El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centró este jueves su discurso oficial en la seguridad del sistema democrático y anunció la desclasificación de documentos confidenciales de inteligencia con el fin de corregir las vulnerabilidades del sistema de votación, tras asegurar de forma tajante que “ningún país puede ser grande sin elecciones libres y justas”, un postulado que consideró el pilar fundamental para el futuro de la nación.
Durante su mensaje a los estadounidenses, el mandatario insistió en que la transparencia institucional es indispensable para el desarrollo de la ciudadanía.
“Sin confianza no puede haber grandeza, así de sencillo”, dijo al tiempo que argumentó que durante años ha solicitado “que haya acción valiente y decisiva” para blindar los comicios y garantizar que, cuando los estadounidenses voten, “su voto va a ser contado de manera precisa y correcta en un sistema” robusto.
Transparencia y documentos desclasificados
Trump enfatizó en la necesidad urgente de reformar la infraestructura electoral al señalar que “tenemos que hacer un sistema donde hacer trampa e interferir no solo sea difícil, sino prácticamente imposible”, lamentando que en la actualidad el país se encuentre lejos de alcanzar dichos estándares de protección internacional.
Durante su intervención, Trump anunció la creación de un nuevo “Grupo de Trabajo de Transparencia”, una junta que cuenta con el respaldo de los jefes de las agencias de inteligencia nacionales. De acuerdo con el mandatario, la desclasificación de estos archivos saca a la luz información que “durante años ha sido encubierta y escondida al pueblo americano”.
Los documentos oficiales, que según el presidente están disponibles para el escrutinio público en el portal oficial de la Casa Blanca (whitehouse.gov), se enfocan en cinco áreas principales, comenzando con el ciclo electoral de 2020, en el cual, afirmó, “se llevó a cabo lo que se cree que es el problema más grande de las elecciones, que resultó en problemas con millones de votos” y en la exposición de datos personales sensibles que pudieron ser explotados por agentes extranjeros, una situación que describió como “una pesadilla a la seguridad nacional” operada por miembros del denominado “estado profundo”.
Balance de su gobierno
Antes de ahondar en las reformas electorales, Trump inauguró su discurso ofreciendo un balance general de los indicadores económicos y las políticas públicas promovidas por su gobierno, declarando que “tenemos más dinero, más dinero invertido que en cualquier momento en la historia de nuestro país” y recalcando que “más estadounidenses están trabajando hoy en día que jamás”.
Asimismo, celebró que esta semana los reportes económicos registraran el declive más grande en más de seis años en el índice de inflación, un logro que defendió señalando que “los medios lo informaron y lo aceptamos, lo mejor en seis años”, al tiempo que destacó una drástica reducción en los costos de la salud mediante regulaciones estrictas a las grandes compañías farmacéuticas.
En materia de bienestar social y seguridad, Trump impulsó el uso de la plataforma oficial trumpaccounts.gov para la inscripción de menores de edad en fondos federales de inversión, explicando que a través de este programa “cada niño en Estados Unidos puede tener una cuenta” alimentada por miles de millones de dólares que permitirán que, “cuando cumplan 18 años, tengan potencialmente cientos de miles de dólares” para iniciar sus vidas adultas.
El presidente también describió la frontera sur como “la más segura en la historia del país” debido a que cero inmigrantes ilegales han sido admitidos en los últimos 14 meses, defendió las inversiones récord efectuadas en las Fuerzas Armadas e hizo referencia a la política exterior en América Latina al declarar de forma contundente que “ganamos en Venezuela” con relación a la gestión de sus recursos de petróleo.
El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) en Nueva Esparta, Gabriel Briceño, planteó la habilitación del Puerto El Guamache para recepción de carga mientras culminan los trabajos de reparación del Puerto La Guaira, en el Litoral Central, cuya infraestructura registró daños tras los terremotos del 24 de junio.
Briceño explicó que el uso de la infraestructura portuaria neoespartana permitirá también acceso a las exenciones del puerto libre de Margarita en medio de la emergencia nacional.
