Categoría: Crímenes Sin Castigo

Formalmente, las restricciones al derecho a la libre circulación por el territorio nacional fueron implantadas sobre la base del decreto de alarma nacional, emitido por el presidente el viernes 13 de marzo.

Esta discrecionalidad ha generado una enorme confusión, en ciudades del estado Bolívar, luego de cierta hora los policías y militares han detenido a todo el que ven circulando por las calles, como si el virus tuviese un horario.

En otras partes del país, en cambio, se permite a las personas transitar por las vías públicas hasta las 6 pm o incluso más tarde. En el Zulia, según reportes policiales, comenzaron a aplicar una medida más radical: si la persona es vista luego de las 6 pm no solo es detenida sino que los vehículos que pueda estar utilizando son confiscados.

El fin de semana, indican estos partes, en solo una noche fueron aplicadas medidas de esta categoría a más de veinte automóviles e incluso a dos vehículos de transporte público.

Al revisar la razón por la que son decomisados automóviles y transportes públicos, nos percatamos de que la autoridad zuliana dice sustentarse en el decreto presidencial emitido el 13 de marzo.

Pero este decreto nada dice, por ejemplo, que una persona puede ser detenida y sus vehículos confiscados si es detectada mientras circula por las calles estamos viendo, entonces, que se configura una situación de abuso de autoridad para la cual no existe en este momento un dique de contención.

Esto puede sentar peligrosos precedentes en cuanto a la protección y vigencia de otros derechos humanos en el país.

Los cambios que ha experimentado el mundo debido a la pandemia del Covid-19, están siendo aprovechados por el crimen organizado.

Un reporte de la red de aplicación de delitos financieros de EEUU, o Fincen, sobre las nuevas oportunidades que se abren para delincuentes y piratas informáticos en esta coyuntura.

Este alerta fue secundado por un extenso reporte de la policía europea, mejor conocida como Europol.

Se dividen en cuatro áreas: cybercrimen, fraudes, piratería de marcas o bienes defectuosos, y delitos contra la propiedad en cuanto al crimen informático.

Europol refiere que durante esta crisis el Hospital Universitario de Brno, en la República Checha, tuvo que cerrar todos sus sistemas informáticos luego de recibir un ataque a sus sistemas, incluso tuvo que referir pacientes a otros centros de salud mientras se recuperaba de los daños infligidos la segunda área de acción de los criminales es el fraude, cuyo riesgo se multiplica debido a la ansiedad y el clima general de emergencia.

Según el documento, una compañía europea transfirió 6,6 millones de euros a una empresa con sede en singapur, con el propósito de adquirir gel desinfectante y mascarilllas. Estos bienes nunca fueron entregados

De acuerdo con el informe de europol, otro riesgo muy elevado en esta circunstancia es la adquisición de bienes piratas o que no llenan los estándares de calidad requeridos. Sobre este punto, el organismo europeo recordó los resultados de la operación pangea, que permitió la incautación de 34000 mascarillas quirúrgicas falsificadas.

Este modus operandi ha sido reportado ya en varios países de la unión europea, y posiblemente puede ser trasladado a las latitudes latinoamericanas, donde los estándares de uniforme y credenciales muchas veces no son tan rigurosos.

Anzoátegui cerró con una tasa de homicidios relativamente baja, de 13 casos por 100.000 habitantes, con el 35% de los casos concentrado en Barcelona y sus alrededores.

La tasa general de delitos marcadores fue de 264, es decir, 30 puntos sobre la media nacional. Se trata, por lo tanto, de una región donde los delitos contra la propiedad mantuvieron su incidencia.

En términos amplios, el número de delitos en Anzoátegui disminuyó en 2019 con respecto al año anterior. Esto se relaciona también con la intensa migración hacia otros lugares del país, y también hacia el exterior. Sin embargo, el número de secuestros se mantuvo prácticamente igual que en el lapso precedente.

Al poner la lupa sobre las estadísticas en cada municipio, nos percatamos de que la situación no fue del todo tranquilizante si bien es cierto que las 21 municipalidades cerraron 2019 con las cifras en baja, en el caso del municipio Urbaneja hubo importantes aumentos en los homicidios, lesiones, robos genéricos y los secuestros.

