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  • Gobierno admite abastecimiento de solo 16% en productos del Plan 50

    El ministro de Alimentación, Luis Medina, señaló que solo hay 16% de abastecimiento de los 50 productos alimentarios y de de higiene personal cuyos precios el Gobierno aspira a regular. Así lo reseñó Crónica Uno.

    Durante la instalación de las mesas de trabajo para definir las estructuras de costos de los bienes esenciales, el funcionario dijo que “han hecho un monitoreo de los inventarios de los productos de la cesta básica y los rubros del Plan 50 que están ausentes en los anaqueles. Tras el seguimiento, concluyeron que solo tienen 16% de abastecimiento de estos rubros importantes de la cesta básica en las cadenas de supermercados. “Esto quiere decir que hay una falta de abastecimiento importante, a pesar de que el Gobierno ha garantizado la materia prima” dijo.

    El Ejecutivo ha señalado que entre esos 50 artículos están: café, azúcar, arroz, pasta, frijoles, carne, leche (líquida y en polvo), queso blanco, jamón, mayonesa, maíz (blanco y amarillo), pollo, pescado, harina de trigo, aceite, además de diversos rubros de higiene y aseo personal (como el jabón en panela o en polvo).

    Muy rara vez las autoridades reconocen en público y con cifras la dura crisis económica que azota al país. El Banco Central de Venezuela tiene entre sus deberes informar periódicamente sobre los niveles de escasez, pero desde hace años dejó de hacerlo.

    Créditos: Descifrado

     

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  • El gobierno exige a los empresarios entregar 70% de la producción

    El ministro de Industrias y Producción Nacional, Tareck el Aissami, aseveró que la intención con los encuentros era “sincerar las estructuras de costos” de 50 productos y posteriormente fijar nuevos precios. Sin embargo, los empresarios se llevaron una sorpresa: les exigieron entregar al Ejecutivo 70% de su producción.

    Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, dijo que el gremio rechaza de manera contundente que se quiera obligar a los productores a entregar ese porcentaje de su producción al gobierno. “Eso es un intervencionismo, ya a una etapa en extremo, que seguirá afectando al productor y agudizando el abastecimiento y la crisis que estamos viviendo todos los venezolanos”.

    El gobierno no informó cómo les pagarían a los empresarios el porcentaje de producción que estarían obligados a entregar. “No hay certeza de precios”, aseguró.

    El directivo advirtió que para los distribuidores privados no va a quedar prácticamente nada y los consumidores se van a encontrar con los anaqueles vacíos. “Si la producción se va a destinar mayoritariamente al gobierno para que la entreguen de forma populista y con manejo ideológico a las personas que ellos consideren, los que no tengan acceso a esos canales de distribución oficiales no podrán conseguir productos de ninguna manera”. Indicó que con esa medida también se va a alimentar el bachaqueo.

    Informó que en la reunión del miércoles no se llegó a un consenso con respecto al ajuste de los precios. Añadió que no puede haber un sistema de control de precios que sea rígido, se debe permitir la libre oferta y la demanda porque los precios varían. “El gobierno está vendiendo los pocos insumos que hay a unos precios sustancialmente más altos a los que teníamos el año pasado”.

    Larrazábal dijo que en la reunión comenzaron analizando una lista de 15 productos, entre ellos arroz, azúcar y maíz. Sin embargo, a pesar de que Fedeagro es el principal gremio de productores agropecuarios del país, que producen esos rubros, no los convocaron formalmente, indicó su presidente, Aquiles Hopkins.

    Se profundiza el control. La vicepresidente Delcy Rodríguez pidió a gobernadores y alcaldes apoyar el relanzamiento del Plan 50, presentado por primera vez por el presidente Maduro en septiembre pasado para establecer el nuevo precio de los alimentos. “Con la articulación del gobierno nacional, los gobiernos regionales y las mesas técnicas donde participan las comunidades, saldremos adelante para garantizar la Venezuela potencia”, afirmó.

