Recientemente la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) impuso la normativa a los establecimientos cobrar una tarifa de 900 bs. por estacionamiento.
Desde el mes de agosto esta acción ha generado riesgos para los usuarios que asisten a los diversos establecimientos, ya que los dueños de centros comerciales y grandes establecimientos han optado por dejar a consideración de los conductores la seguridad de su vehículo.
Según datos que maneja la Policía Nacional Bolivariana es una realidad que viene creciendo en todo el país, como es la presencia de grupos especiales destacando los estados Carabobo y Aragua como los más organizados en estas prácticas.
Uno de los delitos que en Venezuela ha ido evolucionando y adaptándose a la realidad económica del país es la extorsión. En los últimos días, sin embargo, esto ha llegado a unos niveles que nadie sospecharía.
Este caso fue conocido gracias a una minuta del comando nacional antiextorsión y secuestros de la guardia nacional, divulgada en foros de seguridad.
el pasado fin de semana, los militares recibieron la denuncia de una mujer que, aterrada, denuncio que era extorsionada nada más y nada menos que por su propio hijo. Según la denuncia, el perpetrador de las amenazas decía ser agente de la policía judicial.
En este caso, un hombre que dice ser agente de la policía judicial exige 300 dólares americanos para cesar los golpes y amenazas contra su propia madre.
Los militares que asistieron a esta mujer acordaron una entrega vigilada del dinero en el bulevar de sabana grande, lo que permitió detener al presunto extorsionador.
Lo importante en este caso es que la denuncia oportuna por parte de la víctima permitió la detención del victimario y el cese de la amenaza, aunque sea de manera momentánea.
La extorsión ha sido uno de los delitos de mayor crecimiento en el país durante los últimos años, en buena medida debido a la ausencia de denuncia por parte de las víctimas.
en este caso, por lo menos, la denuncia condujo a un procedimiento que permitió sacar de las calles a un hombre que ni más ni menos extorsionaba a su propia mamá. Por cierto, una vez preso se comprobó que ya no era funcionario policial.
Un caso conocido también hace pocos días nos indica cómo hay individuos que, a cambio de unos pocos dólares, ofrecen un servicio de aleccionamiento de los hijos mediante el ejercicio de la violencia.
Este extraño servicio era ofrecido de boca en boca a personas conocidas por agentes de la llamada fuerza de acciones especiales de la policía nacional. Básicamente los uniformados ofrecían que, previo pago de una suma en dólares, podían llevarse a ese hijo o sobrino rebeldes hasta una locación desconocida y propinarles una golpiza que sirviera como aleccionamiento.
Nos referimos al caso de un servicio tercerizado de aleccionamiento de los hijos o sobrinos mediante golpizas, propinadas por presuntos agentes de la policía nacional.
Este caso fue detectado in fraganti, gracias a la denuncia de un familiar que no estaba de acuerdo con el hecho de que se pagara a policías para dar golpizas ejemplarizantes a los hijos. Las detenciones fueron practicadas por efectivos de la propia policía nacional-
Este caso nos habla de la profunda descomposición en la que están inmersos los cuerpos policiales y militares. Anteriormente, esto se evidenciaba cuando los veíamos uniformados frente a los comercios en la hora de cierre, ofreciendo un servicio conocido como parceleros. Luego los hemos visto de escoltas, y ahora en esto. Definitivamente, la creatividad de estos individuos es estimulada al máximo por la búsqueda de recursos económicos en tiempos de crisis.
Así como hacen los pescadores para atraer a sus presas, los delincuentes también utilizan señuelos o carnadas para facilitar el acceso a sus víctimas.
Así lo pudo comprobar en carne propia una comerciante víctima de un asalto a su propia residencia la semana pasada.
La mujer vive en el primer piso de un conjunto residencial ubicado en la avenida Rómulo Gallegos. De acuerdo con la información preliminar, una mujer tocó a su puerta. Cuando intentó verificar su identidad, se percató de que se trataba de una persona que había hecho trabajos domésticos para ella. y abrió detrás de ella, tres hombres armados entraron al apartamento con la finalidad de llevarse prendas de lujo, dinero y artículos electrónicos.
Hace algunos años, en la policía judicial se consideraba que en determinados contextos, como las discotecas o bares, los hombres secuestrables podían ser seducidos por señuelos, que posteriormente actuaban en complicidad con el grupo de plagiarios. Este procedimiento también podía ser usado para los robos en carreteras y vías del país. Generalmente, entonces, el señuelo es una mujer.
¿Se puede prevenir este tipo de robos con señuelos, como el relatado al inicio de este espacio? Desde luego que sí.
Lo más importante es determinar si la persona que llama a nuestra puerta se encuentra acompañada. De ser así, es necesario identificar a tales personas. Cualquier dificultad para lograr la identidad de estos acompañantes debe ser motivo de sospecha. Igualmente, si la persona que llama a nuestra vivienda lo hace en horas inusuales o con motivos aparentemente fútiles.