El dirigente gremial argumentó que el Puerto El Guamache tiene una buena condición geográfica y «una condición fiscal estratégica (…) la Ley de Puerto Libre te da las condiciones pata hacer actividades de almacenaje en nuestra región y que estén exentas de pagos de impuesto, de IVA, abaratar costos financieros».
La reactivación de los vuelos directos facilitará estrechar los vínculos de hermandad entre ambos pueblos, así como el auge del comercio, la actividad turística y las inversiones en áreas clave de la economía. Facilitará el reencuentro familiar y el intercambio cultural, al tiempo que promoverá el desarrollo económico.
Curazao ofrece muchas oportunidades para los venezolanos, en especial para disfrutar de un turismo que mezcla cultura, bellezas naturales, música y mucha diversión. En esta nueva etapa, signada por el reencuentro, los venezolanos podrán visitar y conocer los avances y el crecimiento que ha experimentado la isla en estos últimos años Venezuela siempre ha jugado un papel fundamental en la evolución de Curazao.
La reanudación de los vuelos paulatinamente desde los aeropuertos de Barcelona y Maracaibo estrechará los vínculos empresariales entre ambos países, dando pie a inversiones en sectores clave como petróleo, inmobiliario, comercio y el sector financiero. Sin duda, la reapertura de los vuelos es una excelente noticia para venezolanos, curazoleños y toda la región del Caribe, que se convertirá en un espacio para el desarrollo, el crecimiento y la estabilidad de todos.
Marisela de Loiza, presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas Venezolanas (ALAV), informó que las aerolíneas trasladaron parte de sus operaciones a Valencia y Barcelona luego de las afectaciones que sufrió el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía tras el doble terremoto del 24 de junio.
En entrevista con el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, resaltó que el Aeropuerto Arturo Michelena de Valencia concentra actualmente buena parte de los vuelos, aunque tiene limitaciones por su capacidad.
“Es un terminal muy pequeño, la aproximación de Valencia a Caracas no es tan sencilla como desde Maiquetía, son dos horas de camino, ha habido congestionamiento”, señaló.
Asimismo, indicó que los pasajeros han tenido algunas dificultades por los traslados y la reorganización de los horarios. “Las líneas aéreas piden estar con cuatro horas de antelación, se juntan los vuelos, sé que están pasando algunas incomodidades, pero por suerte es una alternativa para los pasajeros que vienen a Caracas”, expresó.
Precisó que Láser trasladó sus operaciones al Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, en Barcelona, aunque este terminal también implica un traslado terrestre de varias horas desde Caracas.
“Ojalá estén colaborando las autoridades viales para que no hayan tantas alcabalas, para que fluya bien ese tráfico entre Caracas y Barcelona”, pidió.
Situación en Maiquetía
De Loiza explicó que Maiquetía ya estaba en proceso de reparación antes del terremoto, con trabajos en las correas de equipaje y en el terminal oeste del área internacional.
Señaló que, antes de la emergencia, el aeropuerto tenía 165 vuelos internacionales semanales y estaba previsto sumar operaciones de Qatar y United Airlines, que quedaron en espera.
Igualmente, recordó que dos pistas fueron habilitadas para el ingreso de la ayuda humanitaria y que la principal estaba en reparación desde el año pasado.
La presidenta de ALAV anunció que Copa Airlines mantiene vuelos desde Maracaibo, Barcelona, Barquisimeto y Valencia. Además, Rutaca reactivó la ruta hacia Boa Vista desde Puerto Ordaz y que Avianca continúa operando vuelos diarios desde Valencia.
Igualmente, las aerolíneas están haciendo ajustes para atender a los pasajeros afectados por los cambios de terminales. “Las líneas aéreas están haciendo los cambios sin cobrar penalidades y están reembolsando algunos boletos aunque la tarifa no sea reembolsable, la mayoría no todas, porque eso son políticas comerciales de cada línea”, subrayó.
Aseguró que los vuelos mantienen buena ocupación, aunque todavía hay disponibilidad de cupos en algunas aerolíneas.
