Categoría: Noticias Recientes

Seguramente, los cardiólogos no vean con buenos ojos los vaivenes del bitcoin. Eso de caer en picado o subir como la espuma sin motivo aparente no es bueno para el corazón de los inversores, ni para la salud de sus cuentas corrientes. No en vano, cada vez son más los economistas que recomiendan a los pequeños inversores y a los traders novatos que se alejen del bitcoin (y de las criptomonedas en general) como si de un invento demoníaco se tratara. Entonces, por qué tanta gente invierte en bitcoin, a pesar de los peligros que supone la extrema volatilidad de la madre de todas las criptodivisas.

La realidad es que la creciente masa de inversores inexpertos que invierte en bitcoin espera ganar dinero rápido y en cantidades industriales, aprovechando tanto los bombazos al alza como los descalabros que llevan a la divisa de Nakamoto a arrodillarse frente al dólar cientos de pips en cuestión de minutos.

La presencia inestimable de los especuladores

Desde que las criptomonedas aterrizaron en la jungla bursátil, los especuladores han ido marcando las cartas con las que jugaban los que creían (y siguen creyendo) que el bitcoin subiría hasta el infinito y más allá. Esto no quiere decir que exista una brecha bélica entre los que apuestan por el bitcoin a largo plazo y los especuladores a corto plazo, o los day traders, que abren multitud de operaciones sin importarles la dirección del criptomercado. Eso sí, la posibilidad de aprovechar las subidas y las caídas para ganar dinero puede terminar molestando a los que gustan de esperar que la cotización suba poco a poco, con correcciones asumibles.

También es cierto que el perfil hormiguita no casa mucho con este tipo de instrumentos, pero, oiga, cada uno es libre de tirarse a la piscina que más le apetezca. Las oportunidades para el especulador ávido de riesgo son muchas, aunque cabe destacar que la mayoría de los inversores que se han hecho millonarios con el bitcoin se subieron al carro antes de que se activara la montaña rusa. De hecho, casi la totalidad de los traders que se han zambullido en el mar de las criptomonedas a ola pasada han terminado mareados, sin saber hacia dónde se dirige la corriente. Y ese es el problema para los inversores que se suman a la fiesta del bitcoin, inflando la burbuja más si cabe, que el oleaje es impredecible.

La fuerza de los believers del bitcoin

Con este panorama, es normal que los entendidos no paren de repetir que el bitcoin es agua pasada, que no tiene valor a largo plazo, que está bien para especular, pero que no merece la pena invertir. A pesar de estas y otras profecías apocalípticas, lo cierto es que, frente a la horda de especuladores dispuestos a exprimir las aventuras y desventuras del bitcoin, existe un bloque de inversores esperanzados. En general, se trata de aquellos que ahora cuentan millones porque prefirieron ahorrarse una tarde de tapas para comprar un puñado de bitcoins, pero hay quien intenta emularlos con los números en contra.

Evidentemente, ahora hay que olvidarse de tapear durante varios años para tener alguna oportunidad de hacerse millonario en la próxima década invirtiendo en bitcoins, y solo si se cumplen las expectativas de Saxo Bank. El problema es que las predicciones de la entidad danesa veían la luz en un momento de euforia generalizada en el que el bitcoin se escribía con cinco cifras y tenía buena prensa. Todo indicaba que la criptomoneda más popular del ciberespacio, esa que dejaba al oro a la altura del betún, terminaría convirtiéndose en el método de pago universal más allá del mundo digital.

Las cosas han cambiado mucho desde entonces, pero todavía hay believers del bitcoin que ven en la criptodivisa un valor refugio, la forma de pago del futuro y una oportunidad de inversión a largo plazo. De hecho, estos esperanzados inversores, junto los especuladores, son los que forman los pilares fundamentales del bitcoin como activo bursátil. Dos caras de la misma criptomoneda, entre la avaricia y la esperanza, flotando sobre una burbuja que podría explotar más pronto que tarde, o seguir hinchándose hasta decir basta. El tiempo y los números dirán qué camino sigue el bitcoin, pero, de momento, le quedan muchos bolsillos que llenar.

