Categoría: Crímenes Sin Castigo

En los primeros seis meses de 2020 han sido denunciados cuarenta plagios. La paralización del país con motivo del decreto de alarma nacional pareciera no haber tenido mayor impacto, si se toma en cuenta que durante la primera mitad de 2019 fueron iniciadas 47 averiguaciones por este delito.

El municipio Libertador y el estado Miranda acumulan la mayor cantidad de casos, abarca el 50%, con una importante cantidad de casos en los Altos Mirandinos.

Desde que comenzó la cuarentena ha repuntado los secuestros en Zulia, con víctimas en los municipios Catatumbo y Santa Rita.

Las bandas de secuestradores también se mantienen activas en Carabobo, con casos reportados en Valencia y Naguanagua. En las ciudades, los captores intentan obtener sus pagos en lapsos de negociación que se prolongan por horas, pero que no pasan de un día.

En cambio, en Aragua, Lara y Zulia los tiempos de cautiverio son más prolongados, y los montos negociados en rescate pueden ascender a los cientos de miles de dólares americanos.

En 2020, la mayoría de los casos se ha resuelto mediante negociación entre los delincuentes y los allegados a las víctimas. Solo en el 25% de los secuestros, las víctimas han sido rescatadas o liberadas como consecuencia de la llamada “presión policial”.

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Uno de estos cambios tiene que ver con el incremento de las condiciones de oportunidad para el delito en los centros comerciales guarda una relación directa con la merma de los servicios de vigilancia, toda vez que los condominios que administran estas instalaciones han tenido que reducir los gastos.

Por ejemplo, el lunes 13 de julio, un joven que caminaba por el Centro Plaza en Los Palos Grandes, en Caracas, fue víctima de antisociales cuando circulaba por uno de los pasillos de tiendas.

En estos lugares, la disminución del número de vigilantes ha obligado a concentrar los pocos disponibles en apenas una porción del estacionamiento y en las entradas y salidas, precisamente para posibilitar una mejor supervisión de las actividades.

Por último, lo más recomendable en estas circunstancias es evitar la circulación sin compañía por los centros comerciales. La sola presencia de uno o más acompañantes junto a las potenciales víctimas es ya un elemento de disuasión.

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Durante el primer semestre de 2020 -que abarca tres meses y medio de cuarentena- han matado a menos mujeres en el país que en la primera mitad de 2019. En este lapso hubo 223 víctimas, mientras que el año pasado fueron 390.

En un esquema de reducción general de homicidios, las mujeres continúan representando aproximadamente el 10% de las víctimas.

Lo que sí pareciera haber cobrado alguna importancia es el motivo pasional, a veces ligado con abuso sexual, que abarcó más del 23% de los casos reportados en el primer semestre. Otro 30% de las muertes de féminas fue catalogada como ajuste de cuenta, y en 25,5% de los casos la policía no pudo precisar el móvil del crimen.

Finalmente, en 10,7% de las muertes los antisociales intentaban llevar a cabo robos genéricos o de vehículos.

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Algunos incluso, han reprochado al ejecutivo los planes que desarman a los cuerpos policiales, por considerar que los deja en un estado de indefensión.

La reforma a la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, sancionada por el parlamento (regido por opositores) en octubre de 2016, tiene una disposición transitoria según la cual:

“Todas las armas y municiones que fueron retiradas de las policías estatales y municipales por alguna medida administrativa deberán ser devueltas por el ejecutivo nacional a los organismos de los cuales fueron sustraídas”

Esta es una lógica que el criminólogo Keymer Ávila ha descrito como de “guerra fría”: si el hampón tiene fusiles, todo policía también debe tenerlos, y de ser posible mejores.

Pero esa convicción generalizada pareciera carecer de sustento científico o estadístico. En 2014, Ávila llevó a cabo una investigación sobre la victimización policial. En esa época, sorprendían las cifras de agentes ultimados y concluyó que el uso de armas largas en contra de los funcionarios “es excepcional”.

Los fusiles, como los exhibidos recientemente por miembros de bandas en Petare y la Cota 905, tienen según Ávila una utilidad más simbólica que instrumental a partir del miedo que inspiran, se facilita el control en determinados territorios.

Las policías preventivas usualmente se abstienen de intervenir cuando perciben que del otro lado hay hampones con Fal o AR-15, ya que los impactos por los proyectiles de estas armas pueden ocasionar daños considerables.

Especialistas creen que el arma por sí sola es suficiente, pero “no tienen tácticas”. Aún así, es raro ver que gendarmes con la dotación reglamentaria enfrenten a bandas que poseen armas de guerra.

