Categoría: Crímenes Sin Castigo

Los sistemas de alarma comunitarios fueron aplicados por primera vez en el país durante los años noventa del siglo pasado, en una comunidad del estado Carabobo, conocida como ciudad alianza.

Desde entonces, otros sectores del país lo han aplicado de forma esporádica y con diverso grado de éxito. el principio es que determinados vecinos o residentes sean provistos de pitos o dispositivos capaces de hacer ruidos de alto decibel con dos finalidades: alertar al resto de la comunidad y espantar a los delincuentes, advertidos como están sobre la vigilancia a sus acciones.

El pasado fin de semana, quien les habla pudo ver este sistema en ejecución. Dos hombres que supuestamente hurtaban partes de un vehículo fueron divisados por los integrantes de este sistema en una calle del marqués, Municipio Sucre. de inmediato, comenzaron a sonar los pitos, y casi como por efecto de magia los sujetos salieron corriendo sin cumplir con su objetivo.

Estos sistemas, sin embargo, no son infalibles. Uno de los problemas fundamentales tiene que ver con las alarmas originadas en lo que se llama falsos positivos. Esto es, conductas o situaciones que están ocurriendo, pero que son mal percibidas o leídas por los encargados de emitir la alarma. Por ejemplo, una persona que es vista manipulando el interior de un vehículo, y se cree que intenta hurtarlo, cuando en realidad lo está reparando.

Además de los falsos positivos, estos sistemas de alarma deben transmitir a los delincuentes la noción de que las cosas no se quedarán solamente en el escándalo, sino que ese ruido traerá reacciones inmediatas por parte de los cuerpos de seguridad, o eventualmente de la propia comunidad.

Si el delincuente percibe que luego de los pitos no ocurre nada, el sistema perderá su efecto.

Todo esto nos remite a la necesidad de fijar con antelación protocolos de activación del sistema, con operadores específicos y designados por la comunidad, que reciban el entrenamiento adecuado. Esto exige un nivel de organización y preocupación por los asuntos de seguridad que a menudo no se ve en el país. sin embargo, nunca es tarde para tomar las riendas de la situación

La noción de escala de alerta en el mundo de la seguridad es bastante antigua, sin embargo se hizo muy popular luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando el propio gobierno de estados unidos difundió una constante de cinco niveles, asociados a colores específicos.

Las escalas de alerta parten del principio de que las situaciones de riesgo, ya sea para colectivos de ciudadanos o empresas suelen ir de menor a mayor. en este proceso, se van emitiendo determinadas señales o indicadores de incremento o decrecimiento de los riesgos. Solo hace falta, entonces, conocer y clasificar adecuadamente tales señales, para así poder leer el curso de la situación.

Lo importante de esto es que podemos de cierta forma predecir el curso de los procesos y tomar las medidas que sean consideradas adecuadas, con la finalidad de proteger a los colectivos, o en todo caso mitigar los daños que pueda acarrear la ocurrencia de los hechos previstos.

Las escalas de riesgo nos permiten de cierta forma predecir los hechos y tomar las medidas pertinentes para mitigar los daños derivados de la ocurrencia de tales sucesos.  Las escalas deben reunir diversas características. Deben ser sencillas, tanto en su formulación como en las medidas asociadas a cada una de las etapas. Deben ser además acatadas por los colectivos que las asumen. Por lo tanto, generalmente ameritan algún entrenamiento.

Las escalas de riesgo más divulgadas constan de tres niveles, cada uno de ellos asociados a colores, que suelen ser amarillo, verde y rojo. El primero representa la condición de menor alerta o riesgo, y el último la de mayor riesgo, y por ende se asocia con una emergencia inminente.

Las escalas deben ser revisadas y ajustadas, para determinar si con el paso del tiempo aún sirven para predecir hechos y prevenir sus daños. De nada sirve una escala referida a hechos que ya suceden, deben tener cierto grado de antelación. Por ejemplo, en el caso de los huracanes, las escalas se van ajustando tomando en cuenta la fuerza de los vientos en otras latitudes, la dirección o trayecto del fenómeno natural y la posibilidad de que impacte otros sistemas, como por ejemplo represas u otros servicios públicos.

Un reciente hecho delictivo, reportado en el distrito capital, nos debe llamar la atención sobre la necesidad de seguir los protocolos mínimos de seguridad, ya sea que estemos en un inmueble residencial o, como ocurrió en este caso, en uno destinado a labores administrativas.

Esto sucedió la semana pasada en un apartamento dedicado a uso de oficina en el cuarto piso de un edificio de la Avenida Urdaneta. En ese mismo edificio hay también inmuebles destinados a uso meramente residencial.

