El Gobierno nacional denunció formalmente la apertura forzada de su valija diplomática en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá.
Mediante un comunicado de Cancillería se califica este hecho como una vulneración inédita de su soberanía.
El documento narra que el incidente, ocurrido este martes, representa una violación directa al Artículo 27 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961), que establece de forma taxativa que la valija diplomática goza de absoluta inviolabilidad y no puede ser abierta ni retenida bajo ningún concepto.
La petrolera estadounidense Chevron vendió su primer cargamento de crudo venezolano a Reliance Industries de la India desde diciembre de 2023, según datos de seguimiento de buques y dos fuentes.
Chevron negoció el cargamento de crudo Boscán -operado por la empresa mixta Petroboscán en Zulia- con Reliance este mes, lo que marca la primera venta en años de este crudo pesado, utilizado en la fabricación de asfalto, según información obtenida a través de datos y fuentes, reseña una nota de la Agencia Reuters.
El presidente ejecutivo de la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez), Eduardo Cáceres, señaló que el sector automotor tiene que ser visto como «un termómetro» para medir la recuperación económica del país.
Asimismo, destacó que el sector automotor en general debe trabajar en este momento en la demanda actual y en fortalecer el mercado existente, y añadió que las marcas de vehículos han trabajado de manera planificada para ir cubriendo la demanda, a medida que se va generando.
Sostuvo que «un 30% de los vehículos que se vendieron el año pasado se fabricaron acá» y resaltó que ha habido un crecimiento «importante» de marcas y de opciones para el consumidor, que se adaptan de acuerdo a su presupuesto.
Eduardo Cáceres puntualizó que actualmente, se están ofreciendo más de 220 modelos de vehículos en el país, que van desde carros compactos y que vienen de diferentes países.
Igualmente, expresó en el Circuito Éxitos 99.9 FM que en enero de este año, se vendieron 3.600 vehículos nuevos, mientras que en el mismo mes del año pasado, se comercializaron 1.341 carros, lo que significa un incremento de casi 158%.
La Cámara de Comercio Venezolana – Dominicana (Cavedom) ha establecido la meta de un intercambio binacional de más de 200 millones de dólares para finales de 2028, impulsada por la reciente reconexión aérea.
Después de un cambio binacional concentrado en el petróleo gracias a los acuerdos de Petrocaribe, para el 2025 todo había cambiado. Los principales rubros por parte de Venezuela eran el aluminio, vidrio y cemento; y por parte de República Dominicana, productos farmacéuticos.
En este 2026, la reconexión aérea promete la recuperación del comercio binacional.
«Ya tenemos el primer vuelo. Ayer tuve una conversación con la directiva de Rutaca, donde se tiene previsto que el 12 de marzo empiecen con dos vuelos semanales», indicó Richard Bolívar, presidente de Cavedom.
Estados Unidos comenzará este martes a aplicar un arancel global a los productos extranjeros del 10%, pese al reciente anuncio del presidente Donald Trump de imponer una tasa mundial del 15%, lo que añade incertidumbre y confusión sobre la política arancelaria estadounidense.
El pasado viernes y después de que la Corte Suprema anulara la mayor parte de la agenda arancelaria de Trump, el presidente anunció que implementaría rápidamente un arancel fijo del 10% para todos sus socios comerciales mediante una ley diferente.
Posteriormente, Trump publicó un mensaje en su red Truth Social en la que indicaba que, con efecto inmediato, elevaría ese arancel mundial del 10% al 15%, un nivel que le pareció totalmente legal.
Sin embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. envió ayer un comunicado informando a los importadores que la tasa sería inicialmente del 10 % y que se aplicaría a «todos los países durante un período de 150 días, a menos que estén específicamente exentos»
Según «la proclamación emitida por el Presidente el 20 de febrero de 2026, que impone un recargo temporal a la importación (…), vigente con respecto a las mercancías ingresadas para consumo o retiradas del almacén para consumo a partir de las 00:01, hora estándar de (la costa) este, del 24 de febrero de 2026, todas las mercancías que ingresen a Estados Unidos, independientemente de su país de origen, están sujetas a un recargo adicional del 10 % a la importación, a menos que estén específicamente exentas», explica la nota de la Oficina de Aduanas.
De esta forma se confirma que el arancel global comenzará en el 10 %, aunque la administración está trabajando para elevarlo al 15 % en una orden aparte que Trump deberá firmar y para la que no hay fecha, según indicó la NBC.
La sentencia del Supremo que restaba poder a Trump a la hora de subir o bajar aranceles sin la aprobación previa del Congreso, ha creado confusión en los mercados internacionales.