Créditos: El Nacional

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Bajo el sol del mediodía, decenas de delgados pescadores esperan descalzos a las orillas de una laguna en Río Chico, en la costa venezolana, para ser los primeros en cambiar su pesca del día por otros alimentos, en un trueque informal que crece en la aquejada nación petrolera.

El trueque se ha convertido en una de las vías que tienen los venezolanos para recibir pagos por la falta de billetes y escasez de productos, además algunos prefieren recibir comida, ya que el dinero no les alcanza para adquirirla y los precios varían dependiendo si el pago es en efectivo o con tarjeta de crédito o debito, según reseña un trabajo de la agencia Reuters.

“Aquí no hay dinero en efectivo, solo trueque”, dijo Mileidy Lovera, de 30 años, caminando por la orilla de la laguna con una hielera llena de pescado que su esposo había atrapado temprano, esperando cambiarla por comida para alimentar a sus cuatro hijos o medicamentos para su hijo epiléptico.

En un país con una hiperinflación, donde los billetes son tan difíciles de encontrar como alimentos y medicinas, los venezolanos recurren cada vez más al trueque para realizar transacciones básicas.

“Es un sistema de pago bastante primitivo pero también es primitiva la falta de efectivo en el país “, dijo el economista Luis Vicente León de la consultora Datanálisis.

Según la encuesta Datanálisis de mayo pasado, 3,2 por ciento de la población reporta usar el trueque, cuando en el 2016 ese intercambio ni siquiera se mencionaba como forma de pago.

A diferencia de otros países en la región, el trueque en Venezuela no tiene ubicación ni reglas precisas y está mayormente dominado por el intercambio de comida en una nación en la que la pobreza alcanza a 87 por ciento y donde la población perdió un promedio de 11,4 kilos el año pasado, según un estudio realizado por tres grandes universidades del país.

El presidente Nicolás Maduro culpa de los crecientes precios y la escasez de alimentos y medicinas a la “guerra económica” liderada por la oposición y el gobierno de Estados Unidos.

Los economistas dicen que el banco central no imprime billetes lo suficientemente rápido para mantenerse al ritmo de la inflación que según la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, alcanzó casi el 25.000 por ciento anualizada a mayo.

“Prefiero que me paguen con comida”, dijo Julio Blanco, un mototaxista de 34 años mientras espera a los clientes en Catia, al oeste de Caracas. “Acepto transferencias, porque efectivo no se consigue. Hago servicios por comida para poder sobrevivir”.

En La Vega, otra barriada popular del oeste de Caracas, en un local azul claro con puertas de vidrio y un letrero que dice “Barbería Jayko”, trabaja Alfredo Silva, afeitando hombres por unos 30 centavos de dólar al cambio del mercado paralelo.

Silva, de 40 años, acepta transferencias, comida y de fallarle esas opciones, usa otra que revela las complejidades de una simple compra en esta nación petrolera.

El barbero va con su cliente a una carnicería cercana y el carnicero le despacha a Silva el equivalente del costo del corte de cabello en productos, que pueden ir desde carne hasta huevos y embutidos.

En Río Chico, Marvin Guaramato, de 32 años llega a la laguna con el asiento trasero de su auto lleno de productos para intercambiar. En su mano sostiene dos harinas utilizadas para hacer la típica arepa venezolana.

Los pescadores luchan por cambiar sus peces. Al final del día algunos deberán volver a casa con sus pescados y sin productos.

“Hay días que paso hasta 5 horas y no vendo nada, entonces regreso a la casa con el pescado”, dijo Reinaldo Armas, uno de los pescadores que apilaba paquetes de pasta, arroz y harina encima de su cava.

“El menú es pescado al mediodía, pescado en la mañana y pescado en la tarde”, dijo Armas al asegurar que tiene más de un año sin comer pollo por el alto costo de las proteínas.

Créditos: Descifrado

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El salario mínimo se desmorona. Si el paquete de 500 gramos de pasta costaba 1.179.000 bolívares en el Excelsior Gama de Santa Eduvigis hace 20 días, su valor se triplicó para el 29 y 30 de junio, cuando se conseguía en Bs. 3.350.000.

