres continúan teniendo una presencia más visible en espacios políticos y de liderazgo. Algunas participantes relacionaron esta situación con patrones culturales y sociedades en las que todavía persisten estructuras machistas.
Lexis Rondón, defensora de derechos humanos e integrante de Laboratorio de Paz, describió este desafío desde su propia experiencia.
“He aprendido que sigue habiendo una mirada muy patriarcal y machista de lo que es hacer política”, señaló.
La participante agregó que uno de sus aprendizajes ha sido evitar reproducir los estereotipos que históricamente han condicionado la participación de las mujeres.
La falta de tiempo se suma a las responsabilidades de cuidado
Las responsabilidades relacionadas con el hogar y el cuidado de otras personas aparecen como otro de los factores que condicionan la participación pública de las mujeres.
Las entrevistadas describieron una situación en la que deben combinar el trabajo remunerado, las tareas domésticas y, en algunos casos, actividades comunitarias o cívicas. Esta combinación reduce el tiempo disponible para participar de manera constante en espacios de liderazgo.
El informe se refiere a esta situación como una “triple jornada”, relacionada con las responsabilidades del hogar, el trabajo y la participación comunitaria o cívica. La brecha también se refleja en el tiempo dedicado a las tareas domésticas: 68 % de las madres con hijos menores dedica ocho horas o más al día al trabajo del hogar no remunerado, frente a 8 % de los padres.
Al ser consultadas sobre los factores que dificultan su participación en actividades de organización política y social, 28 % señaló la falta de recursos. Otro 21 % manifestó desconfianza hacia quienes organizan estas actividades y 20 % dijo que no tiene tiempo.
Además, 7 % indicó que tiene miedo de participar, mientras que 6 % afirmó que no le interesa o le interesa poco.
Paola Alemán explicó que las responsabilidades familiares pueden convertirse en una limitación concreta para involucrarse en actividades públicas.
“Nosotras sostenemos una casa, y si te involucras en una actividad tienes que tener tiempo”, señaló.
Alemán también describió cómo las dificultades cotidianas pueden ocupar buena parte de la atención de las mujeres y reducir el tiempo que pueden dedicar a asuntos públicos.
“Una mujer que tiene en su cerebro y en su corazón coordinar a qué horas llega el agua… es una mujer que para sobrevivir en lo privado, tiene poco tiempo para dedicarle a lo público”, afirmó.
El informe señala que estas responsabilidades no solo reducen la disponibilidad de tiempo, sino que también pueden afectar la capacidad de las mujeres para mantener una participación constante en organizaciones y espacios de decisión.
El miedo también limita la participación política
La seguridad personal y familiar constituye otro de los factores que aparecen en los testimonios recogidos por la Red de Mujeres Constructoras de Paz.
Paola Alemán señaló que el temor a ser perseguidas, detenidas arbitrariamente o sufrir represalias contra ellas o sus familiares puede influir en la decisión de participar en actividades políticas y comunitarias.
Varias participantes también mencionaron situaciones ocurridas durante el periodo electoral de 2024, entre ellas allanamientos de viviendas, campañas de estigmatización en redes sociales y otras presiones relacionadas con su participación política o comunitaria.
De acuerdo con los testimonios, estas experiencias modificaron la forma en que algunas mujeres evalúan los riesgos de involucrarse en espacios públicos.
Las preocupaciones por la seguridad también están vinculadas con las responsabilidades de cuidado. Para las mujeres que tienen familiares a su cargo, una eventual represalia no solo representa un riesgo personal, sino una situación que puede afectar directamente a su entorno familiar.
Las jóvenes tienen una menor vinculación con organizaciones
El informe identifica una menor vinculación de las mujeres jóvenes con organizaciones políticas y comunitarias. Entre las participantes de 18 a 34 años, 56 % no considera determinante su papel para una eventual transición democrática.
