Categoría: Crímenes Sin Castigo

Últimas informaciones sobre presuntos fraudes con el popular sistema para el alquiler de apartamentos y viviendas, conocido como Airbnb es una popular plataforma web que promueve el encuentro entre personas que ofrecen sus viviendas como espacios para alojamiento por temporadas, y aquellos que están en la búsqueda de tales espacios.

Contrario a lo que sucede con otros servicios, Airbnb no ofrece habitaciones de hoteles sino mayoritariamente viviendas de uso particular, que por esa misma condición tienen tasas de alquiler mucho más bajas que las usuales.

Hasta ahora Airbnb está en 62 países y tiene más de 7 millones de alojamientos en oferta. Debido a sus particulares condiciones, Airbnb se ha convertido en una alternativa para viajeros que no poseen suficiente dinero para hospedarse en un hotel. Esta circunstancia, unida a ciertas brechas de seguridad, es aprovechada por un creciente grupo de estafadores.

Los timos son tan frecuentes que ha surgido una página web airbnbhell.com, con la finalidad de relatarlos. Han salido afectados tanto clientes como dueños de inmuebles que son ofrecidos en esta plataforma según Gizmodo en español, la redactora del conocido medio Vice, Anna Merlan, reunió mil correos electrónicos con datos sobre estafas a través de este mecanismo. La mayoría, indica este reporte, surge debido a la imposibilidad del mecanismo para verificar todo lo que se ofrece en los inmuebles.

Las estafas o fraudes al consumidor más frecuente para los usuarios de Airbnb, el famoso mecanismo para el alquiler de inmuebles de uso temporal, son las siguientes: en primer lugar, se pacta el alquiler de un inmueble, y poco antes de la llegada del temporadista se notifica que debido a un imprevisto no será posible entregarlo.

Luego, te envían a otra vivienda que no reúne las condiciones por las que se ha pagado. La solución para evitar este percance es rechazar la nueva oferta y pedir la devolución del dinero otra modalidad es que se pacta el alquiler de un inmueble, pero el propietario acuerda con el temporadista que el pago se haga por un mecanismo alterno. Al llegar, la víctima se percata de que fue engañada en su buena fe, pues el inmueble no reúne las condiciones ofrecidas, y no puede reclamar nada pues ha pagado fuera del sistema. Una tercera forma de fraude consiste en que el dueño del inmueble reclama al usuario por daños que en realidad no han ocurrido en el espacio utilizado. Esto lo hace para obtener algún dinero extra.

La fórmula para evitar este tipo de reclamos es sacar fotografías justo antes de abandonar el lugar, dejando constancia de su buen estado. Tome en cuenta estas recomendaciones si piensa utilizar este mecanismo para el alquiler de inmuebles por temporadas, y así se ahorrará dinero y malos ratos.

Como sabemos, en el municipio libertador tienen su asiento los poderes públicos del país, y sirve como un indicador sobre las principales tendencias en la criminalidad. Por regla general, en este municipio se reporta entre el 25 y el 30 % de los homicidios y delitos en general.

Según cifras conocidas extraoficialmente, Libertador fue el municipio con la tasa más alta de delito en general, con 470 casos por cada 100.000 habitantes. El que le sigue, Vargas, tuvo 408 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, 62 puntos menos.

En cuanto al delito de homicidio, la tasa de libertador fue de 24 por cada 100.000 personas, muy por debajo de lo tradicional y fue superado en este renglón por los estados Bolívar, Miranda y Delta Amacuro. Entonces, en Libertador hubo la tasa más elevada de delito en general, pero una no tan alta de homicidios. Esto quiere decir que prevalecieron los delitos contra la propiedad, en especial los de modalidades no violentas.

Al revisar la tabla general de los delitos más relevantes, encontramos que en el municipio libertador durante 2019 se incrementaron las lesiones personales y las violaciones sexuales. Ambos son delitos con altas cifras negras, es decir, los casos no reportados a las autoridades generalmente superan los que son conocidos.

