Ricardo Hausmann no concede treguas retóricas. Desde su diagnóstico, la reapertura petrolera impulsada por el gobierno interino y respaldada por Estados Unidos carece de cimientos políticos y jurídicos. Sin elecciones creíbles, sin restitución de derechos y sin control sobre los cuerpos armados, sostiene, cualquier intento de normalización económica está condenado a producir anuncios y no proyectos reales.
El economista insiste en que los inversionistas no miran solo tasas de retorno o marcos contractuales: observan libertades civiles, estabilidad institucional y capacidad estatal para garantizar seguridad. La coexistencia de presos políticos, restricciones a la prensa y un sistema electoral en suspenso —dice— erosiona la confianza mucho más rápido de lo que una reforma legal puede restaurarla. La falta de capital humano, emigrado tras años de colapso, completa un cuadro que juzga incompatible con inversiones de largo plazo.
Especializado en desarrollo y macroeconomía, Hausmann fue ministro de Planificación de Venezuela en los años noventa y economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido influyente en debates sobre productividad, diversificación económica y reconstrucción institucional en países en crisis. Asesor de gobiernos y organismos multilaterales, ha sido una de las voces más citadas en análisis sobre la recuperación venezolana.
Hausmann pone en duda la hoja de ruta que Washington ha impuesto a Miraflores y reclama que la agenda petrolera haya avanzado sin un cronograma electoral público, sin recomposición del árbitro comicial y sin rehabilitación plena de los partidos.
Advierte que ese vacío, la política se ha reducido a declaraciones mientras persisten detenciones, controles judiciales y estructuras armadas paralelas. “El país no puede vivir de promesas: solo de decisiones verificables”, dice.
—Los venezolanos viven una crisis, una transición o el fin de una ilusión. Se ha aprobado una reforma de la ley de hidrocarburos que deja atrás las expropiaciones y se abren posibilidades de que el país tenga ingresos por la venta de petróleo y por inversiones. ¿Cuál es su sensación? ¿Qué lo alarma y qué lo alegra?
—Me alegra saber que Maduro no está en el poder. Me alegra saber que la dictadura tiene restricciones que limitan las cosas que puede hacer y aquellas que está obligada a hacer. Reformaron la ley de hidrocarburos, pero este gobierno interino es ilegítimo. Las inversiones en petróleo son de muy largo plazo y las legislaciones perduran más cuando tienen credibilidad y legitimidad. Esta tiene bajísima credibilidad y legitimidad. Es una ley fundamental para el país y sería mucho más creíble si hubiese sido aprobada por amplias mayorías de todas las opiniones políticas.
—La aprobaron por unanimidad.
—Exacto. Pero la Asamblea Nacional es ilegítima. Solo la integran los diputados de los partidos a los que se les permitió participar, con los votos contados por un Consejo Nacional Electoral que sabemos cómo los cuenta. Esa ley tiene bajísima credibilidad y legitimidad. No importa que lo diga yo, pero sí importa lo que piensen los potenciales inversionistas petroleros. Además, Venezuela tiene una situación macroeconómica muy extraña: un tipo de cambio dual. Inviertes al tipo de cambio del Banco Central, pero no sabes si te van a autorizar divisas para repatriar dividendos. No hay claridad en un país donde el capital humano se fue, en particular el del sector petrolero. Esos profesionales tienen oportunidades muy atractivas en el exterior y condiciones nefastas dentro del país. No ocurren muchas cosas que aumenten la sensación de libertad y seguridad. De libertad de prensa. Los medios de comunicación en Venezuela no publicaron en octubre la noticia de que María Corina Machado ganó el premio Nobel.
—Maduro está preso en Nueva York, pero aún no se ha levantado el decreto de conmoción externa. Venezuela está sin garantías y ha habido poca presión de los factores políticos venezolanos.
—Las decisiones, por ejemplo, de regresar al país o de emigrar a otro se toman con mucha información y con mucha calma. Son decisiones de largo plazo relativo. La realidad es que hay una situación muy incierta. Liberaron a unos presos políticos y metieron a cuarenta personas más. Los excarcelaron con un conjunto de restricciones muy serias. Todo eso hace que el capital vea que la situación es muy precaria. Vemos que potencialmente el país se está dirigiendo en cierta dirección, pero todavía no queda muy claro. No se sabe si hay libertad de prensa, y la gente no se atreve. Hay muchos políticos en la clandestinidad o en el exilio. Venezuela no es un país donde haya libertades.
—¿Dónde no hay libertades no hay inversión?
—Puede haber gente muy dispuesta a arriesgar capital para hacer algunas cosas, pero no podrán juntar los equipos humanos necesarios para ejecutar proyectos ni van a conseguir mucho financiamiento bancario. Les van a decir que la situación es muy poco clara. Creo que esta estrategia de recuperar la economía sin hablar de los derechos fundamentales de la población no tendrá los efectos deseados. El país está pagando un costo gigantesco por la falta de derechos. Lo ha pagado todos estos años. La falta de derechos destruyó la economía y esos derechos aún no se han incluido en la agenda de prioridades.