El precio supera el nuevo sueldo mínimo de tres millones de bolívares decretado por el presidente Nicolás Maduro que, con menos de 15 días de haber entrado en vigencia, ya perdió su poder adquisitivo.

Si a ello se suman los Bs. 2.196.000 correspondientes al bono de alimentación, el ingreso mínimo mensual de Bs. 5.196.000 tampoco podría adquirir un kilo de carne de primera, que era vendido por 5.895.000 bolívares, un kilo de jabón en polvo marcado en Bs. 6.000.000, o un kilo de café con un precio de 14.400.000 bolívares.

Un cartón de 30 huevos también está por encima del salario mínimo, luego de registrar un aumento de 840 mil bolívares o de 26,67% con respecto a la semana anterior.

¿Qué puede comprar el nuevo salario mínimo?

Dentro de la lista de productos que revisa semanalmente el equipo de Efecto Cocuyo, que incluye carbohidratos, proteínas y productos de aseo personal, con el sueldo mínimo solo se puede comprar un kilo de plátanos, con un valor de Bs. 960.000; un litro de aceite de Bs. 2.600.000 o una barra de mantequilla de 500 gramos por Bs. 2.300.000.

La lista de productos alcanza un monto total de 41.895.000 bolívares, lo que equivale a 14 salarios mínimo (Bs. 3.000.000) u ocho ingresos mínimo mensuales (Bs. 5.196.000).

Créditos: Efecto Cocuyo

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La Unión de Conductores de las Minas de Baruta, del bloque suroeste, desde ayer aplicó un ajuste de 400% de la tarifa urbana, pasando de 5.000 a 20.000 bolívares, según denuncias de vecinos del municipio. Los manifestantes cerraron el paso de vehículos a la altura del centro comercial Concresa, para protestar por el incremento del pasaje.

José Luis Montoya, presidente de la Central Única de Autos Libres y por Puestos, aseguró que se está cobrando una tarifa de 10.000 bolívares, a pesar de que tampoco es legal. “El monto ya estaba planificado; los conductores habían propuesto el incremento porque con el monto actual es imposible mantener una unidad”, enfatizó.

Indicó que hay la posibilidad de llegar a 20.000 bolívares, debido a la inflación. “Estoy consciente de que el gobierno quiere expropiar las concesiones, pero esperamos que eso no suceda en Baruta; el Ejecutivo debe entender la necesidad de los transportistas”, expresó Montoya.

Créditos: El Nacional

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En Bs 300.000 aumentó la tasa de cambio del dólar para el envío de las remesas familiares, según publicó este lunes la empresa Zoom, una de las tres casas de canje autorizadas por el Gobierno para estas transacciones. Por lo que será en Bs 2.500.000 en los que se cuantificará cada divisa.

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Han transcurrido 18 meses desde que se anunció el inicio de la venta de combustible venezolano en moneda extranjera en la zona fronteriza, y aún la disposición del Ejecutivo no se ha concretado. Funcionarios del equipo de gestión del ex gobernador de Táchira José Vielma Mora afirmaron en ese entonces que las ganancias serían destinadas a planes de desarrollo regional y nacional.

Sin embargo, los carros provenientes de Venezuela y Colombia nunca se han detenido para surtir en las estaciones La 95 y La Laguna, adaptadas para la venta en dólares y pesos, porque no hay paso, dijeron administradores de estaciones de servicio.

“No se puede pasar en carro hasta la cabecera del Puente Internacional Francisco de Paula Santander porque los militares venezolanos la han declarado zona de seguridad. En el extremo colombiano del puente tampoco permiten el paso de vehículos porque el gobierno de ese país cobra impuesto al combustible”, indicó una de las fuentes.

Créditos: Descifrado

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Los productores agropecuarios son obligados por el gobierno a venderle a precio regulado 30% de los cereales (maíz, arroz y sorgo) que producen, informó el presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins. “El precio lo impone el Estado y desconoce las estructuras de costo. Hace que los sectores productivos trabajemos a pérdida”.