Los resultados relacionan esta percepción con diferentes circunstancias, entre ellas las dificultades económicas, las responsabilidades familiares asumidas desde edades tempranas y las decisiones relacionadas con la migración.
También aparece la percepción de que los espacios políticos no siempre responden directamente a las prioridades e intereses de las mujeres jóvenes.
Esta situación ocurre en un contexto en el que muchas de ellas deben asumir responsabilidades económicas y familiares desde edades tempranas, lo que puede reducir sus posibilidades de participar en actividades comunitarias, cívicas o políticas.
El estudio señala que muchas mujeres se consideran agentes relevantes en sus comunidades y en los procesos de cambio. Sin embargo, su presencia en los espacios donde se toman decisiones políticas y económicas continúa siendo menor que la de los hombres.
Los resultados muestran así una distancia entre la participación que las mujeres ejercen en sus comunidades y su presencia en los espacios formales de decisión. La falta de tiempo, las responsabilidades de cuidado, las dificultades económicas, la inseguridad y la desconfianza aparecen como factores que pueden dificultar que esa participación se mantenga en el tiempo.
El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, informó este jueves que el fondo que se abrió para apoyar a los afectados por el doble terremoto en La Guaira ha recaudado alrededor de nueve millones de dólares e indicó que ya han comenzado a implementar los recursos.
«Ese fondo nos ha permitido iniciar ya un camino de recuperación y de solidaridad internacional. Ya llevamos más de 14 millones de dólares comprometidos de donaciones a La Guaira. Ya hemos recibido más de nueve millones de dólares para el fondo y estamos comenzando a implementar los recursos«, dijo en entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio.
Explicó que los recursos obtenidos por donantes privados y gobiernos lo va a ejecutar el banco según las prioridades, pero aseguró que va a tener una «aditorÍa internacional». Asimismo, resaltó que entre las principales necesidades se encuentra la recuperación de las viviendas e instituciones educativas para que los niños no pierdan el año escolar que está por comenzar.
Afirmó que el volumen del fondo «no pretende resolver el 100% del problema porque se va a requerir muchísimo más«, pero es un inicio importante.
Aseveró que los recursos que se han recaudado al interior del banco con diversas actividades que han desarrollado, fueron entregados hace dos días a siete organizaciones que operan en La Guaira en áreas de salud mental, rehabilitación física, ortopédicas y hospitales. «También nos comprometimos con la recuperación del colegio Madre Emilia (…) que es una isla de excelencia para la comunidad», agregó.
CAF calcula que se requieren entre 17 mil y 22 mil millones de dólares entre los privado y público para atender la emergencia generada por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio. Además, enfatizó la importancia de las mesas de diálogo para poder abarcar todas las zonas devastadas.
Díaz- Granados comentó que antes de la creación del fondo, el banco había destinado aproximadamente un millón de dólares en ayuda humanitaria para atender a las víctimas del doble sismo que devastó a la entidad costera.
El reresentante de CAF remarcó los daños que registró la sede del banco y las pérdidas de viviendas que sufrieron un grupo de sus trabajadores. «El sismo está en el corazón también del banco y lo sentimos tan duro como lo sintieron las familias en La Guaira», acotó.
Las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump están teniendo consecuencias que van más allá de las personas detenidas o deportadas. En comunidades con una importante presencia hispana, las redadas han afectado la actividad de pequeños negocios y generado temor entre trabajadores agrícolas, según dos estudios publicados recientemente.
Un estudio del Latino Policy & Politics Institute de UCLA sobre las redadas migratorias y los pequeños negocios latinos del condado de Los Ángeles documentó el impacto económico de los operativos. La investigación analizó nueve corredores comerciales en los que se produjeron operaciones migratorias y encuestó a 75 propietarios de negocios latinos.
Durante las dos semanas posteriores a los operativos, los establecimientos situados alrededor de los lugares donde se produjeron las redadas recibieron unas 46.000 visitas menos. UCLA estimó que esa reducción representó pérdidas de aproximadamente 3,16 millones de dólares para los negocios analizados.