    Con la exigencia a los empresarios de entregar parte de la producción, el gobierno profundiza el control de la producción, distribución y comercialización de los alimentos. El 30 de enero la asamblea nacional constituyente aprobó la Ley de los consejos productivos de los trabajadores, que faculta al Ejecutivo a intervenir en los procesos de elaboración de una empresa.

    Solo cuatro meses después, a finales de mayo, el mandatario anunció la toma de los mercados municipales para “expulsar a las mafias que ocasionan el incremento de los precios de los productos”, medida que redujo 50% las ventas por la caída de la afluencia de consumidores debido al temor a una posible acción violenta de funcionarios del Estado.

    “La misma fórmula”. El presidente Nicolás Maduro advirtió ayer a las cadenas de supermercados que tomarán «medidas radicales» si incumplen la Ley de precios acordados. “Pónganse a derecho, les doy una oportunidad o cumplen con la Ley de precios acordados o respetan los mecanismos de fijación de precios, o la revolución tomará medidas radicales”, amenazó. “Nosotros vamos a lograr el milagro económico, y lo digo, estoy dispuesto a hacerlo por las buenas o por las malas”, agregó.

    No es la primera vez que Maduro amenaza a los supermercados. A principios de enero funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos fiscalizaron 214 establecimientos de 26 cadenas y bajaron los precios de los productos a los que marcaban el 15 de diciembre pasado. Esta medida acabó con inventarios y profundizó el desabastecimiento.

    “No hay nada nuevo en lo que dice el presidente. Ni siquiera ha tenido la creatividad de anunciar algo diferente”, expresó María Carolina Uzcátegui, presidente de Consecomercio. “Repiten y repiten la misma fórmula y por supuesto lo único que van a obtener son los mismos resultados: el desabastecimiento de los productos que tratan de controlarle los precios y la aparición de los mismos productos en mercados no formales con precios altos”.

    Sostuvo que cuando un comerciante, empresario, industrial o productor, en cualquier eslabón de la cadena, no tiene capacidad de reponer un producto cuyo precio esté regulado, lo dejará de producir y ofrecer. “Nadie va a trabajar a pérdida y menos en la crisis económica en la que estamos”, aseguró.

    Recordó que el gobierno le adjudica la responsabilidad de lo que ocurre a otros actores, “cuando la responsabilidad es única y exclusivamente de él”.

    Cifra

    15 productos de los 50 a los que les ajustarán los precios fueron analizados en la reunión del miércoles, entre ellos arroz, azúcar y maíz. El gobierno no convocó a Fedeagro, a pesar de que agrupa a los productores agropecuarios

    Créditos: El Nacional

     

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  • Parlamento investiga 6 empresas por desfalco de 6,2 millones de dólares

    La Asamblea Nacional abrió una investigación contra 6 empresas que presuntamente tranzaron 6,2 millones de dólares mediante negociaciones irregulares con Petróleos de Venezuela y la Tesorería Nacional.

    Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría, explicó que las irregularidades financieras cometidas entre 2004 y 2013 involucra a las firmas Halifax Group C.A., Comercializadora Servinvest C.A., Inversiones Integrales Totalgroup C.A., Multiset Trade C.A., Grupo Hancock C.A., Integrados Whymper C.A, que habrían adquirido divisas a precios preferenciales a través de notas estructuradas. Agregó que las negociaciones se hicieron en complicidad con bancos nacionales e internacionales y afectaron seriamente el patrimonio del Estado.

    Los diputados iniciaron la averiguación por los presuntos delitos de sobornos y extorsión este año, luego de que el 11 de septiembre de 2017 Ramses Reyes introdujo una denuncia en el Ministerio Público y en la Direcciónde Contra Inteligencia Militar sobre ilícitos cambiarios con notas estructuradas.