La medida comenzó a implementarse en 2017, pero se ha acentuado en lo que va de 2018. “El año pasado nos exigieron que le vendiéramos entre 20% y 30% de nuestra producción. Este año, sin embargo, estamos obligados a venderle a Agropatria una cuota fija de 30% de la cosecha de cereales. La solución ante un problema de escasez es ver cómo producimos más, no cómo le ponemos la mano a lo poco que se está produciendo”, afirmó.

Hopkins indicó que esa práctica del gobierno también se ha hecho extensiva a la agroindustria, que debe entregar hasta 50% de su producción a precios regulados a los canales de comercialización del Estado. “Ahora el gobierno pretende que los industriales entreguen 70% de la producción”.

El miércoles pasado en una reunión para “sincerar las estructuras de costos” de 50 productos y fijar nuevos precios, el Ejecutivo les exigió a los empresarios la entrega de 7 de cada 10 productos que fabriquen.

El titular de Fedeagro aseguró que fijar un precio no tiene ningún sentido, pues esa medida no hará que los  productos aparezcan. “¿Cómo fijamos un precio en una economía hiperinflacionaria? El precio que se acuerde hoy, ya mañana probablemente no tenga vigencia”.

La reunión para discutir el precio del arroz se realizó el jueves y la del maíz fue convocada para ayer en la tarde. “Las reuniones y acuerdos  se están haciendo a espaldas de los sectores productivos. ¿Quién está tomando decisiones? ¿Quién está llevando la voz del sector productor? Es algo que desconocemos”, dijo.

Fedeagro, que agrupa a agropecuarios que representan 80% de la producción de alimentos de origen agrícola vegetal, no forma parte de la discusión, añadió.

Al mejor postor. Ferieros del estado Táchira denunciaron que desde que fueron intervenidos los mercados municipales, el gobierno los ha obligado a bajar los precios de los vegetales que distribuyen. “Tuvieron que vender los productos por debajo del costo a pesar de que tenían las facturas”, afirmó Robert Maldonado, productor y feriero de La Grita.

Los afectados con la medida fueron los transportistas de hortalizas y frutas, que llevan las cosechas a más de 300 municipios del país. “No están respetando la estructura de costos. También visitaron el mercado mayorista de Estanques, en el estado Mérida, donde los productores expenden directamente sus hortalizas al por mayor. Obligaron a vender un saco de papa, que estaba en 6 millones de bolívares el kilo, en 100.000 bolívares. Ese monto no alcanza para comprar una porción de Mancosef para fumigar la cosecha”, declaró Maldonado.

Otros ferieros señalaron que el gobierno no tiene ni aplica criterios para ajustar los precios. Contaron que las siembras se están trabajando con insumos comprados en Colombia, lo que resulta mucho más costoso debido a la depreciación del bolívar.

Con respecto a la demanda del gobierno de entregar 70% de la producción, Maldonado indicó que no fueron  invitados a las reuniones. “Hasta el momento no hemos sido notificados de la entrega de parte o la totalidad de las hortalizas que se producen en la montaña alta. Los productores del campo están haciendo de tripas corazones para poder producir. Ellos venden la cosecha al mejor postor, al precio del mercado establecido en la bolsa agrícola de La Grita. Estarían dispuestos a vender sus hortalizas  a quien más les pague de acuerdo con la oferta y la demanda”, apuntó.

LA CIFRA

50 son los productos a los que el gobierno fijará nuevos precios, según el vicepresidente del Área Económica, Tareck el Aissami. Dijo que “sincerarán la estructura de costo”.

Créditos: El Nacional

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El hombre es el único animal que tropieza infinitamente con la misma piedra. Así pudiera reformularse el lugar común que recuerda la tendencia humana a cometer los mismos errores ante circunstancias similares, en ocasión del anuncio del llamado Plan 50.

Los economistas se equivocan muchas veces, pero hay dos cosas en la que su récord es impecable: los controles de cambios siempre generan corrupción, y los controles de precios, escasez. Y aquí estamos ahora, transitando una hiperinflación demoledora, con un gobierno cuya única ocurrencia es apretar las clavijas de unos controles que, de implementarse, lograrán disminuir la oferta de productos con la misma velocidad con la que suben los precios: una receta para la aceleración del colapso. Quizás el hombre sea el único animal que a veces, en lugar de evitarlas, se lanza sobre las piedras.