El impacto también se reflejó en los ingresos y en la actividad laboral. 59% de los empresarios entrevistados afirmó que sus ingresos habían caído más de 50% después de las redadas. Además, 68% dijo que había cerrado temporalmente o reducido su horario, mientras que 51% señaló que sus trabajadores habían faltado al empleo por miedo.
El problema, según el estudio, persistía después de los operativos. 95% de los empresarios consultados dijo experimentar estrés financiero constante y 52% afirmó que sus ingresos ya no cubrían de manera consistente los costos operativos.
Impacto en la comunidad hispana
Las redadas migratorias golpean a pequeños negocios y trabajadores agrícolas
Estudios de UCLA y la UFW Foundation documentan pérdidas millonarias y un clima de temor que divide incluso al electorado republicano.
Efecto en el comercio de Los Ángeles
Una investigación del Latino Policy & Politics Institute de UCLA en nueve corredores comerciales reveló el impacto tras los operativos de ICE:
46.000Visitas menos
Reducción en la afluencia de clientes en las dos semanas posteriores.
3,16Millones de dólares
Pérdidas estimadas para los comercios analizados. 59%
Reportan caídas de ingresos superiores a la mitad. 68%
Cerró temporalmente o redujo jornadas de trabajo. 51%
Registró ausentismo laboral por miedo de los empleados.
Impacto en el sector agrícola
Encuesta a 2.250 trabajadores agrícolas sobre los efectos de la política migratoria:Alteración de la vida cotidiana▼ clic para expandir
92% afirma que los operativos han afectado su empleo directamente.
61% redujo sus compras de suministros y alimentos.
29% evitó recibir atención médica por temor a las autoridades.
«Les digo que lo que pasó con ICE el año pasado perjudicó a los republicanos… Los votantes sintieron que no era por lo que habían votado».
— Carlos Giménez, congresista republicano
Propuesta Dignity Act of 2025
Presentada por María Elvira Salazar (R) y Veronica Escobar (D). Busca combinar seguridad fronteriza con soluciones de estatus legal para inmigrantes que ya residen en el país, como respuesta a las tensiones actuales.
Fuente: Latino Policy & Politics Institute de UCLA, UFW Foundation, Político y Public First.
El miedo entre los trabajadores agrícolas
Otro estudio, publicado en julio por la UFW Foundation, muestra el impacto de las redadas y las deportaciones entre trabajadores agrícolas.
La organización encuestó a 2.250 trabajadores agrícolas para conocer cómo las operaciones migratorias estaban afectando sus vidas y su trabajo.
El 92% de los trabajadores encuestados afirmó que los operativos contra la inmigración y las deportaciones habían afectado su empleo. El informe señala además que 80% llevaba más de una década viviendo en Estados Unidos.
El temor también ha modificado comportamientos cotidianos. Según la encuesta, 61% de los participantes había reducido sus compras y 29% había evitado recibir atención médica debido al miedo generado por las operaciones migratorias. 90% expresó preocupación por una posible separación familiar.
Entre las principales prioridades expresadas por los trabajadores, 76% señaló que quería protección frente a la deportación y la detención, mientras que 53% dijo que buscaba un camino hacia el estatus legal y la ciudadanía.
Preocupación dentro del Partido Republicano
Las críticas a la aplicación de la política migratoria de la Administración Trump no se limitan a organizaciones tradicionalmente alineadas con los demócratas. Algunos republicanos también han expresado preocupación por la forma en que se están desarrollando las operaciones migratorias.
En junio de 2025, seis de los 11 integrantes de la Congressional Hispanic Conference enviaron una carta al entonces director interino de ICE para pedir que la agencia concentrara sus recursos en personas consideradas una amenaza inmediata para la seguridad pública.