La Unión Europea ha dejado sin efecto, de momento, el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos hasta que la política arancelaria, uno de los pilares del Gobierno de Trump, sea más clara.
Y otros países como India, China o el Reino Unido están estudiando qué hacer, dado que los acuerdos firmados con Estados Unidos y basados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional ha quedado sin efecto ya que la Corte Suprema de EE.UU. ha dictami/alfnado que Trump la usó de forma errónea.
Analistas advierten que la falta de controles en el nuevo modelo energético en Venezuela favorece a corporaciones estadounidenses y la obtención de divisas, pero pone en riesgo a ecosistemas y comunidades que ya están afectadas.
Caracas. Una nueva etapa de control administrativo sobre los recursos energéticos del país, podría relegar la seguridad ambiental de los ecosistemas en peligro a un segundo plano. A esa conclusión llegan expertos y ambientalistas que advierten que la nueva fase de extractivismo bajo la gestión de Delcy Rodríguez y el mandato de Estados Unidos (EE. UU.), podría agravar la crisis ecológica preexistente.
El 29 de enero pasado se sancionó y promulgó la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, promulgada por la presidencia encargada. La normativa redefine las funciones del Ejecutivo en la industria energética y, según especialistas, busca atraer capitales internacionales mediante mayores beneficios operativos y de propiedad para corporaciones extranjeras, en particular estadounidenses.
Es decir, busca atraer inversión extranjera directa, especialmente de empresas de EE. UU., otorgándoles mayor control sobre la extracción, refinación y comercialización de petróleo y gas, algo que históricamente había sido más regulado por el Estado a través de Petróleos de Venezuela, S. A., (Pdvsa), la empresa estatal.
Desde hace una década Pdvsa no rinde cuentas sobre los derrames petroleros. Foto: cortesía de Pdvsa
En declaraciones recientes, Rodríguez anunció esta etapa como una oportunidad para maximizar recursos y revertir los niveles críticos de la producción de crudo. Sin embargo, analistas ambientales han alertado que el énfasis en producción y ganancias ha generado tensiones no solo económicas sino socioambientales. Pues, se prioriza la extracción sobre la mitigación de impactos ecológicos acumulados.
Amenaza ambiental
Expertos y organizaciones como Mongabay Latam advirtieron que este giro político profundiza la crisis ecológica, pues el nuevo esquema carece de garantías para la protección ambiental. Para los especialistas, esa ausencia de salvaguardas, añade una capa de riesgo a ecosistemas ya vulnerables. Además, la fiscalización estatal ha sido descrita como insuficiente e inconsistente.
La urgencia por elevar la producción, que podría alcanzar una producción diaria superior a 1.500.000 barriles para finales de 2026, de acuerdo con datos de la Asamblea Nacional (AN), ignora el daño ambiental acumulado.
El país inició la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos bajo la dirección de la presidenta encargada, Foto: Prensa Presidencial
Fuentes consultadas por Cronica Uno alertaron que el nuevo modelo, caracterizado por una “laxitud normativa”, prioriza la rentabilidad de las corporaciones estadounidenses y la generación de divisas sobre los protocolos de protección de ecosistemas críticos y la remediación de daños.
Desde hace una década Pdvsa, no rinde cuentas sobre los derrames petroleros. El documento Balance de la Gestión Social Ambiental 2016 de Pdvsa, indica que ese año las autoridades registraron 8250 derrames: 98% fueron de hidrocarburos y suman 182.317 barriles; 86% de los cuales afectaron cuerpos de agua con un vertido total de 36.124 barriles (20%).
Formalización del capita
Para Emiliano Terán Mantovani, sociólogo e investigador del Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP), la diferencia en esta etapa de explotación energética está en la regularización y reforma de las estructuras normativas.
Mientras que bajo el mandato del exgobernante Nicolás Maduro la extracción de oro era mayoritariamente ilegal y el contexto político carecía de legitimidad internacional, el actual esquema busca la formalización del capital internacional. Es decir, permitir la inversión extranjera dentro de un marco legal aprobado por el Estado. Esto cambia la dinámica de explotación y control del territorio.
Con la nueva Ley de Hidrocarburos y las reformas mineras, se eliminan obstáculos para las corporaciones. Foto referencial/prensa presidencial.
Esto se traduce en que ahora, con la nueva Ley de Hidrocarburos y las reformas mineras, se eliminan obstáculos para las corporaciones. Esto le concede facilidades a la inversión extranjera, estadounidense, que exige estabilidad y liberalización.
