A través de un video publicado en las redes sociales de la organización, el presidente de la Asociación de Cañicultores del estado Aragua (Socaragua), Luis Pérez, ofreció un balance detallado sobre el cierre de la cosecha pasada y alertó sobre los nudos críticos que amenazan el desarrollo del nuevo ciclo productivo en la región central del país.
Pérez informó que la zafra 2025-2026 culminó con un balance exitoso de 170 mil toneladas de caña de azúcar, un volumen que a su juicio refleja el alto compromiso y la capacidad de adaptación de los productores locales frente al panorama económico actual.
Sin embargo, advirtió que para mantener estos mismos niveles en el período 2026-2027, el sector depende de que se superen severas limitaciones climáticas y de servicios públicos.
En materia ambiental, el presidente de Socaragua señaló que hasta el momento el ciclo de invierno no ha tenido el comportamiento esperado debido a la escasez de precipitaciones, lo que mantiene en vilo al sector.
El vocero gremial manifestó que los productores esperan que las lluvias se regularicen de forma oportuna para lograr la recuperación de los embalses de la zona, los cuales representan las mayores fuentes de agua para garantizar el sustento de los cultivos de caña en el eje Aragua-Carabobo.
A esta preocupación climática se suma una severa crisis de servicios públicos que golpea directamente la operatividad en el campo. Pérez hizo un llamado de atención urgente sobre las constantes fallas e intermitencias en el suministro de energía eléctrica, agravadas por esquemas de regulación y cortes imprevistos en estos momentos.
El dirigente agropecuario enfatizó que esta situación paraliza y afecta severamente los sistemas de riego fundamentales para el desarrollo de la planta en el campo.
Finalmente, el líder cañicultor expresó que esperan una pronta mejoría tanto en las condiciones del tiempo como en la estabilidad de la energía eléctrica, factores indispensables para que el circuito azucarero pueda alcanzar las metas propuestas para el venidero ciclo.
El broche de oro a al III Foro Iberoamericano de Turismo en San Pedro Sula (Honduras) lo pusieron las instituciones organizadoras con la aprobación del Compromiso de San Pedro Sula: del diálogo a la acción, capacidades sistémicas para la transformación turística en Iberoamérica.
Firmada por Narciso Casado, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), el presidente de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE), el secretario de Estado en el despacho de Turismo del Gobierno de Honduras (IHT), y Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), esta declaración estratégica recoge los principales consensos alcanzados durante el encuentro y plantea una agenda coordinada y conjunta para reforzar las capacidades que marcarán el futuro del turismo en la región.
El documento, impulsado por las entidades organizadoras y respaldado por representantes institucionales, empresariales, académicos y organismos internacionales participantes en el Foro, será trasladado a las autoridades y responsables de las políticas turísticas de los 22 países de Iberoamérica, con el objetivo de contribuir al diseño de estrategias, programas e iniciativas orientadas a fortalecer la competitividad, la sostenibilidad y la fortaleza del sector.
La declaración parte de una premisa clara: el turismo se ha consolidado como una de las actividades con mayor capacidad para generar crecimiento económico, empleo, cohesión territorial e integración regional. Pero, al mismo tiempo, afronta un escenario cada vez más complejo marcado por la aceleración tecnológica, la transformación de los mercados, los efectos del cambio climático, la presión sobre los destinos y la necesidad de responder a nuevas demandas sociales y económicas.
Ante este panorama, el Compromiso de San Pedro Sula plantea que la respuesta no pasa únicamente por incrementar inversiones o incorporar nuevas tecnologías, sino por fortalecer aquellas capacidades que permiten a instituciones, empresas y territorios adaptarse al cambio, anticipar riesgos, generar innovación y transformar oportunidades en desarrollo sostenible.
Una visión común para el turismo que quiere Iberoamérica
Uno de los principales mensajes del documento es la necesidad de avanzar desde la identificación de los desafíos hacia la construcción de soluciones concretas y sostenibles en el tiempo.
Para ello, los firmantes proponen situar el fortalecimiento de capacidades como eje central de las políticas y estrategias turísticas de la región, entendiendo que la transformación del sector dependerá en gran medida de la capacidad de los distintos actores para cooperar, innovar, gestionar el conocimiento y responder de forma coordinada a los retos emergentes.
