Ha circulado una información relativa a la protección de los clientes y usuarios del sistema bancario nacional que realizan operaciones mediante la banca a distancia o banca por internet fuera del territorio nacional.
Fuentes relacionadas con el sector bancario dan por hecho la recepción de la comunicación. Según otras versiones la nomenclatura de la comunicación no es la usual.
SUDEBAN Y LOS CLIENTES EN EL EXTRANJERO SIB-DSB-14539
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La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó el Decreto Constituyente de Reforma de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el que quedan exentas del impuesto, las ventas de los bienes como alimentos y productos para consumo humano.
Entre los alimentos y productos se encuentran las mercancías del reino vegetal en su estado natural y las semillas certificadas en general, material base para la reproducción animal e insumos biológicos para el sector agrícola y pecuario, según reseña La Patilla.
Asimismo, las especies avícolas, arroz, harina de origen vegetal, incluidas las sémolas, pan y pastas alimenticias; huevos de gallinas, sal, azúcar y papelón, excepto los de uso industrial, café tostado, molido o en grano, mortadela y atún enlatado en presentación natural.
También estarán exentas las sardinas enlatadas, leche cruda, pasteurizada, en polvo, modificada, maternizada o humanizada y en sus fórmulas infantiles, incluidas las de soya, el queso blanco, margarina y mantequilla, carnes de pollo, ganado bovino y porcino.
Igualmente, mayonesa, avena, animales vivos destinados al matadero y para la cría; aceites comestibles, excepto el de oliva, fertilizantes, gas natural, medicamentos y agroquímicos y los principios activos utilizados exclusivamente para su fabricación, incluidas las vacunas, sueros, plasmas y las sustancias humanas o animales preparadas para uso terapéutico o profiláctico, para uso humano, animal y vegetal.
El sorgo, la soya, el maíz blanco para consumo humano y el maíz amarillo para alimentos concentrados para animales, los aceites vegetales, refinados o no; los minerales y alimentos líquidos o concentrados para animales o especies a que se refieren los literales b), r) y s) del numeral 1 de este artículo, así como las materias primas utilizadas exclusivamente en su elaboración.
De igual modo, para la atención a las personas con discapacidad, quedan exentos los vehículos automotores con adaptaciones especiales, sillas de ruedas para impedidos, los marcapasos, catéteres, válvulas, órganos artificiales y prótesis.
Para apoyar la comunicación e información, entran en este decreto los diarios, periódicos, y el papel para sus ediciones; así como los libros, revistas y folletos, así como los insumos utilizados en la industria editorial.
El reglamento reseña que se desarrollará la normativa necesaria para la aplicación de la exención señalada en este artículo.
En el artículo 2, el decreto menciona que también están exentos del impuesto, las prestaciones del transporte terrestre y acuático nacional de pasajeros; el transporte de mercancías, los servicios educativos prestados por instituciones inscritas o registradas en el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Ministerio del Poder Popular para el Deporte, y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.
Igualmente, los servicios de hospedaje, alimentación y sus accesorios, a estudiantes, ancianos, personas minusválidas, excepcionales o enfermas; las entradas a parques nacionales, zoológicos, museos, centros culturales e instituciones similares, cuando se trate de entes sin fines de lucro exentos de Impuesto sobre la Renta y las entradas a espectáculos artísticos, culturales y deportivos, siempre que su valor no exceda de dos unidades tributarias (2 U.T.).
También los servicios médico-asistenciales y odontológicos, de cirugía y hospitalización; el servicio de alimentación prestado a alumnos y trabajadores en restaurantes, comedores y cantinas de escuelas, centros educativos, empresas o instituciones similares, en sus propias sedes; el servicio eléctrico, agua, gas, aseo, telefonía residencial y públicos.
Así como el servicio de transporte de combustibles derivados de hidrocarburos, crianza de ganado bovino, caprino, ovino, porcino, aves y demás especies menores, incluyendo su reproducción y producción.
De igual forma fue publicado que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) subirá de 12 % a 16 % de forma general. “La alícuota general a aplicarse en el ejercicio fiscal restante del 2018 y todo el ejercicio fiscal 2019 se fija en dieciséis por ciento (16 %)”, reseña la gaceta.
Este decreto entrará en vigencia a partir el primero de septiembre con la finalidad de fomentar la estabilidad económica del país.