Organizaciones como SOS Orinoco han denunciado el incumplimiento de la legalidad ambiental en el sur de Venezuela. Foto: Noel Guanipa
No obstante, en la práctica, Pdvsa pierde su rol protagónico en la explotación para quedar con un rol administrador a lo largo del proceso. Ese desplazamiento institucional, para los ambientalistas, refleja la simultaneidad de un giro político y un debilitamiento del rol del Estado frente a intereses corporativos y financieros externos. Con esto se limita la capacidad del país de controlar los impactos ambientales directos.
Minería fuera de control
Este debilitamiento del Estado frente a los intereses de la administración de Donald Trump, caracterizada por una narrativa antiambiental, podría anular cualquier garantía real de monitoreo sobre los impactos en los ecosistemas.
Desde hace más de una década, una coalición de académicos y organizaciones como SOS Orinoco y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU han denunciado el incumplimento de la legalidad ambiental en el sur de Venezuela.
Estos expertos recordaron que la explotación minera en los estados Bolívar y Amazonas ignora acuerdos internacionales. Entres estos citaron el Convenio de Minamata, que prohíbe el uso de mercurio, y el Acuerdo de Escazú, sobre acceso a información y justicia ambiental.
Ambos pactos buscan proteger la salud humana y los ecosistemas frente a actividades extractivas que liberan contaminantes peligrosos, como el mercurio, muy usado en la minería de oro.
En el sur del país el daño ecológico se refleja en una destrucción sistemática documentada por la organización SOS Orinoco. Según sus investigaciones ,entre los años 2000 y 2020, la región perdió más de un millón de hectáreas de bosque . De acuerdo con los datos 40% de la cobertura vegetal desapareció a partir de 2015, año previo a la creación oficial del Arco Minero del Orinoco.
El Arco Minero es una franja de más de 112.000 km² en el sur de Venezuela destinada a la explotación de minerales estratégicos.
Inversores protegido
Uno de los puntos más críticos de la redirección de las actividades energéticas es la creación de mecanismos que protegen al inversor por encima del patrimonio nacional. Terán Mantovani destacó que la normativa contempla compensaciones económicas para las empresas si los proyectos enfrentan inviabilidad financiera. Para esto se garantiza la reducción de regalías e impuestos.
“Las empresas están buscando una una máxima rentabilidad y eso implica suprimir al máximo todas las regulaciones ambientales”, señaló Mantovani.
El diagnóstico del investigador sobre la infraestructura de la industria es poco alentador. Le falta mantenimiento a los oleoductos y la quema de gas en mecheros destruyen los medios de vida de comunidades pesqueras y agrícolas.
Al sur del país los derrames petroleros contaminan los ecosistemas. Foto Jhoalys Siverio/ archivo
El ambientalista enfatizó que no existe posibilidad de una gestión ambiental real sin la restauración de la democracia. La situación actual en Venezuela, señalaron los entrevistados, no solo exige cambios técnicos, sino un replanteamiento del contrato social entre Estado, ambiente y ciudadanía, donde las comunidades tengan voz, información y capacidad de denuncia.
A su juicio, la ausencia de canales institucionales para la denuncia y de libertad de expresión mantiene en vulnerabilidad a las comunidades del Lago de Maracaibo, Falcón y el Arco Minero. En todos estos sitios, reiteró, el modelo extractivo prioriza el flujo de divisas sobre la sostenibilidad de la vida.
Nunca fue pensado como una prisión. La construcción de el Helicoide en Caracas comenzó oficialmente en 1956. Fue concebido originalmente como un centro comercial de lujo y futurista bajo la administración del dictador Marcos Pérez Jiménez. Pero el chavismo lo convirtió en un centro de detención, torturas y muerte. Hoy, va camino a ser un centro social.
Las autoridades venezolanas informaron este lunes que han comenzado los trabajos de remodelación en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, para convertirla en un centro social.
A través de un video publicado en las redes sociales, el Ministerio de Comunicación anunció el comienzo de los trabajos para que los espacios de esta cárcel se conviertan en un «centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto».
En el video, el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, indicó que el proyecto fue aprobado tras una consulta a los residentes cercanos a la cárcel, así como a los funcionarios policiales, después de que la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, ordenara esa transformación.
Incendio en edificio Helicoide de Venezuela
«Nos comprometemos a cumplir la palabra empeñada de nuestra presidenta, la doctora Delcy Rodríguez», agregó, sin ofrecer más detalles de este proyecto que ya empezó la fase de ejecución.