El documento defiende también una visión del turismo que trasciende la actividad económica y lo sitúa como una herramienta estratégica para impulsar la prosperidad, reducir desigualdades, fortalecer comunidades y contribuir al desarrollo equilibrado de los territorios iberoamericanos.
Seis prioridades
Como resultado de los debates desarrollados durante el Foro, el Compromiso de San Pedro Sula identifica seis ámbitos prioritarios de actuación que deberían orientar los esfuerzos de gobiernos, empresas, organismos internacionales y actores del sector durante los próximos años.
La primera de estas prioridades es el fortalecimiento de la gobernanza y la coordinación público-privada mediante mecanismos estables de colaboración que permitan alinear estrategias, compartir responsabilidades y garantizar una mayor continuidad de las políticas turísticas.
El documento apuesta también por impulsar una gestión basada en datos e inteligencia turística, promoviendo sistemas de información, observatorios y herramientas de análisis que faciliten la toma de decisiones y permitan anticipar tendencias, riesgos y oportunidades.
Otro de los ejes fundamentales es el acceso a financiación y la transformación empresarial, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas, consideradas esenciales para la competitividad y el desarrollo económico de numerosos destinos de la región.
La declaración concede igualmente un papel prioritario al talento y al desarrollo de capital humano, defendiendo la necesidad de reforzar la formación, actualizar competencias y estrechar la colaboración entre administraciones, empresas e instituciones educativas para responder a las nuevas exigencias del mercado laboral.
La sostenibilidad y la resiliencia territorial constituyen otro de los pilares del acuerdo. En este ámbito, el documento propone fortalecer las capacidades de los destinos para gestionar recursos naturales y culturales, adaptarse a los efectos del cambio climático y construir modelos de desarrollo más equilibrados y sostenibles. Finalmente, el texto identifica la cooperación regional como una de las principales herramientas para acelerar la transformación turística de Iberoamérica, favoreciendo el intercambio de experiencias, la generación de conocimiento compartido y el desarrollo de iniciativas conjuntas entre países y territorios.
Abierto a toda la comunidad turística iberoamericana
Más allá de las medidas concretas que incorpora, el Compromiso de San Pedro Sula nace con vocación de convertirse en una plataforma de colaboración permanente entre los dinamizadores del turismo: instituciones públicas, organizaciones empresariales, organismos multilaterales, universidades, centros de conocimiento y empresas relacionadas con la industria turística.
Con este objetivo, el documento plantea impulsar mecanismos de seguimiento, espacios de cooperación técnica e iniciativas de intercambio de experiencias que permitan convertir los acuerdos alcanzados durante el Foro en acciones concretas con impacto real sobre los destinos, las empresas y las comunidades. El fortalecimiento de estas capacidades sistémicas constituye una condición imprescindible para garantizar la competitividad, la sostenibilidad y la capacidad de adaptación del turismo iberoamericano en un contexto de transformación global cada vez más acelerado.
Este Compromiso es el principal legado que deja este III Foro Iberoamericano de Turismo, reforzando así su vocación como un espacio estratégico de diálogo y acción público-privada, que contribuye a definir propuestas orientadas al impulso del desarrollo turístico de Iberoamérica desde una perspectiva colectiva y de largo plazo.
Un informe de CEPAL, FAO, IICA y CAF advierte que elevar la productividad agropecuaria es crucial para construir un agro más resiliente, inclusivo y sostenible, y representa una condición indispensable para asegurar el bienestar, la seguridad alimentaria y el futuro de los sistemas agroalimentarios de América Latina y el Caribe (ALC).
San José, 2 de junio, 2026 (IICA). Ministros de Agricultura de la región y las máximas autoridades de CEPAL, FAO, IICA y CAF participaron en el lanzamiento del informe Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: Una mirada hacia América Latina y el Caribe 2025-2026, que plantea que la agricultura puede fortalecer su contribución a los sistemas agroalimentarios mediante mejoras en la productividad, impulsadas por un financiamiento adecuado y por innovaciones políticas, institucionales, financieras y tecnológicas.