En este municipio se encuentra Lecherías, así como todo el complejo turístico de El Morro. En el municipio sotillo, vecino de Urbaneja, también se incrementaron las lesiones personales, así como las violaciones sexuales. Esto pudo ser una consecuencia de los cambios implantados en la criminalidad violenta con motivo de los apagones que hubo a partir de marzo.

Debido a las numerosas restricciones implantadas a la circulación de personas, las viviendas, conjuntos residenciales y locales comerciales han quedado desprovistas del servicio de vigilancia.

El problema no se relaciona tanto con el decreto en sí mismo realizado por Nicolás Maduro, sino con su aplicabilidad en el particular contexto que vive el país, definido como emergencia humanitaria compleja.

La ausencia de vigilantes en sus puestos de trabajo ha sido característica en momentos de crisis aguda, puesto que los servicios de transporte colapsan con facilidad. Y en el caso particular de Caracas, las restricciones llegaron al punto de prohibir el acceso al metro, que es el principal sistema de transporte en la capital venezolana.

Algunas empresas han logrado consolidar por cuenta propia servicios de traslado por grupos de vigilantes, que permiten la prestación del servicio en términos mínimos.

Otras han reconfigurado momentáneamente la distribución de su personal, de manera que los serenos y transportistas acudan a las sedes y locales más cercanos a sus lugares de residencia.

Una solución aplicada en esta particular coyuntura por las juntas de condominios ha sido organizar grupos de vigilancia a cargo de vecinos y propietarios, en el entendido que se la situación actual será pasajera.

Esta decisión, sin embargo, comporta riesgos puesto que generalmente los vecinos actúan sin conciencia plena de los protocolos que deben seguirse cuando se presente una eventualidad o anomalía.

 Una recomendación básica en estos casos es contar con medios de comunicación de eficacia comprobada para la transmisión de novedades y alarmas. De lo contrario, la buena voluntad de los copropietarios tendrá escasa utilidad

Partimos de la base de que la criminalidad es algo consustancial a la vida en sociedad. Se puede mitigar, puede cambiar, pero nunca será eliminada del todo.

Lo primero que vemos es una desaceleración de los delitos tomados como marcadores, es decir, los robos, hurtos, homicidios y lesiones. Pero esto debe ser tomado solo como una condición temporal y, hasta cierto punto, artificiosa, que tarde o temprano cederá el paso a la manifestación de las condiciones reales de la sociedad.

Uno de los delitos que probablemente aumentará en esta coyuntura es la extorsión y otras formas asociadas, como la popular matraca. Dicho en otros términos, se trata de funcionarios que abusan de su poder regulatorio para enriquecerse a costa de las necesidades de la población, ya sea para permitir que unos se surtan de combustible antes que otros, o hacerse los ciegos ante un local que continúa sus operaciones en horarios no permitidos.

La especulación supone, por lo tanto, la existencia de controles de precios en la cadena de producción, pero especialmente en las ventas al por menor.

La referencia a la especulación en este espacio viene a propósito de la detención, durante la semana que finalizó el 15 de marzo, de por lo menos cuatro encargados de locales comerciales o vendedores particulares, que fueron detectados in fraganti cuando intentaban comerciar mascarillas, gel antibacterial y guantes quirúrgicos a precios considerados excesivos por la autoridad que ejecutaba el procedimiento, que generalmente fue la policía nacional.

Aunque gozan de cierto respaldo popular, estos procedimientos están caracterizados por un alto grado de arbitrariedad, puesto que el proceso de liberalización económica había ocasionado un relajamiento en los controles de precios, al punto que ya la autoridad había cesado la emisión de listados con los precios correspondientes

El análisis sobre la aparente renovación de los controles de precios, a propósito de la crisis generada por el coronavirus en el país los casos detectados la semana pasada, por la policía nacional en Caracas y Carabobo, con las características de flagrancia reportadas, suponen que los agentes tienen un estándar de comparación para determinar si los precios de las mascarillas o del gel antibacterial son superiores a lo establecido estas acciones obedecen a la lógica implantada en el país a propósito de la llamada “guerra económica”, en la cual la policía nacional por cierto fue un actor importante.

Sin embargo, a pesar del revuelo ocasionado por ciertas actuaciones, la realidad indica que son pocos los casos de especulación que realmente han pasado a las estadísticas oficiales.

En 2017, por ejemplo, fueron solo ocho. Y para 2019 la cifra total se había reducido a la mitad, y se trataba de procedimientos esporádicos, que a menudo involucraron el comercio de medicamentos.