     El documento, de 30 páginas, contiene las supuestas pruebas de las irregularidades que implican a Alejandro Andrade, director de la Tesorería Nacional y del Banco de Desarrollo Económico y Social; y los ex ministros de Finanzas Tobías Nóbrega, Nelson Merentes, Rodrigo Cabezas y Rafael Isea.

    La denuncia indica que los funcionarios habrían gestionado la inversión en bonos argentinos y ecuatorianos, que para 2006 acumulaban una ganancia de 6,2 millones de dólares. Añade que los bonos fueron adjudicados a varios bancos nacionales de manera preferencial, saltándose las normas de licitaciones y subastas. Estas entidades financieras otorgaban las dividas a las mencionadas empresas.

    El documento señala que fue durante la gestión de Cabezas e Isea, junto con Andrade, cuando se aceleraron las negociaciones con las notas estructuradas a una operación por semana. Refiere que bancos pequeños recibieron alrededor de 30 millones de dólares a 50 millones de dólares semanales, lo que generó ganancias de hasta 450 millones de dólares. Los funcionarios señalados presuntamente percibieron comisiones por las asignaciones y se asociaron a los bancos.

    Enrique Tineo, abogado de Reyes, afirmó que la Superintendencia de Bancos tuvo conocimiento de las operaciones en 2007, pero fue un año después cuando ordenó a los bancos vender las notas estructuradas en 90 días. En 2008 efectuaron la mayoría de operaciones, las cuales fueron objetadas por la Contraloría General de la República. “Lo que a un oligarca le costó ganarse en tres generaciones de familia, estos funcionarios lo consiguieron en 15 días”, dijo.

    Aunque el presidente Nicolás Maduro solicitó el 8 de agosto de 2017 a la asamblea nacional constituyente investigar esos casos y aseguró que las negligencias en las investigaciones se debían “a la irresponsabilidad  de la fiscal Luisa Ortega Díaz”, un año después, con una nueva gestión en el Ministerio Público las denuncias no han avanzado, pues hasta la fecha ninguna institución ha fijado posición sobre la investigación, informó el abogado.

    Superlano agregó que en las próximas semanas citarán a los representantes de las seis empresas. Adelantó que las unidades de inteligencia financiera del Grupo de Lima también se encuentran trabajando sobre este y otros casos de corrupción en Venezuela.

     

    Créditos: El Nacional

     

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  • Banca aún no recibe piezas de nuevo cono monetario

    Desde este miércoles solo resta un mes y ocho días para que llegue el 4 de agosto, fecha dispuesta por el Ejecutivo Nacional para que culmine la prórroga de sesenta días otorgada para la entrada en vigencia del proceso de reconversión monetaria pautada, en principio, para el pasado 4 de junio.