La posición de estos legisladores no suponía rechazar la aplicación de las leyes migratorias. La discusión se centraba en las prioridades de ICE y en la necesidad de distinguir entre las personas que representan una amenaza para la seguridad pública y otros inmigrantes.
El congresista republicano por Florida Carlos Giménez también ha expresado preocupación por las consecuencias políticas de las operaciones migratorias entre los votantes hispanos.
«Les digo que lo que pasó con ICE el año pasado perjudicó a los republicanos, ¿de acuerdo? Nos perjudicó con los hispanos«, afirmó Giménez en unas declaraciones recogidas por Latin Times. El congresista añadió que algunos votantes hispanos consideraron que la forma en que ICE estaba aplicando las leyes de inmigración no era por lo que habían votado.
Una parte de los votantes de Trump considera excesiva la política migratoria
Una encuesta de Político y Public First apunta en la misma dirección. Según el sondeo, 50% de los estadounidenses considera que la campaña de deportaciones masivas del presidente está siendo demasiado agresiva. Una cuarta parte de quienes votaron por Trump en 2024 comparte esa opinión.
Dentro del propio electorado republicano de Trump también existen diferencias. 31% de quienes votaron por él pero no se identifican con el movimiento MAGA considera que su política migratoria está siendo demasiado agresiva, frente a 15% de los votantes que sí se identifican como MAGA.
La encuesta encontró además que 56% de los estadounidenses había percibido algún cambio en la manera en que la administración lleva a cabo las deportaciones. Entre ellos, 44% dijo que esos cambios no habían modificado su confianza en la Administración en materia migratoria, mientras que 30% afirmó que había disminuido.
50% de los estadounidenses considera que la campaña de deportaciones masivas del presidente está siendo demasiado agresiva | EFE/ALEX BRANDON.
Los republicanos hispanos no tienen una posición única
Los republicanos hispanos han mostrado posiciones diferentes sobre cómo debe aplicarse la política migratoria. Algunos respaldan una aplicación estricta de las leyes, pero al mismo tiempo defienden que los recursos de ICE se concentren en inmigrantes que representen una amenaza para la seguridad pública.
La diferencia es relevante porque una parte del debate actual no gira únicamente alrededor de si Estados Unidos debe controlar la frontera o deportar a personas que se encuentran ilegalmente en el país. También se centra en cómo se realizan las operaciones y qué consecuencias tienen sobre comunidades enteras.
Los estudios de UCLA y la UFW Foundation documentan dos de esas consecuencias: el impacto económico sobre pequeños negocios y el efecto de las políticas migratorias sobre trabajadores agrícolas y sus familias. Las declaraciones de republicanos como Giménez añaden una dimensión política: la preocupación de que determinadas estrategias puedan alejar a votantes hispanos que el Partido Republicano ha conseguido atraer en los últimos años.
El reto para Trump y el Partido Republicano
El debate migratorio, por tanto, no se limita a quién cruza la frontera. También alcanza la forma en que la política migratoria se aplica dentro de Estados Unidos y a quién termina afectando.
El informe de UCLA sobre Los Ángeles muestra que las redadas pueden tener consecuencias sobre negocios que dependen de consumidores latinos. La encuesta de la UFW Foundation muestra que el temor puede modificar decisiones cotidianas como comprar alimentos o acudir al médico. Al mismo tiempo, las declaraciones de algunos republicanos muestran que dentro del partido existe una discusión sobre los límites y las prioridades de la aplicación de las leyes migratorias.
El desafío para los republicanos se produce después de uno de los mejores resultados del partido entre los hispanos en una elección presidencial. Trump obtuvo 46% del voto hispano en 2024.
Ahora, las encuestas sugieren que ese electorado distingue entre una política de seguridad fronteriza y las consecuencias de las deportaciones y redadas en el interior del país. Para algunos republicanos, la preocupación ya no es solamente cómo mantener una política migratoria dura, sino cómo hacerlo sin perder a los votantes hispanos que ayudaron al partido.