El 30 de enero, Rodríguez pidió convertir El Helicoide en un centro social y deportivo, en medio de su propuesta de una ley de amnistía para los presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, que fue aprobada el pasado jueves por el Parlamento, controlado por el chavismo.
La propuesta sobre El Helicoide la dio a conocer semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien el Gobierno encargado de Rodríguez mantiene acercamientos, hablara del cierre de una «cámara de torturas» en la capital venezolana.
La historia de El Helicoide
El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950 que fue concebida originalmente como centro comercial, pasó luego a convertirse en la sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).El Helicoide en Caracas. Foto: EFE
La construcción se detuvo definitivamente en 1961, tras el derrocamiento de Pérez Jiménez en 1958 y la posterior falta de financiamiento y crisis políticas.
Aunque el diseño era revolucionario (estaba pensado para recorrerse íntegramente en automóvil por rampas en espiral), quedó como una estructura inconclusa durante décadas.
A partir de los años 80, el Estado venezolano comenzó a ocupar el edificio. Actualmente es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y funciona como un polémico centro de detención
La sede ha sido señalada como un centro de «torturas» por opositores y activistas defensores de derechos humanos, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos.
El Gobierno venezolano, en tanto, siempre ha negado estos señalamientos.
La ONG Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 presos políticos podrían estar excluidos de la Ley de Amnistía, mientras que contabiliza más de 600 detenidos por estos motivos que siguen encarcelados.
El Gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que todos cometieron delitos, una afirmación rechazada por la dirigencia opositora y varias ONG.
–La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó la designación de cuatro vicemnistros dentro del ministerio de Relaciones Exteriores.
El viceministerio de América Latina lo ocupará Mauricio Rodríguez; como viceministro de Comunicación Internacional estará Rander Peña en sustitución de Camila Fabri; Andrea Corao Faria será la viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía; y Oliver Blanco estará al frente del viceministerio para Europa y América del Norte.
Las designaciones las comunicó la mandataria encargada a través de Telegram.
Con vidrios pintados y asambleas permanentes, el sector transporte presiona por un aumento de tarifa ante una inflación que consumió el último incremento de pasaje fijado en diciembre por el Ministerio de Transporte. Los usuarios enfrentan largas esperas mientras los choferes exigen ajustar el pasaje a la cotización diaria del dólar.
Caracas. Alrededor de las 5:00 p. m., cuando miles intentan volver a casa, las paradas del centro y el este se llenan de gente y se vacían de camionetas del transporte público. El deseo de regresar se estrella contra la ausencia de unidades, y la ciudad entra en una pausa obligada.
El agotamiento se lee en cada rostro. Al terminar la jornada laboral, el único deseo es llegar a casa, pero la falta de autobuses diluye esa aspiración en una espera interminable.
Mientras los pasajeros aguardan, los propietarios de los vehículos se reúnen en otro escenario. El pasado jueves, 19 de febrero, los transportistas celebraron una asamblea general para debatir lo que califican como una urgencia del sector: el ajuste del pasaje urbano.
Aunque la discusión ocurre lejos del bullicio de las paradas, sus consecuencias se sienten directamente allí: menos colectivos en la calle implican más espera y más presión sobre los que se mantienen operativos. Entre la asamblea y el andén, la distancia es más corta de lo que parece.
En diciembre de 2025 la tarifa se fijó en 60 bolívares para las rutas cortas, pero para los choferes ese monto ya se diluyó. La inflación y el alto costo de los repuestos han dejado esa cifra rezagada frente a la realidad de los transportistas.
La crisis reaviva el temor a otro colapso, como el que ya ocurrió entre 2016 y 2019, cuando entre 60% y 70% de los autobuses dejaron de circular en todo el país, por falta de repuestos y mantenimiento, como entonces alertó el Comité de Usuarios del Transporte Público.
“Ajuste ya”
El 20 de febrero pasado, el reclamo de los transportistas se volvió visible desde temprano. Con pintura blanca sobre los vidrios de los autobuses que rodaban, la consigna era directa: “Queremos un ajuste ya”. Otros choferes decidieron apagar los motores y sumarse al paro de actividades para presionar por una respuesta del Ministerio de Transporte.
Marcelo Morett, sindicalista del sector, explicó a Crónica Uno que la falta de unidades ya no es una excepción, sino la regla. Las “largas colas” se han vuelto el paisaje permanente de las horas pico, porque cada vez hay menos autobuses operativos. Según los gremios, el negocio dejó de ser rentable.