Piden evitar estafas
De Loiza recomendó a los pasajeros confirmar directamente con las aerolíneas los horarios y condiciones de sus vuelos antes de trasladarse a los aeropuertos.
Paralelamente, exhortó a comprar los boletos mediante aerolíneas o agencias de viaje autorizadas para evitar estafas.
Aclaró que los permisos de viaje para menores de edad siguen siendo válidos aunque el vuelo salga desde un aeropuerto alternativo.
“Si tenían un permiso para salir mañana para Miami con Láser desde Maiquetía, ese permiso vale para salir desde Barcelona”, declaró.
Organizaciones de derechos humanos plantearon este miércoles ante parlamentarios republicanos y demócratas del Congreso de Estados Unidos la urgencia de que Venezuela avance hacia una transición democrática, en medio de la crisis humanitaria, institucional y política que se agravó tras los terremotos del 24 de junio.
En audiencia organizada por la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes, voceros de Justicia, Encuentro y Perdón, el Centro de Justicia y Paz, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y Centro Robert y Ethel Kennedy para los Derechos Humanos coincidieron en que cualquier proceso de transición debe garantizar la protección de las víctimas, la reconstrucción del Estado de derecho, la participación de la sociedad civil y la garantía de justicia y rendición de cuentas.
Las organizaciones expusieron ante los legisladores estadounidenses una serie de medidas que consideran necesarias para avanzar hacia ese escenario, entre ellas la liberación plena de los presos políticos, la derogación de normas que restringen el espacio cívico, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la apertura del país a mecanismos internacionales de derechos humanos.
Persisten desafíos en Venezuela
La abogada Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, valoró que, con la intervención del gobierno estadounidense, se logró la excarcelación de un número importante de presos políticos y, luego, la promulgación de la Ley de Amnistía que permitió que otros procesos judiciales fueran concluidos.
“Ha representado un alivio”, dijo.
Señaló que, sin embargo, persisten desafíos que requieren atención, especialmente en materia de transparencia. Indicó que las autoridades no han entregado a los organismos internacionales de derechos humanos las listas de beneficiarios ni las han mostrado a defensores y familiares, lo que ha impedido verificar de manera independiente los anuncios oficiales.
Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón | captura de video
Desde que se anunció la liberación de presos políticos, indicó, la organización ha documentado que, de las 795 personas que salieron de prisión, solo una minoría obtuvo la libertad plena mediante la aplicación de la Ley de Amnistía.
“La mayoría de quienes han salido de prisión se mantiene con libertad condicionada y sometida a procesos judiciales que violan las garantías al debido proceso”, añadió.
Tineo cifró en 518 las personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, mientras que el “andamiaje institucional” cierra la fiscalización internacional y persisten leyes que asfixian el espacio cívico y estigmatizan el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales.
“Venezuela es un país devastado por décadas de erosión en su tejido político, económico y social. Somos conscientes de que una tragedia de esta magnitud no se supera en meses, ni puede ni debe depender exclusivamente de la política norteamericana. La Constitución nos convoca a los venezolanos a ser artífices de nuestra propia realidad, y por eso nos hacemos presentes ante este Congreso de visiones plurales y debates legítimos sobre la estrategia hacia nuestra región. Consideramos fundamental que esa estrategia sea diseñada con un enfoque basado en los derechos humanos”, expresó.
La abogada afirmó que el Estado de derecho en el país sigue cercenado por el debilitamiento institucional y restricciones al espacio cívico e impunidad, y alertó que las violaciones de derechos humanos, incluidas torturas a presos políticos y sus familias, siguen ocurriendo.
“Es indispensable promover la participación significativa de las organizaciones venezolanas especializadas en derechos humanos que poseemos capacidades técnicas avanzadas en protección y defensa, lo que representa un valor estratégico para fortalecer un proceso genuino de estabilización, recuperación y democratización en el país, garantizando justicia para las víctimas”, sugirió.
