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Categoría: Con el común de los sentidos – CEDICE LIBERTAD

  • Laura Louza: «Sin independencia judicial no hay Estado de Derecho ni recuperación sostenible en Venezuela»

    El restablecimiento de la institucionalidad en Venezuela pasa, inevitablemente, por la reconquista de la independencia del Poder Judicial. Esta es la premisa fundamental de Laura Louza, abogada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), especialista en Derecho Administrativo por la Universidad de París II, Máster en Derecho, Economía y Políticas Públicas por el Instituto Ortega y Gasset, y directora de la ONG Acceso a la Justicia.

    ¿Qué significa la verdadera independencia judicial?

    Para Louza, el concepto es claro pero fundamental: la independencia implica que magistrados y jueces carezcan de afinidad política militante. «Lo importante es que [cite: tu creencia ideológica] sea solo tu creencia propia y tu decisión, pero que no dependas en tu ejercicio profesional de ese partido o de instrucciones de un gobernante», explicó.

    Un juez, subrayó, debe atenerse exclusivamente a la Constitución, la ley y los tratados internacionales, actuando «sin sesgo y sin ideología específica o presión externa».

    El pecado capital de Venezuela y su impacto económico

    Al analizar la situación nacional, la especialista fue contundente: el origen del colapso del Estado de Derecho es la «captura del Tribunal Supremo de Justicia». Al controlar el vértice del Poder Judicial, se controla toda la administración de justicia, impidiendo que ciudadanos y empresas tengan recursos legítimos contra los abusos del Estado, incluidos alcaldes y organismos públicos. «Eso en Venezuela no pasa hace muchísimo», lamentó.

    Esta falta de contrapesos tiene consecuencias económicas directas. Louza citó el ejemplo del Decreto de Estado de Excepción por Emergencia Económica. «Si la Constitución dice que son 120 días máximo y la Sala Constitucional dice que no hay problema, y el decreto tiene año y medio… ¿Cómo es posible que haga algo distinto a lo que dice la propia Constitución?», cuestionó, evidenciando cómo el máximo tribunal avala abusos de poder sin límites legales.

    «Si el poder no se controla, se abusa. Si no hay independencia del Poder Judicial, ¿quién lo va a controlar? Nadie». Recalcó Louza.

    La renovación del TSJ

    Frente a los recientes acuerdos entre las fuerzas políticas para renovar el TSJ, Louza enfatizó que el proceso de preselección es crítico. «Lo más importante es que el proceso de preselección lo tiene que controlar gente capaz, reconocida y que rinda cuentas por eso, y eso es la sociedad civil, como dice la Constitución», afirmó.

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  • ¿En qué consiste la Formación Dual?

    Ante el déficit de personal técnico calificado y la necesidad de impulsar la reconstrucción económica del país, el ingeniero Gustavo García y el arquitecto Antonio Azpurua destacaron la urgencia de institucionalizar la formación dual en Venezuela. Ambos especialistas coincidieron en que el sector privado y las cámaras empresariales deben asumir un rol protagónico en la enseñanza de oficios.

    El ingeniero Gustavo García, explicó que históricamente el Estado ha tenido limitaciones para cubrir la demanda educativa laboral. García detalló que, en su mejor momento, el INCE llegó a tener capacidad para formar a 400.000 jóvenes, frente a una población de 2,5 millones de personas en ese estrato de edad que requerían aprender un oficio para insertarse en el mercado laboral.

    Ante esta incapacidad estatal, que también se refleja en la falta de infraestructura y tutores técnicos en el Ministerio de Educación, García aseguró que la verdadera capacidad de formación de Venezuela reside en las empresas privadas, siguiendo el exitoso modelo de naciones como Alemania, China y Singapur.