El nuevo informe, elaborado en conjunto por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, se presentó en un evento virtual en el que participó José Antonio López Leonardo; viceministerio de Desarrollo Económico Rural de Guatemala, así como Muhammad Ibrahim, Director General del IICA; José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de CEPAL; Rene Orellana Halkyer, Subdirector General y Representante Regional para ALC de FAO, y Maximiliano Alonso, Asesor Senior de la Vicepresidencia Corporativa de Programación Estratégica de CAF, y otras autoridades y especialistas del sector agropecuario regional.
En el evento, el viceministro López destacó la adopción de la Política Sectorial Agropecuaria 2026-2032 de Guatemala, orientada a fortalecer de manera sostenible y equitativa el desarrollo rural, dando relevancia a la articulación entre distintas instituciones del sector, y las acciones para mejorar el acceso a recursos productivos, fortalecer la sanidad agropecuaria y apoyar la toma de decisiones mediante mesas agroclimáticas. “Tiene como objetivo incrementar de manera equitativa y sostenible la contribución del sector al desarrollo económico nacional, ampliando las oportunidades productivas y alimentarias para las familias rurales”, indicó al respecto.
“Debemos elevar la productividad como objetivo central de la política tanto para el crecimiento económico como para una mayor movilidad y equidad social. Las innovaciones tecnológicas, científicas e institucionales poseen un carácter de bien público y requieren inversión estatal sostenida y políticas de acceso equitativo. Aumentar la productividad de la agricultura familiar mejora simultáneamente la seguridad alimentaria, el empleo rural y la equidad”, expresó el Director General del IICA, Muhammad Ibrahim.
“El agro puede ser un motor decisivo para salir de la trampa de baja capacidad para crecer que afecta a América Latina y el Caribe, estrechamente asociada al estancamiento de la productividad. Pero esto no ocurrirá de manera automática: requiere políticas de desarrollo productivo explícitas y deliberadas, con inversión, capacidades, innovación, financiamiento y acceso a mercados. La productividad no ocurre en el vacío: se construye en los territorios, con gobernanza, articulación público-privada y capacidades locales. Ese es el desafío y también la gran oportunidad para transformar los sistemas agroalimentarios de la región”, sostuvo José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de CEPAL.
“Desde la FAO trabajamos para acelerar la transformación productiva del sector agroalimentario, a través de tecnologías como la agricultura de precisión, la biotecnología, la inteligencia artificial y otras soluciones adaptadas a las realidades locales, así como el cierre de brechas en infraestructura estratégica. Para ello es necesario fortalecer la articulación entre la banca comercial, la banca de desarrollo y los organismos multilaterales para ampliar el acceso a instrumentos financieros adecuados e innovadores para los productores. En esta línea, la iniciativa Hand in Hand de la FAO ha movilizado 1 750 millones de USD en la región para acelerar el desarrollo agrícola y rural en los territorios más rezagados”, aseguró Rene Orellana Halkyer, Subdirector General y Representante Regional para América Latina y el Caribe de FAO.
“Elevar la productividad es esencial para construir sistemas agroalimentarios más resilientes en América Latina y el Caribe. Para lograrlo, necesitamos un enfoque integral que combine innovaciones tecnológicas, financiamiento adecuado, políticas públicas articuladas y un fuerte compromiso con la equidad social. Sin productividad no hay sostenibilidad, y sin sostenibilidad no habrá productividad duradera”, dijo Maximiliano Alonso, Asesor Senior de la Vicepresidencia Corporativa de Programación Estratégica de CAF.
Prioridad estratégica para la región
El estudio advierte que elevar la productividad agropecuaria es hoy una prioridad estratégica para la región, porque de ella depende no solo la capacidad de producir más alimentos, a menor costo y asequibles, sino también de responder a la creciente demanda de alimentos sanos, nutritivos, seguros y producidos de manera sostenible, garantizando a su vez la seguridad alimentaria, el empleo rural, el aumento de ingresos para los productores y la resiliencia de los sistemas agroalimentarios frente a los choques ambientales y económicos.
Hace hincapié en que, si bien América Latina y el Caribe ha demostrado durante décadas una gran capacidad productiva en distintas áreas, los avances han sido desiguales y la región enfrenta hoy un triple desafío: producir más, hacerlo de manera sostenible y garantizar inclusión social.