El último caso lo pudimos conocer a propósito de una información filtrada desde la policía judicial el pasado fin de semana. según esta información, fueron detenidas tres personas, entre ellas una mujer, señaladas de participar en una banda que comerciaba constancias de antecedentes penales.
Como sabemos, las constancias de antecedentes penales son documentos que están siendo exigidos en algunos países latinoamericanos y europeos para otorgar los permisos de trabajo o de residencia a los venezolanos que integran eso que conocemos como la diáspora.
En teoría, las cartas de antecedentes son documentos de expedición gratuita. Usted simplemente llena un formato en la web del ministerio de relaciones interiores, y de inmediato ese sistema analiza sus antecedentes y emite la certificación correspondiente.
Pero la corrupción, en este caso generada desde los propios despachos oficiales, ha ocasionado retrasos e interrupciones en el sistema, con la finalidad de incrementar el coste de la transacción.
En el caso referido, la banda estaba conformada por un detective de la policía judicial, un oficial de la policía nacional, una mujer y un hombre civiles, que participaban en la agilización de los trámites, que generalmente debían ser cancelados en moneda extranjera.
Aunque esto pareciera un éxito policial, en realidad es un indicador más de la creciente corrupción que afecta a la administración pública.
No solo están ofreciendo en venta este tipo de certificados. Las redes de corrupción se han instalado y prácticamente se adueñaron del sistema de identificación, en especial, la sección destinada a la emisión de pasaportes o a la extensión de su validez. Al igual que los certificados de antecedentes, aquí nada funciona sin pagos en moneda extranjera.
Otra área donde se instauró un sistema de coimas es en el apostillado de documentos para su posterior presentación ante autoridades de otro país.
En todas estas circunstancias podemos ver un factor común, como es la existencia de gestores, que a menudo sirven como intermediarios entre los funcionarios corruptos y los clientes, que son los civiles necesitados del servicio.
El trabajo con estos gestores puede ser de alto riesgo, puesto que muchos de ellos ni siquiera concretan sus ofertas. simplemente, desaparecen una vez obtenido el dinero de las víctimas, lo cual los convierte en estafadores.
Con el pasar del tiempo, nuestros dispositivos informáticos y las cuentas que tenemos en distintos sitios web han ido incrementando sus mecanismos de seguridad, con la finalidad de evitar o prevenir intrusiones a nuestra privacidad y eventuales pérdidas monetarias.
Sin embargo, son tantas las cuentas que debemos manejar que eventualmente tendremos que repetir alguna contraseña. Para evitar estas repeticiones, se han diseñado diversos mecanismos. En esta entrega abordaremos el de las llaves electrónicas.
Las llaves electrónicas son dispositivos generalmente elaborados mediante una combinación de plástico o metal con un chip, que al ser introducido en el lector USB de nuestras computadoras permiten un acceso expedito a las cuentas que tengamos habilitadas con este mecanismo.
Estas llaves pueden tener incorporado un lector de huellas digitales, lo que añade una barrera o capa de seguridad a nuestros dispositivos y cuentas.
Las llaves electrónicas para nuestras computadoras y cuentas en sitios web, como los correos electrónicos y bancos, tienen un costo de 14 dólares, lo cual es relativamente bajo si tomamos en consideración la magnitud de los sistemas que contribuyen a proteger.
En el caso de los correos electrónicos, estas llaves son utilizadas como un complemento a los sistemas de verificación de dos pasos, que ya hemos descrito en programas anteriores.
Simplemente, usted introduce la llave en el lector USB, genera los permisos necesarios en su cuenta de correo, y cuando sea necesaria su activación se encenderá un bombillo, precisamente donde está el espacio para tocarla.
Al contacto con nuestro dedo, el sistema recibe una orden de apertura de nuestra cuenta, y listo.
Como todo sistema de seguridad, las llaves electrónicas requieren de ciertos cuidados, por ejemplo evitar sus pérdidas, conservarlas en un lugar donde no sea golpeada o se deteriore por la acción del agua. De resto, son mecanismos bastante confiables, que nos facilitan el acceso a nuestras cuentas y dispositivos en un entorno bastante elevado de seguridad.
El extravío de las llaves de nuestras viviendas u oficinas, ya sea por descuido, negligencia o por acción criminal, representa una importante brecha de seguridad.
El principal problema con este tipo de situaciones es que generalmente la persona que era propietaria de estas llaves desconoce con exactitud cuándo y dónde perdió el control de sus llaveros.
En un entorno de seguridad medianamente aceptable, los extravíos de llaves generalmente son ocasionados con exclusividad por el usuario. Al descartarse la acción criminal, se reduce la probabilidad de que tal pérdida conduzca a una posterior irrupción por delincuentes en nuestras residencias o lugares de trabajo.