    Aprender haciendo

    El modelo de formación dual propone que los jóvenes aprendan directamente en el campo laboral. García enfatizó que las empresas desde una posada hasta una cerrajería, deben asimilar aprendices para enseñarles el oficio específico del negocio. El experto aclaró que este modelo dista de la figura tradicional del pasante, la cual catalogó como un proceso ineficiente, de corta duración y que, en muchos casos no deja ningún aprendizaje real ni aporta valor a la compañía.

    Para que la formación dual sea exitosa y masiva, el ingeniero planteó que el sistema debe sostenerse como un «taburete de tres patas», requiriendo la integración obligatoria del Estado (representado por el INCE), los sindicatos y las cámaras empresariales. Según esta visión, cada cámara industrial debe ser la encargada de establecer los estándares de conocimiento y los parámetros técnicos que debe dominar un aprendiz en su respectivo sector.

    Azpurua enfatizó que «el liderazgo de la formación no tiene que estar solamente en la empresa, que es lo final, pero tiene que estar también, tiene que haber una agregación de información, a nivel del gremio, para tener, digamos, economía de escala en los programas de formación».

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  • Ingeniero José Bausson propone plan de emergencia hídrica para La Guaira

    La recuperación del estado La Guaira tras los dobles sismos del pasado 24 de junio exige una reestructuración prioritaria de sus servicios básicos, fundamentalmente del sistema de agua potable y saneamiento. José Norberto Bausson, ingeniero civil, magíster en Ingeniería Ambiental y exdirector del acueducto de Vargas entre 1980 y 1982, analizó la gravedad de la infraestructura hídrica en el litoral central y presentó las propuestas técnicas desarrolladas desde la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica.

    Un sistema operando al 40% antes del evento telúrico

    El impacto de los sismos agravó un deterioro estructural preexistente. De acuerdo con las estimaciones presentadas por Bausson, antes del 24 de junio el acueducto de La Guaira operaba apenas al 40% de su capacidad instalada. De una demanda requerida de 1.000 litros por segundo, el sistema suministraba en promedio 400, sometiendo a la población a ciclos de racionamiento severos con ciclos de distribución de 20 a 30 días.

    Históricamente, el litoral central contó con un sistema redundante y robusto alimentado por dos extremos estratégicos: el río Naiguatá al este y los ríos Maya, Puerto Cruz y Chichiriviche al oeste, complementados por la interconexión con el sistema de Caracas.

    Prioridades inmediatas y control sanitario

    Bausson enfatiza la necesidad de segmentar la atención hídrica en dos grupos de usuarios con requerimientos diferenciados: los residentes habituales en sus viviendas (aprox. 450.000 personas) y la población damnificada ubicada en refugios temporales.

    1- Plan de contingencia para refugios y agua segura

    La prioridad sanitaria urgente se centra en evitar brotes de enfermedades en los albergues. Actualmente, el agua distribuida a estos centros mediante camiones cisterna proviene de pozos sin el tratamiento adecuado de potabilización.

    2- Rehabilitación progresiva e inversión focalizada

    Para la recuperación a mediano plazo, se requiere un esquema de medición y diagnóstico detallado de las redes subterráneas para priorizar las reparaciones de mayor impacto. El restablecimiento de la capacidad de potabilización en las plantas del estado y la presurización progresiva de los 25 kilómetros de extensión del litoral resultan indispensables para reactivar la actividad turística, comercial y portuaria.

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  • El sector privado es el motor principal para la reconstrucción de la Guaira

    La superación de la emergencia generada por los sismos del pasado 24 de junio en el estado La Guaira ha abierto un debate crucial sobre los planes de reconstrucción y el papel de las instituciones en el país. En un contexto donde la capacidad logística del Estado se ha visto significativamente rebasada, el empresariado privado y la sociedad civil se erigen como los verdaderos catalizadores para la reactivación productiva y estructural de las zonas afectadas.