La publicación destaca que durante la última década la productividad total de los factores (PTF) en la región aumentó apenas 5 %, equivalente a 0,9 % anual, impulsada por avances tecnológicos como el desarrollo y la adopción de semillas mejoradas, la biotecnología, la mecanización, la agricultura de precisión, nuevos sistemas de riego o prácticas productivas más sostenibles. Al mismo tiempo, indica que cerca del 75 % del crecimiento de la producción provino del mayor uso de insumos y solo el 25 % de mejoras en eficiencia, lo que refleja una creciente dependencia de fertilizantes y agroquímicos.
Se identifican seis grandes cuellos de botella que explican el estancamiento de la productividad agropecuaria: la heterogeneidad estructural, brechas tecnológicas, gobernanza débil, desigualdades territoriales y digitales, limitaciones de talento humano y restricciones de financiamiento.
En esa línea, el documento informa que cerca de 16 millones de pequeñas fincas, más del 80 % del total regional, enfrentan severas limitaciones de acceso a tierra, tecnología, financiamiento y mercados, solo el 15 % de los pequeños productores accede a crédito formal y apenas el 39 % de los hogares rurales tiene acceso a internet.
Plantea también que elevar la productividad agrícola es fundamental para reducir el costo de una dieta saludable en la región, actualmente el más alto del mundo. En 2024, el costo promedio regional se estimó en USD 5,16 de Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) por persona al día, por encima del promedio mundial de USD 4,46. Como resultado, cerca del 28 % de la población regional no puede costear una dieta saludable, cifra que asciende al 50 % en el Caribe.
Enfoque integral y multidimensional
Frente a este panorama, el documento de CEPAL, FAO, IICA y CAF plantea avanzar hacia un nuevo enfoque de productividad más integral y multidimensional, que combine eficiencia económica con sostenibilidad ambiental e inclusión social.
Propone una nueva generación de políticas públicas orientadas a fortalecer la investigación agropecuaria, ampliar el acceso al financiamiento, modernizar la asistencia técnica y extensión rural, impulsar la transformación digital y promover sistemas productivos más sostenibles y diversificados.
Explica que el futuro del crecimiento agrícola dependerá cada vez más de la eficiencia y la innovación, porque entre 2023 y 2032, el 79 % del aumento mundial en la producción de cultivos provendrá de mejoras en productividad y solo el 15 % de la expansión de tierras agrícolas.
La publicación enfatiza que superar el estancamiento productivo requiere remover barreras estructurales, fortalecer la cooperación regional y construir políticas articuladas capaces de conectar innovación, financiamiento, conocimiento y sostenibilidad, para lo cual proponen ocho líneas de acción.
Estas son: políticas habilitantes como base estructural de la transformación productiva; el financiamiento como ecosistema que moviliza todos los recursos necesarios para la innovación y la sostenibilidad; la asistencia técnica y la extensión rural que fortalezcan las capacidades para la productividad; tecnología e innovación digital que conduzcan hacia una agricultura inteligente e inclusiva; uso eficiente e inteligente de insumos y recursos naturales; sistemas productivos sostenibles y diversificados; comercio e integración regional como motor de la productividad y la innovación; y agregación de valor en origen para retener y multiplicar valor en los territorios.
La conclusión del evento estuvo a cargo de Héctor Huergo, ingeniero agrónomo y destacado periodista, actual director del Clarín Rural de Argentina, quien hizo un llamado a las entidades creadores del documento, para “ir más allá de sus propias fronteras y colaborar para que esta nueva narrativa sobre el rol de la agricultura de las Américas llegue al concierto internacional.
“El documento plantea los problemas, la baja productividad relativa, pero como promedio de una situación muy heterogénea en la que tenemos los niveles de productividad más altos del planeta con otros que todavía están un poco empantanados en el barro de la impotencia de problemas estructurales que no hemos podido resolver, y que es una tarea que felizmente se pone sobre el tapete en este informe. Es una convocatoria a los gobiernos a actuar en la dirección correcta para disminuir esta brecha que hay entre los que van a mucha velocidad y los que están todavía empantanados en el atraso y la falta de progreso en general”, cerró.
Durante una reciente entrevista en Fedecámaras Radio, el abogado Pedro Bellorín analizó el fenómeno de la denominada «voracidad fiscal» y el impacto de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias Estadales y Municipales (LOCAPTEM).