En términos generales, la parroquia sucre tuvo las cifras más altas de delito y en particular de lesiones personales. Esto no es una excepción, puesto que lo que tradicionalmente conocemos como Catia alberga una gran cantidad de personas, y las condiciones de vida no son las mejores. En cuanto a las lesiones, en segundo lugar quedó la vega y en tercero el recreo, es decir, el área fronteriza con el municipio Chacao, donde están importantes sectores de oficinas y comercios.

El recreo fue además la parroquia con la segunda cifra más elevada de robos genéricos y robos de vehículos, en ambos casos superada por la parroquia sucre. Esto arroja importantes pistas sobre la concentración de delitos violentos en caracas. En caracas, más de la mitad de los robos y los robos de vehículos ocurrió en las horas tempranas de la tarde, mientras que los secuestros y las violaciones sexuales fueron en las primeras horas de las noches.

 Sirva esta información para el diseño de las estrategias de prevención que debe tener cada uno de nosotros, en especial cuando estamos en las vías públicas de la ciudad, donde ocurre casi el 80% de todos los delitos.

Sobre una nueva modalidad de phishing, que está siendo aplicada a los usuarios de banca internacional radicados en Venezuela como saben el phishing es un delito informático que consiste en convencer a una persona mediante artilugios para que entregue su información personal, que posteriormente podrá ser utilizada para fraudes o extorsiones.

En este caso, aparece un correo supuestamente enviado por el banco, que invita al usuario a abrir un mensaje en un sitio seguro, relacionado con la posibilidad de obtener una mejor línea crediticia. Cuando se presiona el botón para acceder al mensaje, se abre un formato en el que se indica que para acceder a él es necesario poseer una cuenta en ese banco, y se pide una confirmación sobre el usuario y la contraseña para el acceso a la cuenta Online.

La nueva práctica de phishing, asociada a los usuarios internacionales de un banco con sede en estados unidos. Cuando se abre el mensaje, y el usuario ha llenado el formulario que se le coloca, ya el pirata informático posee tanto su correo electrónico y las cuentas que están asociadas a él, así como los códigos de acceso.

 Esto da la posibilidad de adueñarse de la cuenta y disponer del efectivo que haya en ella, o incluso hacer transacciones con sistemas de transferencia en línea como Zelle. Para prevenir la victimización por este tipo de delitos, es preferible que al ver estas alertas se abra una nueva sesión en el navegador y se entre directamente a la página del banco donde se tiene la cuenta. Estos bancos generalmente tienen secciones para el envío y recepción de mensajes de sus clientes, que no necesitan de la emisión de alertas a sus correos electrónicos.

Análisis del delito de resistencia a la autoridad durante el año que recién finalizó como es conocido, la resistencia a la autoridad se configura cuando una persona se niega a acatar el mandato del funcionario de un cuerpo de la fuerza pública, en el ejercicio de sus atribuciones.

En Venezuela, sin embargo, detrás de este delito se oculta la práctica del ejercicio desproporcionado de la fuerza letal. Las muertes a manos de efectivos policiales o militares han ido en crecimiento desde 2015, cuando comenzaron las llamadas operaciones liberación del pueblo. Las muertes por resistencia a la autoridad tradicionalmente deben ser investigadas como si fuesen homicidios.

De hecho, deben ser tomadas como tales, hasta que se determine mediante investigación fiscal que el funcionario actuó bajo un riesgo inminente y en defensa propia o de terceros. Durante 2019, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, observó la práctica de ocultar homicidios bajo el rótulo de la resistencia a la autoridad. Al respecto fueron emitidos dos informes. A partir de la divulgación de estos documentos, el ministerio de relaciones interiores cesó la divulgación de las cifras con estos casos, en reportes semanales que solía enviar a sus policías aliadas en todo el país

Según cifras conocidas de manera extraoficial, en el país hubo durante 2019 unos 11616 homicidios, de los cuales 4953 ocurrieron en el contexto de casos de resistencia a la autoridad. Aunque ambos números son menores que los totales de 2018, un aspecto importante tiene que ver con el peso relativo de las muertes por resistencia a la autoridad, que en este caso superan el 43% del total. En 2018, el propio ministro Reverol había dicho que las muertes por resistencia a la autoridad representaban un tercio del total de homicidios.

