El último caso lo pudimos conocer a propósito de una información filtrada desde la policía judicial el pasado fin de semana. según esta información, fueron detenidas tres personas, entre ellas una mujer, señaladas de participar en una banda que comerciaba constancias de antecedentes penales.
Como sabemos, las constancias de antecedentes penales son documentos que están siendo exigidos en algunos países latinoamericanos y europeos para otorgar los permisos de trabajo o de residencia a los venezolanos que integran eso que conocemos como la diáspora.
En teoría, las cartas de antecedentes son documentos de expedición gratuita. Usted simplemente llena un formato en la web del ministerio de relaciones interiores, y de inmediato ese sistema analiza sus antecedentes y emite la certificación correspondiente.
Pero la corrupción, en este caso generada desde los propios despachos oficiales, ha ocasionado retrasos e interrupciones en el sistema, con la finalidad de incrementar el coste de la transacción.
En el caso referido, la banda estaba conformada por un detective de la policía judicial, un oficial de la policía nacional, una mujer y un hombre civiles, que participaban en la agilización de los trámites, que generalmente debían ser cancelados en moneda extranjera.
Aunque esto pareciera un éxito policial, en realidad es un indicador más de la creciente corrupción que afecta a la administración pública.
No solo están ofreciendo en venta este tipo de certificados. Las redes de corrupción se han instalado y prácticamente se adueñaron del sistema de identificación, en especial, la sección destinada a la emisión de pasaportes o a la extensión de su validez. Al igual que los certificados de antecedentes, aquí nada funciona sin pagos en moneda extranjera.
Otra área donde se instauró un sistema de coimas es en el apostillado de documentos para su posterior presentación ante autoridades de otro país.
En todas estas circunstancias podemos ver un factor común, como es la existencia de gestores, que a menudo sirven como intermediarios entre los funcionarios corruptos y los clientes, que son los civiles necesitados del servicio.
El trabajo con estos gestores puede ser de alto riesgo, puesto que muchos de ellos ni siquiera concretan sus ofertas. simplemente, desaparecen una vez obtenido el dinero de las víctimas, lo cual los convierte en estafadores.