A criterio de Bellorín, uno de los principales detonantes de las distorsiones impositivas en las regiones es la deficiente preparación técnica dentro de las administraciones locales.
«El derecho tributario es algo complejo; allí se encuentra no solamente el derecho, sino la contabilidad, elementos de finanzas y de los negocios. Lamentablemente, nos conseguimos con un desconocimiento, ya no de la ley sustantiva, sino de la ley adjetiva en los procedimientos de fiscalización que suelen ser muy agresivos. Yo he dicho que mientras más te alejas de la capital, más en el desconocimiento de la ley se cae», afirmó el abogado, haciendo especial énfasis en los municipios del sur de Anzoátegui y Monagas que albergan actividades clave de la Faja Petrolífera del Orinoco.
El especialista advirtió que esta falta de rigurosidad jurídica no solo asfixia al sector privado, sino que resulta contraproducente para las propias alcaldías: «Es pérdida de tiempo y pérdida de capital humano. Si tuviesen un conocimiento y una instrumentación de la ley como manda el marco legislativo venezolano, la recaudación fuera mucho más grande, porque se evitaría la conflictividad con los contribuyentes».
Al evaluar el impacto de la ley de armonización tributaria, Bellorín se mostró crítico ante la tendencia de los gobiernos locales de fijar los techos impositivos más altos permitidos por el Ejecutivo Nacional de manera masiva. «En el norte del estado Anzoátegui, los cuatro municipios, de una u otra forma, tomaron los mayores topes establecidos en la resolución; entonces se cartelizaron», denunció, cuestionando si existió un análisis técnico real o un consenso con los sectores económicos antes de aplicar dichas tasas.
A pesar de las discrepancias con algunos artículos de la ley que, a su juicio, «violentan las potestades tributarias municipales», el líder gremial rescató la necesidad de activar escenarios de debate como el Consejo Federal de Gobierno para resolver controversias, dado que acudir al poder judicial suele resultar «impráctico por el tiempo» para el dinamismo de los negocios.
Finalmente, el especialista reafirmó el compromiso de los gremios del oriente del país por mantener canales institucionales abiertos para revertir estas patologías fiscales. «Nosotros estamos activamente estimulando mesas de trabajo y foros de política fiscal dentro de las mismas instituciones. Lo que yo defiendo, y lo que debemos defender todos desde la región, es la preservación de las potestades tributarias estadales y municipales frente a las nacionales para aumentar de forma sana la recaudación y hacer economía», concluyó.
Escucha la entrevista completa haciendo clic aquí:
Según las cifras reseñadas en la última Encuesta de Coyuntura Industrial, correspondiente al primer trimestre del 2026, la manufactura privada registró un crecimiento del 9%. Este estudio, realizado a nivel nacional por la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), se encarga de medir varios factores que inciden en la capacidad de la industria local. Para Tito López, presidente de Conindustria, este es el mejor arranque de año para la industria en 6 años.
«Nosotros tuvimos este crecimiento del 9% en el primer trimestre del año, en comparación con el mismo periodo de tiempo del 2025. Un arranque de este tipo no se veía en 6 años. Sabemos que el país tiene unas condiciones muy distintas para el inicio del 2026», dijo López.
Entre los factores que inciden en este crecimiento trimestral, el más elevado para la industria en 6 años, está la reforma de varias leyes que afectan al sector privado. Además, también se puede destacar el aumento en la asignación de divisas para los empresarios. No obstante, López indicó que todavía es necesario avanzar en la simplificación de los trámites para la importación y exportación. Asimismo, el dirigente gremial puntualizó, durante la entrevista que tuvo en el programa «Venezuela productiva», que Conindustria ya ha elevado sus propuestas en este sentido.
«Ya hemos entregado una serie de documentos con las propuestas del sector industrial. Incluso el ejecutivo nacional pidió conocer las observaciones que tienen los sectores industriales. Me imagino que ellos están recopilando toda esta información para llegar a una ley de simplificación de trámites que favorezca a todos los sectores en este caso. Yo creo que se está trabajando en esto y este año 2026 va a marcar una pauta«, puntualizó López.