    Andrés Guevara, abogado, periodista, consultor financiero, CEO de Obis Business y miembro de CEDICE— destaca que enfocar las soluciones desde el retrovisor carece de efectividad operativa. En cambio, sugiere mirar las mejores prácticas internacionales, donde la descentralización y la acción comunitaria han probado ser mucho más ágiles que la planificación centralizada.

    Lecciones internacionales: la eficiencia de la respuesta comunitaria

    Al analizar la literatura sobre reconstrucción y la experiencia de países como Chile, Japón y Estados Unidos, los especialistas concluyen que los desastres naturales pueden ser inevitables, pero el fracaso institucional y la falta de políticas de mitigación no lo son. La evidencia histórica revela que la participación ciudadana y corporativa es irremplazable.

    «El Estado venezolano ya venía demostrando ineficiencia, y uno de sus grandes puntos de dolor quedó evidenciado con la capacidad de respuesta ante el terremoto, incluso partiendo de la buena fe de algunos de sus agentes.»

    Guevara toma como referencia estudios de la Universidad George Mason en Virginia, los cuales documentaron la respuesta en Nueva Orleans tras el paso de Katrina. Dichas investigaciones demostraron que la capacidad de respuesta de redes privadas y comunitarias fue notablemente más rápida que la del propio Estado para coordinar la localización de afectados, el suministro de medicinas y la habilitación de refugios temporales. En Venezuela, la pertinencia de este modelo de gestión descentralizada es aún mayor dadas las debilidades preexistentes de la infraestructura institucional.

    El tejido empresarial en Venezuela: pilares de estabilidad

    Pese a las excepcionales y adversas condiciones operativas a nivel nacional, la empresa privada venezolana ha respondido de forma cohesionada. Desde grandes corporaciones hasta comercios locales y pymes, la iniciativa privada ha sostenido un
    piso mínimo de estabilidad durante la crisis en el eje costero.

    Guevara resalta el despliegue logístico de varios héroes anónimos y corporativos, mencionando acciones determinantes: Empresas Polar dedicó líneas de producción exclusivamente al abastecimiento de agua por vía de donación, Digitel aportó infraestructura vital de conectividad, y Ron Santa Teresa reorientó su materia prima para garantizar el suministro de alcohol en centros de salud pública. Este entramado de acciones corporativas anticipa y promueve la reactivación comercial, demostrando que el capital privado es un actor indispensable para recomponer el empleo y el tejido económico local.

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  • Cómo afrontar la transición económica del país

    La realidad política y económica de Venezuela atraviesa un terreno complejo que desafía los conceptos tradicionales de la ciencia política. Tras los acontecimientos y reconfiguraciones en el ejercicio del poder a principios de año, surge una interrogante crucial para los agentes económicos y la sociedad civil. Así lo analizó el profesor Óscar Vallés, destacado politólogo, profesor universitario y miembro del comité académico de CEDICE.

    Redefinir la «política» más allá de la fuerza

    Para el profesor Vallés, el primer paso para analizar la coyuntura actual es utilizar los cubiertos correctos, distinguiendo la verdadera actividad política de la mera preservación del poder por la fuerza.

    «La política, sobre todo cuando se entiende en términos liberales, es una forma de obtener el poder por vías garantistas, contempladas dentro del Estado de Derecho, con procesos electorales auditables y pacíficos».

    Bajo esta premisa, Vallés advierte que la dinámica venezolana reciente se ha reducido a formas de ejercicio del poder que no se pueden significar propiamente como políticas ni democráticas. El país experimenta una transición del poder, un péndulo constante entre los factores que buscan impedir un cambio histórico profundo y aquellos que intentan promoverlo.