Como podemos ver, el ejercicio de la fuerza letal por los cuerpos policiales y militares adquirió en 2019 una mayor preponderancia, y reafirman a estas instituciones del estado como los principales factores de violencia en el país.

En 2019, la policía nacional fue el organismo que acumuló la mayor cantidad de muertes, con 1818. Como sabemos, la Faes es una dependencia de este cuerpo de seguridad. En segundo lugar quedó Cicpc con 1167 muertes. Luego los componentes de la fuerza armada, con 548 y el resto se distribuyeron entre las 130 policías municipales y estatales del país. Un aspecto interesante es que luego de la emisión del segundo informe de la ONU, las muertes por resistencia a la autoridad comenzaron a declinar, y mantuvieron ese ritmo durante todo el último trimestre del año pasado.

En este procedimiento, las víctimas son captadas a través de anuncios divulgados por las redes sociales, como Facebook o Instagram, en los que se ofrece el servicio de gestoría para la renovación de la vigencia de pasaportes venezolanos como sabemos, con el incremento del éxodo de personas y la merma en la capacidad de servicio del Saime y los consulados, se ha abierto una oportunidad para la acción de gestores, que intentan ganar dinero a costa de la necesidad de estas personas.

En este caso, de acuerdo con denuncias remitidas al correo [email protected], se exige un primer pago de 250 dólares, así como el envío del pasaporte a la sucursal de una conocida casa de encomiendas en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela. El gestor ofrece que el pasaporte será renovado y reenviado a la dirección señalada por el cliente luego de un lapso de 30 a 45 días. Una vez transcurrido ese plazo, comienzan los problemas

Las víctimas de esta nueva forma de extorsión enviaban sus pasaportes a una casa de encomiendas en Cúcuta, con la oferta de que les colocarían la etiqueta de renovación en un plazo no mayor a mes y medio una vez transcurrido este plazo, el cliente se percata de que la gestoría ofrecida no funciona.

 Los clientes, que viven en países como México y España, comienzan a exigir el cumplimiento de lo ofrecido por el gestor, a través de un número de WhatsApp por el que se ha establecido la comunicación entonces, el gestor les indica que no puede entregarles el pasaporte a menos que paguen otros 400 dólares. E indica que no puede devolver el documento debido a que ya no lo tiene en su poder, sino que está en la oficina de su jefe.

 Esto podría ser interpretado como una forma de secuestro, pero en realidad no es más que una extorsión, puesto que hay una amenaza implícita en cuanto a que el pasaporte no podrá ser recuperado si no se cancela esta segunda suma de 400 dólares la denuncia correspondiente ya es procesada por un despacho de la policía judicial. Pero lo más importante en estos casos es que la gente, es decir, ustedes que escuchan este programa, estén al tanto de la situación y tomen las precauciones necesarias. El uso de gestores siempre comporta numerosos riesgos.

El petro es la criptomoneda o moneda virtual que impulsa el gobierno venezolano desde 2017. Aunque el uso de este activo ha tenido altas y bajas en el país, a partir de diciembre de 2019 hubo un auge, como consecuencia del pago de un bono gubernamental de fin de año de medio petro.

Las consecuencias al respecto fueron variadas, pero en este caso solo se referirán dos, relacionadas con hechos que el gobierno, a través de los distintos organismos de fuerza pública, ha considerado sancionables el primero fue reportado el 31 de diciembre en Caraballeda, estado Vargas, o La Guaira, como le dicen ahora. En ese local, perteneciente a una conocida cadena de farmacias, se presentó una comisión de militares y empleados del Seniat, que sancionaron a este comercio por el simple hecho de que sus encargados se negaban a aceptar el petro como medio de pago.