—Todas las medidas se dirigen, por lo menos verbalmente, a la restauración de los derechos fundamentales en Venezuela, el cese de la represión y el cierre de los centros de tortura. Estados Unidos considera que con la activación de la industria petrolera se rescatan los derechos y Hausmann piensa lo contrario…
—No han convencido a ninguna gran empresa de que haga un proyecto nuevo. Están tratando de convencer a pequeñas empresas para que se metan a rescatar pozos maduros. Básicamente, ese es el nivel de interés que han expresado. Son anuncios, no realidades. Cuando traten de perforar, encontrarán que no hay electricidad para operar los taladros ni seguridad para que trabajen las cuadrillas, y así sucesivamente. Todo está destruido y la estrategia es aplicar parches rápidos. Priorizan el petróleo, no los derechos. Si fuese al revés, todo sería más fácil.
—¿Primero elecciones?
—Sí, poner sobre la mesa un cronograma claro de elecciones y la discusión sobre cómo se va a constituir y elegir el Consejo Nacional Electoral. Estados Unidos tiene que incorporar el libre funcionamiento de los partidos políticos en la agenda, así como el cese de la intervención judicial que los inhabilita para operar democráticamente. Deben restituirse los derechos políticos a los ciudadanos, abrir el registro electoral permanente a los cuatro millones de electores que estamos fuera y a los tres millones de jóvenes que no dejaron inscribirse. Debe definirse ya un cronograma, restituir un sistema electoral toma tiempo. Si se pospone, la incertidumbre constitucional y jurídica perdurará per saecula saeculorum. Yo le creería más a Estados Unidos si hoy estuviéramos trabajando en viabilizar el retorno a la democracia. En la actualidad no veo ninguna acción crítica en esa dirección.
—¿Cuál sería?
—Un plan de retorno a la democracia.
—Marco Rubio se ha referido en alguna de las declaraciones…
—Yo no he visto actuaciones del secretario de Estado en esa dirección, tampoco conversaciones. Rubio no está en control del Estado venezolano: lo tutela. Si el interinato fuese serio en el retorno de la democracia, no estaría en ese juego que mantiene con la liberación de los presos políticos y estarían regresando al país muchos líderes políticos. Por más que Rubio diga, la estructura ejecutiva a cargo no actúa. Hay una contradicción entre lo que se verbaliza y lo que se hace. En esos casos se tiene que asumir la actitud de santo Tomás: ‘ver para creer’. No es momento de más declaraciones bonitas para salir del paso, hay presos, gente torturada y asesinada.
—En la calle el ciudadano está indefenso ante las fuerzas del orden: militares, policías, cuerpos de inteligencia y colectivos que tienen autoridad para decidir quién vive, quién va preso, quién desaparece y quién muere.
—¿Me quiere decir que el problema se debe a que Diosdado Cabello no controla a los colectivos? ¿Por qué está la oposición en la cárcel y los colectivos en la calle? Si el problema son los colectivos, ¿por qué no los disciplinan, les quitan el financiamiento y los desarman? Si eres un Estado que no controla el territorio y le tienes miedo a gente en rebeldía, ¿cuál es el plan para atender ese problema? ¿Qué avances se ham hecho en esa dirección?
—En el chavismo hay sectores que son radicales y otros que son monetarios; unos que son corruptos y otros que son mucho más corruptos. Pero Delcy Rodríguez tiene una responsabilidad ante Estados Unidos: liberar a los presos, estabilizar el país y abrir paso a la transición democrática. ¿Por qué no se llevaron a Diosdado Cabello con Nicolás Maduro?
—Podemos especular todo lo que queramos y escuchar discursos, pero a mí no me queda claro que la agenda de Delcy Rodríguez sea desarmar y controlar a los colectivos, ni que esa sea la estrategia de Diosdado Cabello. Si esa fuera su intención, veríamos acciones en consonancia con esa lógica. Sin esas acciones, no les arriendo las ganancias. La realidad es que los venezolanos no podemos vivir de declaraciones. A mí no me queda claro cuáles son las prioridades ni las órdenes que recibió la presidenta interina. Estados Unidos ha dicho que Delcy Rodríguez está haciendo todo lo que le piden. ¿Acaso hay 750 presos políticos porque no le pidieron que los liberara?
—Trump le advirtió que, si no lo hacía, la iba a pasar peor que Maduro.
—Lo que tú quieras, pero lo cierto es que muchos venezolanos no podemos regresar al país y sentimos que no tenemos derechos. Esa es una realidad del tamaño de una casa que no se cambia con discursos: cambia con acciones que no se han tomado. Se han dicho cosas, pero no se han hecho. Ahora la población tiene que reaccionar a lo que se hace y no a lo que se dice. Hay una distancia creciente entre una cosa y la otra.
EL NACIONAL