    Tomando este dato en consideración, a los expertos del área les parece “alarmante” que aún la banca no haya recibido ni una pieza de los nuevos billetes, según afirman.
    A tal efecto, Leonardo Buniak ratificó que es prioritario que la economía nacional cuente, al entrar en vigor la reconversión, con al menos 6.000 millones de los nuevos billetes que remplazarán solo un porcentaje de los que actualmente circulan, sostuvo.
     Ello evitaría, a su juicio, que se produzca una pronunciada escasez de efectivo, situación que ha venido impactando las operaciones económicas y afectando fundamentalmente al consumidor, objeto de quienes elevan exponencialmente los precios cuando el ciudadano común cancela su compra con tarjeta por no contar con los necesarios billetes.
    Buniak contabiliza en 15 mil millones la cantidad de piezas que en estos momentos se utilizan en todo el país y asegura que antes de que entre en vigencia el proceso de reconversión monetaria, deben ser recogidos por la banca. Recordó el economista que para distribuir las nuevas piezas por todo el territorio se requiere de un aproximado de 30 días hábiles, es decir algo más de un mes, así como de 45 días para calibrar los cajeros automáticos.
    Enfatizó que, en principio, fue precisamente el retraso en el arribo de los nuevos billetes al país, uno de los elementos determinantes para que la Asociación Bancaria de Venezuela, encabezada por Arístides Maza Tirado solicitara el pasado 30 de mayo, la postergación del proceso pautado para entrar en vigor el cuarto día de este mes.
    En ese momento, Maza pidió que se ampliara el lapso 90 días. El banquero argumentó que “la reconversión es una medida sumamente acertada no solamente para la banca sino para los distintos factores del país.
    Sin embargo, «es necesario la realización de al menos tres simulacros, antes de la entrada en vigencia del nuevo cono”.
    En ese entonces, Maza propuso el 1° de septiembre como fecha ideal para el inicio de la reconversión monetaria “porque es el comienzo del mes, en consecuencia los cierres serían como cierres perfectos”, mas la idea no prosperó.
    En su momento, Claudio Rivas, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Bancarios, advirtió que sin contar con las piezas suficientes del nuevo cono monetario, hubiese colapsado la monetización.
    De acuerdo al declarante se necesitan 17.000 millones de billetes para satisfacer la demanda interna, calculó Rivas. Otro punto de extrema importancia, como bien se ventiló, es la adecuación de la plataforma tecnológica de las entidades bancarias para acoplarse a la emisión de piezas de diferente calibre a los cajeros automáticos.
    Se advierte que el 70% de los puntos de pago electrónico requieren de un procedimiento manual de actualización.
    El presidente de la Comisión de Finanzas de la AN, Rafael Guzmán, considera que debe evitarse el colapso de los sistemas de pago, por lo que recomienda cautela y la debida adecuación de todos los sistemas para confrontar los riesgos de una reconversión apresurada, considera el parlamentario.
     Créditos: El Universal
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  • Sociedad Anticancerosa denuncia falta de 50 % de insumos necesarios para quimioterapias

    El presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, Cono Gumina, exhortó al nuevo ministro de Salud, Carlos Alvarado, a que revise las estadísticas publicadas por la organización a propósito de la situación oncológica en el país.

    Dijo que cerca de la mitad de los insumos necesarios para quimioterapias no se consigue, desde hace unos tres o cuatro años, cuando las farmacias de alto costo comenzaron a fallar. “Llegaron todos estos medicamentos, no hubo reposición y, lamentablemente, traer estos medicamentos por otra vía, como el control lo tiene el Estado, es muy difícil”, dijo.

    En entrevista para Unión Radio expresó que el Gobierno debe permitir el ingreso de fármacos, por otros medios, cuyos laboratorios están aprobados en el país.

    “En los hospitales todavía hay médicos de muy buen nivel que pudieran intervenir al paciente. El problema es que no hay accesorios y el costo es muy elevado. Tenemos que tratar de ver cómo nosotros podemos ayudar también, tenemos que hacer campañas de diagnóstico precoz”, acotó.

     

    Créditos: Descifrado

     

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  • El gobierno adeuda más de 4 millardos de dólares por 22 bonos vencidos

    En los últimos 8 meses –luego de que Corpoelec entró en default en noviembre al no honrar el pago a los tenedores del bono Elecar 2018 por 27,6 millones de dólares–, la cesación de pagos se ha convertido en una práctica del gobierno. Hasta este mes, adeuda 4,293 millardos de dólares por 22 bonos vencidos y 80 millones de dólares por 2 títulos que están en período de gracia, según cálculos de Rendivalores.

    Jesús Palacios, analista financiero de la firma, señaló que Venezuela empezó a utilizar las sanciones, que ha aplicado Estados Unidos desde agosto pasado, como su principal excusa para no atender sus compromisos. “El mercado tiene muchos motivos para dudar sobre ese argumento, porque efectivamente el gobierno estadounidense aclaró que las sanciones no bloqueaban los pagos que fueran obligatorios”.

