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Los sistemas de patrullaje comunitarios, vecinales o privados comenzaron a ser vistos en urbanizaciones del este de Caracas y de Maracaibo hace ya unos cuatro años.

En otros países, como Estados Unidos y el Reino Unido tienen larga tradición en estos sistemas. Se trata de un grupo de personas previamente designadas por la comunidad, que pueden o no residir en ella, quienes hacen recorridos por circuitos preestablecidos con la finalidad de detectar y notificar situaciones que comporten riesgos de seguridad.

Al igual que los sistemas de alarma vecinal, estos de patrullaje privado o comunitario comportan beneficios y desventajas.

Quizá la mayor ventaja es que los vecinos disponen de una estructura diseñada para prevenir el delito en espacios previamente delineados.

Esto transmite de inmediato un mensaje sobre la actitud de la comunidad hacia las actividades ilegales. Si el sistema está enlazado con los cuerpos policiales, su efectividad se incrementará.

Por otro lado, el patrullaje comunitario ha sido cuestionado puesto que en determinadas circunstancias se considera que sus costos son elevados. Igualmente, algunos estudiosos del problema de la criminalidad advierten que no ocasionan disminuciones generales del delito, sino meros desplazamientos de los delincuentes hacia los sectores que consideren desprotegidos.

Finalmente, en lugares donde no se disponga de una regulación efectiva, estos grupos tienden a suplantar a los cuerpos del estado, y hay el riesgo de que se conviertan en expresiones de vigilantismo, que terminan con las comunidades asumiendo la justicia por cuenta propia.

De manera que, los sistemas de patrullaje, como los de alarma comunitaria, deben tener claros protocolos sobre sus procedimientos y los límites de su actuación. de esta manera se evitará que el remedio sea peor que la enfermedad misma.

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Los sistemas de alarma comunitarios fueron aplicados por primera vez en el país durante los años noventa del siglo pasado, en una comunidad del estado Carabobo, conocida como ciudad alianza.

Desde entonces, otros sectores del país lo han aplicado de forma esporádica y con diverso grado de éxito. el principio es que determinados vecinos o residentes sean provistos de pitos o dispositivos capaces de hacer ruidos de alto decibel con dos finalidades: alertar al resto de la comunidad y espantar a los delincuentes, advertidos como están sobre la vigilancia a sus acciones.

El pasado fin de semana, quien les habla pudo ver este sistema en ejecución. Dos hombres que supuestamente hurtaban partes de un vehículo fueron divisados por los integrantes de este sistema en una calle del marqués, Municipio Sucre. de inmediato, comenzaron a sonar los pitos, y casi como por efecto de magia los sujetos salieron corriendo sin cumplir con su objetivo.

Estos sistemas, sin embargo, no son infalibles. Uno de los problemas fundamentales tiene que ver con las alarmas originadas en lo que se llama falsos positivos. Esto es, conductas o situaciones que están ocurriendo, pero que son mal percibidas o leídas por los encargados de emitir la alarma. Por ejemplo, una persona que es vista manipulando el interior de un vehículo, y se cree que intenta hurtarlo, cuando en realidad lo está reparando.

Además de los falsos positivos, estos sistemas de alarma deben transmitir a los delincuentes la noción de que las cosas no se quedarán solamente en el escándalo, sino que ese ruido traerá reacciones inmediatas por parte de los cuerpos de seguridad, o eventualmente de la propia comunidad.

Si el delincuente percibe que luego de los pitos no ocurre nada, el sistema perderá su efecto.

Todo esto nos remite a la necesidad de fijar con antelación protocolos de activación del sistema, con operadores específicos y designados por la comunidad, que reciban el entrenamiento adecuado. Esto exige un nivel de organización y preocupación por los asuntos de seguridad que a menudo no se ve en el país. sin embargo, nunca es tarde para tomar las riendas de la situación

La noción de escala de alerta en el mundo de la seguridad es bastante antigua, sin embargo se hizo muy popular luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando el propio gobierno de estados unidos difundió una constante de cinco niveles, asociados a colores específicos.