En el marco de la Semana Empresarial de la UCAB, el economista y consultor financiero Jesús Palacios Chacín presentó las proyecciones económicas para el cierre de 2026. A pesar de que las cifras reflejan una desaceleración en el ritmo de incremento de precios, el experto advirtió que la economía venezolana sigue mostrando una alta fragilidad, operando a apenas el 36% del tamaño que poseía en 2012.
Según Palacios, el país cerrará el año con una inflación en bolívares del 192% (lo que representa una baja de 290 puntos porcentuales en comparación con 2025) y una inflación en dólares del 20,1%.
Para el analista, el principal obstáculo para atraer inversión extranjera y consolidar el crecimiento es la brecha cambiaria (la diferencia entre el dólar oficial del BCV y el mercado paralelo), que actualmente ronda el 45%.
«Es el principal problema y lo que genera más dudas… Por eso los inversionistas prefieren dejar las conversaciones a nivel exploratorio», afirmó Palacios.
A su juicio, los 3.993 millones de dólares inyectados por el BCV en intervenciones cambiarias en lo que va de año demuestran la ineficacia de la política actual, calificando la tasa oficial como «inexplicable» y señalando que el Gobierno parece mantener este diferencial de forma deliberada para financiar el gasto público. Palacios propone regresar al esquema de libre convertibilidad de la moneda que funcionó entre 2021 y 2023.
No todas las proyecciones son negativas. El informe destaca un repunte en el sector energético:
Producción petrolera: Se estima que cerrará 2026 en 1,32 millones de barriles diarios (un aumento superior al 20%).
Destino clave: Estados Unidos se consolida como el principal mercado, absorbiendo el 70% de las exportaciones, lo que podría generar ingresos por el orden de los 21.200 millones de dólares.
Por otro lado, el panorama para las empresas formales sigue siendo complejo debido a la alta presión fiscal. La recaudación del Seniat aumentó un 27% frente al año pasado, provocando que el empresariado formal termine declarando hasta el 60% de su margen operativo debido a tasas municipales, el IGTF y la Ley de Pensiones.
A pesar de que las proyecciones apuntan a un crecimiento del PIB del 12% para este año, la realidad social sigue siendo crítica:
Canasta Alimentaria vs. Salarios: La canasta familiar se ubicó en 730 dólares en abril, volviendo el salario mínimo de 130 bolívares completamente irrelevante. Palacios explicó que elevar el ingreso promedio público a $400 (80% de la canasta) consumiría el 100% de los ingresos petroleros del año, por lo que requerirá reformas estructurales a largo plazo.
Pobreza y servicios: Citando la Encuesta ENCOVI 2025, se recordó que el 55% de la población vive en pobreza multidimensional. Los subsidios estatales en electricidad (96%) y agua (92%) se calificaron como una «política insostenible» que agudiza los racionamientos y frena la productividad.
Remesas, Crédito y Deuda Externa
El peso de la diáspora: La migración venezolana ya supera los 9 millones de personas. El 58% de ellos envía remesas de forma regular, lo que inyectará cerca de 3.200 millones de dólares a la economía en 2026, sosteniendo el consumo privado.
El crédito estancado: Aunque la cartera de créditos subió de 200 a 2.000 millones de dólares desde 2021, solo cubre el 25% de las necesidades del sector privado. El encaje legal de entre 70% y 75% sigue limitando su masificación.
La sombra de la deuda: Tras el anuncio de reestructuración por parte del Ejecutivo, Palacios recordó que la deuda externa asciende a 209.000 millones de dólares (200% del PIB). Advirtió que, sin un programa macroeconómico viable y ordenado, el proceso será desfavorable para el país.
El próximo sábado 6 junio se estrenará la obra DRAMAS Y CABALLEROS en el Centro Cultural Chacao, escrita y dirigida por Luis Fernández y protagonizada por Sonia Villamizar y María Antonieta Duque.
Ambas actrices presentan un divertido show en el que interpretan a dos mujeres que buscan la felicidad dentro de la pareja, o que creen ser felices porque tienen a alguien al lado.
Todo está listo para una noche de cabaret, en la que estas dos mujeres La Esposa y La Otra, hacen su mejor esfuerzo para interpretar el papel de “sus vidas”, convirtiéndose en simples personajes que creen tener el control de ellas, pero no, en realidad sus alegrías, tristezas, viajes, cenas, decisiones y un sin fin de etcéteras siempre están sujetas a Él.