El informe de UCLA sobre Los Ángeles muestra que las redadas pueden tener consecuencias sobre negocios que dependen de consumidores latinos (Estados Unidos). Foto: EFE/ Coalición por los derechos humanos de los inmigrantes
María Elvira Salazar impulsa una alternativa legislativa
Mientras algunos republicanos cuestionan determinadas actuaciones de la administración, la congresista republicana por Florida María Elvira Salazar impulsa una alternativa legislativa.
Salazar y la congresista demócrata Veronica Escobar presentaron la Dignity Act of 2025 (H.R. 4393) el 15 de julio de 2025. La propuesta es bipartidista y plantea cambios en materia de seguridad fronteriza, estatus legal para determinados inmigrantes, asilo y visas.
la congresista republicana por Florida María Elvira Salazar impulsa una alternativa legislativa. | María Elvira Salazar (@maelvirasalazar).
En marzo de 2026, Salazar participó junto a Escobar y otros legisladores y organizaciones en el lanzamiento de la Dignity Coalition, destinada a promover el proyecto.
La iniciativa sigue siendo una propuesta legislativa: no es una ley vigente ni supone que quienes actualmente se encuentran ilegalmente en Estados Unidos puedan acogerse automáticamente a sus disposiciones.
La existencia de la Dignity Act muestra que dentro del Partido Republicano también existe una corriente que busca combinar una política de seguridad fronteriza con una solución legislativa para determinados inmigrantes que ya se encuentran en Estados Unidos.
Petróleos de Venezuela (PDVSA) firmó este miércoles una «alianza estratégica» con la empresa estadounidense General Electric (GE) Vernova para la recuperación de la infraestructura eléctrica de la industria petrolera.
La firma se realizó entre el presidente de GE Vernova Venezuela, Carlos Mousadi, y el vicepresidente ejecutivo de PDVSA, Jovanny Martínez, todo esto en presencia de la mandataria encargada del país, Delcy Rodríguez, y del secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright.
Además, GE Vernova firmó un acuerdo con la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para el «impulso de varios proyectos relacionados con el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional venezolano».
En junio pasado, el Gobierno de Venezuela suscribió un memorando de entendimiento en materia de electricidad con representantes GE Vernova y de Corpoelec.
En una transmisión de VTV, Roger Martella, director corporativo de GE Vernova, dijo entonces que la misión de la empresa es permitir que la electricidad llegue a todos.
«Queremos movernos rápido, que el sistema funcione lo mejor posible en pocos meses y creo que podemos hacerlo juntos. Ya tenemos un acuerdo sobre los aspectos técnicos y cómo podemos avanzar rápidamente. En los próximos 12 meses y más vamos a fortalecer el SEN (Sistema Eléctrico Nacional)», anticipó Martella.
A pocos días del acuerdo entre los presidentes Donald Trump y la interina Delcy Rodríguez, la petrolera estadounidense Chevron anunció un nuevo gran plan de inversiones para Venezuela, que implica un monto de $7.000 millones en cinco años.
Este incremento en la inversión tiene como objetivo producir 600.000 barriles de petróleo diarios, gracias a la explotación de las nuevas áreas otorgadas en la Faja del Orinoco.
Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, aunque sin explotar. Se calculan en más de 303.000 millones de barriles.
Petróleo: menos barriles y precios en alza
Chevron no es la única petrolera internacional que trabajará en el desarrollo de la producción petrolera en Venezuela, que actualmente se mantiene en unos bajos niveles de menos de 100.000 barriles diarios.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió este miércoles 2 de septiembre las Licencias Generales 51D, 54C y 55A, las cuales modifican el alcance de las sanciones aplicables a la industria del carbón y los minerales en Venezuela, incluido el oro.