Resaltó que la sociedad civil venezolana, comprometida con una cooperación constructiva, está dispuesta a ofrecer experticia a la agenda entre Estados Unidos y Venezuela para resolver los obstáculos de manera coordinada y armónica.
Martha Tineo planteó tres acciones que, afirmó, pueden ejecutarse de manera inmediata.
En primer lugar, propuso la liberación plena y definitiva de todos los presos políticos, tanto civiles como militares, para lo que las organizaciones pusieron a disposición su registro independiente como fuentes de confianza. En segundo lugar, planteó la derogación de las leyes que restringen el espacio cívico por ser inconstitucionales y, finalmente, el desmantelamiento de las estructuras de persecución que operan en el país.
Existe una oportunidad para la democracia
La abogada Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, expresó que luego de los terremotos del 24 de junio existe una oportunidad para “ayudar a dar forma” al futuro democrático del país y afirmó que para que este proceso tenga éxito, la transición debe proteger a la sociedad civil, poner a las víctimas en el centro, medir los avances y garantizar la participación significativa de las mujeres.
Denunció que Venezuela ha vivido una prolongada crisis humanitaria, institucional y política, y reconoció que aunque la transición a la democracia tomará tiempo, las prioridades son la protección de la sociedad civil y la reconstrucción de las instituciones democráticas.
“El terremoto no creó la crisis venezolana, la expuso. También reveló una de las mayores fortalezas de Venezuela: la sociedad civil. En todo el país, organizaciones locales, líderes comunitarios, grupos basados en la fe, periodistas independientes y organizaciones de medios, universidades y la diáspora venezolana se movilizaron para salvar vidas, documentar necesidades urgentes, coordinar la asistencia humanitaria y apoyar a las comunidades afectadas”, explicó.
Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz | captura de video
Borges sostuvo que esas capacidades de la sociedad civil se construyeron durante años de emergencia humanitaria, fragilidad institucional y un contexto marcado por la deshumanización sistemática y la persecución contra quienes defienden los derechos humanos y exigen rendición de cuentas. Afirmó que en la actualidad la sociedad civil constituye uno de los principales activos democráticos del país.
No obstante, advirtió que esa infraestructura civil y social está en riesgo porque las organizaciones independientes operan con recursos extremadamente limitados mientras enfrentan procesos de criminalización, intimidación, restricciones al acceso a la información y un marco legal cada vez más hostil que socava la libertad de asociación.
Consideró que parte de la protección del espacio cívico depende de la derogación de la ley contra las ONG.
“Se trata, en última instancia, de hacer posible la justicia y un futuro democrático. Años de corrupción sistémica han debilitado profundamente las instituciones públicas. La corrupción a esta escala profundiza la desigualdad, socava los servicios esenciales y afecta desproporcionadamente a las mujeres, quienes a menudo buscan a familiares desaparecidos, exigen la liberación de seres queridos, buscan justicia y cargan con el mayor peso de la emergencia humanitaria”, manifestó.
Esa situación, afirmó Borges, crea una oportunidad para el Congreso de Estados Unidos, al que propuso promover una visión de recuperación “que vaya más allá” de la reconstrucción de la infraestructura física.
“Venezuela también debe reconstruir sus instituciones de justicia, fortalecer el Estado de derecho y restaurar la confianza pública a través de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, añadió.
La coordinadora de Cepaz también presentó ante los miembros de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos cinco recomendaciones dirigidas a las autoridades estadounidenses.
Planteó mantener un apoyo flexible y de largo plazo a la sociedad civil independiente, respaldar la asistencia humanitaria a través de organizaciones confiables, preservar los mecanismos internacionales de rendición de cuentas en materia de derechos humanos, reconocer a las mujeres como líderes en la recuperación y la transición democrática, y garantizar que iniciativas como la Ley PANA apoyen a las víctimas y contribuyan a reconstruir la infraestructura, la justicia y el Estado de derecho.
Medidas concretas y verificables
Laura Cristina Dib, directora del Programa para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, expuso que durante las últimas dos décadas, las autoridades venezolanas han desmantelado gradualmente las instituciones democráticas.