    Primero liberalizar, luego democratizar

    Uno de los puntos más críticos para el sector de los negocios y la economía es la secuencia necesaria para alcanzar una estabilidad real. Según la literatura especializada citada por Vallés, una transición exitosa hacia la democracia consta de dos etapas obligatorias:

    • El restablecimiento de las garantías constitucionales, la libre opinión sin censura y el respeto al debido proceso. Para el entorno corporativo y comercial, esta fase tiene un componente vital: la inversión en la seguridad económica de las propiedades.
    • Solo cuando la sociedad se siente resguardada jurídica e individualmente se puede proceder al saneamiento institucional, donde mecanismos como el sufragio adquieren un sentido de transformación real.

    «Hasta que no se logre una liberalización, todo proceso de democratización , como aquellos que promueven elecciones ya, carece de sentido de estabilización profunda a futuro». Destacó el politólogo.

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  • Reforma de la Ley Eléctrica: ¿Un verdadero incentivo para la inversión?

    La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó recientemente en primera discusión el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Servicio y Sistema Eléctrico. Aunque desde los sectores oficiales y los promotores de la propuesta se presenta como un marco para abrir las puertas al sector privado, expertos advierten que en esta reforma de ley eléctrica el texto mantiene vicios estructurales que ahuyentarán la inversión extranjera y perpetuarán la crisis que mantiene a los ciudadanos con racionamientos diarios de entre seis y ocho horas de luz.

    El ingeniero Jesús Márquez analizó en profundidad el alcance de esta legislación, contrastando el modelo propuesto con casos de éxito en la región como Perú y Colombia, y desmitificando el impacto real que tendrá sobre un sistema profundamente destruido.

    Una reforma por obligación que mantiene un modelo estatista

    De acuerdo con el ingeniero Márquez, esta propuesta legislativa no nace de una convicción modernizadora, sino de la estricta necesidad fiscal y operativa del Ejecutivo. «Esta es una ley que tuvieron que hacer por obligación para permitir que entren los privados a operar», afirmó. Sin embargo, explicó que la estructura mantiene el mismo diseño hipercentralizado que ha fracasado en las últimas décadas.

    A su juicio, la nueva propuesta insiste en un esquema de concesiones que no ofrece condiciones equitativas. «No estás entrando a negociar en un terreno donde vas a tener la posibilidad de mejorar las posiciones competitivas. Estructuralmente, la ley no va a resolver el problema de falta de inversión», sentenció. Bajo las condiciones propuestas, el sector privado se ve obligado a conformar empresas mixtas donde el Estado se reserva más del 50% de la participación.

    Asimismo, criticó que la ley incluya discursos de «empoderamiento ciudadano» que permiten sancionar el capital de las empresas por fallas en el suministro. En un sistema con pérdidas de distribución que rondan el 50%, castigar financieramente al inversor sin sanear la infraestructura previa genera una profunda inseguridad jurídica.

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  • El legado de Sentido Común: A 250 años del folleto de Thomas Paine

    El profesor Jesús María Alvarado, destacado académico venezolano, exprofesor de la Universidad Simón Bolívar y actual director de posgrado en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, abordo el análisis de su más reciente artículo sobre los 250 años de la publicación de Sentido Común (Common Sense), el célebre folleto de Thomas Paine que catalizó la Revolución Americana y dejó profundas huellas en la historia republicana de Venezuela.

    Un folleto con ADN venezolano

    Publicado originalmente en enero de 1776, Sentido Común no fue un libro denso, sino un folleto de tono combativo y militante diseñado para llegar a un público masivo. Según explicó Alvarado, este texto se vendió como pan caliente y logró desmontar los argumentos de los colonos realistas que defendían la corona británica, demostrando que la adopción de la república era una necesidad imperiosa.

    El pensador inglés generó la conciencia de ser americanos en los propios colonos , influyendo de forma tan directa que el propio Thomas Jefferson alabó a Paine en su autobiografía y reconoció su peso en la Declaración de Independencia de 1776.