Hubo un tiempo en el que escribí mucho sobre los controles de precios y sus consecuencias. Dejé de hacerlo porque me estaba repitiendo y preferí abordar otros temas. Sin embargo, la pretensión de tratar de detener una hiperinflación sin un plan de estabilización y con controles de precios, me lleva a rescatar dos anécdotas, con la esperanza de que haya millenials que no las conozcan, pues eran niños cuando se estableció el sistema de control aún vigente. Aquí les dejo esas dos historias.

Los griegos

En los tiempos en que Sócrates deambulaba por las plazas de Atenas haciendo preguntas a sus conciudadanos, la alimentación de los griegos dependía de las importaciones de trigo. Cambios bruscos en las condiciones climáticas disparaban los precios del cereal hasta el Olimpo y en las calles de Atenas se escuchaban las quejas, cada vez más ruidosas, sobre lo costosa que se ponía la vida. Ante el fenómeno inflacionario de los alimentos en Atenas —y las demandas del pueblo—, las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto: el gobierno ateniense estableció el primer control de precios conocido en Occidente. Ningún comerciante podía vender el trigo a un precio superior al fijado por las autoridades. Aquella noche, luego de emitir el decreto, los gobernantes durmieron tranquilos convencidos de que habían solucionado el problema del precio de los alimentos.

No fue difícil para los griegos, observadores por naturaleza, notar que los comerciantes continuaron vendiendo el trigo a un precio superior al establecido por las autoridades. El escándalo fue mayúsculo, así que el gobierno no toleró la “burla” de los comerciantes y decidió profundizar la política: se conformó un ejército de inspectores de cereales (llamados Sitophylakes, el primer organismo de “protección al consumidor” de que se tenga memoria), el cual tenía como objetivo vigilar el estricto cumplimiento del control en los mercados atenienses.

De acuerdo con Aristóteles, la función de los inspectores era “observar que el precio al que se venden los cereales sea justo, que los molinos vendan las harinas a un precio proporcional al costo de los cereales, que los panaderos vendan el pan en proporción al precio del trigo, que el pan tenga el peso fijado por la regulación”.

Una vez creada la institución precursora de los organismos de protección al consumidor, se esperaba que el control de precios funcionara. Pero la realidad se contrapuso a las ilusiones de los reguladores. Atenas se debatía ante un dilema: enfrentar una escasez de cereales o permitir precios mayores que los regulados. En esa encrucijada, la ciudad-estado decidió endurecer su política en contra de los especuladores e instauró la pena de muerte para los comerciantes que violaran el control de precios: vender a un precio mayor al regulado se pagaba con sangre en las calles de Atenas.

A pesar de las muertes “ejemplarizantes”, el dilema continuó intacto: o había escasez o los productos se vendían a un precio mayor. Pronto las autoridades griegas pensaron que el incumplimiento del control era causado por la ineficiencia y la corrupción de los inspectores. En consecuencia, procedieron a establecer pena de muerte para los empleados públicos encargados de la supervisión de la política. En caso de que se encontraran violaciones al control de precios en la jurisdicción que les correspondía supervisar, ya no sólo sería ejecutado el comerciante sino también el inspector encargado de vigilar el cumplimiento del control.

El control de precios ateniense fracasó, aún cuando el solo intento costó la vida de muchas personas. Los griegos tuvieron que reconocer que una cosa es el precio del producto que aparece impreso en una resolución y otra su valor, determinado por la oferta y la demanda.

Mugabe

Imagine una economía en la que los precios se duplican diariamente. A ese endemoniado ritmo endemoniado porque sólo el demonio podría crear algo así; el demonio de la mala política económica llegó a crecer la inflación en Zimbabwe. La cifra oficial durante el 2008 alcanzó la ilegible cifra de doscientos treinta y un millón por ciento anual (231.000.000.000%). El dinero no valía nada y los ciudadanos de Zimbabwe sobrevivían en medio de uno de los fenómenos económicos más temidos: la hiperinflación. Pero regresemos la película de Zimbabwe ocho años y vayamos hasta el 2000.