“Los tribunales fueron cooptados, las autoridades electorales quedaron bajo control del poder ejecutivo y los órganos de control se convirtieron en instrumentos de poder abusivo”, señaló.
Explicó que esto facilitó la política de persecución por motivos políticos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas. Recordó que el 28 de julio de 2024 las autoridades electorales declararon la supuesta victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales aun sin presentar las actas de escrutinio oficiales.
Señaló que los resultados publicados de manera independiente mostraron la victoria de Edmundo González Urrutia por un amplio margen.
Según datos publicados por ConVzla, comando de campaña del candidato opositor, con 85,18% de las actas digitalizadas, González obtuvo 7.443.584 votos, equivalentes a 67% del total, mientras que Maduro alcanzó 3.385.155 sufragios, correspondientes a 30%.
Laura Cristina Dib, directora del Programa para Venezuela de WOLA | captura de video
La directora del Programa para Venezuela de WOLA recordó que la ola de represión en respuesta a las protestas ciudadanas incluyó más de 2.000 detenciones, entre ellas de menores de edad.
Destacó que aunque se rompió el “estancamiento” que había en el país tras la captura de Maduro durante una operación militar estadounidense el 3 de enero y se produjeron algunos avances políticos, todavía no ha habido transición democrática genuina en Venezuela.
Dijo que después de la detención del exlíder chavista, el Tribunal Supremo de Justicia invocó una “ausencia absoluta por fuerza” –concepto que no existe en la Constitución de Venezuela– para instalar a Delcy Rodríguez como presidenta interina.
Enfatizó que incluso bajo la interpretación más flexible, el mandato de Rodríguez expiró el 2 de julio pero hasta la fecha no se han convocado a elecciones. Agregó que cientos de personas siguen encarceladas por motivos políticos, siguen vigentes las leyes utilizadas para criminalizar a la disidencia, los partidos políticos están intervenidos judicialmente, algunas figuras de la oposición tienen prohibido ejercer cargos públicos y los tribunales, así como el Consejo Nacional Electoral, continúan cooptados por el chavismo.
“Luego llegó el 24 de junio. Los terremotos azotaron a un país que ya atravesaba una prolongada emergencia humanitaria, resultado de años de corrupción y desmantelamiento institucional, agravada posteriormente por las sanciones sectoriales de Estados Unidos. Antes del terremoto, la ONU estimaba que 7.2 millones de venezolanos necesitaban asistencia humanitaria, pero solo se había financiado el 23% del plan de respuesta humanitaria”, indicó.
Dib señaló también que casi 8 millones de venezolanos huyeron del país, entre ellos trabajadores de la salud e ingenieros que se requerían para responder a un desastre.
“Hospitales sin equipamiento, apagones crónicos y una capacidad de rescate debilitada por años de mala gestión. Fueron los ciudadanos comunes y las organizaciones independientes quienes cargaron con el peso de esa respuesta”, expresó.
La abogada manifestó que los terremotos mostraron la urgencia de que Venezuela regrese al Estado de derecho y de que los venezolanos cuenten con instituciones capaces de protegerlos.
La representante del Programa para Venezuela de WOLA instó al Congreso de Estados Unidos a solicitar a la administración de Donald Trump que aproveche su relación con las autoridades venezolanas para impulsar medidas concretas y verificables.
Entre ellas mencionó la liberación incondicional de los presos políticos, la derogación de la ley anti-ONG y otras normas utilizadas para criminalizar la disidencia, el acceso pleno al país de mecanismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, la restitución de la libertad de prensa, una hoja de ruta creíble y participativa para restablecer el orden constitucional, y la garantía de transparencia y rendición de cuentas sobre la ayuda humanitaria y los fondos destinados a la reconstrucción.
Pidió al Congreso mantener el financiamiento de los programas de democracia y derechos humanos para Venezuela, ejercer su facultad de supervisión sobre los ingresos petroleros venezolanos retenidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y sobre el uso de los recursos de asistencia exterior y humanitaria, y continuar expresando su preocupación por la situación de la democracia y los derechos humanos en el país, así como por los derechos de los migrantes y refugiados venezolanos en territorio estadounidense.
