Categoría: Crímenes Sin Castigo

  • Mejores prácticas al caminar por las vías públicas

    Durante las semanas de “flexibilización” a la cuarentena por el Covid-19 hemos visto cómo los parques públicos han reiniciado sus actividades. Pero, tenga cuidado debe tener en cuenta que las condiciones de seguridad han cambiado.

    Uno de los espacios que ha reabierto sus puertas ha sido el Parque del Este, también llamado Francisco de Miranda. Allí es claro que durante los seis meses en que estuvo cerrado no hubo labores mínimas de mantenimiento.

    El follaje ha crecido de manera ostensible, al punto que posibilita el escondite de personas que pretendan cometer alguna acción ilegal contra los usuarios.

    En la cuarta semana de noviembre, nos enteramos de que un vehículo fue hurtado en el estacionamiento norte del parque, el único que actualmente está siendo utilizado por los visitantes, pues el estacionamiento este solo es ocupado por vehículos oficiales y gandolas para el transporte de agua potable.

    En vista de la carencia de personal para llevar a cabo una vigilancia intensiva de los espacios, se decidió entregar un cartón sellado a los usuarios que lleguen en sus vehículos.

    En la entrada, los empleados aconsejan al usuario no dejarlo en el vehículo mientras se está en el parque, pues lo utilizan como una suerte de constancia de propiedad.

    Otro espacio muy visitado, incluso durante las semanas de cuarentena radical ha sido el Ávila.

    Es lógico, pues las numerosas veredas que surcan el cerro caraqueño carecen de controles de acceso. Esto también lo saben los delincuentes, y se han recibido reportes sobre asaltos a personas que transitan solas o en pequeños grupos.

    No es la primera vez que la situación de seguridad en El Ávila se deteriora. Esto guarda una relación directa con las condiciones de oportunidad para el delito en el famoso cerro.

    Y en estos días, cuando los policías y militares están pendientes de las estaciones de servicio y el resguardo del orden público, los caminos de El Ávila permanecerán generalmente sin vigilancia.

    Tome esta situación en cuenta a la hora de planificar sus sesiones de ejercitación y recreación, en especial cuando se acercan las festividades decembrinas y suele producirse un alza en los delitos contra la propiedad.

  • Auge del hurto de vehículos con pérdida total, pero ¿Qué hay con las sustracciones de partes y piezas?

    El hurto de partes y piezas de vehículos tuvo un auge durante 2018 y 2019, que fue creciendo en forma casi simultánea con las informaciones sobre la escasez de repuestos, en especial de cauchos y baterías.

    Posteriormente, pareció descender con la cuarentena decretada a partir de marzo de este año.

    Sin embargo, registros de cámaras de seguridad y denuncias parecieran indicar que el hurto de partes y piezas de automóviles, camionetas y camiones se eleva de nuevo.

    En un caso conocido recientemente, por ejemplo, los delincuentes entraron a una calle ciega de El Marqués, en el municipio Sucre del estado Miranda, y en cuestión de minutos lograron apoderarse de las baterías de seis vehículos.

    Esto permite avanzar un primer dato: que la gran mayoría de los hurto ocurre en las vías públicas, es decir, donde existe una mayor oportunidad para el delincuente de acceder al bien que busca con dosis de riesgo relativamente bajas.

    Una primera sugerencia, entonces, es evitar en lo posible dejar nuestros autos, camiones o camionetas estacionadas y sin vigilancia en las calles de la ciudad.

    Antes de la pausa decíamos que la gran mayoría de los hurtos de partes y piezas de vehículos ocurre en las vías públicas.

    Sin embargo, con la cuarentena se pudo apreciar un número importante de casos en los que los antisociales lograron actuar en lugares confinados, como pueden ser los estacionamientos residenciales

    En estos casos, es difícil que un hurto de esta naturaleza se concrete si el antisocial no dispone de información previa sobre las condiciones de vigilancia en el inmueble donde piensa irrumpir.

    Está visto que las cámaras de vigilancia, por sí solas, no impiden totalmente los hurtos de partes y piezas, en especial si durante la instalación se decidió mantener la ubicación de los dispositivos en secreto.

    Este punto suscita debates, pero por regla general la recomendación es notificar mediante carteles la existencia de las cámaras en estos lugares.

    Por otra parte, si el sitio no cuenta con vigilantes privados, se debe complementar las cámaras de seguridad con sistemas de alarma contra intrusos.

    Esto debería ser suficiente para ahuyentar a los delincuentes dedicados al hurto de piezas de vehículos, que usualmente evitan la violencia contra los propietarios de tales bienes.

    Una última recomendación para prevenir el hurto de partes y piezas consiste en la instalación de dispositivos que representen una dificultad adicional para el delincuente. A esto se le llama “endurecer” el objetivo.