Debido a esta diversidad de usos, y a la ausencia de vigilancia adecuada, los tres sujetos armados pudieron subir hasta el nivel donde estaba este local y se hicieron pasar por clientes, con lo que no hubo mayor verificación de sus identidades.

Una vez adentro, los sujetos sometieron a los empleados y dueños de la oficina y se llevaron los teléfonos, computadoras y dinero en efectivo. todo con extremada rapidez.

Un primer asunto que se debe notar es que los delincuentes conocían las características de la oficina y del edificio donde funciona. De manera que pudieron aprovechar las vulnerabilidades del sistema de vigilancia, que a todas luces era casi inexistente.

La diversidad y los cambios en el uso de un edificio suelen representar problemas para la comunidad de usuarios, tanto para los que antes residían allí en el como para los que ahora lo utilizarán como oficina. A ambos sectores conviene establecer protocolos rígidos en cuanto al acceso y la permanencia de personas extrañas, así como también de sus vehículos.

Por otra parte, los propios dueños de los inmuebles, en especial los que son usados para oficinas, deben fijar sus propias normas de protección. una norma básica se refiere a la apertura y cierre de los espacios. a veces, por comodidad, se prefiere la apertura mediante controles remotos. Aunque esto facilita el funcionamiento de la oficina, a menudo relaja los controles de acceso y termina por permitir el paso de personas extrañas.

Esta situación se complica además si el mismo apartamento ahora es utilizado por ejemplo como centro de consulta donde convergen varios profesionales. En estos casos, todos los usuarios deben acatar los mismos protocolos, pero en Venezuela llegar a tales acuerdos a menudo es complicado.

En primer lugar el 20% de las víctimas tenía edades comprendidas entre los 20 y 24 años. Esto confirma los patrones que han sido reportados en estudios sobre años anteriores. De hecho, si ampliamos el rango de edades, encontraremos que el 47% de las víctimas tenía entre 15 y 29 años. La violencia homicida, por lo tanto, sigue afectando a los segmentos de la población que están entrando a la actividad económica.

De manera que, el impacto de esta violencia en términos de costo resulta enorme para el país. son años de vida productiva que se pierden en virtud de la criminalidad violenta.

Por cierto, durante revisiones hechas en años anteriores, se ha determinado que la gran mayoría de muertos por“resistencia a la autoridad”, es decir, enfrentamientos con policías o militares, tienen también estas mismas edades. Lo cual hace que el impacto económico de la violencia sea todavía mayor.

Ahora bien, ¿Qué hay con respecto a las horas y los días más violentos? en asuntos de homicidios, los días con mayor frecuencia de casos fueron los domingos, los lunes y los sábados, en ese orden. Si tomamos en cuenta solamente los dos últimos días de la semana, abarcaremos el 37% de los casos. Es de presumirse además que la alta violencia durante los lunes se produce como una especie de efecto resaca o residual de los fines de semana. Esta presunción se confirma además si tomamos en cuenta las horas de los homicidios. resulta ser que las madrugadas, es decir, el lapso que comienza en la medianoche y finaliza a las seis de la mañana, acumularon el 32% de los casos, y otro 27% ocurrió entre las 6 am y los mediodías.

Aunque este dato requiere de mayor investigación, se puede indicar que una buena parte de los homicidios durante 2018 estuvo asociada posiblemente a problemas de convivencia, o en todo caso fue perpetrado por sujetos que operan en las proximidades de los lugares de residencia de las víctimas.

Podríamos decir que durante 2018 se acentuó la migración o desplazamiento del delito en dos sentidos. Por una parte, tenemos que los delincuentes que operaban en un lugar se movieron hacia otros, ya sea en el territorio nacional o afuera del país. Esto sucede por varias razones, las más frecuentes son la pérdida de atractivo de la actividad que se desarrollaba en el lugar originario, unida a la posibilidad de obtener mejores ganancias en el sitio de destino. Es por esto que vemos a delincuentes que antes estaban en Caracas extorsionando a contratistas petroleros en el estado Trujillo, o individuos que secuestraban en Anzoátegui y que ahora se incorporaron a bandas de mineros en el estado Bolívar.

También ocurre que los desplazamientos se den para huir de la persecución de las autoridades, en especial cuando el exterminio físico se ha convertido en una práctica habitual. De allí la presencia de elementos de bandas como el llamado tren de Aragua en Perú, o de extorsionadores en ciudades costeras de Colombia.

Pero existe también otro tipo de desplazamiento, que es el de actividad.