“Los venezolanos tienen derecho a elegir libremente a sus líderes y tienen altas expectativas sobre el papel que Estados Unidos puede desempeñar para apoyar ese objetivo”, dijo.
La incapacidad del régimen se magnificó
Isabel Carlota Roby, abogada sénior del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, dijo que las catástrofe de hace casi tres semanas se sumaron a una crisis política y humanitaria que ya era grave, creando emergencia sin precedentes en medio de la represión, la migración masiva y la corrupción arraigada.
“Esta crisis se está desarrollando directamente dentro de un contexto autoritario caracterizado por la represión y el control estatal, lo que magnifica la incapacidad del régimen para satisfacer las necesidades básicas y expone su inhabilidad para planificar o llevar a cabo la reconstrucción, fortaleciendo aún más los argumentos a favor de una pronta transición democrática”, expresó.
Isabel Carlota Roby, abogada sénior del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center | captura de pantalla
“Las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela no son fenómenos incidentales o aislados, sino una estrategia deliberada y adaptativa de represión estatal. La detención arbitraria, la tortura, las desapariciones forzadas, la violencia sexual y las ejecuciones extrajudiciales están incrustadas en el orden político del país y se han ido calibrando a lo largo del tiempo para neutralizar la disidencia, consolidar el poder y proyectar fuerza”, puntualizó.
Roby también recordó los abusos generalizados en el país tras las presidenciales de hace dos años, cuando las autoridades venezolanas y los colectivos civiles respaldados por el Estado “asesinaron” 25 manifestantes y transeúntes, detuvieron arbitrariamente a miles de personas y utilizaron sistemáticamente las desapariciones forzadas como herramienta central de represión política.
La presidenta (e), Delcy Rodríguez, anunció la implementación de un «Plan Maestro» con el que estiman la reactivación turística y comercial de la parroquia El Juquito y del estado La Guaira, dos zonas altamente dependientes de la actividad turística y en las que se registraron enormes daños tras los terremotos ocurridos el 24 de junio.
Durante un recorrido en El Junquito este miércoles 15 de julio, Rodríguez destacó que el plan que se desarrollará en esta localidad entre el Gobierno nacional, regional, alcaldía y comunidades; tendrá una actividad turística planificada y una actividad comercial que se desarrollará simultáneamente con la actividad agrícola.
En ese sentido, la mandataria interina anunció: «Voy a llamar a un concurso nacional para Plan Maestro La Guaira y Plan Maestro El Junquito, donde quienes tengan experticia, conocimiento posterior a la elaboración del estudio de suelos, puedan aportar sus ideas y saquemos el mejor proyecto para las comunidades».
Detalló que, inicialmente prevén ofrecer atención financiera centrada en los comercios y productores para impulsar la actividad económica.
Asimismo, y de acuerdo con información difundida por Prensa Presidencial, el Ejecutivo nacional activó «un sistema de monitoreo que, a través del uso de drones, permite hacer el levantamiento topográfico y el control de las edificaciones de la zona en tiempo real».
El balance de fallecidos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace tres semanas en Venezuela ascendió este miércoles a 4.829, luego de que las autoridades sumaran 95 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.
Los heridos se mantienen en 16.740 y las personas que quedaron sin vivienda en 17.907, según el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Asimismo, hay 20.857 personas en 106 campamentos transitorios, uno menos que el reportado este martes, según este nuevo balance.
Desde que ocurrieron los terremotos, el pasado 24 de junio, se han presentado 1.284 réplicas. La más reciente que fue percibida por la población tuvo una de magnitud 3,9 y ocurrió el pasado viernes en Naiguatá, estado de La Guaira, la región más afectada por los sismos.
Según este balance, hay unos 856 edificios afectados y 190 colapsados.
El Gobierno informó el fin de semana sobre el comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque estima que puedan ser 25.000.
Según dijo Jorge Rodríguez el sábado, la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas esta semana.