    Estas tácticas serán tanto más efectivas en la medida en que sean el producto de una decisión de toda la comunidad, y no de un propietario aislado.

  • Venezuela es el país donde hay menos nivel de confianza hacia los cuerpos de seguridad

    Venezuela sigue siendo el país latinoamericano donde los habitantes manifiestan los menores niveles de confianza en sus cuerpos de seguridad. Así lo reveló la última encuesta mundial sobre Ley y Orden de Gallup, divulgada la primera semana de noviembre.

    Este trabajo se sustentó en 175.000 entrevistas con adultos residentes de 143 países. Cada entrevista constó de cuatro preguntas, una de las cuales fue: “en la ciudad o área donde usted vive, ¿tiene confianza en la policía local?”.

    En el caso venezolano, solo 22% de los encuestados manifestó algún nivel de aprecio por los uniformados. Esta cifra se compagina con las arrojadas por otros estudios.

    La desconfianza en los cuerpos de seguridad es uno de los factores que impide el conocimiento de la situación real de delincuencia en el país.

    Mientras que la ciudadanía no tenga aprecio por el trabajo de los uniformados, la disposición de informar sobre las actividades ilegales de su entorno o de las que ha sido víctima será cada día menor. Por eso, esta cifra detectada por la encuestadora Gallup debe llamar a reflexión.

    El trabajo de campo fue desarrollado durante 2019, y de acuerdo con los resultados finales Venezuela figura en el lugar 141 en cuanto al Índice General de Ley y Orden, con 54 puntos, y solo supera a Gabón (52 puntos) y Afganistán (43).

    Esta es la consecuencia de un prolongado deterioro institucional, que según los encuestadores se ha visto reforzado por la pandemia del covid-19. De igual forma, con 22% Venezuela figura junto a Suráfrica en el antepenúltimo lugar mundial cuando se trata de medir el sentimiento de seguridad para caminar por las calles.

    Mientras tanto, los resultados de los residentes de Singapur, Noruega, Turkmenistán y Emiratos Árabes son superiores a 90%. Esto supone además que tales países han logrado sentar las condiciones institucionales necesarias para lograr un desarrollo sostenido.

  • Se han incrementado las denuncias sobre desapariciones en todo el país

    Las cifras conocidas hasta el momento son preocupantes, puesto que hasta el mes de septiembre habían sido reportadas ante la policía judicial las desapariciones de 400 personas.

    Los meses de mayo, junio y septiembre han tenido los totales más elevados, que van desde las 57 hasta 62 denuncias. Esto quiere decir que en esos meses prácticamente se perdió la pista de dos personas en promedio todos los días.

    Cada caso debe ser revisado en sus particularidades. No se puede atribuir este número de desapariciones a un solo factor. Sin embargo, llama la atención que la gran mayoría de los casos haya ocurrido en Distrito Capital y estado Miranda, donde las personas gozan de mayor movilidad.

    Estamos hablando del 41% de las desapariciones, en un enclave urbano donde se supone que existen los mayores recursos para ubicar a las personas.

    En estricto sentido, no se puede decir que la desaparición sea un delito, pero sí se convierte en tal cuando es propiciada por funcionarios de cuerpos de seguridad.

    De resto, se trata de una situación que pudo ser propiciada por la decisión de la persona a la que se le perdió el rastro, o por condiciones externas que es necesario investigar. Para esto, la policía judicial cuenta con un grupo de pesquisas.

    De manera que lo más importante para el familiar o allegado de la persona desaparecida es recabar la mayor cantidad de datos, y aportarlos en una denuncia ante los despachos de CICPC.

    A menudo, los policías prefieren esperar un lapso de 72 horas para tomar estas denuncias, con la finalidad de dar un margen de tiempo que permita determinar con mayor precisión si se trata de un caso de desaparición o de otros delitos como el homicidio o el secuestro o el rapto.

    Una de las cuestiones que llama poderosamente la atención es que los estados con mayores cifras de personas desaparecidas son conocidos además por ser el escenario de disputas entre grupos organizados.

    Hablamos de Bolívar, Aragua, Zulia y Sucre, cada uno con sus particularidades, pero con este factor en común, que debe ser observado con detenimiento.

  • ¿El secuestro ha incrementado durante flexibilización de la cuarentena?

    El miércoles 4 de noviembre en horas de la mañana, cámaras de seguridad instaladas en la fachada de un Conjunto Residencial de Los Chorros (municipio Sucre) captaron el momento en que el conductor de un Corolla blanco fue sometido y presumiblemente privado de su libertad, por sujetos que iban en una camioneta Explorer gris.

    Algunos captores tenían pistolas, chalecos antibalas e indumentaria similar a la utilizada por la Policía Nacional, aunque llevaban zapatos tenis.

