La recuperación del estado La Guaira tras los dobles sismos del pasado 24 de junio exige una reestructuración prioritaria de sus servicios básicos, fundamentalmente del sistema de agua potable y saneamiento. José Norberto Bausson, ingeniero civil, magíster en Ingeniería Ambiental y exdirector del acueducto de Vargas entre 1980 y 1982, analizó la gravedad de la infraestructura hídrica en el litoral central y presentó las propuestas técnicas desarrolladas desde la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica.
Un sistema operando al 40% antes del evento telúrico
El impacto de los sismos agravó un deterioro estructural preexistente. De acuerdo con las estimaciones presentadas por Bausson, antes del 24 de junio el acueducto de La Guaira operaba apenas al 40% de su capacidad instalada. De una demanda requerida de 1.000 litros por segundo, el sistema suministraba en promedio 400, sometiendo a la población a ciclos de racionamiento severos con ciclos de distribución de 20 a 30 días.
Históricamente, el litoral central contó con un sistema redundante y robusto alimentado por dos extremos estratégicos: el río Naiguatá al este y los ríos Maya, Puerto Cruz y Chichiriviche al oeste, complementados por la interconexión con el sistema de Caracas.
Prioridades inmediatas y control sanitario
Bausson enfatiza la necesidad de segmentar la atención hídrica en dos grupos de usuarios con requerimientos diferenciados: los residentes habituales en sus viviendas (aprox. 450.000 personas) y la población damnificada ubicada en refugios temporales.
1- Plan de contingencia para refugios y agua segura
La prioridad sanitaria urgente se centra en evitar brotes de enfermedades en los albergues. Actualmente, el agua distribuida a estos centros mediante camiones cisterna proviene de pozos sin el tratamiento adecuado de potabilización.
2- Rehabilitación progresiva e inversión focalizada
Para la recuperación a mediano plazo, se requiere un esquema de medición y diagnóstico detallado de las redes subterráneas para priorizar las reparaciones de mayor impacto. El restablecimiento de la capacidad de potabilización en las plantas del estado y la presurización progresiva de los 25 kilómetros de extensión del litoral resultan indispensables para reactivar la actividad turística, comercial y portuaria.
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