La sanción, leída por el militar que encabezaba esta comisión, consistió en un impedimento a esta farmacia de vender artículos o mercancías distintos a los medicamentos. Cabe destacar que casi todo el espacio interno de los locales de esta cadena está dedicado precisamente a artículos que no pueden ser catalogados de medicinas, con lo que el impacto financiero de esta sanción sumaria pudo ser importante.

La utilización súbita y compulsiva del petro como medio de pago ha tenido efectos nocivos sobre algunos comercios, que han suscitado sanciones administrativas por parte de las autoridades. Pero también hemos comenzado a ver procesos incipientes en los que el petro es utilizado como si fuese una moneda susceptible de cambio a bolívares.

El 23 de enero, el ministerio publico informó sobre la detención de un comerciante en Barquisimeto, quien fue detectado por agentes de la policía regional mientras condicionaba la recepción del bono navideño en petros a la posibilidad de descontar el 20 por ciento de su valor. esto se parece a lo que hacían en el estado Zulia para obtener bolívares en billetes, en tiempos de la crisis del sencillo. La gente pagaba por medios electrónicos y obtenía una cantidad inferior de papel moneda. Pues bien, ahora se quiere utilizar el valor del petro de la misma forma. Desde luego, en la medida en que el petro goce de poca confianza entre la población se verán episodios como este, en los que el valor real de este criptoactivo será menor que el declarado por los órganos oficiales.

Desde luego, existe un interés manifiesto de utilizar este medio de pago, e ir desplazando al bolívar, cuyo poder de compra se ve mermado todos los días por efecto de la creciente inflación.

¿Cuál podría ser el nexo entre el llamado “deporte rey” y el comportamiento delictivo en un determinado país o región?

La relación entre el fútbol y la actividad delincuencial ha sido materia de estudio por sociólogos y criminólogos en aquellos países donde este deporte goza del favoritismo de la población existe la noción de que los partidos de fútbol, en especial aquellos que atraen a muchos espectadores, como pueden ser un real Madrid-Barcelona o un Boca Juniors-River Plate, pueden ser el centro de actividades ilegales, y por ende ameritan de atención y control especiales por parte de las autoridades.

 De otro lado, hay quienes sostienen que, al ser actividades que concitan mucha atención, los partidos de fútbol o incluso torneos como las copas mundiales o europeas tienden a desmovilizar a las personas, y en consecuencia ocasionarían una merma en los delitos, debido a la aparente reducción de oportunidades. Recientemente, la revista de la policía nacional de Colombia, criminalidad, publicó un interesante trabajo en el que se hace una investigación de corte estadístico en torno al comportamiento de algunos delitos en aquellos lugares donde se celebran partidos de fútbol.

Y cabe destacar que en Colombia el fútbol es el deporte más apreciado por la población, pues los pobladores de ese país dedican un promedio de 4,5 horas semanales a verlo y practicarlo.

El trabajo crimen y fútbol, el caso del fútbol profesional colombiano, consistió en una revisión sobre el comportamiento estadístico de los delitos durante las ocho horas que antecedieron y sucedieron a los partidos de este deporte en Colombia durante el lapso 2010-2016 los autores Óscar David rojas, Fabián Moncada, Sergio Gómez Ramírez y Juan Sebastián sereno revisaron seis años de estadísticas de criminalidad, específicamente lo relativo a homicidios, lesiones personales y hurtos en las veinte ciudades donde se celebran cotejos del fútbol profesional de primera división.

Para referir los resultados vamos a citar directamente algunos párrafos de este trabajo: los resultados muestran que la asistencia a los partidos de fútbol está relacionada con un incremento leve del número de lesiones personales y hurtos a personas. El incremento de las lesiones en función de la asistencia puede estar explicado por la concentración. En efecto, un mayor número de fanáticos de equipos rivales concentrados en un mismo lugar puede incrementar el número de interacciones violentas.

De manera llamativa, encontramos que los clásicos de interés reducen las lesiones en la ciudad donde se juega el partido. es plausible que la gran atención que genera el partido haga que las personas dediquen su tiempo a las actividades relacionadas con el partido y se auto incapaciten para cometer delitos. sin embargo, no se puede descartar que en los clásicos de interés la disminución de las lesiones pueda estar explicada por la mayor presencia policial en la ciudad, lo que puede disuadir las situaciones generadoras de lesiones.