Las escalas de alerta parten del principio de que las situaciones de riesgo, ya sea para colectivos de ciudadanos o empresas suelen ir de menor a mayor. en este proceso, se van emitiendo determinadas señales o indicadores de incremento o decrecimiento de los riesgos. Solo hace falta, entonces, conocer y clasificar adecuadamente tales señales, para así poder leer el curso de la situación.

Lo importante de esto es que podemos de cierta forma predecir el curso de los procesos y tomar las medidas que sean consideradas adecuadas, con la finalidad de proteger a los colectivos, o en todo caso mitigar los daños que pueda acarrear la ocurrencia de los hechos previstos.

Las escalas de riesgo nos permiten de cierta forma predecir los hechos y tomar las medidas pertinentes para mitigar los daños derivados de la ocurrencia de tales sucesos.  Las escalas deben reunir diversas características. Deben ser sencillas, tanto en su formulación como en las medidas asociadas a cada una de las etapas. Deben ser además acatadas por los colectivos que las asumen. Por lo tanto, generalmente ameritan algún entrenamiento.

Las escalas de riesgo más divulgadas constan de tres niveles, cada uno de ellos asociados a colores, que suelen ser amarillo, verde y rojo. El primero representa la condición de menor alerta o riesgo, y el último la de mayor riesgo, y por ende se asocia con una emergencia inminente.

Las escalas deben ser revisadas y ajustadas, para determinar si con el paso del tiempo aún sirven para predecir hechos y prevenir sus daños. De nada sirve una escala referida a hechos que ya suceden, deben tener cierto grado de antelación. Por ejemplo, en el caso de los huracanes, las escalas se van ajustando tomando en cuenta la fuerza de los vientos en otras latitudes, la dirección o trayecto del fenómeno natural y la posibilidad de que impacte otros sistemas, como por ejemplo represas u otros servicios públicos.

Un reciente hecho delictivo, reportado en el distrito capital, nos debe llamar la atención sobre la necesidad de seguir los protocolos mínimos de seguridad, ya sea que estemos en un inmueble residencial o, como ocurrió en este caso, en uno destinado a labores administrativas.

Esto sucedió la semana pasada en un apartamento dedicado a uso de oficina en el cuarto piso de un edificio de la Avenida Urdaneta. En ese mismo edificio hay también inmuebles destinados a uso meramente residencial.

Debido a esta diversidad de usos, y a la ausencia de vigilancia adecuada, los tres sujetos armados pudieron subir hasta el nivel donde estaba este local y se hicieron pasar por clientes, con lo que no hubo mayor verificación de sus identidades.

Una vez adentro, los sujetos sometieron a los empleados y dueños de la oficina y se llevaron los teléfonos, computadoras y dinero en efectivo. todo con extremada rapidez.

Un primer asunto que se debe notar es que los delincuentes conocían las características de la oficina y del edificio donde funciona. De manera que pudieron aprovechar las vulnerabilidades del sistema de vigilancia, que a todas luces era casi inexistente.

La diversidad y los cambios en el uso de un edificio suelen representar problemas para la comunidad de usuarios, tanto para los que antes residían allí en el como para los que ahora lo utilizarán como oficina. A ambos sectores conviene establecer protocolos rígidos en cuanto al acceso y la permanencia de personas extrañas, así como también de sus vehículos.

Por otra parte, los propios dueños de los inmuebles, en especial los que son usados para oficinas, deben fijar sus propias normas de protección. una norma básica se refiere a la apertura y cierre de los espacios. a veces, por comodidad, se prefiere la apertura mediante controles remotos. Aunque esto facilita el funcionamiento de la oficina, a menudo relaja los controles de acceso y termina por permitir el paso de personas extrañas.