    El profesor Alvarado destacó un dato histórico fundamental que conecta directamente a este pensador con la historia venezolana:

    • La primera traducción al español: Fue realizada en el siglo XIX por el venezolano Manuel García de Sena.
    • Ajustes de la época: Aunque García de Sena suprimió algunas cuestiones religiosas para adaptarlo a una sociedad marcadamente católico, dado que Paine escribía originalmente para un contexto cuáquero, la obra circuló con fuerza en el país.
    • Influencia en nuestros próceres: Intelectuales y publicistas de la gesta emancipadora venezolana leyeron con atención estas ideas. De hecho, el estilo literario de Juan Germán Roscio en textos como «La Edad de la Razón» estuvo fuertemente inspirado en el tono de Thomas Paine.

    «Paine es un pensador súper potente. Si bien fue la espina dorsal de la independencia y uno de los autores más citados, también ha sido uno de los menos comprendidos en los últimos 250 años». Jesús María Alvarado.

    La urgencia de la reinstitucionalización en Venezuela

    El análisis del folleto de Paine cobra especial relevancia en el contexto venezolano actual. Para que el país logre encaminarse hacia la prosperidad, captar inversiones sostenibles y reconstruir su tejido social, resulta obligatorio un proceso profundo de reinstitucionalización.

  • ¿Cómo blindar el salario en Venezuela?

    Frente a las distorsiones que genera la inflación y las bonificaciones del ingreso, la doctora Isolde González, economista, experta en seguridad social e investigadora del Centro de las Personas y de la Empresa (CEPE) de la Universidad Monteávila, ha presentado una propuesta técnica que busca blindar el salario del trabajador venezolano para permitirle ahorrar, progresar y garantizar su estabilidad futura.

    Para González, quien coordinó la Comisión para la Reforma de la Seguridad Social en la década de los noventa , el concepto tradicional de salario mínimo fijado por el Estado se ha convertido en una fuente de distorsión económica.

    «El salario no es un hecho puramente social, es un hecho económico incorporado en los valores y costos de producción de una empresa. Al fijar salarios mínimos de forma clientelar sin base en la productividad, terminas alimentando al peor enemigo de la familia y de los inversores: la inflación. Hay que quitarle a la toma de decisión política el ajuste de los sueldos «.

    La especialista señala que el esquema actual en el país, caracterizado por una brecha cambiaria y una fuerte dependencia de bonos que no impactan verdaderamente las prestaciones sociales, mantiene el beneficio del trabajador completamente rezagado frente al costo de la cesta básica.

    La Unidad de Valor: Indexación híbrida

    La solución técnica que modela González no pasa por la fijación unilateral de montos, sino por la creación de una Unidad de Valor contable y registrada. Inspirada en mecanismos exitosos como la Unidad de Fomento de Chile, pero adaptada a la compleja realidad venezolana, su propuesta no ata el indicador a la canasta básica para evitar traspasar la inercia inflacionaria, sino a variables macroeconómicas de flujo real.

    La fórmula propuesta por la investigadora se compone de la siguiente manera:

    • 70% anclado al valor del dólar
    • 30% anclado al precio y productividad del petróleo

    Bajo este modelo, cada unidad tendría un valor base equiparable a un dólar. «Si establecemos un piso de partida de forma consensuada, las escalas salariales y sus ajustes se automatizan en función de los vaivenes del mercado petrolero y el tipo de cambio, protegiendo al flujo laboral de la devaluación sin asfixiar la estructura de costos corporativa», detalla González.

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  • Karla Mary Hernández: «La libre empresa es el motor de cualquier país»

    Karla Mary Hernández, fundadora de su propia firma de consultoría y especialista en gestión financiera y estrategia de negocios. Hernández, quien además es egresada del programa IVLP de la Embajada Americana, compartió una visión profunda sobre el rol del empresario y la importancia de la profesionalización para la sostenibilidad a largo plazo.

    Para la consultora, la libre empresa no es solo un concepto económico, sino el corazón del bienestar social. «Yo siempre digo que la libre empresa es el motor de cualquier país y de cualquier economía», afirmó Hernández, subrayando que sin organizaciones que generen empleo y soluciones para los consumidores, el progreso se detiene.