    Desde 2014 hasta finales de 2017, dijo, el recorte de las importaciones fue de 70%, una “cantidad bárbara” considerando que se trata de un lapso tan corto y por el efecto que tuvo en la calidad de vida de los venezolanos debido a la fuerte escasez de alimentos y otros productos básicos. “Hasta ese momento Venezuela venía pagando la deuda, pero las sanciones terminaron siendo la excusa definitiva del gobierno para no cumplir sus compromisos”, reiteró.

    Palacios indicó que el 3 de noviembre pasado, un día después de que el presidente Maduro anunció la reestructuración de la deuda externa, la cotización de los bonos venezolanos cayó más de 23%. Antes, el valor era de un poco más de 40 dólares, promedio.

    En los últimos días, debido a la falta de expectativa en el mercado de que exista un cambio en el país, los bonos están incluso muy por debajo de 30 dólares.

    A pesar de que el gobierno ha declarado que quiere cumplir sus compromisos, Palacios aseguró que no ha habido ninguna demostración de que vaya a pagar, con excepción del Pdvsa 20 que es el único pago que ha hecho en las fechas específicas. “Da la casualidad de que justamente ese bono es el que tiene de colateral como garantía a Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos”, recordó Palacios.

    El año pasado hubo reuniones, lideradas por el entonces vicepresidente Tareck el Aissami, con tenedores de bonos, lo que complicó la posibilidad de los inversionistas de negociar la deuda porque el funcionario está sancionado por Estados Unidos, añadió.

    “Las sanciones buscaban limitar todo tipo de refinanciamiento para Venezuela. Haber nombrado a El Aissami también se convirtió en una piedra de tranca, pero la verdad es que pareciera que había poca capacidad del gobierno para llegar a una solución que convenciera a los tenedores de bonos”, dijo.

    Una consecuencia del impago, advirtió, sería que los acreedores se organicen y presenten una demanda colectiva para denunciar a Venezuela por haber incurrido en default. “Ha corrido información de grupos que se han estado organizando”, afirmó.

    El Comité de Acreedores de Venezuela –grupo de inversionistas institucionales que tiene aproximadamente 13% de la deuda externa–, declaró el martes pasado que no respaldará ningún plan de reestructuración que no establezca un trato equitativo para todos los tenedores de bonos.

    Cifra

    40 dólares era la cotización, promedio, de los bonos venezolanos, que cayó más de 23% un día después de que el presidente Nicolás Maduro anunció la reestructuración en noviembre de 2017.

     

    Créditos: El Nacional

     

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  • Consideran Plan 50 “poco viable” por hiperinflación

    “Para atacar el aumento vertiginoso de los precios impulsado por la hiperinflación que distorsiona cada vez más la economía nacional, es prioritario enfrentar los factores estructurales y no abordar compulsivamente solo los índices más visibles”, en este punto coincidieron varios de los voceros consultados en torno al renovado llamado gubernamental para acordar el precio de 50 rubros esenciales.