Desnudando así en escena a estos dos personajes, tan cercanos, tan cotidianos, dejando al descubierto “sus vidas”. Sarcástica y divertidamente, Dramas y Caballeros, inicio su temporada en Caracas el viernes 4 de Julio del 2014 y a la fecha tiene más de 500 funciones contando su gira internacional.
La crisis hídrica que enfrenta Cumaná y varios de sus municipios vecinos ha causado estragos en diversos sectores económicos. Después de casi tres meses sin recibir un flujo regular de agua potable, la problemática constituye un desafío para los ciudadanos y también para el sector privado regional. Una de las actividades económicas afectadas es la inmobiliaria.
Alida González, presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Sucre, señala que la compra, venta o alquiler de inmuebles en las zonas impactadas por la crisis hídrica casi se ha paralizado. Esto se debe al escaso interés de los usuarios en viviendas en donde el acceso al agua potable se vuelve una auténtica odisea.
De hecho, la principal solución que han encontrado los ciudadanos para obtener agua potable la constituyen los camiones cisterna. Sin embargo, esto implica un gasto periódico adicional.
Igualmente, González indicó, durante la entrevista que tuvo en Fedecámaras radio, que ese gasto constante en camiones cisterna ha implicado que se desatiendan otras áreas en los conjuntos residenciales.
«Los jardines en los conjuntos residenciales están en estado de abandono. Como los ciudadanos están gastando más en camiones cisterna, no se han podido atender los jardines y están totalmente secos. Yo administro condominios en donde los jardines se han deteriorado mucho», lamentó González.
En los últimos días, el viceministro de Transporte Acuático, David Quintana, indicó que el ejecutivo nacional avanza en un plan para transformar los puertos de La Guaira y Puerto Cabello en hubs logísticos para la distribución de carga internacional. Para Gretsy Marín, presidenta de la Asociación de Agentes de Carga y Aduana de Venezuela, este proyecto permitiría aprovechar mejor dicha infraestructura, ya que actualmente opera por debajo de su capacidad.
«Esta sería la forma de insertar a nuestros puertos en el comercio internacional. Nos permitiría tomar de ellos la máxima producción que pueden tener, porque en la actualidad operan por debajo de su capacidad», dijo Marín.
No obstante, la gremialista también señaló que competir con otros puertos regionales pasa por solventar trabas burocráticas y aumentar la eficiencia. Igualmente, recordó que la maquinaria que se emplea en los puestos y aduanas tiene aproximadamente 10 años en operaciones. De hecho, puntualizó que habría que adquirir nuevas máquinas que puedan integrarse con el «internet de las cosas» y la inteligencia artificial.
Asimismo, Marín aprovechó la entrevista que tuvo en Fedecámaras radio, para explicar la ventaja que supondría para la economía nacional que los puertos operen como hubs internacionales. «De esta forma entraría un mayor flujo económico a la zona portuaria. Si tienes buques internacionales que van a entrar, también vas a tener visitantes y turismo, aunque sea de muy corta duración. Además de los trabajos que se crean», acotó.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que la producción nacional de café alcanzó una cifra de aproximadamente 4.000.000 quintales, durante el período 2025-2026, destinados al consumo interno y a la exportación.
En ese sentido, destacó en el Primer Encuentro del Plan Comunal de Café, realizado en el estado Portuguesa, que 1,8 millones de quintales cubren el consumo interno, mientras que 2,1 millones se destinan a la exportación.
Sostuvo que más de 100 organizaciones socio-productivas y 10.000 productores participan en la transferencia de gestión directa, con énfasis en Portuguesa y Lara, estados que aportan el 84% de la cosecha del rubro.
La mandataria encargada dijo que se entregó en comodato a la planta torrefactora «El Cafetal» a las comunas, con el fin de procesar el grano y comercializarlo directamente a través de las bodegas comunales a precios justos.
«Esta torrefactora fue dada en comodato a las comunas para procesar café, donde el café molido tiene valor agregado», resaltó al tiempo que agregó que «el café es uno de los rubros más importantes donde la economía comunal ya tiene todo el circuito organizado».