Con estas licencias se permiten las operaciones comerciales, suministro de servicios e inversiones internacionales con empresas estatales como Carbones del Zulia S.A. (Carbozulia) y la CVG Compañía General de Minería de Venezuela C.A. (Minerven) con entidades estadounidenses.
La Licencia 51D autoriza la ejecución de actividades de exportación, reexportación, compra, venta, transporte y refinado de carbón y minerales de origen venezolano y establece que todo pago monetario para personas o entidades estatales bloqueadas debe depositarse en los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros, evitando la transferencia directa de divisas sin supervisión.
Añade como una obligación que cualquier litigio o arbitraje se resuelva en tribunales de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia o Singapur.
Asimismo, la LG 54C permite la provisión de bienes, servicios, tecnología, software y mantenimiento preventivo o reparación de equipos necesarios para la exploración y procesamiento minero en el país.
Sin embargo, establece que las empresas prestadoras de estos servicios deberán presentar informes cada 90 días ante el Departamento de Estado y el Departamento del Interior detallando las partes involucradas, volúmenes, montos e impuestos pagados.
Por su parte, la LG 55A permite la negociación y firma de acuerdos de intenciones, memorandos de entendimiento y ofertas de licitación para futuras inversiones o creación de joint ventures.
Pero destaca como condición indispensable que la ejecución de cualquier nuevo proyecto dependerá de una autorización o licencia específica adicional por parte de la OFAC.
Restricciones geopolíticas
Aunque hay apertura operativa para el sector minero venezolano, la administración estadounidense mantiene prohibiciones dirigidas a contener la influencia de países que considera no alineados y esquemas de pago no rastreables.
Las licencias establecen prohibición de cualquier transacción, alianza (joint venture) o refinado que involucre a personas, empresas o gobiernos de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China.
También restringe pagos en criptomonedas o tokens emitidos por el gobierno venezolano (incluido el Petro), ni canjes de deuda o pagos en especie.
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegó este martes a Venezuela para participar en la firma de un nuevo contrato de la empresa estadounidense Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de crudo en el mundo, cuatro días después del anuncio de un histórico macro acuerdo petrolero entre Estados Unidos y el régimen chavista.
Wright y su delegación fueron recibidos pasadas las 20:30 hora local por la ministra de Hidrocarburos del régimen chavista, Paula Henao, y el encargado de negocios de EE.UU. en Venezuela, John Barrett, en el aeropuerto internacional de Maiquetía.
Se trata de la segunda visita de Wright a Venezuela luego de que el pasado mes de febrero viajara a Caracas para establecer una asociación energética a largo plazo acordada con la encargada del régimen chavista, Delcy Rodríguez.
Antes de abordar el avión en Washington, Wright detalló que está previsto que este miércoles Chevron anuncie «la ampliación de sus operaciones actuales en el país, algo que también incrementará la capacidad productiva de petróleo en Venezuela».
El anuncio, que llega después de que el Gobierno estadounidense presentara un acuerdo para que la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) explote el 20 % de las reservas probadas de crudo del país caribeño, parece hacer referencia a un acuerdo que Chevron estaría ultimando, según han apuntado medios citando fuentes anónimas, para incorporar dos grandes yacimientos en la faja.
La Asamblea Nacional aprobó este martes en sesión extraordinaria y en segunda discusión la Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
La reforma cambia el artículo 65 del mencionado instrumento legal, quedando establecido que el número de integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales será de 23, 11 de ellos diputados al Parlamento y 12 representantes de otros sectores de la sociedad.
Anteriormente, el artículo establecía que el número era de 21, 12 de ellos diputados del Parlamento, por lo que, con la reforma, los representantes de la sociedad pasan a ser mayoría.
El instrumento contempla una disposicion transitoria que ordena conformar el nuevo comité una vez publicada la reforma en Gaceta Oficial.
La instalación de este comité marcará el inicio del proceso de nombramiento de los magistrados principales y suplentes del TSJ y sus órganos auxiliares.