    Como se sabe, el pasado 23 de junio el vicepresidente de Economía y ministro de Industrias y Producción Nacional, Tarek El Aissami convocó a los productores del país a un “gran acuerdo” para “sincerar las estructuras de costos” de al menos 50 bienes esenciales y fijar los “precios acordados de estos”, según afirmó.
    Se espera que las reuniones entre las autoridades los industriales, productores y comerciantes se realicen entre el miércoles y jueves. Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro aseguró que hasta este lunes no habían recibido formalmente el mencionado llamado, e insistió que de nuevo se obvia el abordaje de los aspectos que han generado la situación que se enfrenta.
    “Las 49 reuniones que se realizaron en 2017 tuvieron un resultado estéril a pesar de queplanteamos la coyuntura que atravesamos, problemas y soluciones”, afirmó Hopkins.
    A su juicio hay preguntas que deben obtener una respuesta pronta como “¿por qué el Estado tiene el monopolio de los agroquímicos, fertilizantes y semillas?”, cuestionó. –La producción en el sector agrícola ya acumula 10 años de caída sostenida. Hemos planteado soluciones pero no hay respuesta. Nos escuchan pero luego las autoridades toman decisiones absolutamente contrarias a lo que se requiere, dijo. Afirmó el productor que si son invitados asistirán, como siempre lo han hecho.
    “Volveremos a plantear la situación y a exponer las soluciones que hemos previsto. Si nuevamente las autoridades optan por tomar medidas que empeoran la situación, lo denunciaremos públicamente”. Poco realista Por su parte, María Carolina Uzcátegui, presidenta de Consecomercio dejó claro que este sector nunca ha sido convocado a la mesa de negociación. Fustigó que se pretenda negociar bajo lo que considera una “amenaza” .
    “El Ministro advirtió que serían inclementes con los que falten al acuerdo de los precios que van a ser publicados, y que se entenderá como que se está comprometido en una agenda golpista ¿cómo se acuerda algo de este modo?
    Todos sabemos que no se puede mantener inflexible una estructura de costos con una inflación que se prevé que este mes pueda cerrar en 200%”, cuestionó Uzcátegui. Consideró, no obstante, que el sector que preside debe participar efectivamente porque puede contribuir con el sector primario y el industrial a debatir ideas para resolver el problema.
    El Plan 50 fue anunciado por primera vez por el presidente Maduro en diciembre de 2016, según dijo en ese entonces “para garantizar la alimentación, los bienes y los servicios de los venezolanos”. Este Plan estaba enfocado en 50 rubros que “el Estado debe procurar y cuya duración sería de tres años, hasta 2019”.
    En Septiembre de 2017, el Primer Mandatario anunció la instalación de las mesas de precios del Plan 50 con cuyo resultado se dictarían las resoluciones para los precios máximos de venta al público sobre productos de primera necesidad.
    Créditos: El Universal
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  • Exportaciones venezolanas hacia Colombia caen 31% en primer trimestre del año, según Cavecol

    Durante el primer trimestre del año las exportaciones venezolanas hacia Colombia cayeron 31% al alcanzar los 41 millones de USD frente a los 59 millones de USD del primer trimestre del año 2017, de acuerdo con las cifras publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística Colombiano (DANE) y los cálculos realizados y dados a conocer por la Cámara Venezolano Colombiana de Integración (Cavecol).

    Según reseña El Impulso, el comercio entre los países fronterizos durante el primer trimestre del año ha acumulado una cifra de 130 millones de USD,  frente a los 129 millones de USD correspondientes al mismo período del año 2017, resultando que el intercambio binacional durante dicho período ha mantenido una cierta estabilidad; sin embargo, los cambios se pueden notar en la disminución de las exportaciones y en el aumento de las importaciones desde Colombia.

    Los principales productos vendidos al vecino país se acumulan en el capítulo 31 del arancel de aduanas conformado por abonos, el cual representa el 37,1% del total comercializado en el período antes mencionado. Lo siguen el capítulo 76 conformado por aluminio y sus manufacturas y el capítulo 39 correspondiente a  materias plásticas y manufacturas.

     

    Créditos: Descifrado

     

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  • Empresarios: Es inviable propuesta del gobierno de fijar nuevos precios

    Conindustria, Fedecámaras y Fedeagro califican de inviable el anuncio que hizo el sábado pasado el ministro de Industrias y Producción Nacional y vicepresidente del Área Económica, Tareck el Aissami, de reunirse con empresarios para “sincerar las estructuras de costos” de 50 productos y fijar precios. Aseguraron que los costos de producción aumentan con frecuencia debido a la hiperinflación, proceso en el que Venezuela entró en octubre de 2017.

    Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, aseveró que intentar que un precio se mantenga, cuando los costos cambian todo el tiempo, “hace que sea absurdo” fijar precios. Advirtió que si el gobierno persiste en esa línea terminará sacando a la empresa o al producto del mercado, por lo que será peor para el consumidor porque no podrá conseguir el artículo en los anaqueles.