    Sobre este episodio, el ex director de la Policía Judicial, Miguel Dao, indicó que varios elementos sugieren la irrupción de una banda de novatos, que actúan como si estuviesen amparados por un manto de impunidad.

    Uno de los aspectos más notables fue la tardanza en sacar a la víctima del carro y llevarla a la referida camioneta.

    En la anterior semana de “flexibilización” ocurrió otro intento de plagio en la urbanización Montecristo, cerca del lugar donde ocurrió el último ataque, pero fue frustrado cuando volcó la camioneta donde llevaban a las víctimas, muy cerca del Hospital Pérez Carreño.

    De acuerdo con las informaciones disponibles de manera preliminar, en ninguno de los casos referidos los cuerpos de seguridad ejecutaron el llamado “plan de cierre” en las vías expresas, que implica el apostamiento de funcionarios policiales en las principales arterias viales de la capital, con la finalidad de capturar in fraganti a supuestos implicados en delitos de impacto.

    Al no haber ejecutado este procedimiento, los secuestradores contaron con un margen de tiempo que les permitió escapar.

    En octubre fueron denunciados siete secuestros en las oficinas de la policía judicial en todo el país, según se pudo conocer extraoficialmente.

  • Alertan sobre proliferación de permisos de conducir falsos emitidos por el INTT

    El 2 de junio, la policía nacional española remitió a las unidades de coordinación operativa territorial y a las brigadas de tránsito una circular en la que alertaban sobre la proliferación de permisos de conducir falsos, aparentemente emitidos por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre de Venezuela

    Estas licencias, indica el alerta policial, son presentadas por venezolanos en puntos de control, a menudo acompañadas por cartas de asilo.

    Tal ha sido el número de casos detectado que el cuerpo policial español ha podido sistematizar las distintas presentaciones de estas licencias, a los efectos de su debido reconocimiento.

    Un problema de origen es que las licencias venezolanas en la actualidad no son entregadas en el soporte plástico plateado que tuvieron durante la primera década de este siglo, sino que son enviadas por correo electrónico en formato pdf, y el propio titular debe imprimirlas y plastificarlas.

    Según la policía española, esta condición facilita la emisión de licencias falsas.

    Junto a este fenómeno, se ha detectado también una proliferación de gestores que ofrecen a través de las redes sociales sus servicios para la obtención de licencias venezolanas, aún si el titular se encuentra en el extranjero. 

    Según fuentes con acceso a esta información, están solicitando pagos por adelantado que pueden ascender hasta los 500 euros.

    Para el emigrante, caer en estas redes no es difícil, pues se ven seducidos ante la posibilidad de obtener un documento que, aunque de dudosa procedencia, le puede permitir la conducción de un vehículo.

    La orden impartida a la policía española ha sido llamar a declarar a las personas que son detectadas en posesión de estas licencias falsas.

    Tal parece que las autoridades españolas podrían tomar esta situación como un pretexto para justificar deportaciones en un futuro cercano.

     

  • ¿Cuál ha sido la evolución del hurto de vehículos durante la cuarentena en Venezuela?

    El hurto de vehículos es uno de los nueve delitos considerados marcadores de la criminalidad en el país

    Se caracteriza por la sustracción de partes y piezas, o de todo el vehículo, mediante la aplicación de habilidades y destrezas por parte del delincuente.

    En este sentido, lo que caracteriza al hurto es precisamente la ausencia de violencia contra el propietario o conductor.

    La gran mayoría de los hurtos ocurre en la vía pública. Por esta razón, sería lógico pensar que en medio de la cuarentena por el Covid-19, con las calles prácticamente desiertas, el hurto de vehículos se reduzca casi a cero.

    De acuerdo con estadísticas conocidas de manera extraoficial, en Venezuela hurtaron 1.750 automóviles, motos y camiones durante los primeros nueve meses del año.

    El 48% de estos casos, es decir, 860, ocurrió en la zona de Distrito Capital y estado Miranda.

    En este sentido, generalmente el área capital representa entre 30 y 35% del total de casos.

    Estamos entonces ante un primer efecto de las diferencias en cuanto a la circulación de vehículos, entre esta zona y el resto del país.

    Pero, cuando analizamos los totales por trimestres nos damos cuenta de que la cuarentena aminoró las cifras generales de hurtos de vehículos durante el lapso abril-junio.

    Sin embargo, en el trimestre siguiente los totales se incrementaron tanto en lo relativo al país como al área metropolitana.

    Una primera teoría podría ser que las situaciones de confinamiento tienen un impacto limitado sobre este tipo de delitos.

    Llega un momento en que la propia dinámica social tiende a romper o buscar alternativas a las órdenes de cuarentena impuestas desde el gobierno central. Y esto se refleja de inmediato en un incremento de las cifras de delitos denunciados.

  • ¿Cómo son vistos los motorizados en Venezuela?