Por otra parte, los resultados, si bien no son una prueba definitiva de causalidad, sí aportan evidencia sugestiva de que la liga profesional de fútbol colombiana no produce efectos significativos de violencia (en términos de lesiones personales y homicidios) ni de hurtos.

Esta es una pregunta que tarde o temprano había que hacerse, tomando en cuenta la creciente cantidad de reportes sobre la presunta participación de agentes de cuerpos policiales en delitos violentos contra la propiedad, léase asaltos y robos.

El caso que nos lleva a elaborar este micro ocurrió en valencia durante los primeros días de enero. La víctima manejaba una motocicleta de baja cilindrada cuando fue detenida por individuos que aparentemente participaban en un punto de control vial. Por sus uniformes se podía deducir que pertenecían a la policía estatal.

De acuerdo con la denuncia correspondiente, la víctima fue despojada de inmediato de su motocicleta, con la aparente intención de exigirle un pago con posterioridad, a cambio de la devolución del vehículo.

Pero la llamada nunca se produjo. La víctima acudió a la policía judicial.

Las investigaciones de la policía judicial permitieron identificar a los integrantes de una numerosa banda en la que participaban mezclados tanto delincuentes comunes como agentes policiales. Pero no del cuerpo de seguridad regional, sino de la policía municipal de san diego, que es una municipalidad perteneciente al área metropolitana de la capital carabobeña.

Lo cierto es que este grupo venía actuando a sus anchas desde finales de 2019. Pero fue la oportuna denuncia de una de las víctimas la que posibilitó la identificación de los integrantes y la captura de casi todos uno de los elementos más interesantes de este caso es que la víctima, como se diría en términos coloquiales, siguió la corriente a los delincuentes hasta que obtuvo suficiente información como para dar pie a una pesquisa policial exitosa. Desde luego, cabría preguntarse cuántas personas fueron victimizadas previamente, sin que esta situación fuese conocida del todo por los cuerpos de investigación penal.

Un seguidor de apellido Bencomo se preguntó preguntó cuál sería la mejor y más segura manera de vender un arma en Venezuela. Acto seguido, hacía referencia a dos pistolas de distintos calibres, que aparentemente están en posesión de su familia desde hace mucho tiempo.

Durante el intercambio de opiniones, el oyente indicó que las armas pertenecen a un familiar muy cercano a él, quien ya tiene una edad sumamente avanzada. la posibilidad de que fallezca hace pensar a la familia en qué destino darán a esas dos pistolas.

 La pregunta de Bencomo intenta indagar sobre las alternativas para deshacerse de estas armas a través de una operación legal de comercio sobre este punto, se debe señalar que la ley para el desarme y el control de armas y municiones es extremadamente restrictiva en cuanto a la comercialización e importación de armas de uso personal, ya sea con propósitos de caza, deportivos, defensa de espacios agropecuarios y de los espacios domésticos. Esta línea ha sido ratificada mediante varias resoluciones conjuntas de los ministerios de defensa y relaciones interiores, que en resumidas cuentas prohíben la posesión de armas en todo el país. la última fue emitida en agosto de 2018.

Aunque la norma vigente es altamente restrictiva en cuanto al comercio de armas, sí existe la posibilidad cierta de llevar a cabo una donación o transmisión de las piezas que ya estén en posesión de particulares o de empresas. Entonces, no se habla de una operación comercial sino de otra en la que el objeto es entregado sin que exista ninguna contraprestación.

Esta modalidad está descrita en el artículo 106 del reglamento a la ley sobre desarme y control de armas y municiones, emitido mediante decreto presidencial en abril de 2014. Por otra parte, si el oyente desiste de su propósito de vender las pistolas, podrá obtener un permiso de tenencia en el hogar. Esto, desde luego, comporta riesgos y desafíos.