    “Si se quiere generar estabilidad de precios, lo primero que se tiene que hacer es atacar la inflación, y para eso debe dejar de emitir dinero sin respaldo”, indicó. Sin embargo, señaló que el interés del presidente Nicolás Maduro no es crear estabilidad económica para recuperar los niveles de producción de alimentos, medicinas y otros bienes. “Si su interés fuera realmente la recuperación de la economía, ya habría cambiado el rumbo hace tiempo. Ha tenido suficientes propuestas y advertencias”, dijo.

    Agregó que Conindustria acudiría al llamado solo si es a un ministerio, pero no con Maduro porque “no es un presidente legítimo”.

    El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, expresó: “La tragedia que estamos viviendo ahora es que se puede fijar el precio para la estructura de costo de hoy, pero la de mañana será diferente”.

    Añadió que el gobierno no tiene ningún tipo de disposición de corregir los problemas de fondo que están afectando la economía, la producción y la calidad de vida de todos los venezolanos. “Somos el único país petrolero del mundo que ha entrado en hiperinflación debido a las pésimas políticas económicas. El gobierno, en vez de corregir el modelo cambiario y sus políticas fiscales y monetarias, busca repetir la misma receta que ha fracasado en los últimos años”, sostuvo.

    Señaló que es el mismo tipo de anuncio que viene acompañado de amenazas. El Aissami también advirtió que si alguien rompe el acuerdo de los precios que van a ser publicados, será sancionado: “Tengan la plena seguridad de que seremos inclementes, porque entenderemos que ese comercio o ese productor está comprometido con una agenda golpista”.

    Oferta reducida. El titular de Fedecámaras apuntó que en 1998 había más de 490.000 establecimientos empresariales. Ese número se redujo a 280.000 en abril del año pasado. “Es una caída significativa”, afirmó. Cuando comenzó la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez, había más de 12.000 empresas, mientras que actualmente la cifra no llega a 4.000. “Lo dramático es que están trabajando en promedio entre 24% y 25% de la capacidad instalada. No tienen materia prima ni insumos”, indicó.

    Larrázabal dijo que, según la última encuesta de coyuntura que hizo el sector industrial, 1.000 de esas empresas pudieran dejar de operar este año si el modelo y las condiciones no cambian. “Uno de los casos notorios es Kellogg’s, con la que serían 44 empresas transnacionales en los últimos 2 años que han dejado de operar en Venezuela, entre ellas Clorox, Kimberly Clark y aerolíneas que se han ido”.

    El primer vicepresidente de Fedeagro, Celso Fantinel, advirtió que habrá más desabastecimiento si el gobierno insiste en regular los precios. “El control de precios es lo que nos ha llevado a esta situación. No se puede controlar en hiperinflación”, sostuvo.

    Señaló que una estructura de costos no está durando más de 7 días y la validez de las cotizaciones de compra, incluso con Agropatria, es de solo 24 horas.

    Los productores han denunciado los abruptos incrementos de los agroinsumos vendidos por la empresa estatal. El precio del saco de semillas de maíz aumentó de 80.000 bolívares en 2017 a 30 millones de bolívares. Precisó que en un año la estructura de costos del maíz pasó de 6,4 millones de bolívares a superar los 500 millones de bolívares. “Si trata de regular los precios va a haber un fracaso”, añadió.

     

    Créditos: El Nacional

     

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  • Estiman en $ 9.000 millones inversión mínima en el SEN

    La inversión mínima para recuperar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se ubica por el orden de los $9.000 millones, según el ingeniero experto en el área Augusto Gómez.