Créditos: Descifrado
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La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) introdujo un recurso de apelación ante una corte estadounidense que ordenó embargar activos de la filial internacional de la empresa venezolana, Citgo, por una demanda de la canadiense Crystallex.
En un breve comunicado que colocaron en la cuenta Twitter de Pdvsa, la principal industria generadora de divisas de Venezuela, informó que el pasado viernes 24 de agosto presentó ante la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito en Delaware, un escrito para dejar sin efecto el embargo.
La medida busca dos acciones. La primera frenar el embargo contra los activos de Pdvsa Holding (Citgo) y la segunda que esta Corte se abstenga de emtir fallos en contra de la perolera, porque segúne se comunicado “ha sido despojada de su juridiscción con respecto a Pdvsa y sus activos”.
Ante esto solicitan en la Corte de Apelaciones, “abstenerse de cualquier ejecución de su orden del 9 de agosto, mientras esté pendiente de resolución de la apelación contra dicha orden notificada por Pdvsa el pasado 10 de agosto”.
Según la agencia de noticias Reuters, el juez de Distrito de Estados Unidos, Leonard Stark en Delaware, el pasado jueves otorgó el llamado “acta de apego” a Crystallex por las acciones de PDV Holdings, que es la filial estadounidense de Pdvsa y propietaria de la refinería de petróleo estadounidense Citgo.
Crystallex demandó al Gobierno de Venezuela después de la expropiación de la que fue objeto en el país, cuando dirigía operaciones de extracción de oro la década pasada.
Desde el año 2016 un tribunal del Banco Mundial ordenó el pago de una indemnización por 1.200 millones de dólares a favor de la transnacional, pero el Ejecutivo de Nicolás Maduro se niega a pagar esa cantidad.
El pasado mes de enero una corte, también en Estados Unidos, había desestimado una demanda de Crystallex, que pidió embargar a Citgo y el fallo del tribunal aseguró que el reclamo de la aurífera era contra Venezuela y no su filial petrolera.
Pdvsa se encuentra ante una de las más bajas producciones petroleras en su historia, que según la Organización de Países Exportadores de Petróleo, no supera los 1,4 millones de barriles.
Créditos: Efecto Cocuyo
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El presidente Nicolás Maduro anunció este domingo un plan nacional de ahorro con el que los ciudadanos podrán comprar láminas de oro y ahorrar.
«Ha llegado la hora del plan de ahorro en oro, vamos a ahorrar en oro», anunció el mandatario. Explicó que el mecanismo será de libre acceso para trabajadores, pensionados, amas de casa, empresarios y ciudadanos.
Indicó que el Estado venderá en dos modalidades las láminas de oro: lingotes de 1,5 gramos a un precio de 3.780 bolívares soberanos (63 dólares) y de 2,5 gramos por un precio de 6.300 bolívares soberanos (105 dólares).
«Ya estoy preparado, tengo miles de piezas para que el pueblo venezolano ahorre en oro», señaló Maduro.
Recordó que, debido al aumento salarial, las utilidades tendrán un valor elevado a final de año. «Yo no quiero que se los gasten todo, lo que quiero es un plan de ahorro, seguro, estable, y yo tengo un plan que voy a empezar a activar y a lanzar desde esta semana», agregó.
Créditos: El Nacional
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El gasto en salarios sube 5,9 millardos de dólares con el nuevo plan económico del presidente de la República, Nicolás Maduro, apuntó en su actual informe la firma Torino Capital.
Solo con un día de antelación fue que el gobierno postergó el cobro de la pensión. No hubo suficiente difusión para que las personas de la tercera edad se informaran de que el gobierno pospuso el pago para septiembre y que se haría de manera fraccionada. Algunos pensionados que no escucharon el anuncio fueron hasta las agencias bancarias para cobrar el dinero que les corresponde.
En Candelaria, luego de instalarse en una cola y bajo paraguas por la lluvia desde la madrugada, los pensionados estaban molestos con la notificación de los empleados bancarios de que cobrarían la pensión el próximo mes.
“Yo contaba con esos 42 bolívares para comprar comida y tengo que esperar 10 días. Mientras tanto, de dónde saco los reales porque tengo la cuenta en cero”, manifestó Pilar Rodríguez, de 76 años de edad. Otro pensionado que pidió no mencionar su nombre indicó: “Son unos faltos de palabra. Si te dicen que van a pagar el 23 de agosto, es el 23 de agosto”.