Esta situación se complica además si el mismo apartamento ahora es utilizado por ejemplo como centro de consulta donde convergen varios profesionales. En estos casos, todos los usuarios deben acatar los mismos protocolos, pero en Venezuela llegar a tales acuerdos a menudo es complicado.

En primer lugar el 20% de las víctimas tenía edades comprendidas entre los 20 y 24 años. Esto confirma los patrones que han sido reportados en estudios sobre años anteriores. De hecho, si ampliamos el rango de edades, encontraremos que el 47% de las víctimas tenía entre 15 y 29 años. La violencia homicida, por lo tanto, sigue afectando a los segmentos de la población que están entrando a la actividad económica.

De manera que, el impacto de esta violencia en términos de costo resulta enorme para el país. son años de vida productiva que se pierden en virtud de la criminalidad violenta.

Por cierto, durante revisiones hechas en años anteriores, se ha determinado que la gran mayoría de muertos por“resistencia a la autoridad”, es decir, enfrentamientos con policías o militares, tienen también estas mismas edades. Lo cual hace que el impacto económico de la violencia sea todavía mayor.

Ahora bien, ¿Qué hay con respecto a las horas y los días más violentos? en asuntos de homicidios, los días con mayor frecuencia de casos fueron los domingos, los lunes y los sábados, en ese orden. Si tomamos en cuenta solamente los dos últimos días de la semana, abarcaremos el 37% de los casos. Es de presumirse además que la alta violencia durante los lunes se produce como una especie de efecto resaca o residual de los fines de semana. Esta presunción se confirma además si tomamos en cuenta las horas de los homicidios. resulta ser que las madrugadas, es decir, el lapso que comienza en la medianoche y finaliza a las seis de la mañana, acumularon el 32% de los casos, y otro 27% ocurrió entre las 6 am y los mediodías.

Aunque este dato requiere de mayor investigación, se puede indicar que una buena parte de los homicidios durante 2018 estuvo asociada posiblemente a problemas de convivencia, o en todo caso fue perpetrado por sujetos que operan en las proximidades de los lugares de residencia de las víctimas.

Podríamos decir que durante 2018 se acentuó la migración o desplazamiento del delito en dos sentidos. Por una parte, tenemos que los delincuentes que operaban en un lugar se movieron hacia otros, ya sea en el territorio nacional o afuera del país. Esto sucede por varias razones, las más frecuentes son la pérdida de atractivo de la actividad que se desarrollaba en el lugar originario, unida a la posibilidad de obtener mejores ganancias en el sitio de destino. Es por esto que vemos a delincuentes que antes estaban en Caracas extorsionando a contratistas petroleros en el estado Trujillo, o individuos que secuestraban en Anzoátegui y que ahora se incorporaron a bandas de mineros en el estado Bolívar.

También ocurre que los desplazamientos se den para huir de la persecución de las autoridades, en especial cuando el exterminio físico se ha convertido en una práctica habitual. De allí la presencia de elementos de bandas como el llamado tren de Aragua en Perú, o de extorsionadores en ciudades costeras de Colombia.

Pero existe también otro tipo de desplazamiento, que es el de actividad.

Esto lo vemos con claridad cuando analizamos las disminuciones hasta casi cero de los robos a bancos y a vehículos blindados.

Eso no quiere decir necesariamente que haya menos delincuentes en determinadas áreas o que las políticas de seguridad estén rindiendo frutos. Para determinarlo con claridad tenemos que revisar cómo se comportan los demás indicadores sobre actividades al margen de las leyes.

En el caso de los asaltantes y secuestradores, es claro que parte de ese desplazamiento se ha producido desde las calles o vías públicas hacia las viviendas de las víctimas. En otras palabras, el delincuente que antes secuestraba o robaba bancos se dio cuenta de que ahora las ganancias pueden estar en el entorno doméstico de las víctimas. Esto
obliga entonces a redoblar los medios de prevención y detección temprana de cualquier actividad delictiva en torno a nuestras viviendas.