Desde principios del 2000, Zimbabwe sufría las consecuencias de la desinversión que implicó la confiscación de las tierras de los hacendados blancos y de una política monetaria expansiva financiada por el Banco Central. Los precios comenzaron a subir, al principio con cierta timidez, alcanzando para el año 2000 un 54%. Cinco años después, los precios crecían a un 585,4% anual y ya para el 2006 los precios rompieron la barrera de los mil (1.281%).

Robert Mugabe, como los antiguos griegos, se enfrentó a un dilema y sin aprender de aquella experiencia— decidió perseguir a los comerciantes culpándolos del proceso inflacionario. En diciembre de 2006, Burombo Mudumo y Lemmy Chikomo, de Lobels Bakery, fueron sentenciados a cuatro meses de prisión por vender el pan por encima de los precios regulados. El magistrado que dictó sentencia dijo, con impecable lógica ateniense, que “el encarcelamiento debería servir de advertencia a otros potenciales violadores de la Ley”.

Los panaderos, ahora presos, argumentaron en su defensa que habían enviado cartas a los ministerios encargados de la regulación de precios advirtiéndoles que si vendían a los precios establecidos precios que no habían sido modificados durante un largo tiempo— se verían obligados a parar la producción. Nunca recibieron respuesta y, ante el dilema, decidieron producir y vender. No creían que serían castigados con la pérdida de su libertad, pero entre rejas se vieron.

Los precios aceleraron su ascenso, así que Mugabe decidió tomar cartas en el asunto y decidió prohibir la inflación. Sí, leyó bien: prohibir la inflación, ilegalizarla. Emitió un decreto que obligaba a disminuir de forma inmediata en un cincuenta por ciento (50%) todos los precios de la economía y, luego de esa extraordinaria reducción de precios, nadie podría subirlos nuevamente.

La política de Mugabe tuvo consecuencias inmediatas: en solo un fin de semana los consumidores agotaron todas las existencias de alimentos y electrodomésticos. En la mañana del lunes los comercios amanecieron vacíos y unos cuantos comerciantes despertaron tras las rejas por presunta especulación y acaparamiento. A partir de ese momento era prácticamente imposible conseguir carne, sal, azúcar, pan, leche o aceite.

Los economistas desistieron de la idea de medir la inflación por una razón: los precios eran irrelevantes pues no había productos. Solo la aceptación del uso de moneda extranjera pudo detener la hiperinflación en Zimbabwe. Nunca un problema ha sido resuelto atacando sus consecuencias y no sus causas.

Créditos: Prodavinci

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Los bonos de la República amanecieron este lunes con una pérdida promedio de 0,11 puntos, reportó el Grupo Arca.

De los títulos de corto plazo, el más destacado fue el Venz 2018 cupón 13,625% por presentar la única alza, valorada en 0,07 puntos. Tanto en el segmento medio como en el largo, los papeles cayeron en promedio 0,10 puntos.

Mientras, los bonos de Pdvsa abrieron la jornada con un aumento promedio de 0,07 puntos.

Entre los títulos de corto plazo, sobresalió el Pdvsa 2022 cupón 6% con una variación positiva de 1,22 puntos. En la parte media hubo un descenso promedio 0,09 puntos. En la larga, el Pdvsa 2035 cedió 0,22 puntos.

Créditos: Descifrado

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El ministro de Industrias y Producción Nacional, Tareck el Aissami, aseveró que la intención con los encuentros era “sincerar las estructuras de costos” de 50 productos y posteriormente fijar nuevos precios. Sin embargo, los empresarios se llevaron una sorpresa: les exigieron entregar al Ejecutivo 70% de su producción.

Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, dijo que el gremio rechaza de manera contundente que se quiera obligar a los productores a entregar ese porcentaje de su producción al gobierno. “Eso es un intervencionismo, ya a una etapa en extremo, que seguirá afectando al productor y agudizando el abastecimiento y la crisis que estamos viviendo todos los venezolanos”.

El gobierno no informó cómo les pagarían a los empresarios el porcentaje de producción que estarían obligados a entregar. “No hay certeza de precios”, aseguró.