Añadió que, para evitar la desaparición del servicio, el pasaje mínimo debe anclarse a 0,50 dólares. El gremio sostiene que la tarifa de 60 bolívares está “totalmente devaluada” y resulta insuficiente para cubrir el mantenimiento de las unidades y el sustento de las familias de los transportistas.
“Estamos atrapados en una contradicción, pues cobramos en bolívares mientras que los egresos están dolarizados. A nosotros las multas nos las cobran a precio de euro. Somos el único sector que no está anclado al dólar”, lamentó.
Foto: Crónica Uno
Remendar para rodar
Juan*, quien cubre la ruta Antímano-Capitolio, trayecto que conecta una parroquia del oeste de Caracas con el centro de la ciudad, relató que insumos como baterías y bandas de frenos aumentan de forma constante en las tiendas de la capital. Precisó, además, que los cauchos representan el mayor dolor de cabeza.
“Un caucho nuevo cuesta entre 200 y 300 dólares. Lo que hacemos muchos es comprarlos usados o remendarlos, pero así duran apenas tres meses. Uno nuevo te dura hasta ocho”, dijo.
De acuerdo con Morett, algunos mantenimientos deben realizarse cada mes, como el cambio de aceite, y otros cada tres a seis meses, siempre que no surja una avería imprevista. Aseguró que, como propietario, necesita que su inversión genere ingresos, por lo que lamenta verse obligado a escoger entre llevar comida a su hogar o destinar recursos a su herramienta de trabajo.
Foto: cortesía transportistas
El gremialista enfatizó en que mantener una unidad modelo Encava, marca venezolana de autobuses ampliamente utilizada en el transporte urbano, es hoy un ejercicio de equilibrio financiero.
Un cambio de aceite y filtros ronda los 320 dólares, lo que equivale a más de una semana completa de faena. Si el motor presenta fallas, la reparación oscila entre 5000 y 8000 dólares; sustituirlo eleva el monto hasta 17.000 dólares. Cifras inalcanzables para el transportista promedio.
Bono para estudiantes y adultos mayores
La crisis también alcanza a los sectores más vulnerables, y los transportistas coincidieron que ya no pueden asumir ese subsidio por cuenta propia. Morett indicó que hace un año plantearon al Gobierno la creación de un bono mensual de 30 a 40 dólares para estudiantes y adultos mayores, poblaciones que tradicionalmente pagan tarifas preferenciales o exoneradas en el transporte público.
“Nosotros no recibimos el pago de esta población por parte del ministerio. Siempre salimos perdiendo”, denunció.
Morett detalló que la propuesta contempla que estos usuarios reciban el dinero de forma directa para cancelar el pasaje completo. De este modo, adujo, se reduciría el conflicto cotidiano en la puerta de la unidad y se garantizaría que el conductor perciba el ingreso correspondiente.
Sin subsidios eficaces y con repuestos a precios internacionales, los conductores aseguran que trabajan a pérdida: los ingresos no cubren los costos. Esa realidad, que combina variables políticas y económicas, se materializa en las paradas de Caracas, donde los pasajeros aguardan unidades que nunca llegan porque los estacionamientos están llenos de autobuses inmovilizados.
«Hoy no solo estamos retomando una ruta, estamos reafirmando nuestro compromiso de largo plazo con Venezuela«, expresó la directora ejecutiva de Latam Airlines Colombia, Erika Zarante, en un comunicado.
Señaló que la operación diaria a partir de abril demuestra la confianza de la compañía en la recuperación del mercado.
La compañía operará inicialmente cuatro vuelos a la semana, los lunes, miércoles, viernes y domingo, pero a partir del 1 de abril la frecuencia aumentará a un vuelo diario.
Con la reanudación de esta ruta, los viajeros desde y hacia Caracas podrán conectar, vía Bogotá, con 23 destinos nacionales y más de 140 rutas internacionales operadas por el grupo en América, Europa, África y Oceanía.
Las aerolíneas colombianas suspendieron a finales de noviembre sus vuelos a Venezuela luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera un aviso internacional que instaba a «extremar la precaución» al sobrevolar ese país y el sur del mar Caribe.
Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado 29 de enero, después de una llamada telefónica con la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que las conexiones aéreas con Venezuela se abrirían «muy pronto».
Wingo, otra aerolínea colombiana, reanudó sus vuelos de Bogotá a Caracas el pasado 16 de enero y, a partir del 1 de marzo, también retomará la ruta desde Medellín a la capital venezolana, mientras que Avianca reinició el 12 de febrero su operación diaria entre Bogotá y Caracas.
El Helicoide en Caracas. Foto: EFE