Otras personas de la tercera edad contaron que estaban al tanto de la información oficial de correr la fecha de pago de las pensiones. Sin embargo, están molestos porque no habían recibido todavía el bono de reconversión monetaria de 600 bolívares soberanos depositado en sus billeteras electrónicas.
“La vicepresidente Delcy Rodríguez dijo que ya lo estaban pagando, pero me dicen que no hay plata”, expresó un pensionado, mientras otro le explicaba que “primero recibes el mensaje de texto y te depositan a la semana”.
Faltaban pocos minutos para el mediodía cuando una pensionada, que se dirigía a una entidad financiera ubicada en un centro comercial en Altamira, aseguró que no sabía cuándo cobraría la pensión. “Voy a preguntar si la podemos cobrar hoy viernes. No sé nada, estoy cieguita”. Mientras caminaba decía que el bono de 600 bolívares soberanos, que solo podrán recibir los que tengan el carnet de la patria, provocará que suba más y más la inflación. “Es una locura, eso está muy mal hecho”, opinó. Afirmó que no le importa que no le den el bono porque mientras tanto lo que hace es “trabajar y producir”.
“La pensión no alcanza para nada”, añadió, justo cuando entró a la entidad financiera. Adentro, más de cinco adultos mayores estaban sentados. Una mujer suspiró cuando le preguntaron su opinión sobre que el bono de reconversión se lo darán solamente a las personas que están registradas en la página Patria, como lo informó el miércoles Delcy Rodríguez.
La mujer respondió: “Eso es discriminatorio. La patria es una, y es esta que está desmoronada”. Una pensionada, que participaba en la conversación, afirmó: “Y estamos retrocediendo, en vez de avanzar. Muchos contábamos con la pensión para comprar medicinas, y ahora cómo hacemos si no la cobraremos este mes sino el otro”.
Todavía esperan. En el exterior, 11.700 pensionados del Seguro Social todavía están a la espera de que el gobierno les pague las pensiones pendientes desde octubre de 2015, señalaron representantes de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela.
Los afectados viven en España, Portugal, Italia, Uruguay y Ecuador, países con los que el gobierno venezolano firmó convenios que permiten a los pensionados del IVSS cobrar la pensión en esas naciones.
María Hernández, vocera de la Federación de Jubilados en España, precisó que el problema de la falta de pago es por el valor que tiene el dólar oficial y la falta de divisas. “Ahora que el cambio está en 60 bolívares soberanos por dólar esperamos que se activen los convenios con los gobiernos y poder cobrar nuestra pensión”, dijo.
“Yo contaba con esos 42 bolívares para comprar comida y tengo que esperar 10 días. Mientras tanto, de dónde saco los reales porque tengo la cuenta en cero”
Pilar Rodríguez, pensionada
Créditos: El Nacional
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Lejos de generar confianza, el paquete económico presentado por el Gobierno el pasado viernes, 17 de agosto, ha dejado más incertidumbre en los venezolanos. Tras varios intentos por encaminar la economía, trabajadores de distintos estratos se mantienen a la expectativa y se plantean estrategias para ganarle a la inflación.
Katiuska Vívenes trabaja como personal de limpieza en oficinas y locales comerciales. Reside en Petare y su núcleo familiar está conformado por seis personas, incluyendo dos niños pequeños.
Ve con escepticismo las medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro y cree que, en lugar de controlar la inflación, la nueva regulación de precios hará que los productos vuelvan a desaparecer.
Duplicar su carga de trabajo es la opción que ve Katiuska para afrontar el impacto de las medidas económicas. “Tengo cuatro trabajos. Limpio oficinas y restaurantes para poder sobrevivir”, afirma. “Cuando llega la quincena compro un pedazo de carne o de pollo y algo de plátano o yuca, para rendir; pero esa comida se me acaba a mitad de semana”.
Explica que, cada vez que se queda sin alimentos en casa, le ha tocado pedir dinero prestado a sus jefes para completar hasta la próxima vez que cobre. “Lo hago y ya para la siguiente quincena se me descuadra el sueldo“, lamenta.