    Destacó que la meta es recuperar unos 6.000 megavatios que harían falta para poner al día buena parte de las termoeléctricas. “Estaríamos hablando de unos $3.000 millones para generación en tanto que, para rescatar las plantas hidroeléctricas del bajo Caroní, Guri, Macagua y Caruachi serían necesarios unos $1.000 millones y para la recuperación de otras hidroeléctricas como Santo Domingo, Uribante Caparo y Masparro estima que la suma se ubica en $500 millones adicionales”.
    “Serían 4.500 millones de dólares solo para recuperar generación en términos de transmisión”. Adicionó que algunas líneas troncales que vienen del Guri están limitadas en su capacidad razón por la cual es necesario construir una de 800 kilovatios para poder transmitir la energía lo que sumaría $1.500 millones mientras que para distribución estima habría que orientar $3.000 millones.
    “Estaríamos hablando de más de 9.000 millones de dólares únicamente para recuperación”, puntualizó.
    Adicionalmente, explicó que si se logra recuperar el crecimiento económico y se rescatan las empresas de Guayana y el sistema industrial del país se incrementaría en unos 1.000 megavatios anuales la demanda hecho que implicará unos $2.000 millones adicionales para poder satisfacer los requerimientos.
    Además mencionó que se necesitarían nuevos desarrollos hidroeléctricos para lo cual se deberían invertir en la zona andina unos $2.000 millones.
    Aclaró que “cualquier cifra es sumamente imprecisa por la falta de información y transparencia que hay en el sistema por parte del Ejecutivo.
    Destacó que realiza sus estimaciones en función de las fallas así como también de la cantidad de energía y potencia que está faltando “que es como se puede inferir el estado en el cual se encuentran la mayoría de las plantas”.
    Respecto al origen de los fondos para emprender las inversiones demandadas por el SEN considera que tendrían que venir préstamos externos o fondos privados, esto último en caso de que se reforme la ley.
    “No podría hacerse con recursos del Estado porque Pdvsa está deteriorada y no puede aumentar su producción”, comentó apuntando que hacen falta fuel oil y diesel para el funcionamiento de las plantas que demandan una inversión de 900 millones de dólares anuales.

    Emergencia legislativa

    Por su parte Aixa López, integrante del Comité de Afectados por los Apagones, informó que acudieron a la AN para solicitar que apruebe en segunda discusión, por emergencia legislativa, la Ley de Indemnización a los Usuarios por los apagones. Igualmente, comentó que le solicitaron a Corpoelec que los concejales sean incorporados para fiscalizar el servicio como lo establece la ley.
    Al referirse a las fallas reportadas precisó que al mes de mayo alcanzaron 12.430 y el principal estado afectado era Zulia, seguido de Táchira y Mérida. “La situación es dramática”, apuntó. “La tesis del sabotaje no tiene asidero legal ni técnico lo que hay son fallas en mantenimiento que se traducen en apagones”, comentó.
    En su criterio es necesario reestructurar el Ministerio de Enería Eléctrica y elaborar un plan para la recuperación del sector que contemple acciones a corto, mediano y largo plazo. Recordó que existe un proceso de desprofesionalización dentro de la industria por el éxodo de personal motivado por los bajos salarios y la falta de herramientas.
    Para López los problemas del SEN no son originados por una falla no coyuntural sino por deficiencias en todo el sistema. Por ello, considera pertinente que se realice un diagnóstico general del sector..

    Inversiones

    El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, anunció en 2017 la llegada al estado Nueva Esparta un segundo turbogenerador que permitió incrementar la energía en 70 megavatios (MW), que suplirá a la máquina Juan Bautista Arismendi que ya cumplió con su vida útil, tras no entrar en el sistema de administración de carga del año 2016, por lo que no contó con el mantenimiento necesario. 
    También llegaron de Canadá los repuestos para recuperar la máquina Juan Bautista Arismendi, con una inversión de $5 millones 500.
    Para continuar con la recuperación del alumbrado público Motta entregó 5 mil luminarias y 20 mil bombillos ahorradores.
    Créditos: El Universal
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