El directivo advirtió que para los distribuidores privados no va a quedar prácticamente nada y los consumidores se van a encontrar con los anaqueles vacíos. “Si la producción se va a destinar mayoritariamente al gobierno para que la entreguen de forma populista y con manejo ideológico a las personas que ellos consideren, los que no tengan acceso a esos canales de distribución oficiales no podrán conseguir productos de ninguna manera”. Indicó que con esa medida también se va a alimentar el bachaqueo.

Informó que en la reunión del miércoles no se llegó a un consenso con respecto al ajuste de los precios. Añadió que no puede haber un sistema de control de precios que sea rígido, se debe permitir la libre oferta y la demanda porque los precios varían. “El gobierno está vendiendo los pocos insumos que hay a unos precios sustancialmente más altos a los que teníamos el año pasado”.

Larrazábal dijo que en la reunión comenzaron analizando una lista de 15 productos, entre ellos arroz, azúcar y maíz. Sin embargo, a pesar de que Fedeagro es el principal gremio de productores agropecuarios del país, que producen esos rubros, no los convocaron formalmente, indicó su presidente, Aquiles Hopkins.

Se profundiza el control. La vicepresidente Delcy Rodríguez pidió a gobernadores y alcaldes apoyar el relanzamiento del Plan 50, presentado por primera vez por el presidente Maduro en septiembre pasado para establecer el nuevo precio de los alimentos. “Con la articulación del gobierno nacional, los gobiernos regionales y las mesas técnicas donde participan las comunidades, saldremos adelante para garantizar la Venezuela potencia”, afirmó.

Con la exigencia a los empresarios de entregar parte de la producción, el gobierno profundiza el control de la producción, distribución y comercialización de los alimentos. El 30 de enero la asamblea nacional constituyente aprobó la Ley de los consejos productivos de los trabajadores, que faculta al Ejecutivo a intervenir en los procesos de elaboración de una empresa.

Solo cuatro meses después, a finales de mayo, el mandatario anunció la toma de los mercados municipales para “expulsar a las mafias que ocasionan el incremento de los precios de los productos”, medida que redujo 50% las ventas por la caída de la afluencia de consumidores debido al temor a una posible acción violenta de funcionarios del Estado.

“La misma fórmula”. El presidente Nicolás Maduro advirtió ayer a las cadenas de supermercados que tomarán «medidas radicales» si incumplen la Ley de precios acordados. “Pónganse a derecho, les doy una oportunidad o cumplen con la Ley de precios acordados o respetan los mecanismos de fijación de precios, o la revolución tomará medidas radicales”, amenazó. “Nosotros vamos a lograr el milagro económico, y lo digo, estoy dispuesto a hacerlo por las buenas o por las malas”, agregó.

No es la primera vez que Maduro amenaza a los supermercados. A principios de enero funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos fiscalizaron 214 establecimientos de 26 cadenas y bajaron los precios de los productos a los que marcaban el 15 de diciembre pasado. Esta medida acabó con inventarios y profundizó el desabastecimiento.

“No hay nada nuevo en lo que dice el presidente. Ni siquiera ha tenido la creatividad de anunciar algo diferente”, expresó María Carolina Uzcátegui, presidente de Consecomercio. “Repiten y repiten la misma fórmula y por supuesto lo único que van a obtener son los mismos resultados: el desabastecimiento de los productos que tratan de controlarle los precios y la aparición de los mismos productos en mercados no formales con precios altos”.

Sostuvo que cuando un comerciante, empresario, industrial o productor, en cualquier eslabón de la cadena, no tiene capacidad de reponer un producto cuyo precio esté regulado, lo dejará de producir y ofrecer. “Nadie va a trabajar a pérdida y menos en la crisis económica en la que estamos”, aseguró.

Recordó que el gobierno le adjudica la responsabilidad de lo que ocurre a otros actores, “cuando la responsabilidad es única y exclusivamente de él”.

Cifra

15 productos de los 50 a los que les ajustarán los precios fueron analizados en la reunión del miércoles, entre ellos arroz, azúcar y maíz. El gobierno no convocó a Fedeagro, a pesar de que agrupa a los productores agropecuarios

Créditos: El Nacional

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