Irán acusó a Estados Unidos de haber “hecho añicos” el memorando de entendimiento para poner fin a la guerra tras el restablecimiento del bloqueo naval a puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, en medio de una nueva escalada entre las partes.
“Estados Unidos ha abandonado todos sus compromisos en virtud del entendimiento de Islamabad y, de alguna manera, ha hecho añicos este memorando”, denunció el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Garibabadi, en una entrevista con la televisión estatal a última hora del martes.
Garibabadi aseguró que su país seguirá ejerciendo su soberanía sobre el estrecho de Ormuz y defendió la posición iraní sobre esta estratégica vía marítima en el contexto de la guerra.
“Estados Unidos no quiere que ejerzamos una soberanía efectiva sobre el estrecho de Ormuz, pero nosotros ejerceremos esa soberanía, cueste lo que cueste”, declaró el diplomático.
El viceministro iraní indicó que el derecho internacional no tiene “validez” en una situación de guerra, ya que, según dijo, “el estrecho de Ormuz puede ser utilizado por los agresores para poner en peligro nuestra seguridad nacional y ayudar y facilitar determinadas operaciones militares contra nosotros”.
Por su parte, el representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, informó en una carta dirigida a la organización de que Teherán ha documentado 42 casos de violaciones “claras y fundamentales” del memorando de entendimiento por parte de Estados Unidos.
La denuncia se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarara la semana pasada que el memorando firmado el 17 de junio con Irán para poner fin al conflicto estaba “terminado”, tras denunciar lo que calificó de persistentes ataques de Teherán contra barcos que navegan por Ormuz.
Estados Unidos reimpuso anoche el cerco naval contra Irán y continuó por cuarta noche consecutiva sus ataques contra el sur del territorio iraní con el objetivo de degradar las capacidades de Teherán para atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20 % del tráfico mundial de petróleo y gas natural licuado.
La Guardia Revolucionaria iraní respondió a las ofensivas con nuevos lanzamientos de misiles y drones contra bases y objetivos estadounidenses en Baréin, Kuwait y Jordania.
Tras una entrevista en Fedecámaras Radio, Andreina Lucinchi, abogada y tesorera de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT), detalló las propuestas urgentes que el gremio ha presentado al Ejecutivo Nacional. El objetivo es claro: evitar que la carga impositiva termine de asfixiar a los comercios y ciudadanos afectados por los terremotos del 24 de junio.
La propuesta central de la AVDT apunta a decretar, de manera inmediata, una prórroga general para la declaración y el pago de tributos nacionales y municipales, con especial énfasis en los anticipos impositivos en las zonas de desastre. Sin embargo, Lucinchi advierte que el reloj juega en contra y que se necesita un marco normativo que brinde seguridad jurídica frente a las dificultades de las últimas semanas. «Ahora, dos semanas después, no solo tiene que ser inmediato, sino tiene que tener efecto retroactivo», precisó. De la mano con la prórroga, la AVDT exige formalmente tres medidas de alivio:
Suspensión de sanciones: No aplicar multas ni penalidades por retrasos involuntarios en el pago de obligaciones tributarias.
Flexibilización de deberes formales: Aliviar la excesiva carga administrativa que pesa sobre los contribuyentes, especialmente sobre aquellos calificados como «sujetos pasivos especiales».
Paralización de fiscalizaciones: Suspender temporalmente los plazos de los procedimientos administrativos y las auditorías en curso.
La abogada resaltó que la devastación física por los terremotos también golpeó la operatividad de las empresas, destruyendo archivos físicos y soportes digitales. Bajo estas condiciones, cumplir con los requerimientos usuales resulta imposible. «Los registros contables de las empresas pueden haber sufrido», señaló. Exigir libros de contabilidad y soportes en medio de esta crisis, carece de sentido humano.
La representante de la AVDT concluyó mencionando «lo más importante es que la Administración Tributaria y el Ejecutivo reconozca la situación que estamos viviendo y la necesidad de que estas medidas o recomendaciones sean consideradas de forma inmediata».
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