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Las personas que circulan en motocicletas son permanentemente detenidos y verificados por los agentes de todas las policías, simplemente porque circulan sobre dos ruedas.

Esta opinión negativa hacia los llamados “motorizados” viene desde los años ochenta, cuando se llegó a prohibir mediante decreto presidencial que estos vehículos transitaran por las autopistas de Caracas.

Según cifras conocidas extraoficialmente, en 2019 fueron reportados 15097 robos genéricos y robos de vehículos. Estos son delitos contra la propiedad caracterizados por un accionar violento, en los que las víctimas pueden tener una idea de cuáles fueron los medios utilizados por sus contrapartes.

De todos estos robos denunciados ante las policías, y presumiblemente investigados, se constató el uso de motocicletas por los victimarios solamente en 1006 casos. Esto equivale al 6,6%. En otros 898 (5,9%) casos las víctimas afirmaron que los asaltantes usaron autos, camionetas o camiones.

Recientemente, gobernadores y alcaldes han implantado restricciones en sus territorios exclusivamente para los usuarios de motocicletas, también guiados por la noción de que son los medios de transporte predilectos de los delincuentes.

En el libro revolución de la muerte, los autores Fermín Mármol y Luis Izquiel también se muestran proclives a la imposición de restricciones al uso de motos, bajo la noción de que son los medios mayoritariamente utilizados por los asaltantes en las vías públicas.

Como se ve, tanto oficialistas como opositores parecieran coincidir en que los cuerpos de seguridad deben tener una actitud más rigurosa hacia quienes utilizan este medio de transporte.

La diferencia entre el uso de motos y de otros vehículos en los robos de todo tipo fue muy pequeña, pero las decisiones han sido contra los motorizados.

Pareciera que el criterio estadístico no fue tomado en cuenta por gobernadores y alcaldes a la hora de aplicar medidas que ponen cortapisas a un derecho constitucional, como el de la libre circulación.

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El 16 de julio, la red de aplicación de la Ley Contra Delitos Financieros de Estados Unidos emitió una alerta a las entidades bancarias y al público en general sobre mensajes emitidos desde la cuenta del CEO de Amazon o Barack Obama

Los mensajes indicaban que si se entregaba un Bitcoin a una cuenta cuya dirección se especificaba, la persona en cuestión entregaría el doble de la cantidad.

En todos los casos, el mensaje señalaba que la oferta tenía un tiempo limitado de media hora, con lo que la gente que podía entregar alguna moneda virtual tendría muy poco tiempo para hacer las verificaciones de rigor.

El escándalo por este engaño obligó a los administradores de la red social a tomar medidas de emergencia, como fue la suspensión inmediata de las cuentas verificadas a través de las cuales se había llevado a cabo la oferta pública, y una revisión inmediata de las vulnerabilidades que aparentemente fueron explotadas por los piratas informáticos que llevaron a cabo este fraude.

Según el Fincen, lo más adecuado para prevenir posibles timos es que, cuando se vea una oferta de esta naturaleza, las posibles víctimas se abstengan de entregar información personal o de hacer cualquier transferencia monetaria hasta que se efectúe una “verificación independiente de autenticidad”.

Con la entrada en vigencia del decreto de alarma nacional, emitido por el presidente el 13 de marzo, se han implantado importantes restricciones a la circulación de personas y vehículos en casi todo el país.

Esto trae como consecuencia que las personas en su mayoría tiendan a permanecer lapsos prolongados en sus viviendas, o en sus conjuntos residenciales. Debido a esto, los primeros incidentes que comienzan a ser reportados tienen que ver con problemas de convivencia.

En Venezuela casi no hay instancias para atajar los conflictos interpersonales, estas situaciones generalmente van escalando hasta que se hacen patentes mediante riñas, en las calles, conjuntos residenciales o en las propias viviendas.

De otro lado, se comienza a ver un incremento en las denuncias por violaciones, actos lascivos o delitos similares. Con estos casos hay que estar muy atentos, toda vez que cuando se hacen del conocimiento de las autoridades ya han sido repetitivos en el ámbito doméstico.

Uno de los delitos que podemos ver tienen que ver con los distintos fraudes al consumidor, algunos llevados por la premura en la adquisición de bienes, que terminan siendo de mala calidad o simplemente defectuosos, otros por la exigencia de un pago muy superior al valor real del bien.

Debido a esto, se requiere acudir a los estratos superiores de las cadenas de mando, que generalmente no participan de estos esquemas, y rápidamente tenderán a aplicar los correctivos necesarios.