Esto lo vemos con claridad cuando analizamos las disminuciones hasta casi cero de los robos a bancos y a vehículos blindados.

Eso no quiere decir necesariamente que haya menos delincuentes en determinadas áreas o que las políticas de seguridad estén rindiendo frutos. Para determinarlo con claridad tenemos que revisar cómo se comportan los demás indicadores sobre actividades al margen de las leyes.

En el caso de los asaltantes y secuestradores, es claro que parte de ese desplazamiento se ha producido desde las calles o vías públicas hacia las viviendas de las víctimas. En otras palabras, el delincuente que antes secuestraba o robaba bancos se dio cuenta de que ahora las ganancias pueden estar en el entorno doméstico de las víctimas. Esto
obliga entonces a redoblar los medios de prevención y detección temprana de cualquier actividad delictiva en torno a nuestras viviendas.

Los homicidios son en teoría los delitos que las autoridades conocen con mayor prontitud y precisión. Además no requieren que los deudos o allegados a las víctimas formulen denuncias. en otras palabras, deben ser conocidos de oficio.

Esto hace que las mediciones sobre la criminalidad violenta pongan especial énfasis en el análisis de los homicidios.

Más del 20% de las víctimas reportadas el año pasado fue de sexo femenino o por determinar. Aunque se trata de un porcentaje minoritario con respecto al de víctimas masculinas, estamos ante un crecimiento importante de la violencia contra las mujeres, si tomamos en cuenta que en años anteriores las víctimas del llamado sexo débil apenas llegaban a un 15% del total general.

Cuando se habla de sexo por determinar, quiere decir que se ha determinado la existencia de un cadáver, pero en condiciones tan deplorables que ni siquiera pudo ser plenamente identificado. Queda el caso como homicidio debido quizá a algunas características como lesiones visibles u otros elementos hallados en el sitio del suceso, pero las pesquisas no han podido avanzar mucho más.

Otro aspecto importante de los homicidios conocidos es que en la gran mayoría, un 83% de los casos, se reportó el uso de armas de fuego. Esto dice mucho de la virulencia de la criminalidad en el país, pero también de la ineficacia de las políticas de desarme aplicadas desde hace siete años, y que claramente fueron destinadas a desproteger a la población civil.

Finalmente es importante señalar que las investigaciones apenas pudieron determinar la existencia de nexo entre víctimas y victimarios en el 18% de los casos. Esto puede referir una creciente incapacidad de los cuerpos policiales para llegar al fondo de cada investigación, lo que redundará en un incremento de las cifras de impunidad. Si esto es así en un delito como el homicidio, podemos presumir que la impunidad en otras actividades ilícitas será mucho más elevada.

Esta es una situación que amerita estudio y análisis, por ello, describiremos algunas de las características que han sido referidas por las denuncias recabadas en el año recién finalizado.

En primer lugar, fueron reportados importantes incrementos en las denuncias por violación en diez de los veinticuatro estados del país. en otros cinco estados, las cifras fueron similares a las de 2017, mientras que en nueve estados hubo disminuciones, algunas de ellas muy leves. Por ende, al hacer la comparación de los totales, las cifras preliminares, conocidas extraoficialmente, dan un incremento general de la violación. esto contrasta con la reportada disminución general del delito violento durante el mismo año, y que supuestamente sería de 28%.

Durante 2018 hubo un incremento importante en el delito de violación, en especial en diez estados del país. los más importantes serían Bolívar y Aragua, sin embargo, esta data debe ser confirmada con posterioridad, pues hablamos de datos preliminares.

De acuerdo con expertas en esta materia como la profesora Magaly Huggins, la violación y en general los delitos sexuales son cometidos en su gran mayoría por personas con las que la víctima ha tenido algún tipo de contacto previo. Es decir, la víctima no es del todo desconocida por su agresor.

Según los datos recabados, la gran mayoría de las violaciones es cometida en horas del día y en las proximidades del hogar, es decir, en el barrio o la urbanización. Estos datos revisten de importancia, puesto que podrían indicar que las violaciones, por lo menos en un porcentaje, estuvieron asociadas a otros delitos, como pueden ser los robos a las viviendas.

Generalmente, las violaciones son delitos que no son denunciados ante las autoridades. Las encuestas le dan los mayores porcentajes de cifra negra, tanto en Venezuela como en otros países de Latinoamérica. lo importante entonces es reforzar la vigilancia institucional y los mecanismos para la detección de estos delitos, mediante la realización de encuestas de victimización que contribuyan a orientar la acción de los cuerpos de seguridad ciudadana.