Sin embargo, un video divulgado recientemente en los medios colombianos revela cómo un grupo de antisociales logró irrumpir en un local de equipos informáticos ubicado al norte de Bogotá utilizando aparentemente la llave del propietario. Los hampones ubicaron el sitio donde las llaves eran útiles probando en cada inmueble.
Al verificarse la pérdida de una llave, el propietario deberá suponer que esto sucedió por acción delictiva, o en todo caso que esa llave podrá ser utilizada para robos o hurtos.
Deberá suponer, además, que el tiempo corre en su contra. de manera que no podrá prolongar en demasía los procesos de verificación de la existencia de las llaves en los sitios donde estuvo últimamente.
Lo inmediato será, desde luego, cambiar los mecanismos que eran activados por tales llaves para permitir el acceso a los espacios. Si se trataba de una llave convencional, cambiar los cilindros. Si era magnética o electrónica, reprogramarla.
De igual forma, el propietario deberá estar atento ante cualquier actividad irregular alrededor de los inmuebles en el futuro inmediato. Si se trata de la llave que permite el acceso a un condominio, deberá hacer la notificación pertinente a la junta, la cual deberá de inmediato hacer los cambios a los que haya lugar.
Existen diversas formas de medir los costos asociados a los distintos aspectos de la seguridad. los particulares y las empresas generalmente manejan uno solo, que es el costo monetario. Por ejemplo, si se detecta una vulnerabilidad, se solicitan cotizaciones, y se escogen determinados dispositivos con los que se considera que esa vulnerabilidad podrá ser afrontada.
Esta misma lógica es la que se aplica, por ejemplo, a la hora de escoger los servicios de vigilancia. la tendencia entonces es a favorecer los que ofrecen más por menos. Y esto no siempre será lo más beneficioso.
Los costos asociados al tema de la seguridad pueden ser evaluados de diversa forma, tal y como se indicó en el segmento anterior.
Además de los monetarios, uno muy interesante mide cuál es el valor de los bienes y servicios que intentamos proteger, y que quedarían en riesgo creciente de pérdida total o parcial si no emprendemos las inversiones necesarias. Visto de esta manera, por ejemplo, el costo de una arquitectura de seguridad para cualquier inmueble no sería estrictamente el de lo que pagamos por su adquisición, instalación y mantenimiento, sino el de lo que perderíamos si no hacemos tales erogaciones, tomando en cuenta las condiciones de riesgo en un momento determinado.
Otra forma de medir el costo se refiere a valores aparentemente intangibles que intentamos preservar mediante la adquisición de los dispositivos. Uno muy importante es la tranquilidad. Aunque son intangibles, posiblemente las podríamos medir en términos de horas de sueño ganadas y posibilidad de hacer otras cosas distintas a la mera vigilancia de nuestros bienes.
Estos criterios quizá ayudarán a evaluar mejor cualquier plan que deseemos emprender para mejorar nuestra seguridad y la de nuestros allegados.
Los sistemas de patrullaje comunitarios, vecinales o privados comenzaron a ser vistos en urbanizaciones del este de Caracas y de Maracaibo hace ya unos cuatro años.
En otros países, como Estados Unidos y el Reino Unido tienen larga tradición en estos sistemas. Se trata de un grupo de personas previamente designadas por la comunidad, que pueden o no residir en ella, quienes hacen recorridos por circuitos preestablecidos con la finalidad de detectar y notificar situaciones que comporten riesgos de seguridad.
Al igual que los sistemas de alarma vecinal, estos de patrullaje privado o comunitario comportan beneficios y desventajas.
Quizá la mayor ventaja es que los vecinos disponen de una estructura diseñada para prevenir el delito en espacios previamente delineados.
Esto transmite de inmediato un mensaje sobre la actitud de la comunidad hacia las actividades ilegales. Si el sistema está enlazado con los cuerpos policiales, su efectividad se incrementará.
Por otro lado, el patrullaje comunitario ha sido cuestionado puesto que en determinadas circunstancias se considera que sus costos son elevados. Igualmente, algunos estudiosos del problema de la criminalidad advierten que no ocasionan disminuciones generales del delito, sino meros desplazamientos de los delincuentes hacia los sectores que consideren desprotegidos.
Finalmente, en lugares donde no se disponga de una regulación efectiva, estos grupos tienden a suplantar a los cuerpos del estado, y hay el riesgo de que se conviertan en expresiones de vigilantismo, que terminan con las comunidades asumiendo la justicia por cuenta propia.
De manera que, los sistemas de patrullaje, como los de alarma comunitaria, deben tener claros protocolos sobre sus procedimientos y los límites de su actuación. de esta manera se evitará que el remedio sea peor que la enfermedad misma.
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