    Las personas que circulan en motocicletas son permanentemente detenidos y verificados por los agentes de todas las policías, simplemente porque circulan sobre dos ruedas.

    Esta opinión negativa hacia los llamados “motorizados” viene desde los años ochenta, cuando se llegó a prohibir mediante decreto presidencial que estos vehículos transitaran por las autopistas de Caracas.

    Según cifras conocidas extraoficialmente, en 2019 fueron reportados 15097 robos genéricos y robos de vehículos. Estos son delitos contra la propiedad caracterizados por un accionar violento, en los que las víctimas pueden tener una idea de cuáles fueron los medios utilizados por sus contrapartes.

    De todos estos robos denunciados ante las policías, y presumiblemente investigados, se constató el uso de motocicletas por los victimarios solamente en 1006 casos. Esto equivale al 6,6%. En otros 898 (5,9%) casos las víctimas afirmaron que los asaltantes usaron autos, camionetas o camiones.

    Recientemente, gobernadores y alcaldes han implantado restricciones en sus territorios exclusivamente para los usuarios de motocicletas, también guiados por la noción de que son los medios de transporte predilectos de los delincuentes.

    En el libro revolución de la muerte, los autores Fermín Mármol y Luis Izquiel también se muestran proclives a la imposición de restricciones al uso de motos, bajo la noción de que son los medios mayoritariamente utilizados por los asaltantes en las vías públicas.

    Como se ve, tanto oficialistas como opositores parecieran coincidir en que los cuerpos de seguridad deben tener una actitud más rigurosa hacia quienes utilizan este medio de transporte.

    La diferencia entre el uso de motos y de otros vehículos en los robos de todo tipo fue muy pequeña, pero las decisiones han sido contra los motorizados.

    Pareciera que el criterio estadístico no fue tomado en cuenta por gobernadores y alcaldes a la hora de aplicar medidas que ponen cortapisas a un derecho constitucional, como el de la libre circulación.

  • 29 denuncias de “cambiazo” se han registrado durante los primeros 9 meses de 2020

    El “cambiazo” es una modalidad de fraude que pareciera haber pasado de moda en Venezuela

    Se trata de una práctica fraudulenta que consiste en cambiar la tarjeta de débito o de crédito por una falsa, al ser usadas en puntos de venta o cajeros automáticos, aprovechando cualquier distracción.

    Cuando decimos que este delito pareciera haber pasado de moda en el país es porque, de acuerdo con cifras frescas conocidas de manera extraoficial, este riesgo pareciera todavía latente.

    Según estadísticas conocidas extraoficialmente, durante los primeros nueve meses de 2020 los agentes de la división contra delitos informáticos de la policía judicial recibieron y procesaron veinte denuncias sobre el cambio fraudulento de tarjetas de débito o crédito.

    Incluso, hubo dos reportes llevados a cabo por las víctimas durante la primera semana de octubre. Esto quiere decir que la práctica del cambiazo aún se mantiene, y por ende todos los usuarios de dinero plástico tenemos que tomar las debidas precauciones.

    Como medidas de prevención, el propio Citibank ha recomendado mantener siempre a la vista nuestras tarjetas, aun cuando son manipuladas por agentes de cobro, o cuando están en el interior de cajeros automáticos.

    Igualmente, se debe ignorar cualquier tipo de evento distinto a la manipulación de las tarjetas, pues pueden ser distracciones diseñadas para llevar a cabo el cambiazo.

    Finalmente, el propio banco ha reiterado el consejo de no compartir la clave secreta, algo que recordamos permanentemente en este espacio.

  • Alcaldía de Chacao recupera a perro extraviado

    En días recientes, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, divulgó por las redes sociales un video que recoge el momento en el que hacía entrega a su dueña de un pequeño perro

    Según las informaciones conocidas a través de redes vecinales, el can llamado paco se había extraviado diez días antes.

    Una toma de cámaras de seguridad de un inmueble de los Palos Grandes permitió conocer que la mascota en realidad no se había perdido, sino que fue tomada por un sujeto sin oficio que deambulaba por el lugar.

    El perro andaba por las vías públicas sin collar ni algún otro dispositivo que comprobara su pertenencia a un vecino.

    Posteriormente, una persona enterada de lo sucedido vio al animal en poder de este hombre, y él supuestamente le indicó que no lo devolvería a menos que le pagaran veinte dólares americanos.

    Esto nos coloca en los supuestos de hecho que configuran un delito establecido en la legislación venezolana, como es la extorsión.

    Aunque la policía intervino en el episodio, realmente no había forma de atribuir con certeza el delito de hurto o el de extorsión.

    Aun así, quienes oyen este espacio deben recordar que hace apenas un año y medio fue reportada una ola de incidentes que podríamos llamar “secuestro” de mascotas, en varios sectores del este caraqueño.