    El desafío de trascender al fundador

    Uno de los puntos más críticos es la diferencia entre emprender para vivir del negocio y emprender para dejar un legado. Según Hernández, la sostenibilidad comienza en la mentalidad del dueño.

    «Cuando el dueño dice: ‘yo quiero que esto que estamos haciendo funcione a largo plazo, funcione cuando yo no esté’, entonces hablamos de un dueño que ya tiene que hacerse innecesario».

    Este proceso de hacerse innecesario es lo que ella define como profesionalización. Para lograrlo, es vital establecer sistemas de gobernanza y cultura organizacional que permitan que la empresa opere como un cuerpo orgánico independiente de su fundador.

    Competitividad vs. Supervivencia

    Hernández, quien también dicta la cátedra de Estrategia Competitiva, fue enfática al diferenciar un plan estratégico de la verdadera competitividad. Para ella, ser competitivo significa tener algo que los consumidores quieran y que los competidores no puedan copiar fácilmente.

    «Quienes ganan en el mercado son los que tienen algún tipo de ventaja… porque tomaron más riesgo, agregaron valor con tecnología o hicieron un proceso distinto», explicó. Además, hizo un llamado a los nuevos empresarios a formarse en los fundamentos del liberalismo y la empresarialidad, citando a autores como Israel Kirzner y Adam Smith, para entender que el respeto a la propiedad privada es el pilar de cualquier inversión.

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  • Simplificación de trámites en Venezuela: ¿Un paso real hacia la eficiencia o más burocracia?

    La complejidad administrativa ha sido, históricamente, uno de los mayores frenos para el desarrollo empresarial en Venezuela. En este contexto, conversamos con la Dra. Christi Rangel, economista, investigadora, profesora de la Universidad de los Andes (ULA) y colaboradora de Cedice Libertad, sobre el alcance y las implicaciones de la nueva Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.

    El diagnóstico: Una carrera de obstáculos

    Para la Dra. Rangel, la simplificación no es solo un tema de reducir papeles, sino de mejorar la competitividad del país. «Venezuela ha ocupado consistentemente los últimos lugares en índices internacionales de facilidad para hacer negocios», señala. La nueva ley surge como una respuesta a la necesidad de atraer inversión y formalizar la economía en un entorno de post-hiperinflación.

    Rangel enfatiza que la burocracia excesiva alimenta la informalidad. Cuando un trámite es lento y costoso, las pequeñas y medianas empresas (pymes) optan por operar al margen de la ley. La investigadora advierte que la opacidad en los procesos administrativos es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción. La simplificación busca, en teoría, estandarizar procesos para que no dependan del funcionario de turno.

    La profesora de la ULA destacó los puntos críticos que deben cumplirse para que la ley no sea solo letra muerta:

    Digitalización Real: «No basta con subir un formulario a una página web; se requiere interoperabilidad», explica. Esto significa que las distintas instituciones del Estado (Saren, Seniat, alcaldías) deben compartir datos para que el usuario no tenga que entregar el mismo documento varias veces.

    Silencio Administrativo Positivo: Uno de los aspectos más potentes de la ley es el concepto de que, si el Estado no responde en un plazo determinado, la solicitud se considera aprobada. Rangel considera esto un avance fundamental para la seguridad jurídica.

    Reducción de Requisitos: La eliminación de recaudos innecesarios o redundantes es vital para agilizar la creación de nuevas empresas y la exportación de bienes.

    «Podemos tener la ley más moderna del mundo, pero sin conectividad eléctrica y de internet estable, la digitalización de trámites es una quimera para muchas regiones del país», afirma la economista.

    Además, señala que la resistencia al cambio dentro de la administración pública es alta, ya que la simplificación resta poder de control discrecional a las instituciones.

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