Este año escribió un oyente y seguidor de Crimenes Sin Castigo para referir una situación que vienen padeciendo los habitantes de diversas poblaciones en Delta Amacuro.

Según el escucha, cuyo nombre queda bajo reserva por razones de seguridad, en los alrededores de pedernales está operando una banda que se dedica al robo de motores y lanchas. Las víctimas pueden ser atacadas cuando se encuentran en las orillas, pero también pueden ser interceptadas cuando están a la mar.

Esto entra en los supuestos de la piratería marítima. De acuerdo con la fuente, que además es propietaria de una posada en esa región al oriente del país, el grupo está conformado por unas 70 personas, y sus actividades comenzaron a ser del conocimiento público desde marzo del año pasado.

Según la denuncia, esta banda conformada por unas 70 personas ya está afectando incluso el transporte de personas que se hace por vía fluvial en las poblaciones deltanas, y desde allí hacia Trinidad y Tobago, puesto que han exigido una especie de vacuna a los propietarios de las líneas que hacen vida en esa región. El monto sería de unos cinco mil dólares mensuales.

En esos parajes, la autoridad es ejercida esencialmente por la Guardia Nacional, que es la única institución que dispone de los medios adecuados para transportarse por los ríos y caños de Delta Amacuro. Sin embargo, de acuerdo con la denuncia, en los últimos meses las lanchas de la Guardia Nacional se han deteriorado y carecen de mantenimiento.

Según la organización nacional de salvamento, las costas frente a Delta Amacuro y Sucre son las que comportan el mayor riesgo de victimización por piratería. Esta apreciación se ha visto reforzada por reportajes publicados por la prensa de Trinidad y Tobago, así como agencias de noticias, que refieren el incremento de este delito por bandas fuertemente armadas, y aparentemente conformadas por venezolanos.

Estas son situaciones que conviene tener presentes, no solo para la escogencia de los destinos turísticos durante los próximos asuetos de carnaval y semana santa, sino también a los efectos de evaluar los riesgos de las operadoras petroleras en toda esa región.

La legítima defensa es una condición o circunstancia que frecuentemente es invocada por los funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado para justificar el uso de sus armas. También puede ser invocada para justificar el uso de la fuerza potencialmente letal en condiciones especificas, que deben ser analizadas por los representantes del Ministerio Público en cada caso.

Analicemos un episodio reportado la semana pasada en una urbanización de Maracaibo, estado Zulia. Según el parte policial, un sargento de la guardia nacional accionó su arma de reglamento contra un sujeto al que descubrió mientras intentaba llevarse objetos de su vivienda, en horas de la madrugada. El reporte policial no indica si el supuesto asaltante estaba armado, pero en todo caso refiere que el individuo fue hallado muerto con tres disparos, en el interior del inmueble.

El articulo 65 del Código Penal vigente indica que no será punible:

1.– El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, sin traspasar los limites legales.

2.- El que obra en virtud de obediencia legitima y debida. En este caso, si el hecho ejecutado constituye delito o falta, la pena correspondiente se le impondrá al que resultare haber dado la orden ilegal.

3.- El que obra en defensa de propia persona o derecho, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

1.- Agresión ilegitima por parte del que resulta ofendido por el hecho.

2.- Necesidad del medio empleado para impedirla o repelerla.

3.- Falta de provocación suficiente de parte del que pretenda haber obrado en defensa propia.

4.- El que obra constreñido por la necesidad de salvar su persona, o la de otro, de un peligro grave e inminente, al cual no haya dado voluntariamente causa, y que no pueda evitar de otro modo.

Lo más probable es que los fiscales del Ministerio Público encargados de la investigación no ejercerán acción penal contra el sargento dueño del inmueble.

Basta con figurarse las condiciones en las que este funcionario encontró al supuesto delincuente, llevándose objetos luego de irrumpir en su vivienda y en medio de la oscuridad. Todo esto configura una situación de peligro inminente, aún si el supuesto hampón no tenía en su poder ningún arma.

La segunda semana de enero, el gigante del dinero plástico Mastercard anunció la puesta en práctica de un conjunto de medidas destinadas a reforzar la seguridad de los pagos en línea.

De acuerdo con la revista on line Bussinessvenezuela, el documento llamado guía de seguridad digital proporciona un conjunto de lineamientos y herramientas que incrementarán notablemente la protección de los pagos con tarjetas, tanto para los usuarios individuales como para los bancos y comercios.

Estas medidas surgen en un momento en que, de acuerdo con la publicación, los pagos en línea duplicaron sus montos totales durante el último año, hasta alcanzar los 80 millardos de dólares para los países latinoamericanos.