La noticia del aumento del sueldo mínimo a 1.800 bolívares soberanos ya no le alegra, especialmente porque tiene que recurrir a los bachaqueros de Petare para comprar los productos de la cesta básica.
“Los productos de primera necesidad se convirtieron en un lujo. Ese sueldo no alcanza ¿De qué sirve que lo suban si igual no van a arreglar el problema de la inflación?”, indica.
Aunque su campo de trabajo está dolarizado, las consecuencias de las medidas presidenciales le tocaron la puerta cuando fue al mercado. Su salario en divisas no impide que se vea afectado por la escasez de productos.
Gregorio Escalona es analista de sistemas. Sostiene económicamente a su hijo pequeño y a su esposa, que es enfermera. Comentó que conversó con el encargado de una venta de huevos, quien le dijo que no venderá su producto porque no quiere que lo sancionen.
A criterio de Escalona, algunas de las medidas económicas tomadas por el Ejecutivo son “descabelladas”, como por ejemplo el incremento de sueldo a Bs. S 1.800 (Bs. 180.000.000), así como opina que otras debieron tomarse mucho antes.
“Ellos no nombran la dolarización de la economía pero básicamente lo es, aunque disfrazada. Lo que hicieron fue poner un nombre a la criptomoneda para disfrazar la dolarización. Si ellos mismos dicen que un petro cuesta 60 dólares, es porque es un valor que le están poniendo a una moneda que no existe”, comenta.
Ante la posibilidad de que escaseen de productos, Escalona tiene pensado “ir directamente a los productores” aunque no tiene claro si con la medida “ellos también correrán riesgo”.
Dada la cercanía con su residencia, ubicada en Charallave, estado Miranda, suele ir a San Casimiro (estado Aragua) a comprar carne y pollo. A partir de ahora irá con mayor frecuencia.
El licenciado en Administración, José Quintero, piensa que las medidas económicas “no fueron muy bien pensadas“, dado que no quedan claros temas como lo que pasará con los pasivos laborales y cuál será el costo de la gasolina. “Si todo está anclado al valor del petro, ¿qué pasa si baja? ¿Los salarios se mantienen o pueden fluctuar?“.
Frente a la posibilidad de que se incremente el precio de los artículos de primera necesidad, Quintero aseguró que le podrá “más lupa a los gastos, dándole prioridad al tema alimenticio”.
Junto a su esposa, con quien tiene una niña, evaluará qué productos va a comprar y cuáles va a sustituir. Hasta ahora han podido sobrellevar la crisis económica, sin embargo en algunas oportunidades se ha quedado corto.
Por el momento le preocupa cómo lidiará con las mensualidades del colegio de su hija. Por fortuna, tuvo la precaución de comprar los útiles y uniformes escolares el año pasado, previendo que se agravara la escasez.
“Estamos a la expectativa de hasta donde da esta situación, aquí se tomaron las medidas pero creo que hay cosas que no se tomaron en cuenta“, concluyó.
Créditos: Efecto Cocuyo
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Un aumento de 130% en los precios del transporte y de 86,31% en los renglones de deportes y ocio marcaron las variaciones de precios entre los meses de julio y agosto, de acuerdo con el Inflaciómetro de Caracas, realizado por el Observatorio de Gasto Público (OGP) del Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad).
En la última edición del Inflaciómetro, que registra las variaciones de precios hasta el 15 de agosto, se evidenció que el índice general mensual alcanzó 54,51%, mientras que en la quincena que va del 1 al 15 de agosto los precios variaron 26,19%, según reseña Tal Cual Digital.
En promedio, desde el mes de enero de este año, los precios han tenido un incremento mensual de 27,59% y se estima una variación de precios acumulada de 5930% hasta el mes de julio.
Otro indicador de interés arrojado por el Inflaciómetro de Caracas es el consumo promedio mensual de 61 bienes y servicios para una familia de 61 personas, que para el 15 de agosto alcanzó los Bs.S. 5.276,49, o lo que es lo mismo, más de 527 millones de bolívares fuertes.
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El gobierno publicó la lista de los primeros 25 productos del Plan 50 cuyos precios fueron regulados. Sin embargo, fuentes vinculadas al sector alimentario, que pidieron no citar sus nombres, aseguraron que solo unos precios fueron acordados, los demás fueron impuestos por el gobierno. De esta manera, contradicen lo señalado por el viceministro del Área Económica, Tareck el Aissami, en su intervención el martes en la asamblea nacional constituyente. El funcionario afirmó que el gobierno había firmado un acuerdo con las “33 agroindustrias más grandes y productivas de Venezuela para fortalecer la productividad y proteger la estabilidad de los precios”.