Carabobo finalizó 2019 con una tasa general de delitos de 263 casos por cada 100.000 habitantes. Esto es 29 puntos sobre la media nacional para este período, aunque bastante lejos del total alcanzado por Distrito Capital, que finalizó en primer lugar.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, en Carabobo disminuyeron siete de los ocho delitos tomados como marcadores. El único que no bajó con respecto a 2018 fue el secuestro, que sufrió un incremento de 100%, al totalizar ocho casos.

En Carabobo, un tercio de los homicidios ocurrió en el área metropolitana de Valencia, y otro 25% se distribuyó entre los municipios Diego Ibarra y Libertador. Valencia, además, fue el escenario de casi el 45% de todos los robos. De manera que en Carabobo buena parte del delito es un problema eminentemente urbano.

La semana 52 de 2019 finalizó con el delito en alza en casi un 40%, y esto podría marcar una tendencia con respecto a lo que se presenta durante los primeros meses de 2020.

Uno de los pasos que deben cumplir los estafadores es ganar la confianza de sus potenciales víctimas. Esto ha quedado demostrado a propósito de dos casos conocidos recientemente por cuerpos policiales venezolanos.

El primer caso fue informado por el Ministerio Público, luego de la detención de dos empleados de la Superintendencia Nacional de Criptomonedas, Sunacrip. En este expediente, los analistas del ente oficial fueron señalados por el “desvío” de 23,5 petros, que pertenecían a un usuario registrado.

El segundo caso tiene como víctima a un portador del carnet de la patria. Según se pudo conocer, gracias a fuentes de la policía del Zulia, una persona fue detenida luego de ser denunciada por una mujer, quien alegaba que este sujeto la había estafado mediante el uso del carnet de la patria.

La semana pasada, el ejecutivo nacional admitió la existencia de los primeros ocho casos de personas contagiadas por el coronavirus, también conocido como covid 19.

A juzgar por lo que señalaban expertos en la materia, como los doctores Julio Castro y María Graciela López, la detección de los primeros enfermos por este mal solo era cuestión de tiempo. De hecho, cuando los voceros gubernamentales oficializaron el dato, habían transcurrido por lo menos cinco días desde que llegaron al país las personas que habían contraído la enfermedad, presumiblemente en España.

Esto hace pensar en la existencia de un número importante de casos no reportados hasta el momento. Recordemos que, según la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus solo es mortal en una cifra inferior al 2% de los casos, y que en los demás que manifiesta como una gripe, más o menos fuerte.

El ejecutivo, sin embargo, ha anunciado ya la posibilidad de medidas muy drásticas con el propósito aparente de impedir la propagación de los contagios. El escenario planteado es de la implantación de cuarentenas regionales, al mismo estilo que las vistas en la población china de Wuhan y en la región de Lombardía, Italia.

¿Qué hacer entonces ante este panorama? Cómo nos podemos preparar frente a esta posibilidad, que ya incluso se está concretando en países como España?

Las cuarentenas basan su efectividad en el acatamiento riguroso por parte de la población en la que esta es implantada. Cuando se trata de contingentes pequeños, esto es relativamente sencillo, pero cuando se trata de una ciudad o una región, el éxito depende de que la población en general adquiera conciencia sobre la gravedad de la situación.

Es aquí donde el gobierno ha fallado, en virtud de que sus portavoces carecen de credibilidad, incluidos los del área militar.

Otro factor que conspira para la efectividad de una posible cuarentena es la ausencia de medios masivos, como sí existen en otras partes del mundo. Esto se había advertido en otros contextos, como por ejemplo el del gran apagón de marzo de 2019.

Nuevamente, se hace necesario gozar de medios independientes, capaces de transmitir información con rigor ético y profundidad. Se debe tomar previsiones en cuanto a las restricciones que posiblemente sean impuestas para la circulación de personas.

De igual forma, es conveniente acumular agua en condiciones de potabilidad, que es vital para el mantenimiento de las condiciones sanitarias. Recordemos que una medida de prevención es el lavado permanente de nuestras manos.

Finalmente, las situaciones que se pueden plantear en una cuarentena deben ser asumidas con calma, tomando en cuenta que se trata de medidas provisorias, cuya brevedad será directamente proporcional al nivel de acatamiento. Esto es, mientras más rigurosa sea la cuarentena, más rápido cesarán los reportes de casos, y se acelerará el final de esta situación.