En la Gaceta Oficial 6397 el Ejecutivo publicó los precios al consumidor. El kilogramo de la carne de res lo fijó en 90 bolívares soberanos, la mortadela en 18, sardina fresca en 17,50, pollo en 78, arveja en 65, lenteja en 53, caraota en 72, frijol en 24, arroz blanco de mesa tipo 1 en 42, azúcar refinada en 32, harina de maíz precocida en 20, harina de trigo uso familiar en 54 y panadero 52, pasta en 48 y de sal de mesa en 13. Estableció los precios del medio kilo de mantequilla, café molido, mayonesa y margarina en 42, 60, 31 y 39,50 bolívares soberanos, respectivamente.
También reguló el atún enlatado (170 gramos) en 72, huevos (30 unidades) en 81,50 bolívares, leche pasteurizada (1 litro) en 48,50, sardina en lata (170 gramos) en 24 bolívares, aceite comestible (1 litro) en 36 y salsa de tomate (400 gramos) en 36 bolívares.
Para comprar solo la mitad de la lista, un venezolano tendría que desembolsar 1.149 bolívares soberanos, mucho más de la mitad (63,83%) del nuevo salario mínimo, que se ubica en 1.800 bolívares luego de que el presidente Nicolás Maduro decretó el incremento el viernes.
Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro, advirtió que si el control de precios desconoce las estructuras de costos puede haber escasez ya que afectaría la producción. “Por cuestión de principios, los controles de precios generan escasez, especulación y bachaqueo”, afirmó.
Un productor, que pidió resguardar su identidad, dijo que los precios “acordados no aguantarán ni 15 días.
Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, señaló que la medida comprometería aún más los agroindustriales si el gobierno no permite que los precios cambien conforme vaya subiendo la inflación.
El Plan 50 fue presentado por primera vez por Maduro en septiembre pasado para establecer el nuevo precio de los alimentos. En noviembre, la Sundde fijó el precio del arroz blanco de mesa tipo 1 en 15.560,86 bolívares, una variación de 26.890% en relación con el nuevo precio. En aquella ocasión el kilo de azúcar fue regulado en 18.900 bolívares y ahora en 32 o 3,2 millones bolívares: un incremento de 16.831%. El gobierno subió 31.736% el kilo de pollo y 38.746% el de café molido.
“¿Con el Plan 50 realmente se logró estabilizar los precios de los productos y los costos de producción? La respuesta es no. En un proceso hiperinflacionario cada día se encarece más el costo de producción y, por consiguiente, los precios de los productos”, expresó el titular de Fedeagro.
Trabajar con precios fijos en una economía hiperinflacionaria es un error. “Lo que necesitamos son medidas para frenar la inflación y para recuperar la producción, porque el incremento de los costos es una consecuencia directa de la inflación”, agregó.
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos y miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional detuvieron a encargados de comercios por presunto remarcaje de precios y especulación. Los detenidos son Alejandro Quintana (gerente) y Graciano La Rosa (subgerente) del supermercado Plan Suárez en Caurimare; Víctor Morillo, subgerente de Híper Líder, en el estado Carabobo; Lozano Gómez Carlis Alberto, gerente del Supermercado Mega 72, en Zulia; Rafael Galíndez, gerente de Farmatodo en Yaracuy; Walter Guillén, gerente de Automercado Boga en Carabobo; gerentes del Mini Market Don Biagio, también en la entidad zuliana; y gerentes de supermercados en Anzoátegui.
La Sundde también multó una farmacia en Barinas, siete comercios en Falcón y una panadería en Miranda por “insalubridad”. Sancionó un comercio en Mérida e inspeccionó siete mercados municipales en Caracas, entre ellos Quinta Crespo, Coche y San Martín. La fiscalización fue respaldada por organismos del Estado, como la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria y guardias nacionales.
El organismo también investiga a Farmahorro, Locatel y Farmatodo, que presuntamente incumplieron la implementación de la reconversión monetaria en los precios de los productos.
Créditos: El Nacional
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